La independencia como pilar de apoyo a la labor de impartir Justicia

Tras días de retiro forzoso con una acuciante gripe que elevaba la fiebre como un globo de colores de los que tanto me gustaba cuando aún era pequeño, joven e inexperto (la verdad es que aún me siguen gustando, y creo que, cada día más), veo más necesario que nunca hacer una pequeña reflexión propia sobre cual es el principal problema, a mi juicio, del pilar jurídico de nuestro Estado de Derecho.

Me refiero a la politización de la justicia o, dicho de otro modo, la mayor o menor influencia de las fuerzas políticas en el desarrollo normativo de la actividad judicial.

La cabeza visible de nuestro sistema judicial radica en AR Gallardón. Ministro del ramo, se da la casualidad que aparece desligado del mundo jurídico desde hace tiempo. Presidente de la Comunidad de Madrid, Alcalde de su ciudad Capital,… de profesión político (no un caso aislado, por lo que no quiero centrarme en su persona, sino en lo que representa),  tiene la responsabilidad de firmar aquellas normas que tienen como principal aspecto el no afectar únicamente a los profesionales de un determinado sector, sino al conjunto de los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos.

Pues bien, los últimos tiempos han sido polémicos en lo que al mundo judicial se refiere. La Ley de Tasas Judiciales, la no oferta de plazas en la Administración de Justicia, los recortes en sus medios tecnológicos, materiales e humanos e, incluso, los proyectos de Ley de Servicios Profesionales o la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial tienen como punto de partida ser proyectos o ideas políticas, “legas en Derecho”, sin proximidad o relación directa con el mundo sobre el que están dirigidas.

La Justicia debe estar lo más alejada de la política que pueda. La Justicia debe ser un “lugar” reservado para “profesionales” (Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores, Peritos, Forenses, miembros de la Oficina Judicial,…) y para sus ciudadanos. Debe estar regulado por y para ellos y no debe estar sujeto a ningún tipo de influencia, y casi me atrevería a decir que a ninguna sugerencia, externa.

La influencia de la Administración General del Derecho sobre este sector debería estar limitada a la entrega de fondos, dado el esencial carácter gratuito de sus actividades. No hablo de un cheque sin fondos, cuya existencia crearía una clara tendencia a la falta de productividad (o de rentabilidad), pero si debe garantizar la tranquilidad económica a un sector crucial para que la sociedad española se desarrolle en todos sus niveles.

Por ello, sus órganos de Gobierno deberían estar controlados por sus agentes. Deben ser ellos quienes tomen medidas sobre racionalización, ajuste y reparto del gasto. Deben ser ellos quienes tomen decisiones sobre la organización, el funcionamiento, o, incluso, las diferentes opciones “procedimentales” a la hora de impartir Justicia.

Toda medida en este aspecto debe tener como principal meta conseguir que la Sociedad en su conjunto recupere la confianza perdida en el pilar jurídico como modo de impartir Justicia. No es admisible que contertulios de toda índole o condición comenten, hablen, dialoguen, diserten… sobre temas de tan hondo calado social. No es admisible que los partidos políticos la utilicen a su beneficio o favor dependiendo del lado de la balanza que tome una decisión. No es admisible la imagen de una Justicia de dos velocidades, donde o tienes derecho a abogado y procurador de oficio, o deberás asumir unos costes que más que acercar, alejan al ciudadano de la decisión final del Juez.

La transparencia debe ser la llave maestra de todo esta clave de arco. Debe ser una justicia, un pilar, transparente para todos los justiciables, donde toda duda sobre la honestidad de los actores quede disipada ante la reacción del sector. Unas reacciones fuertes y contundentes ante todo daño a la imagen global y un trabajo común hacia el orgullo de la profesión deberían ser las señas de identidad de todo este sector sobre el que pivota el conjunto de la sociedad y todas sus relaciones estructurales.

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