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Archivos Mensuales: septiembre 2013

España es uno de los países europeos con las tasas de criminalidad más bajas; no obstante, tiene una de las tasas de población penitencia más altas, según afirma Eurostat.

El ministro de Justicia, AR Gallardón, presentó ante el Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del nuevo Código Penal que tiene como seña de identidad la implantación de penas más duras, la creación de delitos, la extensión de la libertad vigilada postcárcel, persecución de la incitación en Internet al desorden público, mayor castigo a los delitos sexuales y la multirreincidencia.

¿Cuando entrará en vigor?

Tras la presentación ante el Consejo de Ministros, el proyecto de reforma del Código Penal inicia el trámite parlamentario. Abierto a enmiendas, se espera que tarde entre seis meses y un año en entrar en vigor.

¿Novedades?

Cadena perpetua revisable a los 25 años. Una especie de cadena perpetua pero con carácter reversible: el condenado pasará toda su vida en prisión salvo si demuestra estar rehabilitado. Se aplicará —imperativamente— a los condenados por homicidio terrorista, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y asesinato agravado (los cometidos sobre menores o discapacitados, los múltiples o los subsiguientes a una violación). Cuando el preso lleve un determinado tiempo en la cárcel —entre 25 y 35 años, según los delitos—, un tribunal colegiado evaluará si está rehabilitado. Si lo está, saldrá de prisión (aunque pasará de cinco a diez años en libertad condicional); si no lo está, seguirá en la cárcel en prisión y volverá a ser evaluado cada año.

– Libertad vigilada indefinida para violadores. La libertad vigilada, una medida de seguridad que introdujo el Gobierno socialista en 2010 para delincuentes sexuales y terroristas, se amplía ahora a robos y otros delitos violentos. Consiste en que el preso, una vez cumplida su condena y recobrada la libertad -y si el juez lo considera necesario por su peligrosidad-, tiene que someterse a mecanismos de control durante varios años (personarse en el juzgado, llevar dispositivos electrónicos para estar localizado, no frecuentar determinados lugares…).

– Invitación por Internet al desorden público.  Quienes, “a través de cualquier medio”, difundan mensajes que “inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público” o “sirvan para reforzar la decisión” de quienes los lleven a cabo. Ese nuevo artículo es visto por algunos colectivos y juristas como una puerta abierta para perseguir el activismo en las redes sociales.

– Secuestro con desaparición, igual a homicidio. La detención ilegal con desaparición de la víctima será equiparada a la de homicidio y penada con hasta 15 años de cárcel; si es secuestro, hasta 20 años (o hasta 25 si se trata de menores o hay móvil sexual).

– El hostigamiento, nuevo delito sexual. Se crea un nuevo tipo de acoso sexual: el “acecho u hostigamiento”, en el que el agresor no ejerce violencia directa pero sí produce en la víctima un estado constante de inseguridad (con llamadas telefónicas reiteradas, por ejemplo). Además, se amplía el alcance de los delitos de pornografía infantil. Y en el ámbito sexual desaparece la figura del delito continuado, lo que eleva la pena.

Difundir imágenes íntimas, menoscabando la intimidad. Quien grabe imágenes íntimas de otra persona con su permiso pero luego las difunda sin su permiso, menoscabando su intimidad, será condenado a prisión de tres meses a un año (o multa). Una pena nueva pensada, según Justicia, para el fenómeno creciente de las parejas de adolescentes que se vengan de sus ex colgando en Internet vídeos íntimos.

– Edad mínima de consentimiento sexual: 16 años. La consecuencia es que el adulto que tenga relaciones con un menor de 16 años -aunque estas sean consentidas- podrá ser acusado de abuso sexual, salvo que el juez estime que existe una cercanía suficiente en edad o en grado de madurez entre ese adulto y ese menor

– Contra la incitación al odio. El proyecto aumenta la persecución de la discriminación, la humillación y la incitación al odio contra minorías, etnias o grupos ideológicos. Suben las penas ya existentes y se castigan supuestos nuevos, como la difusión por Internet de escritos que inciten al odio con motivos racistas o xenófobos.

