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Archivos Mensuales: agosto 2013

La Universidad Jiao Tong de Shanghái dio a conocer en últims fechas su ranking anual internacional de excelencia universitaria. Un ranking que tiene como indicadores para su confección valores como el número de premios Nobel y medallas Fields obtenidos por sus alumnos y profesores, el número de investigadores y su relevancia internacional , las publicaciones en revistas internacionales de prestigio…

La realidad de este estudio muestra a las claras la situación de la investigación en España. Ninguna universidad española aparece en los 200 primeros puestos de este ranking, pese a que nos jactamos de tener un sistema educativo e investigador con el claro objetivo de la búsqueda de la excelencia. Pero nos tenemos que conformar con que aparezcan nuestras mejores instituciones en un tramo innumerado, nombrado como “201-300”, sin apenas mención o repercusión internacional.

Aceptamos el anonimato de nuestra educación universitaria, permitimos que toda la inversión pública en educación y ciencia sea desaprovechada. Las noticias sobre la situación de la I + D + i en España son cada vez más preocupantes. Si nada lo remedia, la educación pública y de calidad dejará de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Los poderes públicos ponen trabas a la labor educativa con la subida de tasas, el recorte de medios o el aumento de la nota de corte para poder acceder a una simple beca.

Dificultades que aumentan si hablamos del sector investigador en nuestro país. La situación del Centro Superior de Investigaciones Científicas es poco más que insostenible (recientemente sus protestas salieron a la calle bajo el lema ‘sin ciencia no hay futuro‘) por promesas que nunca se llegan a materializar.

Esta situación se materializa en la huida obligada de nuestros mejores investigadores. España es ese país donde el mejor físico joven de Europa no tiene sitio y tiene que emigrar. O donde una experta en biocomputación se va a Hardvard tras no ver valorado su trabajo durante año y medio.

Esta es la realidad de nuestro país. Lejos de poner recursos para conseguir que nuestro país sea pionero y ejemplo en labor educativa y científica, las piedras en el camino cada día son más numerosas y de mayor tamaño. Incluso desde el sector público se denigra al sistema universitario español alegando ‘falta de motivación de sus estudiantes’ o, sencillamente, acusándoles de ‘vivir a la sopa boba’, pero no se ponen los medios necesarios para incentivar, mejorar o pulir los puntos débiles de nuestro sistema.

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Harvard (EEUU) sigue reinando en el ranking Shangai de las mejores universidades del mundo. (Foto: Patricia Dudry | Flickr)

Entrando a analizar los resultados en su conjunto, destaca el predominio, una vez más, de las universidades anglosajonas. El TOP 10 de universidades en el mundo lo conforman Harvard (EEUU), Stanford (EEUU), Instituto de Tecnología de Massachusetts (EEUU), Universidad de California, Berkeley (EEUU), Cambridge (Reino Unido), Instituto de Tecnología de California (EEUU), Princeton (EEUU), Columbia (EEUU), Universidad de Chicago (EE UU) y Oxford (Reino Unido), algo que muestra que el trabajo bien hecho tiene como recompensa el prestigio y la calidad.

A nivel nacional, únicamente la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense y la Universidad de Barcelona están calificadas entre las trescientas mejores del mundo. Más abajo aparecen la Politécnica de Valencia, Granada, Pompeu Fabra, Valencia y, por último, País Vasco y Zaragoza.

Llama especialmente la atención como las Administraciones Públicas han dejado desaparecer de esta lista la Universidad de Vigo. Una universidad marcada por el abandono de las Administraciones Públicas competentes capaz de iluminar proyectos como el Campus do Mar, de excelencia internacional, o ser el germen del satélite Xatcobeo.

Quizás sea el momento de replantearse el motivo de esta situación. El sector universitario, como tantos otros, goza de una élite inmóvil, acomodada a un puesto, sin estímulos externos que puedan provocar un cambio de tendencia. El inmovilismo en la comunidad universitaria está excesivamente desarrollado y la visión de una universidad con un título como único objetivo lastra cualquier posibilidad de mejora. Quizás sea el momento de preguntarse que se puede hacer para devolver a la universidad española, otrora referencia, al sitio que se merece.

