La expropiación del uso de vivienda

El 12 de abril entró en vigor el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que permite las expropiaciones del uso en Andalucía.

Este Decreto de Función Social establece una serie de requisitos para aplicar una medida tan excepcional como puede ser la expropiación temporal del uso de la vivienda, por un período de tres años. Así:

– El afectado debe tener en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario, su residencia habitual y permanente,

– la finalidad del préstamo hipotecario debe ser única y exclusivamente el pago de la vivienda,

– posibilidad de que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social en el afectado, y

– que exista una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo.

¿Cual es el objeto de este Decreto?

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El derecho a la vivienda aparece recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En España, se reconoce el derecho a una vivienda digna en el artículo 47 de la CE. (Imagen: Wikipedia)

El texto impone sanciones a aquellas viviendas para viviendas vacías que sean titularidad de personas jurídicas, al objeto de que éstas las ponga en situación de alquiler. Por el lado de las personas físicas, se establecen incentivos para acudir a esta figura, toda vez que, les permite establecer un período de “carencia” en el cual podrán luchar por recuperar su status previo sin soportar las condiciones económicas que las colocaron en una situación de desahucio.

¿Como nació este Decreto?

Este camino emprendido por la Junta de Andalucía surge a través de la victoria lograda ante el Tribunal de Estrasburgo en el que se declaraba la nulidad de ciertas disposiciones de nuestra legislación hipotecaria.

¿Cual es el procedimiento a seguir?  

El procedimiento lo inicia con una solicitud el ciudadano interesado ante la Junta de Andalucía. Una vez presentada la solicitud, se procede a su publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), surgiendo un plazo de quince días para la sociedad adjudicataria para presentar alegaciones. En caso de ser denegadas, se emitirá un informe técnico  por la Dirección General de Vivienda, y se establecerá un justiprecio por el uso de la vivienda en cuestión.

¿Que valoración merece esta norma? 

Es necesario partir de un dato objetivo. El deterioro de las condiciones económicas familiares que permitan acceder a esta medida deberá haberse multiplicado, al menos, por un un punto y medio, y debe suponer, cuanto menos, un tercio de los ingresos familiares.

A partir de aquí, es necesario hacer una disyuntiva entre la mera opinión y la mera información. El uso de una vivienda desahuciada, que una entidad financiera la iba a tener vacía, soluciona un gran dilema en la vida de los ciudadanos afectados.

El banco en ningún lugar pierde el dominio del inmueble. El banco tiene este inmueble cerrado. Estas entidades financieras, que fueron ayudadas con dinero público que hemos de sufragar entre todos los ciudadanos, en ningún momento ven un menoscabo en sus intereses legítimos por esta expropiación temporal del uso.

De hecho, es corriente legislativa en los países de nuestro entorno la colaboración con aquellos deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social. EE.UU actualmente adquiere deudas hipotecarias de particulares y, la legislación hipotecaria europea es mucho más dócil, garantista y humanista en relación a los problemas de desamparo con las familias en riesgo.

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