– Desaparición de las faltas. Las faltas desaparecen como tales, convirtiéndose unas en delitos leves (por ejemplo, las lesiones, amenazas y coacciones) y otras (las menos graves) en sanciones administrativas.

– Cambios en la libertad condicional.  El preso que salga en libertad condicional y, una vez en la calle, vuelva a cometer un delito, tendrá que cumplir —al volver a prisión— todo lo que le quedaba de la condena primera cuando salió; con el Código Penal vigente, el tiempo que ha pasado en libertad se descuenta de la pena. Por otro lado, quien sea condenado por primera vez a una pena menor (hasta tres años) y tenga buena conducta en prisión lo tendrá más fácil para obtener la libertad condicional: podrá hacerlo a mitad de condena (ahora hay que esperar a cumplir dos tercios).

– Delitos económicos. El proyecto de ley endurece las penas contra delitos económicos y concursales, facilita la persecución de las quiebras fraudulentas y aumenta la responsabilidad penal en las empresas.

¿Que supondrá la instauración del nuevo Código Penal?

Resulta sorprendente la evolución que quiere llevar a cabo el gabinete técnico del Ministerio de Justicia, encabezado por AR Gallardón. Resulta sorprendente el endurecimiento de un régimen, el punitivo, que debe estar sometido al principio de “ultima ratio” y que, según la Constitución Española, debe tener como significado último la “reinserción social de los condenados“.

Aumenta el ámbito de actuación de la jurisdicción penal, instituyendo delitos quizás propios de una sociedad autoritaria y se olvida de criterios técnicos a la hora de legislar, dejándose llevar por criterios de oportunidad (saltan a la memoria supuestos tan de actualidad como los casos de corrupción y malversación, Marta del Castillo, José Bretón o las concentraciones por el 15-M).

¿Inconstitucionalidad del nuevo Código Penal?

EL CGPJ declaró en reiteradas ocasiones su postura contraria a la adecuación del nuevo texto al mandato constitucional. Concretamente, se centró en dos medidas, la prisión permanente revisable y la custodia vigilada.

Afirmó que “la nueva pena de prisión permanente revisable es inconstituional por su incompatibilidad con la finalidad de reinserción de las condenas que impone la Constitución”, siendo medidas que, según el máximo órgano rector y de gobierno de Jueces y Tribunales, no estuvieron vigentes en ningún momento durante el régimen dictatorial del General Franco.

Fuente:

1.- Proyecto de reforma del Código Penal 

2.- “EL PAÍS: Las claves de reforma del Código Penal” 

3.- “DIARIO PÚBLICO:El CGPJ insiste: la reforma del Código Penal es inconstitucional

A partir del próximo 1 de noviembre, el IRPH Cajas, el IRPH Bancos y el Indice CECA desaparerán del panorama bancario español.

Con esta afirmación se da cumplimiento a la ORDEN EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, el cual marcaba el fin de estos índices de referencia ya desde el pasado 29 de abril de 2013.

De este modo, se cumple una vieja reivindicación de asociaciones de consumidores y usuarios de productos bancarios, pero éstas no ven cumplidas sus legítimas expectativas. De este modo, estos índices serán sustituidos por aquellos indices hipotecarios considerados como alternativos (o subsidiarios en los contratos hipotecarios) y, en su defecto, por el llamado IRPH entidades, que se define como el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda concedidos por entidades de crédito en España, que también es publicado por el Banco de España.

Este índice se calculará a partir de la media de las diferencias entre el tipo que desaparece y el nuevo valor, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en que efectivamente se produce la sustitución del tipo.

