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Archivos Mensuales: marzo 2013

“Cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de resistencia ciudadana está más que justificado”

John Locke (Segundo ensayo sobre el gobierno civil)

El verbo escrachar, definido según la RAE como romper, destruir o aplastar, es una palabra para muchos desconocida, entre los cuales me incluyo, hasta los últimos días en dónde las acciones de las diferentes Plataformas Anti Desahucios (PAH) la han colocado en primera plana de la actualidad política.

En el contexto actual, el escrache se ha convertido en una acción social, de protesta, ante las diferentes medidas adoptadas por el poder político. No obstante, no se trata de una acción colectiva, ante el conjunto del poder ejecutivo o del ente responsable de las diferentes acciones, sino ante personas físicas, representantes de este poder o miembros del órgano de decisión respectivo. De esta circunstancia se deriva la doble óptica con la que se caracteriza este fenómeno.

Se caracteriza, por sus detractores, este escrache como una humillación, como increpar al político de turno tanto en su vida pública como privada. No obstante, todo acto de este tipo tiene unos mínimos que son respetados por sus representantes: Se efectúa siempre en horario laboral, evitando todo tipo de acto de violencia o de denigración y, siempre y en todo caso, con todo respeto de que no se vean involucrados menores.

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(Foto: Stéphane M. Grueso // Eldiario.es)

De esta breve caracterización se extrae la principal nota de estas actividades. El Escrache no es delito.  La principal novedad de esta actuación es que se realiza en el espacio de una vivienda, pero esto no significa que nos encontremos ante una infracción penal. Vivimos en un estado democrático y de derecho en dónde la ley debe ser el único imperio que regule nuestras relaciones.  La clave de bóveda radica en que no haya una actitud coactiva o una intimidación física,  puesto que en el hecho de manifestarse o de poner carteles o pegatinas cerca de una vivienda o de un despacho profesional es, a día de hoy, una actividad plenamente legal.

Esta idea se ve refrendada por los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales existentes hasta la época. Aunque no son de los casos que ocupan las portadas estas semanas, si que se pueden extrapolar a los supuestos concretos. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, archivó la causa contra los convocantes del 25-S porque ni se invadió con fuerza ni se intimidó la sede del Congreso ni se alteró el funcionamiento del pleno.

Cuestión aparte es la criminalización de esta actividad por miembros del Gobierno. El origen de estas reuniones de ciudadanos está en la reciente sentencia del TJCE que declaró nulos de pleno derecho diversos preceptos de la Ley Hipotecaria y en la falta de estimación por el grupo parlamentario popular de la totalidad de la ILP planteada por las diferentes Plataformas. Quizás se busque desviar la atención, quizás se hagan vinculaciones absurdas y fuera de lugar, pero lo más grave es la aducida falta de legitimación de los ciudadanos para reivindicar cambios.

La referida sentencia declaraba nulos diferentes preceptos de la Ley Hipotecaria, pero no fueron marcados por este tribunal (no tiene competencia) los medios de reparación del daño causado y del procedimiento viciado. Los jueces quedaron huérfanos de un sistema de reacción, huérfanos de un camino de actuación para los casos declarados nulos, y, lo que es peor, no se ha determinado un procedimiento homogéneo para ver qué se considera una cláusula bancaria abusiva.

A día de hoy, a la nueva Ley Hipotecaria le falta todo el recorrido parlamentario por recorrer, aunque lo que si que parece claro es que no se aceptará la dación en pago como método para saldar la deuda con la entidad bancaria.

Por todo esto, surge la figura del escrache, es decir, la figura de la protesta. La Sociedad se siente ignorada por sus representantes, alejados de un programa de gobierno que los llevaron al poder. Unos representantes que, con cada firma, influyen en nuestra vida cotidiana. Quizás la frase más representativa de este fenómeno es “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”, una afirmación que surge ante una suerte de “ceguera y sordera” moral del gobernante y que significa, quizás, el último recurso de la ciudadanía ante la actual quiebra democrática de nuestro estado de derecho.

