La “Ley de Galleguidad”. Ser gallego fuera de Galicia.

El ocuparse del bienestar de los naturales de una determinad comunidad autónoma que viven fuera del territorio nacional debería ser una obligación de las Administraciones Públicas y, dada la proximidad y el reparto competencial de nuestro ordenamiento jurídico, quizás aquel ente encargado deberían ser las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, es necesario relacionar este deber con el contexto en el que nos encontramos; esto es, una economía (y, por tanto, una política) pseudo-intervenida por los “hombres de negro” en un afán de equilibrar las cuentas que supera toda razón de servicio, amén del carácter, ya de por sí obvio, antieconómico, ineficaz y excesivamente burocrático de todo servicio público.

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(Foto: Wikipedia.org)

El caso gallego es esencialmente peculiar. Una sociedad donde la condición de emigrante es consustancial al origen y la “morriña” es santo y seña de nuestra idiosincrasia… por esto, sin duda una de las noticias que más me ha impactado durante mi periodo de sonrojante ‘stand-by’ ha sido la ya conocida Ley de Galleguidad.

La ley de Galleguidad, de junio de 2013, es un cuerpo legal compuesto de 62 artículos previendo, además, un denso desarrollo reglamentario. Dentro de ella, podemos encontrar instituciones tan diversas como los “carnés de galleguidad“, registros de galleguidad o el Consejo de Comunidades Gallegas.

Ahora bien, ¿Que se entiende por galleguidad?. A esta cuestión responde el artículo 2 de esa misma ley, al pronunciarse, expresamente, del siguiente modo:

Se entiende por galleguidad, a los efectos de la presente ley, el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, tal y como señala el artículo 7.1 del Estatuto de autonomía de Galicia.

Resulta cuanto menos curioso la exigencia de una suerte de título, diploma, o certificado de galleguidad. Mientras tanto, según el tenor de la propia ley, no tendría derecho a participar en la vida cultural gallega… hasta que no reciba la autorización de la Administración Pública. Se requiere un visto bueno, un aprobado, respecto de tu propia condición de nacido en una determinada Comunidad Autónoma, en este caso concreto, en Galicia.

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(Foto: Flickr.com)

Este visto bueno viene a marcar el objetivo de esta misma ley. Se busca crear una suerte de vida social “oficial”, subvencionada por la Xunta y organizada por ella, cumpliendo aquel dogma por el que “no habría más vida real que la oficial”.

¿Que derechos reconoce este carnet de Galleguidad?

  • El derecho a compartir la vida social gallega y colaborar en su difusión, en el ámbito territorial en el que estén asentadas.
  • El derecho a su participación en el conocimiento y estudio de la realidad cultural del pueblo gallego.
  • El derecho a conocer y difundir la lengua gallega en el ámbito de sus comunidades.
  • El derecho al acceso a las bibliotecas, recursos y archivos dependientes de la Comunidad Autónoma.
  • El derecho a preservar y difundir el patrimonio de la galleguidad en su ámbito territorial.
  • El derecho a recibir información sobre la realidad económica de Galicia.
  • El derecho a mantener contacto con los agentes económicos y sociales de la Comunidad.

.-  ¿Un registro de galleguidad? 

En el se podrán inscribir las comunidades a las que les hayan reconocido esa condición. Su regulación consta de cinco artículos (30 a 34), pero no se le ha dotado a la inscripción de algún efecto práctico.

.- ¿Un Consejo de Comunidades Gallegas? 

Se trata de un órgano colegiado compuesto de como mínimo 18 miembros, de los cuales 13 son de la administración autonómica, con un presidente (el de la Xunta), un vicepresidente, una secretaría y una comisión delegada. Ahora bien… ¿cuales son sus funciones?

  • Elaborar y presentar informes, propuestas y recomendaciones en materia de emigración y galleguidad a la Comunidad Autónoma de Galicia.
  • Canalizar las propuestas que, en materia de emigración y galleguidad, surjan de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia  
  • Conocer e informar a las comunidades gallegas de las disposiciones normativas que en materia de emigración y galleguidad les afecten, en especial de las elaboradas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
  • Establecer cauces de colaboración con otros órganos de participación de emigrantes similares existentes en el Estado español.

En definitiva, y siempre a título personal, me parece una norma vacía de contenido, que viene a aumentar el intervencionismo de la Administración en un aspecto tan subjetivo como la propia identidad cultural y social de un pueblo.

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