  • Una medida con causa en la nueva Ley de Emprendedores

Con esta medida se pone el punto final a los tres índices gracias a la aprobación por el Consejo de Ministros de la prometida Ley de Emprendedores. De este modo, todos aquellos hipotecados que dejen de tener su hipoteca se beneficiarán de reducciones en sus cuotas, aunque esta reducción será mayor dependiendo de cual se postule como el nuevo índice de referencia hipotecario a aplicar.

A efectos ejemplificativos, aquellos deudores que referencia su hipoteca al EURIBOR tendrán que sumar su diferencial al índice oficial que, actualmente, se encuentra en el 0.542%. Un panorama muy diferente tendrán aquellos que no dispongan de indice sustitutivo de referencia. . Estos pasarán a tener un interés variable en sus contratos del 3.474% (a niveles de agosto) más su respectivo diferencial.

  • Malestar entre los asociaciones de afectados

No obstante, esta medida ha sido ampliamente criticada por aquellas asociaciones de usuarios de productos financieros. Estas asociaciones tenían como objetivo la sustitución de toda hipoteca referenciada al EURIBOR + 1%, sin remisión al nuevo tipo de referencia creada ad-hoc por el Gobierno.

Este cambio de referencia se aplicará a partir de la fecha de revisión que se prevea en cada contrato e implicará la novación automática del contrato sin suponer una alteración o pérdida del rango de la hipoteca de inscrita. De este modo, las partes intervinientes en el contrato para reclamar la modificación, alteración unilateral o extinción del préstamo, por mandato expreso de la Ley.

  • La historia de un cambio

Esta situación se produce después de que en 2011 se decidiera que el IRPH Cajas, IRPH Bancos y el Tipo Ceca expirarían el 29 de abril de 2012. Tras un año transitorio para que las entidades financieras se adaptaran a la nueva situación, sin embargo, el Gobierno no desarrolló a tiempo el nuevo régimen. Por ello, el BE siguió publicando esos índices y los bancos, por tanto, aplicándolos.

El supervisor decidió ampliar en otros seis meses la vigencia del IRPH, hasta el 6 de octubre de 2013. Tiempo que el Ejecutivo ha aprovechado para preparar el nuevo régimen que, finalmente, ha sido introducido en el proyecto de Ley de Emprendedores, que se remitió al Congreso a través de una enmienda del Grupo Popular.

De este modo, el 25 de julio la Comisión de Hacienda aprobó la inclusión de una nueva disposición adicional fijando el régimen de transición para la desaparición de los índices o tipos de interés de referencia de las hipotecas, que se aplicará a partir del 1 de noviembre, cuando el BE dejará de actualizar los datos y desaparecerán completa y oficialmente estas referencias.

Fuente:

1.- Ley de Emprendedores

2.- Cinco DíasAdiós al índice IRPH de bancos y cajas ¿Cómo afectará a los hipotecados?

3.- El MundoLos IRPH condenados a desaparecer ya tienen sucesores oficiales

4.- Banco de España

5.- Instituto Nacional de Estadística

La actualidad está marcada de noticias, opiniones, proyectos y verdades. Proyectos que quieren ser referencia, pero que se olvidan de su contexto, su significado, y su razón de ser.

Proyectos que tienen como objetivo dotar a quien lo imagina de un nivel de status, de privilegio, de dominio, de superioridad social. Pero que se olvidan de un aspecto fundamental en toda sociedad, la adecuación del fin al medio, del objetivo a la realidad.

Como sabéis, este blog lo utilizo no sólo para plasmar aspectos de mi oficio, novedades legislativas importantes, sino también para analizar y comentar aquellas noticias de la realidad que encienden en mí una sensación o un pensamiento inicial.

Peaje Concursos

(Fuente: Ministerio de Fomento. / EL PAÍS)

Hoy me desperté con este titular, AUTOPISTAS HACIA LA QUIEBRA. ¿Su contenido? La realidad de uno de los proyectos estrella del Gobierno dirigido por JM Aznar, Forjadas bajo la dirección de R Arias Salgado y F Álvarez Cascos, tenían como objetivo dotar a la periferia de Madrid de un modo de comunicación terrestre eficiente con su capital.

