La expropiación como concepto jurídico indeterminado

Dice el artículo 1 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa que se entiende como expropiación “cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio“, añadiéndose que es una figura que surgirá por causa de utilidad pública o interés social.

Este concepto de utilidad pública es bastante difuso. Es necesario acudir al artículo 33 de la Constitución Española, que alude a la función social de cada uno de nuestros derechos como capacidad de intervención de la Administración Pública, del Estado como ente superior.

He aquí la primera cuestión a analizar, pues en ningún precepto de nuestro derecho positivo se clarifica este concepto. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, entendido éste como aquel que se usa para motivar los expedientes, y actuaciones en general, que de otra forma rozarían la arbitrariedad: De este modo, al añadirse la motivación, el acto se convierte en discrecional y la actuación se legitima. Gracias a esto, existirá interés público cuando haya que buscar una motivación para llevar a cabo la “tramitación” de un expediente que de otra forma no podría ser motivado.

Exposición vaga de contenido que fue completada por los diferentes pronunciamientos de nuestro más alto tribunal. La STC 180/96 de 12 de noviembre, al referirse a los conceptos jurídicos indeterminados nos dice que han de ser dotados de contenido concreto en cada caso, mediante la aplicación a sus circunstancias específicas de los factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico, precepto completado por la STS de 8 de marzo de 1984 consideran que por necesidad ha de entenderse no lo forzoso, obligado o impuesto por causas ineludibles, sin lo opuesto a lo superfluo y en grado superior a lo conveniente para conseguir un fin útil.

Ahora bien, llegado a este punto, me surge una gran cuestión ¿Es este concepto suficiente, esta idea, para rozar la arbitrariedad? ¿Es sacrificarse por un bien mayor título justificativo para una actuación siempre sospechosa de arbitrariedad?

El Titulo II de esta Ley regula, en 49 artículos, un procedimiento general basado en las condiciones previas, requisitos y garantías de los administrados de este procedimiento que tiene por base el sacrificio del ciudadano a favor de la Administración. Minuciosa regulación de sus requisitos previos, de la necesidad de ocupación, de la determinación del justiprecio y del pago y toma de posesión del bien expropiado por la Administración.

En total, un largo procedimiento que garantiza o que trata de garantizar el equilibrio patrimonial entre el valor de lo expropiado y el justiprecio recibido. Con sus variantes especiales y con el procedimiento de urgencia para casos dónde es necesario acelerar  los diferentes trámites, pese a que elimina parte de los trámites previstos, es, sin duda, el ejemplo de que todo concepto jurídico indeterminado está previsto y regularizado por el ordenamiento jurídico en su conjunto, restringiendo la temida arbitrariedad hasta la más mínima expresión.

Del resto, se encargan los diferentes Juzgados y Tribunales del orden contencioso administrativo. La plena independencia del Poder Judicial garantiza que la desigualdad entre partes se reduzca, aunque las trabas para acceder a la justicia sea cada vez, por desgracia, más y más grande.

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