¿Existe el derecho al ‘Escrache’?

“Cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de resistencia ciudadana está más que justificado”

John Locke (Segundo ensayo sobre el gobierno civil)

El verbo escrachar, definido según la RAE como romper, destruir o aplastar, es una palabra para muchos desconocida, entre los cuales me incluyo, hasta los últimos días en dónde las acciones de las diferentes Plataformas Anti Desahucios (PAH) la han colocado en primera plana de la actualidad política.

En el contexto actual, el escrache se ha convertido en una acción social, de protesta, ante las diferentes medidas adoptadas por el poder político. No obstante, no se trata de una acción colectiva, ante el conjunto del poder ejecutivo o del ente responsable de las diferentes acciones, sino ante personas físicas, representantes de este poder o miembros del órgano de decisión respectivo. De esta circunstancia se deriva la doble óptica con la que se caracteriza este fenómeno.

Se caracteriza, por sus detractores, este escrache como una humillación, como increpar al político de turno tanto en su vida pública como privada. No obstante, todo acto de este tipo tiene unos mínimos que son respetados por sus representantes: Se efectúa siempre en horario laboral, evitando todo tipo de acto de violencia o de denigración y, siempre y en todo caso, con todo respeto de que no se vean involucrados menores.

Escrache_Eldiario

(Foto: Stéphane M. Grueso // Eldiario.es)

De esta breve caracterización se extrae la principal nota de estas actividades. El Escrache no es delito.  La principal novedad de esta actuación es que se realiza en el espacio de una vivienda, pero esto no significa que nos encontremos ante una infracción penal. Vivimos en un estado democrático y de derecho en dónde la ley debe ser el único imperio que regule nuestras relaciones.  La clave de bóveda radica en que no haya una actitud coactiva o una intimidación física,  puesto que en el hecho de manifestarse o de poner carteles o pegatinas cerca de una vivienda o de un despacho profesional es, a día de hoy, una actividad plenamente legal.

Esta idea se ve refrendada por los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales existentes hasta la época. Aunque no son de los casos que ocupan las portadas estas semanas, si que se pueden extrapolar a los supuestos concretos. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, archivó la causa contra los convocantes del 25-S porque ni se invadió con fuerza ni se intimidó la sede del Congreso ni se alteró el funcionamiento del pleno.

Cuestión aparte es la criminalización de esta actividad por miembros del Gobierno. El origen de estas reuniones de ciudadanos está en la reciente sentencia del TJCE que declaró nulos de pleno derecho diversos preceptos de la Ley Hipotecaria y en la falta de estimación por el grupo parlamentario popular de la totalidad de la ILP planteada por las diferentes Plataformas. Quizás se busque desviar la atención, quizás se hagan vinculaciones absurdas y fuera de lugar, pero lo más grave es la aducida falta de legitimación de los ciudadanos para reivindicar cambios.

La referida sentencia declaraba nulos diferentes preceptos de la Ley Hipotecaria, pero no fueron marcados por este tribunal (no tiene competencia) los medios de reparación del daño causado y del procedimiento viciado. Los jueces quedaron huérfanos de un sistema de reacción, huérfanos de un camino de actuación para los casos declarados nulos, y, lo que es peor, no se ha determinado un procedimiento homogéneo para ver qué se considera una cláusula bancaria abusiva.

A día de hoy, a la nueva Ley Hipotecaria le falta todo el recorrido parlamentario por recorrer, aunque lo que si que parece claro es que no se aceptará la dación en pago como método para saldar la deuda con la entidad bancaria.

Por todo esto, surge la figura del escrache, es decir, la figura de la protesta. La Sociedad se siente ignorada por sus representantes, alejados de un programa de gobierno que los llevaron al poder. Unos representantes que, con cada firma, influyen en nuestra vida cotidiana. Quizás la frase más representativa de este fenómeno es “Tú me has ignorado, pero estoy aquí”, una afirmación que surge ante una suerte de “ceguera y sordera” moral del gobernante y que significa, quizás, el último recurso de la ciudadanía ante la actual quiebra democrática de nuestro estado de derecho.

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