Diez años después, la realidad es muy diferente. Estas autopistas “radiales”, que hacían la realidad aquella máxima de estar situado a “30 minutos de Madrid” se convirtieron en un negocio ruinoso. Sus concesionarias se encuentran hoy al borde de la quiebra técnica. Su sostenibilidad era sencilla, y a la vez complicada, pues dependía del volumen de vehículos que circularan por ellas, y, en consecuencia, de los ingresos en concepto de peaje.

No es el único ejemplo. También en materia de transportes, los aeropuertos han sido el principal cajón sin fondo de las Administraciones Públicas. Famoso es ya el aeropuerto de Castellón, denominado como el aeropuerto “para las personas” (irónicamente, como el del abuelo), pero no es el único. Recuerdo un reciente serial de Eldiario.es, que infraestructura a infraestructura, iba analizando los derroches de las Administraciones Públicas en lo que fue uno de los símbolos del desarrollo de nuestro país. Paradigmático es el ejemplo gallego, cuya explicación, magnífica, está en el anterior enlace.

¿La realidad? Precisamente el problema fue no atender al día a día, soñar con ser más grandes y olvidarse de lo que somos a día de hoy. La ambición bien entendida es una virtud, en exceso, una osadía y una irresponsabilidad.

AeropuertoCastellón

Imagen de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto de Castellón (Foto: LasProvincias.es)

Proyectos como #Madrid2020 o como el #Forum de Barcelona generaron una ingente cantidad de gasto inútil, y, como es sabido, de aquellos barros vienen estos lodos. Hoy, tenemos infraestructuras y proyectos faraónicos infrautilizados. La #CidadedaCultura en Santiago, con 700 millones de €uros de gasto, hoy sólo es una gran “biblioteca” en medio de la nada.

Y mientras tanto… pilares como la Sanidad, la Educación, la Justicia, el Empleo o los Servicios Sociales se resquebrajan.

* ¿Noticias? Múltiples inversiones infrautilizadas; Proyectos faraónicos que nunca serán lo prometido; Sueños irrealistas y Consecuencias impensadas en su día.

* ¿Proyectos? #Madrid2020, #Forum, #CidadedaCultura, El Ave, Autopistas, Aeropuertos,…

* ¿Opinión? Egoísmo de los dirigentes, pendientes únicamente del futuro sin saber, o sin pensar, las consecuencias que, en un futuro no muy lejano, tendrían para los ciudadanos.

*¿Realidad? Un agujero presupuestario enorme, cuya única solución es deshacer aquello que nos hizo grandes, tales como la educación y la sanidad pública o nuestro Estado del Bienestar.

La problemática de las cláusula suelo abrió, con la publicación en el mes de Agosto del informe anual del Servicio de Reclamaciones, un nuevo campo de batalla. Partiendo de la base de que este órgano inmerso dentro de la estructura orgánica del máximo supervisor no tiene competencias para declarar la nulidad de una “cláusula suelo” ni para ejercer acciones legales sobre los bancos que las hayan comercializado.

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Portada de la Memoria Anual de la Supervisión Bancaria en España, Banco de España (Foto: Bankimia.Com)

En esta memoria, el Banco de España marca tres aspectos fundamentales a la hora de marcar el efecto de las “cláusulas suelo” en las hipotecas. Así, es necesario que a) se encuentre debidamente recogida en el contrato hipotecario; b) Que su conocimiento se diera a cabo en anterioridad a la firma de los contratos hipotecarios y c) que se informe sobre el impacto que tendrían sobre la amortización del préstamo.

Tres son las circunstancias sobre las que este documento busca mayor cautela:

.- INFORMACIÓN PREVIA.