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El Indulto o perdón de los ciudadanos privados de su libertad tiene su antecedente próximo en la antigua Roma, donde el Emperador y los Procuradores poseían esta facultad de perdonar. Precisamente Poncio Pilato utilizó este recurso para salvar a Jesús de Nazaret de la crucifixión.

“Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al “rey de los judíos”? “¡No, no sueltes a ése; suelta a Barrabás!” volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido”

(Juan 18:39-40)

El Derecho de Gracia se puede definir como aquella facultad del poder ejecutivo de perdonar una pena o de conmutarla por otra menor.

No obstante, hoy día ya no se configura como un acto discrecional y, por tanto, graciable, sino como un auténtico acto jurídico que afecta al orden público.

El Indulto es regulado en la Ley de 18 de junio de 1870, que fue modificado por la Ley 1/1988 para adaptarla a la Constitución, pues lo prevé en sus artículos 62.i) y 102.3 estableciendo, como líneas básicas, que “corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a lo dispuesto en la ley, que no podrá autorizar indultos generales” y que, en todo caso, se prohíbe para “los delitos cometidos por el Presidente o los demás miembros del Gobierno”.

Conforme esta regulación básica, hoy el indulto se configura cómo una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenador por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

¿Quiénes pueden ser indultados? Los reos de toda clase de delitos.

¿Efectos del indulto? La extinción de la responsabilidad penal. No cancela los antecedentes penales.

¿Quiénes no pueden ser indultados?

  • Quienes estén siendo procesados criminalmente pero aún no hayan sido condenados por sentencia firme.
  • Quienes no se encuentren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.
  • Los reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito por el que hubiesen sido condenados por sentencia firme. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que, a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia.

¿Clasificación del indulto?

El indulto puede ser:

  • Total: Remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que aún no hubiese cumplido el penado.
  • Parcial: Remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas ellas que aún no hubiese cumplido el penado. Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al penado en otras menos graves.

En ningún caso el indulto comprenderá la responsabilidad civil derivada del delito. El indulto de penas pecuniarias (multa) exime al indultado de pagar las cantidades aún no satisfechas, pero no implica la devolución de las ya pagadas, salvo que se diga expresamente.

Condiciones para obtener el indulto

  • Que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos.
  • Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte.

El indulto puede ser solicitado por el mismo penado, por sus parientes o por cualquier otra persona en su nombre, pudiendo ser promovido por el Tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, el Juez de Vigilancia o el Gobierno.

El procedimiento terminará en el máximo de un año desde su solicitud, bien de forma positiva, mediante Real Decreto que se insertará en el Boletín Oficial del Estado, o mediante traslado del órgano sentenciador a los interesados, en caso de resolución negativa. En todo caso, el plazo de este año tendrá el significado de silencio negativo para los interesados.

 

 

Se trata de una figura en cierto modo desconocida para el conjunto de los ciudadanos, pero que debido a la situación económica o social está adquiriendo una gran relevancia para poder subsanar uno de los principales problemas de nuestro sistema, la lentitud y la falta de medios de la justicia.

Ejemplos como el de David Reboredo, cuya primera de sus dos penas ya ha sido conmutada, el de una joven de Nigrán condenada a veintiún meses de prisión por usar una tarjeta de crédito en la que no constaba como titular, o el de una pareja de ancianos octogenarios que, ignorantes de la ley, quebrantaron una orden de alejamiento mediando reconciliación entre ellos, ponen a las claras la importancia y actualidad de una ley, de una manifestación política de un derecho de gracia que, de amplia raigambre histórica, a día de hoy se muestra más necesaria que nunca.

“El derecho civil de Galicia es una creación genuina del pueblo gallego. Como derecho regulador de relaciones entre sujetos privados, surge a lo largo de los siglos en la medida en que su necesidad se hace patente, frente a un derecho que, por ser común, negaba nuestras peculiaridades jurídicas emanadas del más hondo sentir de nuestro pueblo. Es por ello un fruto de la realidad social y, como tal, cambiante a lo largo del tiempo, de forma que mientras unas instituciones pierden vigencia aparecen otras que tratan de acomodarse a la nueva situación. Esta tensión entre la realidad y la supervivencia de formas jurídicas que van siendo superadas fue dando, asimismo, nuevo sentido a nuevas instituciones, ya que pocas veces podrá encontrarse una relación funcional tan estrecha entre esas necesidades que las instituciones jurídicas intentan alcanzar y las realidades de cada momento histórico.

