El nuevo Código Penal

España es uno de los países europeos con las tasas de criminalidad más bajas; no obstante, tiene una de las tasas de población penitencia más altas, según afirma Eurostat.

El ministro de Justicia, AR Gallardón, presentó ante el Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del nuevo Código Penal que tiene como seña de identidad la implantación de penas más duras, la creación de delitos, la extensión de la libertad vigilada postcárcel, persecución de la incitación en Internet al desorden público, mayor castigo a los delitos sexuales y la multirreincidencia.

¿Cuando entrará en vigor?

Tras la presentación ante el Consejo de Ministros, el proyecto de reforma del Código Penal inicia el trámite parlamentario. Abierto a enmiendas, se espera que tarde entre seis meses y un año en entrar en vigor.

¿Novedades?

Cadena perpetua revisable a los 25 años. Una especie de cadena perpetua pero con carácter reversible: el condenado pasará toda su vida en prisión salvo si demuestra estar rehabilitado. Se aplicará —imperativamente— a los condenados por homicidio terrorista, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y asesinato agravado (los cometidos sobre menores o discapacitados, los múltiples o los subsiguientes a una violación). Cuando el preso lleve un determinado tiempo en la cárcel —entre 25 y 35 años, según los delitos—, un tribunal colegiado evaluará si está rehabilitado. Si lo está, saldrá de prisión (aunque pasará de cinco a diez años en libertad condicional); si no lo está, seguirá en la cárcel en prisión y volverá a ser evaluado cada año.

– Libertad vigilada indefinida para violadores. La libertad vigilada, una medida de seguridad que introdujo el Gobierno socialista en 2010 para delincuentes sexuales y terroristas, se amplía ahora a robos y otros delitos violentos. Consiste en que el preso, una vez cumplida su condena y recobrada la libertad -y si el juez lo considera necesario por su peligrosidad-, tiene que someterse a mecanismos de control durante varios años (personarse en el juzgado, llevar dispositivos electrónicos para estar localizado, no frecuentar determinados lugares…).

– Invitación por Internet al desorden público.  Quienes, “a través de cualquier medio”, difundan mensajes que “inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público” o “sirvan para reforzar la decisión” de quienes los lleven a cabo. Ese nuevo artículo es visto por algunos colectivos y juristas como una puerta abierta para perseguir el activismo en las redes sociales.

– Secuestro con desaparición, igual a homicidio. La detención ilegal con desaparición de la víctima será equiparada a la de homicidio y penada con hasta 15 años de cárcel; si es secuestro, hasta 20 años (o hasta 25 si se trata de menores o hay móvil sexual).

– El hostigamiento, nuevo delito sexual. Se crea un nuevo tipo de acoso sexual: el “acecho u hostigamiento”, en el que el agresor no ejerce violencia directa pero sí produce en la víctima un estado constante de inseguridad (con llamadas telefónicas reiteradas, por ejemplo). Además, se amplía el alcance de los delitos de pornografía infantil. Y en el ámbito sexual desaparece la figura del delito continuado, lo que eleva la pena.

Difundir imágenes íntimas, menoscabando la intimidad. Quien grabe imágenes íntimas de otra persona con su permiso pero luego las difunda sin su permiso, menoscabando su intimidad, será condenado a prisión de tres meses a un año (o multa). Una pena nueva pensada, según Justicia, para el fenómeno creciente de las parejas de adolescentes que se vengan de sus ex colgando en Internet vídeos íntimos.

– Edad mínima de consentimiento sexual: 16 años. La consecuencia es que el adulto que tenga relaciones con un menor de 16 años -aunque estas sean consentidas- podrá ser acusado de abuso sexual, salvo que el juez estime que existe una cercanía suficiente en edad o en grado de madurez entre ese adulto y ese menor

– Contra la incitación al odio. El proyecto aumenta la persecución de la discriminación, la humillación y la incitación al odio contra minorías, etnias o grupos ideológicos. Suben las penas ya existentes y se castigan supuestos nuevos, como la difusión por Internet de escritos que inciten al odio con motivos racistas o xenófobos.

– Desaparición de las faltas. Las faltas desaparecen como tales, convirtiéndose unas en delitos leves (por ejemplo, las lesiones, amenazas y coacciones) y otras (las menos graves) en sanciones administrativas.

– Cambios en la libertad condicional.  El preso que salga en libertad condicional y, una vez en la calle, vuelva a cometer un delito, tendrá que cumplir —al volver a prisión— todo lo que le quedaba de la condena primera cuando salió; con el Código Penal vigente, el tiempo que ha pasado en libertad se descuenta de la pena. Por otro lado, quien sea condenado por primera vez a una pena menor (hasta tres años) y tenga buena conducta en prisión lo tendrá más fácil para obtener la libertad condicional: podrá hacerlo a mitad de condena (ahora hay que esperar a cumplir dos tercios).

– Delitos económicos. El proyecto de ley endurece las penas contra delitos económicos y concursales, facilita la persecución de las quiebras fraudulentas y aumenta la responsabilidad penal en las empresas.

¿Que supondrá la instauración del nuevo Código Penal?

Resulta sorprendente la evolución que quiere llevar a cabo el gabinete técnico del Ministerio de Justicia, encabezado por AR Gallardón. Resulta sorprendente el endurecimiento de un régimen, el punitivo, que debe estar sometido al principio de “ultima ratio” y que, según la Constitución Española, debe tener como significado último la “reinserción social de los condenados“.

Aumenta el ámbito de actuación de la jurisdicción penal, instituyendo delitos quizás propios de una sociedad autoritaria y se olvida de criterios técnicos a la hora de legislar, dejándose llevar por criterios de oportunidad (saltan a la memoria supuestos tan de actualidad como los casos de corrupción y malversación, Marta del Castillo, José Bretón o las concentraciones por el 15-M).

¿Inconstitucionalidad del nuevo Código Penal?

EL CGPJ declaró en reiteradas ocasiones su postura contraria a la adecuación del nuevo texto al mandato constitucional. Concretamente, se centró en dos medidas, la prisión permanente revisable y la custodia vigilada.

Afirmó que “la nueva pena de prisión permanente revisable es inconstituional por su incompatibilidad con la finalidad de reinserción de las condenas que impone la Constitución”, siendo medidas que, según el máximo órgano rector y de gobierno de Jueces y Tribunales, no estuvieron vigentes en ningún momento durante el régimen dictatorial del General Franco.

Fuente:

1.- Proyecto de reforma del Código Penal 

2.- “EL PAÍS: Las claves de reforma del Código Penal” 

3.- “DIARIO PÚBLICO:El CGPJ insiste: la reforma del Código Penal es inconstitucional

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