No bastará con la entrega de una copia de la escritura hipotecaria antes de su firma, puesto que el concepto “información previa” es mucho más amplio. Así, el Servicio de Reclamaciones verificará el cumplimiento por parte de la entidad financiera de su obligación de entrega a su cliente con la debida antelación y con una validez de al menos 10 días antes de la oferta vinculante”.

Otros documentos a entregar por parte de la entidad financiera son la Ficha de Información Contractual y la Ficha de Información Personalizda (ficha que deberá llevar un anexo en el que se recoja el tipo de interés mínimo y máximo a aplicar durante la vigencia del mismo).

.- UN LUGAR VISIBLE EN LAS ESCRITURAS.

El Servicio de Reclamaciones parte de la condición de profesional experto de la entidad financiera, hecho este que obliga al banco a cuidar la redacción para evitar posibles conflictos, hecho agravado porque es el banco quien redacta la propia minuta hipotecaria.

La cláusula suelo debe encontrarse en un lugar visible, pues el Banco de España denuncia en su memoria que existen múltiples casos en los que ésta no se había redactado con la claridad exigible dada su enorme transcendencia en la determinación del tipo de interés aplicable”.

.- PRÉSTAMOS BONIFICADOS.

La principal novedad de la memoria redactada en relación al texto de la Sentencia Núm. 241/2013, de 9 de Mayo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se encuentra en la inclusión de aquellas hipotecas “bonificadas”.

Diferencial hipoteca

(Foto: Bankimia.com)

Se trata de aquellos contratos hipotecarios que cuentan con bonificaciones en sus tipos de interés, como consecuencia de aquellos productos sugeridos (planes de pensiones, seguros,…) por la entidad y contratados por el usuario, bajo la falsa promesa de una reducción en el interés aplicable y, como consecuencia, en la cuota de amortización del préstamo.

Unas bonificaciones que, en la práctica, no son tales, toda vez que por la inserción de esa cláusula suelo, nunca llegan a ser de aplicación. En palabras del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, la entidad financiera debe informar de las implicaciones que puede tener respecto a las bonificaciones, y ello porque la entidad se asegura una mayor vinculación del prestatario y unas mayores ganancias en contra, como siempre en la práctica, del consumidor.

Fuente:

1.- FINANZAS.COM

2.- MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

 

Ayer se tuvo conocimiento de la triste noticia del fallecimiento de Eduardo García de Enterría (Ramales de la Victoria, 1923 – Madrid, 2013). Administrativista por excelencia, y referencia de todos aquello que guardan estrecha relación con la Administración Pública, el jurista fue galardonado con el Premio Principe de Asturias de las Ciencias Sociales en 1994, destacando, el jurado de aquella edición, su influencia en la renovación científica del Derecho Administrativo y el enfoque de otros sectores del Derecho Público.

“El Derecho no es una simple entelequia abstracta, sino algo hecho precisamente para la vida, en cuyas exigencias puede únicamente justificarse y explicarse”

Pero no quiero con este post destacar la figura de este jurista, cuyo reconocido prestigio le llevo, ya en 2006, a ser galardonado con el premio Menéndez Pelayo. Personas más capacitadas que yo le dedican sus líneas, las cuales suscribo totalmente. Como civilista que intento ser, no soy la persona más apropiada, pero reconozco la breve pero profunda biografía elaborada por la web LEGALTODAY.

García de Enterría

(Foto: Pedro Carrasco | El Mundo)

La muerte de E García de Enterría provocó en mí un sentimiento de sorpresa, quizás de nostalgía, a un tiempo que parece lejano, pero que realmente no hace ni cuatro años que terminó para mí. Me refiero a los cinco años que pasé en la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de la Universidad de Vigo y a cada uno de los nombres que, mediando la labor docente de cada uno de mis profesores, de los que guardo un más que grato recuerdo de la mayoría, han ido marcando mi proceso formativo.

