El reparto de competencias en la reforma de las Administraciones Locales: El principio de subsidiariedad

Dice el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea:

“En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia  exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la  acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Se introduce el llamado principio de subsidiariedad, entendido como tal aquel que establece que la administración actuante frente al ciudadano debe ser aquella que esté en un mayor grado de proximidad respecto a aquel.

Esta cercanía se presupone, no sólo en razón de la eficiencia, sino también por la eficacia. Lo lógico es que una determinada situación se trate por el funcionario más cercano, porque estará capacitado para una respuesta más ágil y efectiva. Una distribución de competencias que, en nuestro ordenamiento jurídico, efectúa la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.

Su articulado establece una serie de competencias que deberán asumir tanto los municipios como las provincias. Competencias que como nota característica la proximidad hacía el ciudadano, su percepción directa por él.

Una situación que puede cambiar en un tiempo no muy lejano, pues la reforma de la administración local que propone el gobierno de M Rajoy quiebra de raíz este sistema basado en la cercanía para sustentarlo en criterios económicos,

Por una parte, se crea un principio resumido en la frase “una administración, una competencia”, con lo que los ayuntamientos no podrán asumir competencias derivadas de otras cuyo ejercicio corresponde a CC.AA. o provincias. A mayores, se prohibe el ejercicio de “competencias impropias” por los entes locales, es decir, no previstas o reguladas en el reparto competencial mientras no cubra sus competencias originarias.

Un ayuntamiento no podrá realizar acciones relacionadas con la dependencia si no garantiza el alumbrado público.

Otra cuestión es la retirada de competencias a aquellos ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes. Sobre la base de una economía de escala, se considera que se podrán retirar ámbitos de actuación a estos pequeños ayuntamientos, quedando su ejercicio en manos de la Diputación. Pero esta norma choca con la distribución geográfica de nuestro país, pues la mayoría de los ciudadanos viven en municipios dónde no se llega a este límite. Núcleos de población en su mayoría aislados y lejos de capital que no dependerán de si mismos para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Se suprimirán las mancomunidades de municipios y se eliminarán las entidades locales menoresFormas asociativas típicas de nuestro estado, basadas en la historia, en la organización administrativa típica de zonas propias y, también, en la proximidad al ciudadano. El principal beneficiario será, de nuevo, la Diputación Provincial, que absorberá la protección y el cuidado de estos entes asociativos.

“El principal escollo, el déficit democrático de las Diputaciones”

De lo expuesto hasta aquí se desprende que esta reforma legal dará más poder a un ente público que no goza de la elección popular directa, algo que supone un quiebro democrático en el reparto de las competencias públicas.

Los cargos políticos electos en las diputaciones salen por circunscripción electoral pero elegidos a dedo por el partido y cada uno de los partidos ostenta la representación de sus diputados provinciales en función del número global de votos conseguidos.

La opción entre potenciar o debilitar la Diputación es una opción política, pero si refuerzas este ente se debe proporcionar legitimidad democrática para fundamentar su ejercicio. Deberían elegirse sus miembros por votación directa,  y no bajo el paraguas de una organización electoral. Debería ser una opción basada en principios de eficiencia, eficacia y equidad y no en un ahorro económico que, por importante que sea (se calcula en veinte mil millones de euros), quiebra el significado de un principio, el de subsidiariedad, que debe sustentar el reparto de competencias en cualquier estado.

 
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