¿El nuevo papel de los Procuradores?

El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil estudiada por el Consejo de Ministros tiene como principal objetivo continuar con la agilización de la justicia, para lo cual tendrán bajo su dominio funciones hasta ahora competencia exclusiva de los miembros de la Oficina Judicial, tales como embargar cuentas corrientes y gestionar la subasta de bienes bajo tutela judicial.

La reforma, según miembros del Gobierno, tendrá como principal función equiparar la función de la procura a la de sus homólogo Europeos, de forma que puedan participar en actos de comunicación, embargo y ejecución de resoluciones, garantizando el control por los Juzgados y Tribunales y, por tanto, debiendo obediencia al Secretario Judicial.

La principal novedad de esta ley es que permitirá al ciudadano elegir quién desee que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos de los actos de ejecución en  las resoluciones que se dicte al final del proceso. Es decir, podrán ser realizados por los procuradores, bajo control judicial, o por los funcionarios de los Juzgados, como hasta ahora.

Quizás el principal aspecto de esta propuesta es la posibilidad de exigir pagos directamente en nombre de su cliente. Podrán realizar embargos de bienes muebles, cuentas corrientes e, incluso, realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o dónde se pueda encontrar. Podrán encargarse del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados, una tarea que hasta ahora corresponde a la Administración que ostente las competencias personales y materiales de la Administración de Justicia. Además, su actuación será realizada como una entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

La principal garantía que les ofrecerá esta reforma será el carácter de agentes de la autoridad que adquirirán en el momento de su aprobación. Por ello, se les facultará para realizar actos de comunicación con plena eficacia de todas las notificaciones  citaciones, emplazamientos y requerimientos que practiquen.

¿Que significa todo esto?

Lejos del aumento de poderes en la actuación de estos profesionales, lo que puede suponer un aumento en la celeridad de todos estos actos que, sin ser propiamente dicha función jurisdiccional, son necesarios para un correcto, adecuado, rápido y eficaz desarrollo de todo procedimiento judicial, ante esta propuesta me surge un interrogante cuya respuesta me da pavor.

Estas funciones, hasta ahora competencia exclusiva de los miembros de la Oficina Judicial, pasarán a entes privados. Este traslado lo que supondrá será un aumento del coste del proceso para todos los ciudadanos, toda vez que el procurador exigirá, como es obvio, un precio por la prestación de estos servicios. Cierto es que se gana en eficacia, en celeridad y, por lo tanto, se facilitará la adecuada función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo que supondrá un paso adelante en el reconocimiento de nuestro derecho a la tutela judicial efectiva.

Lo que no comparto es que estas actividades, incluidas dentro del PODER JUDICIAL, puedan pasar a manos privadas. Aumentará su coste, pues habrá que pagar por su ejercicio, mientras la inercia legislativa comunitaria y nacional tienden a la privatización de todo servicio público que se considere deficitario. Es otra afrenta a nuestros derechos individuales, pues otra vez más, la justicia se impartirá con los ojos puestos en la cartera.

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