E García de Enterría era uno de ellos. Recuerdo las palabras de mis profesores de derecho administrativo, pues desprendían cariño y admiración cada vez que nombraban o hacían mención al administrativista hoy fallecido. Pero no fue el único.

Pienso en Norberto Bobbio y sus disertaciones sobre la teoría y la filosofía del derecho. Jurista italiano, su teoría, lejana en la teoría, va adquiriendo significado conforme avanzo en mi todavía escasa práctica profesional. Recuerdo mi primer curso y la mente se me va a J Daza Martínez y a L Rodríguez Ennes, personas con las que descubrimos, nada más caer en la licenciatura, que el derecho romano está, en nuestro sistema, más vivo que nunca.

Pienso en Diez Picazo, en Gullón,… referencias de nuestra formación en derecho civil. Pienso en los hermanos Perez Royo, Javier y Fernando, que como constitucionalista y tributarista, lograron ser referencia en su ámbito. Recuerdo especialmente una conferencia de Fernando Pérez Royo y como a los diez minutos de comenzar, tenía a la sala pendiente de su discurso sin pestañear. Y, como no, la labor de Sánchez Calero en el mundo mercantil y de nombres como M Cobo del Rosal o Cerezo Mir.

Sin duda, cada uno de ellos puso una semilla en lo que soy, a día de hoy, y espero llegar a ser el día de mañana.

El ordenamiento jurídico español establece, como norma general, la adquisición de la plena capacidad a los dieciocho años. Así lo establece la Constitución y el Código Civil en sus artículos 12 y 315 respectivamente.

Artículo 12 CE:“Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.”

Artículo 315 CE: “La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.
Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento.”

Es este momento de los dieciocho años el que supone un punto de inflexión en la capacidad de obrar de las personas, entendida ésta como aquella posibilidad, aptitud o idoneidad que tienen los seres humanos para ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de que son titulares.

Históricamente, se utilizó un determinado momento en la vida de las personas para dotar a una persona de esta plena capacidad. Un hecho controvertido, pues se entiende que el factor determinante de la capacidad de obrar de una persona no debería ser el lado objetivo del tiempo transcurrido desde su nacimiento sino el dato subjetivo de su aptitud y madurez para comprender y asumir las consecuencias de sus actos.

Ahora bien, estos dieciocho años no marcan un limite absoluto en la participación de los ciudadanos en los asuntos comunitarios. El Código Civil, las legislaciones civiles autonómicas competentes y leyes sectoriales establecen diferentes tramos en la edad de las personas. De este modo el ordenamiento jurídico marca una serie de normas básicas.

1. Todas las personas tienen reconocidos una serie de derechos.

2. Solo los mayores de edad no incapacitados tienen atribuida una capacidad plena para ejercitar por sí mismos tales derechos, sin perjuicio de que, excepcionalmente, el ordenamiento jurídico pueda haber previsto una edad cualificada.

3. Como regla general, los menores de edad deberán ejercitar sus derechos a través de sus representantes legales (padres o tutores), sin perjuicio de que deban ser oídos cuando tengan una suficiente capacidad de juicio.

4. Excepcionalmente, cuando los menores de edad se emancipan, pasan a ser considerados, a efectos jurídicos, como mayores de edad. No obstante, siguen existiendo algunas diferencias, pues no son mayores de edad, y para cierto tipo de actuaciones el ordenamiento jurídico exige la mayoría edad.

