¿Juzgados específicos para la corrupción?

Vivimos en un mundo cada vez más especializado, donde lo general cede ante lo particular y lo especial puede ante lo común. Vivimos en un mundo con una velocidad que asusta, donde lo que hoy es noticia mañana es recuerdo y donde la novedad de mañana hoy ya es sabida, conocida y aprovechada por unos pocos.

Estas líneas, para muchos vacío de significado, me llevaron a plantearme la siguiente situación: El mundo del derecho tiende, cada vez más, hacia la especialización. Los abogados ya no nos calificamos simplemente como tales, sino que añadimos un adjetivo que nos califica y nos divide en el complejo mundo jurídico: penalistas, civilistas, laboralistas…

En el seno de los Tribunales, empieza a ser abundante y común esta mutación. Hablamos de Juzgados de Familia, de Menores, del Registro Civil, Militar,… se tratan de órganos unipersonales o pluripersonales que conocen, únicamente, de ciertos aspectos de su respectivo orden jurisdiccional. Un conocimiento limitado y predispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las respectivas leyes procesuales de cada orden.

Nacidos de la especialización propia a todo ámbito y con causa en dotar al Poder Judicial de una mayor respuesta a los sucesos de la realidad, estos órganos cuentan con un gran prestigio y reputación entre los operadores. La actualidad manda y son habituales las noticias relativas a cada una de estas especializaciones. Casos de violencia de género, de quiebras mercantiles,… casos tan específicos que únicamente tienen en la especialización del Juez la respuesta.

Por desgracia, la actualidad nacional vive hoy marcada por una triste palabra, la CORRUPCIÓN. Mañana tras mañana, supuestas “exclusivas” copan la prensa del día, y, fruto de ellas, determinados casos mediáticos empiezan a tomar fuerza e impulso judicial. Una materia lo suficientemente grave como para buscar la mejor de las respuestas.

Fiscalia Anticorrupción

Sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en Madrid.

Jueces como P Ruz trabajan habitualmente con casos tan mediáticos y dispares como son el ‘caso Barcenas‘ y el ‘caso Pescanova‘. La jueza M Alaya tramita el ‘caso de los ERE’s‘ en su turno normal de trabajo, motivo por el que fue necesaria la presencia de un juez de apoyo en su Juzgado. J Castro batalla con los restos del ‘caso Noos‘ y con el riesgo a una separación forzosa del expediente… ¿Por qué no ahondamos la especialización de estos pilares del Estado de Derecho para un mejor reparto de Justicia? ¿Sería viable la creación de Juzgados específicos para el conocimiento de aquellos hechos calificables como Delitos de Corrupción?

La corrupción es una materia tan técnica que a la mínima duda el Estado de Derecho mostrará una gran debilidad. Cierto es que existe una FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN encargada de investigar y conocer de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, pero la cúspide de la pirámide judicial está en la figura del Juez. Y un delito tan mutable como la corrupción, con múltiples formas de expresión, debe tener la mejor de las respuestas.

Quizás sea una idea de bombero. Quizás sea una ilusión de alguien a quien la inexperiencia le curte y le enseña cada día más. Pero no hay duda que si hay delitos que crean mala imagen, que desesperan a la sociedad en su conjunto, esos son aquellos que afectan al funcionamiento de nuestro sector público, porque identifica la realidad de un Estado con lo que una Sociedad debería ser.

Cierto es que, recientemente, el MJusticia reforzó cada uno de los Juzgados y Tribunales con causas abiertas por un montante total de diez millones de euros, pero no deja de ser un parche para una realidad que, por desgracia, parece mucho mayor.

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