Retroceder la sociedad treinta años

La Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo está en boca de todos desde que el ministro de justicia, AR Gallardón, mentara cuales fueras los puntos y los objetivo sobre los que iba a versar.

Desde que argumentó, con gran desacierto, que “la violencia estructural contra las mujeres se esconde detrás del derecho a decidir sobre la maternidad“, la derecha española se ha cerrado en defender a su gobernante. Se ha pasado de un paternalismo trasnochado, que recuerda ciertos argumentos de aquella “Sección Femenina” que adoctrinaba la sociedad española no hace mucho a pasar a una condena más que absoluta de toda aquella mujer que se planteara o sólamente pensara en su ejecución.

Abortar en Londres” fue la primera portada de El País Semanal, en 1976. La curiosidad me ha llevado a buscar su razón y su contenido me ha confirmado la ignorancia o la doble moral que, aún ya en el siglo XXI, sigue asolando a cierto sector de la sociedad española.

Que JF Díaz, Ministro del Interior, sea capaz de conseguir un hilo argumental que equipare al aborto con ETA es preocupante. Asusta el adoctrinamiento que se intenta imponer en la sociedad española no sólo desde sus dirigentes, sino también desde los diferentes medios de comunicación afines a su ideario político.

Más preocupante es la falta de información veraz que se intenta trasladar respecto al aborto. Beatriz Escudero, diputada del PP, afirmó categóricamente que “el 31% de las mujeres sin estudios abortan”. Una afirmación infundada (los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad referentes al año 2011 constatan que este porcentaje sólo es del 2,3%) que lo único que hace es denigrar a la mujer que opta por interrumpir su embarazo.

Parece una defensa a ultranza de un proyecto, el de AR Gallardón, que utiliza con evidente mala fe los criterios del Tribunal Constitucional, de las Naciones Unidas y, sobre todo, el contenido positivo de nuestra legislación. AR Gallardón olvida que el sentido de la doctrina de nuestro garante es conseguir el necesario equilibrio entre la protección al no nacido con los derechos fundamentales de las mujeres. Una igualdad subjetiva que fue el gérmen a partir del cual, en el año 2010, bajo el gobierno de JL Rodríguez Zapatero, se promulgó la Ley de derechos sexuales y reproductivos del año 2010. Precisamente, esta ley incorporaba como objetivos la prevención y la información, y cuya manifestación fue una ley que permite la interrupción del embarazo bajo unos rigurosos plazos indicadores, como todas las leyes de nuestro entorno.

Por su parte, el ministro Gallardón sigue manipulando las palabras. Primero nos cuenta que hay que adecuar la ley a la doctrina del Tribunal Constitucional, que, según asegura el ministro, clama por la protección a la vida del no nacido. Aunque el ministro no explica que el sentido de la doctrina del Tribunal es la equiparación de los derechos de la mujer y del concebido, que, en todo caso, deben garantizarse, y que, precisamente, eso es lo que hace nuestra Ley de derechos sexuales y reproductivos del año 2010, por eso incorpora la prevención, la información, y, precisamente por eso, es una ley que establece plazos e indicadores, como todas las de nuestro entorno Europeo.

Más sangrante resulta la mención a la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad. Salvo error u omisión mía, esta norma no menciona para nada al término “Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Aunque lo contemplara, España ratificó multiples instrumentos que han reconocido y garantizado los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.

Ante la falta de información sobre este proyecto (apenas ha transcendido su contenido, pero la composición “secreta” del grupo de expertos que están trabajando en esta reforma ya ha saltado a la luz), únicamente puedo pensar que se trata de una reforma ideológica. La Ley de 2010 estuvo marcada por una gran polémica dónde los principales agitadores eran el Partido Popular y la Conferencia Episcopal Española.

El proyecto de 2013 quitará derechos mientras, dando signos de un populismo exagerado (tan criticado en otras regiones y circunstancias) intenta convencer de que hará un gran favor a todos los españoles, pues tuvo el gran detalle de afirmar en sede parlamentaria que “ninguna mujer irá a la carcel por abortar”.

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