5. Además, dentro del grupo de los menores de edad no emancipados, no todos los sujetos están sometidos a unas mismas reglas: por un lado, porque el ordenamiento jurídico puede permitir a estos ejercitar directamente sus derechos por sí mismos, sin intervención de sus representantes legales a partir de una determinada edad; o bien puede requerirse que su voluntad vaya unida a la de aquellos; por otra parte, porque puede establecerse que la capacidad de obrar en relación con ciertos asuntos no esté vinculada a la edad, sino a la capacidad natural de juicio, como sucede en relación con el ejercicio de los derechos de la personalidad (lo cual afecta al ámbito de la salud y las intervenciones corporales)

6. Pese a lo dicho en los apartados 4 y 5, incluso tratándose de menores de edad emancipados, o no emancipados pero a los que el ordenamiento jurídico les reconoce capacidad para ejercer por sí mismos alguno de sus derechos, pueden encontrarse excepciones que, o bien impidan su ejercicio en ciertos casos (por ejemplo, para someterse a una esterilización o a técnicas de reproducción asistida hay que ser mayor de edad necesariamente, y nadie puede consentir por el menor de edad), o bien requieran la intervención de un tercero que valide la decisión (por ejemplo, para consentir un aborto). Y ello puede producirse, a su vez, bien porque así lo establezca una norma jurídica de forma expresa, bien porque se entienda como una exigencia derivada del deber de los padres y tutores del menor de velar por sus intereses, lo cual supone necesariamente una relativización de la capacidad de autodeterminación que con mayor o menor extensión pueda haberse establecido normativamente.

Por todo ello, resulta  imposible establecer un listado de conductas que los menores de edad estén capacitados para hacer o no, pues el sistema está configurado en torno a unos criterios de regla general-excepción tan complejos que requiere un análisis caso por caso, en el que debe tenerse en cuenta tanto la conducta que el menor quiere llevar a cabo, como su situación jurídica (emancipado o no), así como la capacidad de juicio del menor en cuestión.

Toda esta breve exposición surge debido al artículo titulado “NIÑATOS SEGÚN PARA QUÉ“, publicado en El País, en el que con el ejemplo de cinco jóvenes (Jorge, Nicolás, Irene, Laura y Nora) se describe cuales son los actos para los que están capacitados o no.

Llama la atención el sinsentido de la realidad en la regulación jurídica de la capacidad de los menores de edad, pues, un menor capacitado para casarse, no puede colocarse un piercing, e, incluso, aquél que esté capacitado para disparar una escopeta no puede acceder, legalmente, a una discoteca.

Edades de estreno (tabla elaborada por #ElPaís)

  • Voto: A los 18 años.
  • Sanidad: Los niños de 12 años tienen derecho a ser escuchados a la hora de aceptar o no un tratamiento médico. A partir de los 16, pueden prestar, o no, el consentimiento médico por ellos mismos sin permiso de sus padres, menos en tres excepciones: aborto, cirugía estética y tratamientos de reproducción asistida.
  • Piercings y tatuajes. 16 y 18, respectivamente. En la práctica, no se cumple.
  • Hacer testamento: A los 14 años.
  • Responsabilidad penal: Desde los 14 años, los adolescentes pueden ser imputados y condenados. Hasta los 14 años, son inimputables. El PP abogó, en 2009, por bajar la edad penal a 12 años.
  • Emancipación: A los 16 años, pueden irse de casa y disponer de sus bienes, con permiso de los padres. La edad media real son 29.
  • Licencia de caza: A los 16 años. Antes, a los 14, pueden portar armas con consentimiento paterno.
  • Relaciones sexuales: Ahora, la edad de consentimiento sexual está en los 13 años. La reforma de Gallardón pretende retrasarla hasta los 16.
  • Trabajo. A los 16, después de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
  • Matrimonio. Ahora, a los 14, con consentimiento paterno. La reforma pretende retrasarla a los 16.
  • Aborto. Ahora, las menores de 16 y 17 años, pueden interrumpir su embarazo sin permiso paterno. La reforma anunciada por Gallardón anulará este supuesto de la ‘ley Zapatero’ o y limitará el derecho a las mayores de 18.
  • Alcohol y tabaco. Está prohibida su venta a los menores de 18. En la práctica, la edad de inicio en el consumo es a los 13 años
  • Carné de conducir. Ciclomotores: a los 15. Turismos: 18.
  • Redes sociales. Tuenti, Facebook y Twitter establecen una edad mínima de 14 años. En la práctica, no se cumple.
  • Divorcio. Los niños de 12 años tienen derecho a ser escuchados en caso de disputa por su custodia.
  • Discotecas y juego. 18 años.