Este proceso de creación consuetudinario y del derecho civil, como fruto de una realidad concreta en el tiempo y en el espacio, se vio, ciertamente, interrumpido por el movimiento codificador uniformador surgido en el siglo XIX. Es, precisamente, el Código civil de 1889 el que coloca al margen de la legalidad vigente a una buena parte de nuestro derecho civil propio, sin que esta situación haya sido, ni mucho menos, resuelta con la promulgación, en 1963, de la Compilación del derecho civil de Galicia, fragmentaria, incompleta, falta de entidad propia de un sistema jurídico y, en consecuencia, en buena parte, de espaldas a la realidad social.”

Así comienza la Ley 2/2006, de 14 de Junio, de Derecho Civil de Galicia, que viene a sustituir a la Ley 4/1995. Estos dos párrafos muestran tanto el origen como el contenido de una realidad propia de una Comunidad Autónoma con una realidad histórica, con una evolución propia y, también, con sus propias instituciones y figuras propias.

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(Eira do Corral de Piedra, en Cástaras (España) // Imagen: Galipedia)

Un derecho vivo, nacido en Galicia. Un derecho nacido en los campos gallegos, germen y explicación de las peculiaridades de esta tierra que destacó por su vocación comunitaria, en dónde el individualismo de las grandes urbes cedió a favor de un comunitarismo, de marcados tintes agrarios, pues no sólo el trabajo, sino en la vida en comunidad, la sociedad gallega siempre caminó de forma conjunta.

Esta Ley pretendió regular instituciones válidas para los intereses y necesidades del pueblo gallego, muchas veces incurriendo en contradicciones con el derecho estatal, pero avalada por la previsión del artículo 149.1.8 de la Constitución Española y en amplia relación con el artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia.

Por esto, y tras una política legislativa que tuvo como objetivo la recuperación y conservaciones de las instituciones tradicionales, se regularon instituciones tan divergentes como los montes vecinales en mano común, el ribazo (o arró), las servidumbres de paso, el régimen económico familiar o el derecho sucesorio propio de la Comunidad gallega.

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Artículo 149.1.8 CE
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.
8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
Artículo 38.1 EE.AA. de Galicia
1. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma el Derecho propio de Galicia es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previsto en el presente Estatuto.

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La intención de este blog es recoger esta riqueza cultural de la tierra gallega. Recoger el origen de las instituciones propias y explicar, de modo sencillo, pero completo, sus propias peculiaridades. Además, en su caso, se comentarán las posibles contradicciones que puedan existir con el régimen previsto en el Código Civil.

Si la comúnmente llamada Ley de Dependencia era conocido como “el cuarto pilar del Estado de Bienestar” junto a la sanidad, la educación y la justicia, quizás el quinto pilar debiera ser la nueva Ley General de Discapacidad.

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Símbolo internacional de acceso para las personas con discapacidad física. // Fuente: Wikipedia

Una ley presentada hoy a bombo y platillo por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Concebida como la unión en un solo cuerpo legal de la Ley 13/1982 de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI); la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En palabras de la ministra, esta ley surge de la necesidad de garantizar y asegurar su protección, porque “la discapacidad está contemplada en absolutamente todas las actuaciones políticas y por todas las administraciones“, por lo cual sus objetivos principales serán:

  • La creación de un Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad.
  • Unificar toda la normativa en materia de Discapacidad.
  • incluir un título dedicado a los derechos de estas personas, sin precedentes en nuestra legislación, que abordará su protección en todos los ámbitos.
  • Crear un Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad para el período 2013-2015 , que contendrá medidas específicas para evitar la doble discriminación de las mujeres con discapacidad y proteger a los niños con discapacidad.
  • Adaptar el Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia, que incorporará un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, para facilitar su atención temprana.

