La custodia compartida como nuevo modelo de trato

La custodia de un menor tras un proceso de separación o divorcio es una de las cuestiones más controvertidas en estos procesos de familia, ya de por sí lo suficientemente traumáticos. Actualmente, la legislación aboga por atribuir la custodia en exclusiva a alguno de los progenitores, generalmente la madre, y atribuir al otro progenitor un generoso régimen de visitas que supla su habitual ausencia.

No obstante, esta situación puede cambiar a partir del pasado veintidós de mayo, fecha en la que una histórica sentencia del Tribunal Supremo (aún no publicada) fijó doctrina jurisprudencial sobre los requisitos a valorar para adoptar, siempre en interés del menor, el régimen de guardia y custodia compartida entre ambos progenitores.

En esta resolución, la Sala Primera del Tribunal Supremo sentó Doctrina en lo que considera los que deben ser los requisitos y los motivos que han de concurrir para la adopción, en interés del menor, del régimen de guarda y custodia compartida, pero tomando varios aspectos como referencia.

Así, en primer lugar, es necesario partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/2002, dónde se establecía la no necesidad del informe favorable por parte del Ministerio Fiscal, sino que, únicamente se tendrá en cuenta la valoración que merezca el juez para la adecuación de dicha medida al interés del menor. Y precisamente en este punto es importante el equilibrio emocional del menor, pues siempre el mantenimiento de la potestad conjunta permitirá seguir relacionándose de un modo habitual y homogéneo con ambos progenitores.

Un trato homogéneo que trae como base el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos y, con ello, la igualdad para y ante la ley. Esta afirmación llevada al plano familiar, conlleva el asumir la igualdad entre hombres y mujeres respecto el conjunto de derechos y deberes que tenemos respecto a nuestros hijos en caso de disolución del vínculo matrimonial.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 ¿Que sucede en las CC.AA?

El derecho civil de las Comunidades Autonómas con legislación propia se ha mostrado vas tolerante con la igualdad de derechos entre ambos progenitores e, incluso, existen Comunidades como Aragón o Cataluña que ya han tomado este sistema de custodia compartida como norma general. Así:

– La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, de Aragón, expresa que esta figura supone una respuesta a una demanda social, configurando la custodia compartida como norma preferente en los supuestos de la ruptura de convivencia de los padres y en ausencia de pacto que regulen las relaciones familiares tras la disolución del vínculo.

– Por su parte, la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, refuerza esta idea, afirmando el carácter preferente de un sistema que debería ser el que imperara en toda relación paterno filial y de los cónyuges entre sí.

¿Cual es el siguiente paso?

Actualmente, es necesario el mutuo acuerdo entre los cónyuges para poder esquivar el régimen previsto en el Código Civil. Por ello, es necesario reformar nuestro viejo código introduciendo las modificaciones oportunas que plasmasen el principio de igualdad en las relaciones familiares para que mujeres y hombres, padres o madres, puedan ejercer como tales sin ceñirse a un escueto calendario de visita.

 

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