 

 

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El ocuparse del bienestar de los naturales de una determinad comunidad autónoma que viven fuera del territorio nacional debería ser una obligación de las Administraciones Públicas y, dada la proximidad y el reparto competencial de nuestro ordenamiento jurídico, quizás aquel ente encargado deberían ser las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, es necesario relacionar este deber con el contexto en el que nos encontramos; esto es, una economía (y, por tanto, una política) pseudo-intervenida por los “hombres de negro” en un afán de equilibrar las cuentas que supera toda razón de servicio, amén del carácter, ya de por sí obvio, antieconómico, ineficaz y excesivamente burocrático de todo servicio público.

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(Foto: Wikipedia.org)

El caso gallego es esencialmente peculiar. Una sociedad donde la condición de emigrante es consustancial al origen y la “morriña” es santo y seña de nuestra idiosincrasia… por esto, sin duda una de las noticias que más me ha impactado durante mi periodo de sonrojante ‘stand-by’ ha sido la ya conocida Ley de Galleguidad.

La ley de Galleguidad, de junio de 2013, es un cuerpo legal compuesto de 62 artículos previendo, además, un denso desarrollo reglamentario. Dentro de ella, podemos encontrar instituciones tan diversas como los “carnés de galleguidad“, registros de galleguidad o el Consejo de Comunidades Gallegas.

Ahora bien, ¿Que se entiende por galleguidad?. A esta cuestión responde el artículo 2 de esa misma ley, al pronunciarse, expresamente, del siguiente modo:

Se entiende por galleguidad, a los efectos de la presente ley, el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, tal y como señala el artículo 7.1 del Estatuto de autonomía de Galicia.

Resulta cuanto menos curioso la exigencia de una suerte de título, diploma, o certificado de galleguidad. Mientras tanto, según el tenor de la propia ley, no tendría derecho a participar en la vida cultural gallega… hasta que no reciba la autorización de la Administración Pública. Se requiere un visto bueno, un aprobado, respecto de tu propia condición de nacido en una determinada Comunidad Autónoma, en este caso concreto, en Galicia.

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(Foto: Flickr.com)

Este visto bueno viene a marcar el objetivo de esta misma ley. Se busca crear una suerte de vida social “oficial”, subvencionada por la Xunta y organizada por ella, cumpliendo aquel dogma por el que “no habría más vida real que la oficial”.

¿Que derechos reconoce este carnet de Galleguidad?

  • El derecho a compartir la vida social gallega y colaborar en su difusión, en el ámbito territorial en el que estén asentadas.
  • El derecho a su participación en el conocimiento y estudio de la realidad cultural del pueblo gallego.
  • El derecho a conocer y difundir la lengua gallega en el ámbito de sus comunidades.
  • El derecho al acceso a las bibliotecas, recursos y archivos dependientes de la Comunidad Autónoma.
  • El derecho a preservar y difundir el patrimonio de la galleguidad en su ámbito territorial.
  • El derecho a recibir información sobre la realidad económica de Galicia.
  • El derecho a mantener contacto con los agentes económicos y sociales de la Comunidad.

.-  ¿Un registro de galleguidad? 

En el se podrán inscribir las comunidades a las que les hayan reconocido esa condición. Su regulación consta de cinco artículos (30 a 34), pero no se le ha dotado a la inscripción de algún efecto práctico.

.- ¿Un Consejo de Comunidades Gallegas? 

Se trata de un órgano colegiado compuesto de como mínimo 18 miembros, de los cuales 13 son de la administración autonómica, con un presidente (el de la Xunta), un vicepresidente, una secretaría y una comisión delegada. Ahora bien… ¿cuales son sus funciones?

  • Elaborar y presentar informes, propuestas y recomendaciones en materia de emigración y galleguidad a la Comunidad Autónoma de Galicia.
  • Canalizar las propuestas que, en materia de emigración y galleguidad, surjan de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia  
  • Conocer e informar a las comunidades gallegas de las disposiciones normativas que en materia de emigración y galleguidad les afecten, en especial de las elaboradas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
  • Establecer cauces de colaboración con otros órganos de participación de emigrantes similares existentes en el Estado español.

