Aprobación del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales

El pasado viernes 02 de agosto, el Consejo de Ministros, aprobó (en plena operación salida) el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

Lejos de dar una idea de transparencia, de colaboración y de entendimiento con el sector jurídico, el ejecutivo aprovechó el primer viernes del mes de agosto, mes de éxodo vacacional de la inmensa mayoría de profesionales del sector, para anunciar el siguiente trámite en la elaboración de esta ya discutida ley. Pero eso es harina de otro costal…

Se trata de una norma que no ha sido pactada con aquellos operadores jurídicos que se van a ver afectados por su futura promulgación. Operadores jurídicos que se verán afectados por un texto cuyo desarrollo únicamente se ciñe a aspectos económicos, pues el Ministro de Economía Luis de Guindos justifica su proyecto en que el impacto económico “superará a medio y largo plazo los 7.000 millones de euros”.

En definitiva, se trata de una norma que responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, del FMI y de la OCDE y que tiene como principal aspecto objeto de discusión y debate la división de la profesión jurídica de la abogacía entre el “abogado” y el “asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral, actividad ésta última que no precisa de colegiación obligatoria para su ejercicio profesional.

¿Que provocará esta división?

Sin duda una falta de calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por los abogados colegiados. Lejos de caer en el corporativismo, se estima prudente afirmar que no será la misma formación, la misma experiencia o la misma práctica profesional la de un profesional que no esté sujeto a las exigencias formativas o a las normas de control deontológico y profesional exigidas por los respectivos colegios profesionales.

Sin duda, estos profesionales no colegiados, actuarán en aquella delgada línea creada por la no sumisión al Colegio de Abogados, con la merma de garantías y derechos que ésta situación provoca no sólo para aquellos abogados colegiados, sino para el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad en general.

¿Que dice el Consejo General de la Abogacía?

La promulgación de esta norma ya ha sido objeto de crítica y rechazo por parte del CGAE.  A juicio del órgano rector del conjunto de los abogados españoles, los aspectos a mejorar en la redacción de esta norma son:

  •  introduce confusión en numerosos problemas,
  •  crea problemas que no existían,
  •  instaura el poder de intervención de la Administración central,
  •  invade competencias autonómicas
  •  y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio de épocas pasadas.

Y es que, a juicio del Consejo es imprescindible “acatar esta reforma con la voluntad de acercar los servicios a la sociedad y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos“, pues motivos exclusivamente económicos no pueden superar el correcto desarrollo de un sector social, el jurídico, que marca el grado de madurez y desarrollo de un país que se jacta de ser moderno, pero que en muchos aspectos aún tiene que aprender y crecer en busca de un futuro mejor.

 

(*) Texto del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales

 

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