Una justicia sin acción popular

¿Os imagináis un Estado en dónde se prohíba a partidos, sindicatos y asociaciones el ejercer la acusación popular de los delitos? Ese país puede ser, como no, España.

Esta medida, ideada por la comisión de expertos nombrada por el ministro de Justicia, AR Gallardón, se configura como una intento de “controlar” aquellos asuntos que son seguidos contra políticos, y banqueros (es decir, los “poderosos”), dejando totalmente indefensa a la sociedad civil aniquilando el derecho constitucionalmente recogido en el artículo 125 de nuestra Carta Magna.

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”

La propuesta del Código Procesal Penal, todavía en fase de estudio, contendría una limitación en la personación y en aquella lista de delitos que podrían ser denunciados por la acusación popular. Esta limitación traería como gran consecuencia la impunidad de aquellos asuntos de gran trascendencia mediática (hablo, fundamentalmente, de delitos de corrupción) cuya persecución se puede realizar, en la práctica, por asociaciones o entidades que busquen defender el interés general.

Urdangarín_Wikipedia

Iñaki Urdangarín Liebaert, duque consorte de Palma de Mallorca. (Foto: Wikipedia)

Se da la casualidad que la actualidad “de Tribunales” en nuestro pais está ocupada por asuntos de dimensiones considerables en los que se indaga el presunto perjuicio que han sufrido las arcas públicas por acciones de políticos, banqueros o miembros de la familia real. Hablo de aquellos casos dirigidos contra entidades financieras como Bankia o Novacaixagalicia, de casos dirigidos contra el ex banquero M Blesa (ex presidente de Caja Madrid) o el ex presidente de la Generalitat Valenciana F Camps o el acuñado Caso Nóos dónde se investiga la implicación de I Urdangarín o de la Infanta Cristina.

La sola idea así planteada muestra una intención de control por parte del control político de la instrucción penal. El contexto que nos rodea es un momento en el que no dejan de aflorar casos de corrupción contra políticos o personalidades del mundo financiero, con lo que esta limitación a la hora de iniciar el proceso conseguiría generar una sensación de impunidad nada recomendable ante la compleja situación social.

¿Cual es la propuesta de los expertos?

Esta propuesta, incluida en el Código Procesal Penal que vendría a sustituir a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, excluiría de la acción popular a partido políticos, sindicatos y personas jurídicas (públicas o privadas), quedando a salvo únicamente la legitimación de colectivos de víctimas en caso de terrorismo.

A su vez, este borrador limitaría los delitos que son perseguibles mediante esta acusación, que actualmente actúa en cualquier delito de naturaleza pública, incluidos todo aquellos delitos que afecten al patrimonio y al orden socio económico.  De ser aprobado, solo podrá actuar en delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.

Un ejemplo: Manos Limpias

Manos Limpias

Anagrama de Manos Limpias (Foto: manoslimpias.es)

Una de las entidades con más actividad en este ámbito es el Sindicato Manos Limpias, Conocido por el gran público únicamente como manos limpiasse define en su página web como “un Sindicato e ámbito nacional, independiente, no hipotecado por nada ni por nadie, que tiene como fines la defensa de los legítimos intereses de sus afiliados dentro y fuera del Sector Público (Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y los Organismos de ellas dependientes), del Estado de Derecho y de la transparencia y dignidad de los poderes públicos institucionales. Para ello, interpondremos todo tipo de denuncias, ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés publico o general.”

Cuestiones ideológicas aparte (que personalmente no comparto), el Sindicato dirigido por Miguel Bernard se muestra en las últimas fechas como el principal caballo de batalla contra todo acto sospechoso de corrupción. Entre sus últimas acciones destaca la querella contra el ex tesorero del Partido Popular, L Bárcenas, la queja presentada contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial G Moliner o la denuncia presentada contra diversas entidades financieras por el escándalo de los preferentes.

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