En definitiva, y siempre a título personal, me parece una norma vacía de contenido, que viene a aumentar el intervencionismo de la Administración en un aspecto tan subjetivo como la propia identidad cultural y social de un pueblo.

“Se recuerda que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y S.S. ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un “Buzón de lucha contra el Fraude Laboral“, donde podrán comunicar a la ITSS cualquier irregularidad laboral que conozcan. En este caso el comunicante no tendrá que aportar ningún dato personal y el buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento”

Así rezaba el comunicado enviado por el ministerio de empleo, y firmado por Fátima Báñez, donde se anunciaba la puesta en funcionamiento de un ‘Buzón de Denuncias’  con el objetivo de que fueran los usuarios, de forma anónima, quienes pudieran denunciar los fraudes a la Seguridad Social manteniendo por tanto, a salvo su identidad.

Varios aspectos merecen especial mención de esta medida.

* Se sustituye la labor inspectora del cuerpo de Inspectores de la Seguridad Social. Casualmente un cuerpo funcionarial que, como otros muchos, viene sufriendo en los últimos tiempos un gran recorte en su personal y en la convocatoria de nuevas plazas.

* Se iniciará el proceso investigatorio a través de un simple ‘click’ de ordenador, sin ningún tipo de fundamento o circunstancia que permitiera, al menos, tener la sospecha de la comisión de un acto contrario a la ley.

* Se realizarán las ‘denuncias’ de forma anónima. Un anonimato que tiene graves riesgos para los derechos y libertades de todos los ciudadanos, toda vez que dependerá de la buena fe de los ciudadanos ‘denunciantes’ la veracidad o inveracidad del contenido de la denuncia presentada.

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(Foto: Vozpópuli.es | Agencia EFE)

Tal fue la reacción de la Sociedad, que las primeras horas de funcionamiento demostraron lo poco acertado de esta medida, en principio, disuasoria y de control. Los medios de comunicación filtraron diferentes opiniones de personal adscrito al Ministerio en donde reconocían que no tenían “un simple protocolo de actuación“, e, incluso, se produjo un curioso ‘efecto boomerang‘ en donde las denuncias al propio Gobierno o al Partido Popular se multiplicaron de un modo exponencial con la mente puesta en el famoso y renombrado ‘caso Bárcenas’.

Pero no es sólo una crítica popular, sino que también la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que solicitaba la suspensión cautelar del buzón y la depuración de responsabilidades ante lo que es la puesta en práctica “del miedo como herramienta de gestión“.

No deja de ser curioso que en un Estado Democrático como el Estado Español utilice una denuncia anónima como un método de control. Un método que puede dar lugar a denuncias infundadas, venganzas, traiciones o lucha desleal por una posición de mercado y que violará, de modo flagrante, el objetivo de todo elemento investigatorio. Mas aún, supone volver, en cierta medida, a cierta época ya pasada en la que una simple denuncia era suficiente para enfrentarte con todo el poder de un Estado.

Las críticas han aflorado, y el humor también. La misma fuerza que tiene el anonimato en las redes sociales tendrá el anonimato en este método de denuncia. Y eso es peligroso para todos los ciudadanos, trabajadores y empleados de nuestro país.

El pasado viernes 02 de agosto, el Consejo de Ministros, aprobó (en plena operación salida) el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

Lejos de dar una idea de transparencia, de colaboración y de entendimiento con el sector jurídico, el ejecutivo aprovechó el primer viernes del mes de agosto, mes de éxodo vacacional de la inmensa mayoría de profesionales del sector, para anunciar el siguiente trámite en la elaboración de esta ya discutida ley. Pero eso es harina de otro costal…

Se trata de una norma que no ha sido pactada con aquellos operadores jurídicos que se van a ver afectados por su futura promulgación. Operadores jurídicos que se verán afectados por un texto cuyo desarrollo únicamente se ciñe a aspectos económicos, pues el Ministro de Economía Luis de Guindos justifica su proyecto en que el impacto económico “superará a medio y largo plazo los 7.000 millones de euros”.

