El Registro de ‘morosos’ como medida de fomento del alquiler de vivienda

El miércoles 5 de Junio de 2013 se publicó en el BOE la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, la cual entró en vigor el día 6 de Junio de 2013, una ley que tenía como objetivo flexibilizar el mercado del alquiler y hacerlo más dinámico a través de las necesidades que tienen los inquilinos y los propietarios de las viviendas que la ponen a disposición del mercado inmobiliario.

Artículo tercero. Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por real decreto se regulará su organización y funcionamiento.
2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que, por dicho motivo, hayan sido condenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 250.1.1.° o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial correspondiente remitirá dicha información al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho Registro los datos relativos a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del impago de rentas de arrendamientos, por medio de laudo arbitral dictado al efecto.
4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario.
5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el citado Registro tendrá una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo.
6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sin duda, la principal novedad y, a la vez, la principal crítica, está en la creación de un registro de sentencias firmes, un registro que tendrá como objetivo llevar un control público de todas aquellas personas que han sufrido un desahucio por impago de rentas (obligación de comunicación que recaerá en los Secretarios Judiciales una vez que su organización y funcionamiento se establezca mediante un futuro Real Decreto).

Este Registro tiene como objetivo ofrecer información al propietario de una vivienda en alquiler sobre el riesgo de impago que pueda tener al alquilar su vivienda al candidato. Se podrá solicitar información sobre la persona a quién se va a alquilar la vivienda mediante una simple propuesta de contrato. Se crea así un claro desequilibrio a favor del propietario del inmueble (y, por lo tanto, se crea un claro perjuicio en la figura de los potenciales arrendadores) puesto que todos aquellos condenados por impago quedarán “fichados” por un período máximo de seis años. La única posibilidad para dejar de constar como moroso en el Registro será pagar la cantidad adeudada y los intereses de demora.

Esta medida tiene su nota negativa y su nota positiva. Se podrá evitar el abuso que sufren algunos propietarios por parte de aquellos arrendatarios que abusan de la lentitud judicial y de las lagunas del sistema. De un tiempo a esta parte se está convirtiendo en una práctica habitual el abuso de aquellos inquilinos que se enclaustran en una propiedad sin pagar cantidad alguna por ella, e, incluso, llegan a ocasionar en las viviendas cuantiosos daños económicos que, finalmente, tienen que ser asumidos por el propietario “sufridor”.

No obstante, cierto es que, en la realidad, terminan pagando justos por pecadores. Se estigmatiza a una persona como moroso (o mal pagador) por ser condenado por no pagar la renta, creando un encasillamiento en su persona al ser incluido en un Registro Público de claro carácter negativo. Esta inclusión quizás pueda significar una violación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Española (derecho a una vivienda digna) y, quizás, es un contrasentido en si mismo.

Artículo 47 Constitución Española

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Como ya se expuso más arriba, las dos formas de desaparecer del contenido de este Registro es, bien pagar, bien dejar transcurrir seis años. Ahora bien, obviamente, alguien que hubiera podido pagar no habría querido acceder voluntariamente a este Registro, toda vez que si el arrrendatario desahuciado hubiese tenido disponibilidad económica para pagar la deuda contraída con el propietario, ya no se hubiese producido dicho desahucio.

 

 

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1 comentario
  1. El temor de los propietarios de viviendas a que los inquilinos dejen de pagar el alquiler ha disparado la contratación de seguros por impago alquileres

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