Destaca, a mi juicio, la formulación de un Plan de Acción para la Estrategia Española sobre Discapacidad 2013-2015. Un plan, que según Ana Mato, contará con la colaboración de todas la asociaciones y que constituirá el marco sobre el que se asentarán todas las actuaciones políticas del Ministerio en materia de discapacidad para los próximos tres años.

Tomando como base en el artículo 14 de la Constitución (Igualdad ante y para la ley), el principio de igualdad de oportunidades formará parte esencial del Plan, que incluye la perspectiva de género y discapacidad, de tal forma que la mujer con discapacidad, objeto frecuente de doble discriminación, se encuentre expresamente contemplada. Por el mismo principio se tiene en cuenta a los niños y a las niñas con discapacidad, pues se trata de un grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión y pobreza.

De este modo, en su futura estructura destacarán, sobre el resto de su articulado, dos puntos: Se incluirá un título dedicado a los derechos de estas personas incorporando su protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo. Íntimamente ligado con este abanico de derechos, cuya extensión no ha sido desvelado todavía, estará la amplia gama de definiciones que incluirá el nuevo cuerpo legal (discriminación directa, indirecta, discriminación por asociación y acoso…).

A día de hoy, únicamente se trata de un proyecto. Se trata de llevar la política de discapacidad a todos los ámbitos, pero no se debe caer en una restricción absurda o en el más absoluto intervencionismo por parte de la libertad. Precisamente la libertad de todos y de cada uno de los ciudadanos, capaz o discapaz, está en la habilidad o la posibilidad de éstos de guiar su propio camino.

Por ello, la opción legislativa debe eliminarse de una materia tan sensible como es la igualdad de oportunidades en un segmento de la población que debe suplir una tara física, psíquica o sensorial. La manera de subsanar esta disyuntiva entre igualdad y protección marcará el grado de madurez que, en materia de capacidad y discapacidad, posee la sociedad española en su conjunto. Sólo el tiempo tiene la respuesta a esta última cuestión.

Dice el artículo 1 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa que se entiende como expropiación “cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio“, añadiéndose que es una figura que surgirá por causa de utilidad pública o interés social.

Este concepto de utilidad pública es bastante difuso. Es necesario acudir al artículo 33 de la Constitución Española, que alude a la función social de cada uno de nuestros derechos como capacidad de intervención de la Administración Pública, del Estado como ente superior.

He aquí la primera cuestión a analizar, pues en ningún precepto de nuestro derecho positivo se clarifica este concepto. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, entendido éste como aquel que se usa para motivar los expedientes, y actuaciones en general, que de otra forma rozarían la arbitrariedad: De este modo, al añadirse la motivación, el acto se convierte en discrecional y la actuación se legitima. Gracias a esto, existirá interés público cuando haya que buscar una motivación para llevar a cabo la “tramitación” de un expediente que de otra forma no podría ser motivado.

Exposición vaga de contenido que fue completada por los diferentes pronunciamientos de nuestro más alto tribunal. La STC 180/96 de 12 de noviembre, al referirse a los conceptos jurídicos indeterminados nos dice que han de ser dotados de contenido concreto en cada caso, mediante la aplicación a sus circunstancias específicas de los factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico, precepto completado por la STS de 8 de marzo de 1984 consideran que por necesidad ha de entenderse no lo forzoso, obligado o impuesto por causas ineludibles, sin lo opuesto a lo superfluo y en grado superior a lo conveniente para conseguir un fin útil.

Ahora bien, llegado a este punto, me surge una gran cuestión ¿Es este concepto suficiente, esta idea, para rozar la arbitrariedad? ¿Es sacrificarse por un bien mayor título justificativo para una actuación siempre sospechosa de arbitrariedad?

El Titulo II de esta Ley regula, en 49 artículos, un procedimiento general basado en las condiciones previas, requisitos y garantías de los administrados de este procedimiento que tiene por base el sacrificio del ciudadano a favor de la Administración. Minuciosa regulación de sus requisitos previos, de la necesidad de ocupación, de la determinación del justiprecio y del pago y toma de posesión del bien expropiado por la Administración.

