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Archivos Mensuales: julio 2013

El miércoles 5 de Junio de 2013 se publicó en el BOE la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, la cual entró en vigor el día 6 de Junio de 2013, una ley que tenía como objetivo flexibilizar el mercado del alquiler y hacerlo más dinámico a través de las necesidades que tienen los inquilinos y los propietarios de las viviendas que la ponen a disposición del mercado inmobiliario.

Artículo tercero. Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por real decreto se regulará su organización y funcionamiento.
2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que, por dicho motivo, hayan sido condenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 250.1.1.° o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial correspondiente remitirá dicha información al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho Registro los datos relativos a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del impago de rentas de arrendamientos, por medio de laudo arbitral dictado al efecto.
4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario.
5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el citado Registro tendrá una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo.
6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sin duda, la principal novedad y, a la vez, la principal crítica, está en la creación de un registro de sentencias firmes, un registro que tendrá como objetivo llevar un control público de todas aquellas personas que han sufrido un desahucio por impago de rentas (obligación de comunicación que recaerá en los Secretarios Judiciales una vez que su organización y funcionamiento se establezca mediante un futuro Real Decreto).

Este Registro tiene como objetivo ofrecer información al propietario de una vivienda en alquiler sobre el riesgo de impago que pueda tener al alquilar su vivienda al candidato. Se podrá solicitar información sobre la persona a quién se va a alquilar la vivienda mediante una simple propuesta de contrato. Se crea así un claro desequilibrio a favor del propietario del inmueble (y, por lo tanto, se crea un claro perjuicio en la figura de los potenciales arrendadores) puesto que todos aquellos condenados por impago quedarán “fichados” por un período máximo de seis años. La única posibilidad para dejar de constar como moroso en el Registro será pagar la cantidad adeudada y los intereses de demora.

Esta medida tiene su nota negativa y su nota positiva. Se podrá evitar el abuso que sufren algunos propietarios por parte de aquellos arrendatarios que abusan de la lentitud judicial y de las lagunas del sistema. De un tiempo a esta parte se está convirtiendo en una práctica habitual el abuso de aquellos inquilinos que se enclaustran en una propiedad sin pagar cantidad alguna por ella, e, incluso, llegan a ocasionar en las viviendas cuantiosos daños económicos que, finalmente, tienen que ser asumidos por el propietario “sufridor”.

No obstante, cierto es que, en la realidad, terminan pagando justos por pecadores. Se estigmatiza a una persona como moroso (o mal pagador) por ser condenado por no pagar la renta, creando un encasillamiento en su persona al ser incluido en un Registro Público de claro carácter negativo. Esta inclusión quizás pueda significar una violación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Española (derecho a una vivienda digna) y, quizás, es un contrasentido en si mismo.

Artículo 47 Constitución Española

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Como ya se expuso más arriba, las dos formas de desaparecer del contenido de este Registro es, bien pagar, bien dejar transcurrir seis años. Ahora bien, obviamente, alguien que hubiera podido pagar no habría querido acceder voluntariamente a este Registro, toda vez que si el arrrendatario desahuciado hubiese tenido disponibilidad económica para pagar la deuda contraída con el propietario, ya no se hubiese producido dicho desahucio.

 

 

Tras días de retiro forzoso con una acuciante gripe que elevaba la fiebre como un globo de colores de los que tanto me gustaba cuando aún era pequeño, joven e inexperto (la verdad es que aún me siguen gustando, y creo que, cada día más), veo más necesario que nunca hacer una pequeña reflexión propia sobre cual es el principal problema, a mi juicio, del pilar jurídico de nuestro Estado de Derecho.

Me refiero a la politización de la justicia o, dicho de otro modo, la mayor o menor influencia de las fuerzas políticas en el desarrollo normativo de la actividad judicial.

La cabeza visible de nuestro sistema judicial radica en AR Gallardón. Ministro del ramo, se da la casualidad que aparece desligado del mundo jurídico desde hace tiempo. Presidente de la Comunidad de Madrid, Alcalde de su ciudad Capital,… de profesión político (no un caso aislado, por lo que no quiero centrarme en su persona, sino en lo que representa),  tiene la responsabilidad de firmar aquellas normas que tienen como principal aspecto el no afectar únicamente a los profesionales de un determinado sector, sino al conjunto de los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos.

Pues bien, los últimos tiempos han sido polémicos en lo que al mundo judicial se refiere. La Ley de Tasas Judiciales, la no oferta de plazas en la Administración de Justicia, los recortes en sus medios tecnológicos, materiales e humanos e, incluso, los proyectos de Ley de Servicios Profesionales o la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial tienen como punto de partida ser proyectos o ideas políticas, “legas en Derecho”, sin proximidad o relación directa con el mundo sobre el que están dirigidas.

La Justicia debe estar lo más alejada de la política que pueda. La Justicia debe ser un “lugar” reservado para “profesionales” (Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores, Peritos, Forenses, miembros de la Oficina Judicial,…) y para sus ciudadanos. Debe estar regulado por y para ellos y no debe estar sujeto a ningún tipo de influencia, y casi me atrevería a decir que a ninguna sugerencia, externa.

La influencia de la Administración General del Derecho sobre este sector debería estar limitada a la entrega de fondos, dado el esencial carácter gratuito de sus actividades. No hablo de un cheque sin fondos, cuya existencia crearía una clara tendencia a la falta de productividad (o de rentabilidad), pero si debe garantizar la tranquilidad económica a un sector crucial para que la sociedad española se desarrolle en todos sus niveles.

Por ello, sus órganos de Gobierno deberían estar controlados por sus agentes. Deben ser ellos quienes tomen medidas sobre racionalización, ajuste y reparto del gasto. Deben ser ellos quienes tomen decisiones sobre la organización, el funcionamiento, o, incluso, las diferentes opciones “procedimentales” a la hora de impartir Justicia.

Toda medida en este aspecto debe tener como principal meta conseguir que la Sociedad en su conjunto recupere la confianza perdida en el pilar jurídico como modo de impartir Justicia. No es admisible que contertulios de toda índole o condición comenten, hablen, dialoguen, diserten… sobre temas de tan hondo calado social. No es admisible que los partidos políticos la utilicen a su beneficio o favor dependiendo del lado de la balanza que tome una decisión. No es admisible la imagen de una Justicia de dos velocidades, donde o tienes derecho a abogado y procurador de oficio, o deberás asumir unos costes que más que acercar, alejan al ciudadano de la decisión final del Juez.

La transparencia debe ser la llave maestra de todo esta clave de arco. Debe ser una justicia, un pilar, transparente para todos los justiciables, donde toda duda sobre la honestidad de los actores quede disipada ante la reacción del sector. Unas reacciones fuertes y contundentes ante todo daño a la imagen global y un trabajo común hacia el orgullo de la profesión deberían ser las señas de identidad de todo este sector sobre el que pivota el conjunto de la sociedad y todas sus relaciones estructurales.

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