En definitiva, se trata de una norma que responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, del FMI y de la OCDE y que tiene como principal aspecto objeto de discusión y debate la división de la profesión jurídica de la abogacía entre el “abogado” y el “asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral, actividad ésta última que no precisa de colegiación obligatoria para su ejercicio profesional.

¿Que provocará esta división?

Sin duda una falta de calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por los abogados colegiados. Lejos de caer en el corporativismo, se estima prudente afirmar que no será la misma formación, la misma experiencia o la misma práctica profesional la de un profesional que no esté sujeto a las exigencias formativas o a las normas de control deontológico y profesional exigidas por los respectivos colegios profesionales.

Sin duda, estos profesionales no colegiados, actuarán en aquella delgada línea creada por la no sumisión al Colegio de Abogados, con la merma de garantías y derechos que ésta situación provoca no sólo para aquellos abogados colegiados, sino para el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad en general.

¿Que dice el Consejo General de la Abogacía?

La promulgación de esta norma ya ha sido objeto de crítica y rechazo por parte del CGAE.  A juicio del órgano rector del conjunto de los abogados españoles, los aspectos a mejorar en la redacción de esta norma son:

  •  introduce confusión en numerosos problemas,
  •  crea problemas que no existían,
  •  instaura el poder de intervención de la Administración central,
  •  invade competencias autonómicas
  •  y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio de épocas pasadas.

Y es que, a juicio del Consejo es imprescindible “acatar esta reforma con la voluntad de acercar los servicios a la sociedad y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos“, pues motivos exclusivamente económicos no pueden superar el correcto desarrollo de un sector social, el jurídico, que marca el grado de madurez y desarrollo de un país que se jacta de ser moderno, pero que en muchos aspectos aún tiene que aprender y crecer en busca de un futuro mejor.

 

(*) Texto del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales

 

Señoría, me confieso culpable.

Con la venia, su señoría, reconozco mi error. Reconozco mi desgana, mi falta de actitud, mi error al elegir las prioridades sobre las que debería actuar. Me confieso culpable de haber abandonado este proyecto, olvidado esta pequeña ilusión aún recién nacida y que no pudo dar apenas los primeros pasos.

He cometido un gran error. Dejé de lado esta idea que me surgió de la cabeza y que todavía me ronda, aunque por descuido, quedó relegado a un segundo e incluso a un tercer lado. He pasado una época dura, un momento donde tu sitio, aquel que creías el lugar en el que te encontrabas a gusto, resultó no ser el lugar donde realmente estoy y donde quiero estar. Me había quitado la Toga y no me había dado cuenta de ello.

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(Foto: Jaime García | La Verdad.es)

Cierro los ojos. Pienso en el sitio en el que estoy y el sitio donde quería estar hace unos años. Y debo reconocer que me siento un afortunado de todo lo que me rodea. Dice la frase que todo va bien menos lo que tiende a ir mal. Me considero un afortunado porque puedo trabajar en aquello que me gusta, rodeado de una gente excepcional de la cual aprendo y me enseñan todos los días. Tengo la suerte de tener a esa persona a mi lado que sientes que es aquella que te invita a ser mejor. Tengo la suerte de tener a toda mi familia conmigo. Tengo suerte.

Aunque reconozco que el entorno, a veces, me supera. Quizás proyectos que empezaron no hace mucho se sobredimensionan sin poder darte cuenta. Te absorbe la realidad, te supera la ficción y parece que te oprime el presente. Debo vencer al entorno.

Confieso mi error y no pretendo perdón. La condena es mi desorden, la lucha es mi razón. He de levantarme y por ello, he de reaccionar. Debo retomar las riendas y tomar decisiones no siempre fáciles. Quizás ciertas ideas deben ser relegadas a un segundo plano. Debo retomar el control. Por ello me permito escribir estas líneas.

Es el momento de volver a actuar. Retomo #DetrásdelaToga, y vuelvo para quedarme. Retomo @Victor_p_diaz y vuelvo para recuperar mi lugar. Es tiempo de actuar. Es tiempo. Debo conseguir que vuelva a ser mi tiempo. Será mi tiempo.

Vuelvo a ponerme la Toga. Vuelvo a empezar.

Señoría, lo confieso. He errado.

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