 

Fuente:

1.- http://www.congreso.es (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=12&tipo=2)

2.- http://www.institutoroche.es (http://www.institutoroche.es/Legal_nociones_basicas_de_derecho/V6.html)

3.- Diario El País (http://politica.elpais.com/politica/2013/09/14/actualidad/1379174914_610850.html)

El Gobierno de M Rajoy, en otra de esas reformas que tienen dificil explicación (olvidando su vertiente económica), aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros el Anteproyecto de la Ley de Parques Nacionales. Se trata de una primera redacción de un texto criticado por ecologistas, ingenieros forestales, agrónomos,… que tiene como principal punto de discordia la explotación turística y comercial de los terrenos más protegidos y de aquellos que gocen de un mayor status de protección ambiental.

Se trata de un texto discutido, polémico, y ajeno a técnicos y especialistas en materia de explotación, sostenibilidad y protección forestal. A mayores, según entendidos en la materia se trata de una norma ambigua, complicada y asistemática, con excepciones a casi cualquier norma general.

1.- ¿Novedades?

Monfragüe

El Salto del Gitano (Parque Nacional de Monfragüe, Extremadura). (Foto: Wikipedia.es)

El punto de partida de esta norma, todavía en fase de tramitación legislativa, radica en el mayor intervencionismo del Estado Central, provocando una merma competencial en las Administraciones Autonómicas, que, actualmente, son quien gestionan los recursos naturales que gozan del mayor estado de protección y control. Entre los puntos más destacados se encuentran:

.- El sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura figura como una actividad incompatible, “salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor

.- Se veda todo tipo de aprovechamiento hidráulico o hidroeléctrico.

.- Se prohíben de modo expreso, y salvo “circunstancias excepcionales debidamente justificadas“, la apertura de vías de comunicación y redes energéticas.

.- Se faculta al Estado a que inste la declaración de una situación de emergencia medioambiental en caso de catástrofe, superando la legislación que, en materia medioambiental, poseen las Comunidades Autónomas.

.- El terreno que pueda ser declarado Parque Nacional “no podrá ser susceptible” de urbanización ni edificación ni actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, así como instalaciones dedicadas al uso deportivo, industrial o de ocio.

2.- ¿El Negocio de la Caza?

Quizás uno de los aspectos más cuestionados de este texto es la admisión de control de poblaciones, entendida como aquella caza controlada de especies con excedentes de población). La polémica reside en que no serán técnicos forestales especialistas y conocedores de las circunstancias de cada parque, sino que serán sus gestores los que podrán autorizar la realización de batidas controladas.

Islas Cies

Islas Cies (Parque Nacional das Illas Cíes, Vigo) (Foto: ElTiempo.es)

Circunstancia ampliamente, pues, en palabras de miembros de las organizaciones ecologistas implicadas, se abre la puerta a que los dueños (o gestores) de los territorios puedan organizar monterías o negociar y disponer libremente de este derecho de caza a particulares interesados.

3.- La marca Parques Nacionales

La Ley contempla la creación de la ‘Marca Parques Nacionales de España’, con el objetivo último de “fomentar las relaciones con otros países que tengan también parques nacionales“. No obstante, la Ley no homogeneiza, hasta la fecha, los criterios para poder acceder a esta denominación.

Se crearan diferencias entre territorios, y se crearán diferentes status de protección y control dependiendo de la autonomía en la que nos encontremos, pues únicamente la ley creará dos órganos de coordinación y control, sin imponer criterios mínimos para su estandarización a nivel nacional.

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