La privatización del Registro Civil

La propuesta del Gobierno respecto al Registro Civil no es sólo una reorganización del servicio, no es sólo un cambio en el modo de prestar una función fundamental para la vida moderna, es un cambio de concepción de una institución clave en el significado de nuestra sociedad.

Porque dependemos del Registro Civil para poder efectuar la mayoría de los trámites que marcan nuestra vida. Desde la expedición del DNI a la aceptación de una herencia. Desde la matrícula para una guardería a cualquier trámite a realizar ante, para y en el extranjero. Todo depende de los datos  en él introducidos en cada una de las cuatro secciones y en cada uno de sus asientos.

Porque se traspasará a manos privadas un servicio fundamental en nuestro sistema, aligerando con ello la administración pública. Un servicio fundamental en el que se manejan y trabajan con datos relacionados con la intimidad personal de cada uno, con todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales.

El anteproyecto de Ley que prepara el gobierno tiene como principales taras el aumento de hechos registrables y la no profesionalización de las personas encargadas. Serán trabajadores privados, cuya capacidad no habrá sido demostrada en un proceso selectivo en el que únicamente se tendría en cuenta el mérito y la capacidad de los candidatos, con el agravante de manejar datos íntimos en sus quehaceres diarios.

A su vez, la aprobación de este proyecto supondrá un retroceso en el tiempo. El Registro Civil, cuya nueva Ley está pendiente de aprobación hasta 2014, está inmerso en un proceso de digitalización de datos con un coste de más de cien millones de euros.

En clave gallega, las cifras son demoledoras. Se calcula que afectará a 200 funcionarios (pues sólo se mantendrán los registros de las cuatro capitales de provincia y los de las grandes ciudades), con el consiguiente perjuicio que para los ciudadanos de a pie se producirá.

¿Es esto admisible?

Ante esto, el próximo jueves 21 se celebrará en Vigo una concentración ante este proyecto de reforma. Comenzará a las 11:30 en los exteriores de la Calle Lalín y en ella se unirán los sindicatos UGT, CCOO, CIG, USO, CSIF y STAG bajo el lema “Temos que paralos”.

Porque se podrá cobrar hasta 120 euros por un matrimonio civil o 10 euros por una fe de vida.

Por todo esto yo estoy en contra del proyecto de reforma de los Registros. Porque se quiere privatizar algo que hoy es gratis y porque dejará una cuestión tan delicada como el estado civil de las personas en manos de trabajadores privados, legos y ajenos al derecho.

 

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