Devolver la justicia al lugar que se merece

Lamentablemente, la Justicia ha entrado en un pozo sin fondo debido a la profunda y polémica reforma en la que la opinión de la mayoría de los operadores jurídicos, profesionales día tras día de este ámbito fundamental en el desarrollo de la sociedad.

El veintiocho de mayo de 2001, todavía bajo el gobierno de JM Aznar, se impulsó por el Ministerio de Justicia un proyecto de mínimos que buscaba acercar la justicia a la sociedad. Un proyecto de mínimos que garantizaba el acceso, la información, el respeto y la protección al común de los ciudadanos por parte de Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Funcionarios, Abogados y Procuradores. Se impulsó la creación de la CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA,incluida dentro del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de esa misma fecha.

Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia (Imagen: Navarra.es)

Una Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia que garantizaba una justicia abierta a los ciudadanos y moderna para la sociedad (en dónde la transparencia, la sencillez, la comprensión, la responsabilidad ante el ciudadano y su correcta atención eran premisas básicas), una justicia ágil y tecnológicamente avanzada y una justicia que protegiera a los más débiles (con especiales medidas de refuerzo y apoyo a las víctimas de los delitos y a los perjudicados en general, a los menores, a los discapacitados y a los inmigrantes). Por último, esta carta establecía los mínimos que debían regir las relaciones de los ciudadanos con los Abogados y Procuradores, debido a la importante función de intermediación ante los Tribunales de Justicia. Una relación en dónde la ética, la información y la calidad del derecho a la justicia gratuita y del funcionamiento del turno de oficio debían ser la base de todo el sistema.

Una idea que funcionó en los últimos años del gobierno Aznar y durante los siete años del gobierno de JL Rodríguez Zapatero, una época en dónde se impulsó la creación de nuevos Juzgados, la modernización y mejora de las instalaciones, la formación del personal y la aplicación de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Una idea que se rompió con la llegada de M Rajoy a la presidencia del Gobierno y de A Ruiz Gallardón al Ministerio de Justicia. Se implantaron las tasas judiciales, se propone una reforma integral de los Registros (incluyendo la privatización del Registro Civil) y se paralizaron, sine die, los procesos selectivos para el acceso a los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia.

La última idea es reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, dejando únicamente como sedes judiciales las capitales de provincia. Ciudades como Vigo, Santiago, Ferrol, Gijón, Elche, Cartagena,… quedarían, no sólo sin Juzgado propio, sino sin su partido judicial.

Se está alejando la justicia del ciudadano, con el desarraigo que ello conlleva. Se nos obliga a pagar por ejercer nuestro derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y se impide, con un motivo exclusivamente económico, un derecho que debe ser el pilar de nuestra sociedad. Se nos obligara a pagar por acceder a un servicio público del que dependen la mayoría de los actos de nuestra vida moderna, se recortan los medios y se creará la sensación de que la justicia ya no es un derecho, sino un privilegio.

Tiempo al tiempo.

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