En total, un largo procedimiento que garantiza o que trata de garantizar el equilibrio patrimonial entre el valor de lo expropiado y el justiprecio recibido. Con sus variantes especiales y con el procedimiento de urgencia para casos dónde es necesario acelerar  los diferentes trámites, pese a que elimina parte de los trámites previstos, es, sin duda, el ejemplo de que todo concepto jurídico indeterminado está previsto y regularizado por el ordenamiento jurídico en su conjunto, restringiendo la temida arbitrariedad hasta la más mínima expresión.

Del resto, se encargan los diferentes Juzgados y Tribunales del orden contencioso administrativo. La plena independencia del Poder Judicial garantiza que la desigualdad entre partes se reduzca, aunque las trabas para acceder a la justicia sea cada vez, por desgracia, más y más grande.

La justicia, ciega de por si, ya es bastante complicada para que el desconocimiento de algunos y la mala fe de otros, provoque su catalogación como un mundo aparte, alejado de al realidad y no accesible para el común de los ciudadanos.

Quizás los medios de comunicación tienen algo de culpa. Quizás los propios profesionales tenemos (si me puedo considerar profesional) nuestra principal tara en el vago lenguaje que usamos en algo tan concreto como el lenguaje jurídico. Lo cierto es que la imprecisión técnica es algo que crea el primer síntoma de desconfianza en nuestra sociedad, y mucho más en un momento en que la crónica jurídica, por desgracia, ha tomado la primera plana de periódicos  revistas, radios y televisiones.

Justicia_Wikipedia

La justicia, por John Massey Rhind (Memphis, EE.UU) // (Imagen: Wikipedia)

Esta dificultad se ve en una operación tan sencilla como puede ser abrir un períodico. Apellidos como Bárcenas, Urdangarines, Correas, Lanzas, Zaplanas, Leales,… han conseguido que, dentro de la amplia y tradicional sección conocida como NACIONAL, debiera existir una subsección conocida como JUSTICIA y, dentro de ella, pudiera existir una sección denominada CORRUPCIÓN. Si a esta circunstancia añadimos la constante polémica ante la intransigente postura del actual Mtro. de Justicia, el sr. Ruíz Gallardón en temas como las Tasas Judiciales o la reforma de los Registros, hace que términos jurídicos como retroactividad, sujeto pasivo, citación o competencia hayan pasado a primera plana pública.

Quizás una de las confusiones más frecuentes y que más duda genera es la diferencia entre un acusado, un imputado y un condenado. Términos utilizados a menudo como sinónimos pero que, en realidad, se refieren a situaciones sutilmente diferentes, que provocan una diferencia fundamental de trato entre las personas inmersas en esos estado.

Haciendo un símil gráfico, esta situación se asemejaría al conjunto formado por tres círculos concéntricos. El condenado se encontraría en el interior de la agrupación, el acusado en el lugar intermedio y el imputado tendría su lugar en el exterior de la figura.

Jurídicamente, la diferencia es tan sutil como relevante.  Imputado es toda persona a la que se le imputa, se le supone, la comisión de un hecho punible en el seno de una investigación judicial, es decir, el “presunto autor” como le gusta decir a los medios. La principal repercusión de este momento es que nace en él el derecho de defensa reconocido por el artículo 24 de la CE.

En este momento surge una figura intermedia, el procesado. El imputado se convierte en procesado cuando hay una resolución judicial, que se llama “auto de procesamiento”, en la que se dice que hay indicios fundados de que es el responsable del hecho que está  siendo objeto de investigación judicial.

Aquí termina la fase instructora (investigadora) de una supuesta infracción penal. Cuando ya se tienen todos los datos posibles, se dará traslado de las actuaciones a las partes acusadoras, incluido, de existir, al Ministerio Fiscal, y éstas formularan su respectivo escrito de acusación. A la vista de estas investigaciones y del contenido de estos escritos de acusación, el juez, en su caso, dictará un auto de apertura del juicio oral dirigido contra el presunto culpable. Este será el momento en que surge la figura del acusado.

Tras el desarrollo del correspondiente juicio, en dónde todavía el acusado goza de presunción de inocencia, y en caso de que sea considerado culpable, esta persona será condenada en sentencia.

Es decir, la diferencia entre estos términos radica en la posibilidad (imputado y procesado), probabilidad (acusado) y certeza (condenado).

De este modo, cuando el presunto responsable resulte imputado, surgirá en la sociedad la disputa entre la presunción de inocencia hasta que haya sentencia o su condena inmediata, sin esperar a que sea condenado. El extremismo, cómo en todos los ámbitos de la vida, es el principal mal de nuestra sociedad. Pero cuando se juega con la presunción de inocencia de un ciudadano, el rigor, el cuidado y la precisión son mucho más importantes que una simple opinión, ideología o punto de vista.

Dice el artículo 1261 del Código Civil que existe contrato cuando  concurren en el mismo, al menos, el consentimiento de los contratantes, un objeto cierto que sea materia de contratación y una causa de la obligación que con él se establezca.

Tres elementos fundamentales y sobre los que gira toda la disciplina contractual en nuestro sistema legal. La carencia absoluta o inexistencia de cualquiera de estos elementos esenciales provocarán la nulidad radical del contrato, en tanto que se entraría en contrariedad con el Derecho imperativo. Cualquier acto contrario a las normas imperativas o prohibitivas no debe tener existencia ni validez jurídica.

Hoy cobra especial importancia la idea del consentimiento. Entendido éste como como el concierto de voluntades entre las partes contratantes, se define como el concurso entre la oferta y la aceptación (artículo 1262 del Código Civil). Por ello, el principal aspecto a destacar dentro del consentimiento es la información.

(Imagen: 10puntos.com)

Una información que depende de la intención de ambas partes, pues la buena y la mala fe de las partes contratantes marcará el recorrido y la vida de esos contratos. Suponiendo que ambas partes se encuentran en una posición de igualdad.

Cuando esta posición de igualdad desaparece, las reglas del juego cambian totalmente. Es el caso de las CLÁUSULAS SUELO-TECHO de las hipotecas, de los SWAPS, y, como no, de PREFERENTES y SUBORDINADAS. 

Tristemente de actualidad, estas figuras tienen un elemento en común, el abuso. Nacidas de la ingeniería financiera, tienen como objetivo último dotar a la entidad dominante de una situación predominante en la relación contractual. Se omitió información, se ocultó riesgo y se privó a la otra parte contratante, débil y en situación de inferioridad, de poder negociar su contenido.

El daño ya está hecho. El sistema legal comienza a actuar, pero el retraso nunca ayuda a una completa reparación del mal sufrido. El pleno del Tribunal Supremo considera nulas las cláusulas suelo, pero no estima pertinente la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Es un primer paso, pero insuficiente en una instancia que ya marca Jurisprudencia para futuras resoluciones.

La cuestión de los swaps todavía es dudosa. Caracterizados como aquel  intercambio o permuta financiera, es contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Alta ingeniería para simples ciudadanos. De reciente creación, la Jurisprudencia de las diferentes Audiencias Provinciales es tan escasa como vacilante hoy día y siempre con un denominador común, la pérdida de capital por el consumidor

Mención aparte merecen los casos de las participaciones preferentessubordinadas de las diferentes entidades financieras. Muchos pequeños ahorradores, los cuales se consideraban “amigos” o tenían confianza del personal de su sucursal de toda la vida, depositaron en este producto sus ahorros y sus esfuerzos de toda la vida. El resultado, desinformación, falsedades y pequeños dramas familiares. Tan sangrante fue esta estafa como sangrante es la solución prevista, pues, a todos aquellos que no se han podido beneficiar de los diferentes procesos arbitrales, les tocará sufrir una quita que rondará entre el 10%, los más dichosos, hasta el 70%.

(Foto: ABC.es)

(Foto: ABC.es)

La única opción para estos ahorradores es acudir a los diferentes Juzgados y Tribunales a reclamar su derecho. La falta de información, de consentimiento, como fundamento de derecho y estas prácticas tan poco éticas como hecho marcan los titulares de la actualidad jurídica de nuestro país. Un consentimiento, viciado en todos estos casos, que puede marcar un antes y un después en la protección a los consumidores, reforzando las garantías y penalizando de un modo superior estás prácticas abusivas y, quizás, fraudulentas.

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