¿Doctrina Parot? La lucha entre los Derechos Humanos y la crueldad del ser humano

Tres días hace ya desde que la llamada ‘Doctrina Parot‘ fue declarada contraria a los derechos humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

¿Antecedentes?

La llamada ‘doctrina Parot’ es aquella idea establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para evitar que aquellos terroristas y delincuentes comunes condenados conforme el Código Penal de 1973 por atentados y delitos cometidos entre 1977 y 1995 pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a los beneficios penitenciarios.

Estrasburgo condenó a España por su aplicación retroactiva a la presa etarra Inés del Río mediante sentencia en julio de 2012 por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno recurrió la sentencia y defendió la ‘doctrina Parot’ el pasado mes de marzo ante el tribunal, que ahora se ha pronunciado reafirmando su decisión anterior.

¿Que implicaciones conlleva esta Sentencia?

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Sede del TEDH, en Estrasburgo (Francia) | Foto: ElMundo.es

1.- ¿Que es la ‘Doctrina Parot’? Es un criterio sobre aplicación de beneficios penitenciarios. Cuando alguien resulta condenado a penas por encima del máximo previsto en la ley, esos beneficios pueden aplicarse sobre el total de penas o sobre el máximo que debe cumplirse legalmente. Esta es la opción que tomó el legislador español en 2006, que aplica los beneficios penitenciarios sobre la condena total y no sobre el máximo legal previsto en la legislación penal (30 años).

2.- Esta Doctrina lleva el nombre de un condenado, Parot, cuya Sentencia del Triibunal Supremo, en el año 2006, provocó un antes y un después en la legislación antiterrorista española. De hecho se configuró como una idea ad hoc, destinada a cambiar la interpretación de la ley sobre supuestos ya ocurridos.

3.- Respondió a la prematura salida de aquellos condenados que, con causa en los beneficios penitenciarios, salían a los 20 años de prisión, muy lejos del máximo legal previsto en 30.

4.- La resolución del TEDH no se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad del cómputo de las penas en la reforma penal de 2003, sino que viene a ratificar la vigencia plena de un principio básico del Derecho Penal: ‘No hay pena sin ley

Artículo 2.1 CP 1995

No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración.

5.- Este principio tiene su significado en proporcionar a la sociedad en su conjunto, y al ciudadano en particular,  la necesaria seguridad jurídica para la pacífica vida en comunidad, al permitir saber que actos son delitos y cual es la pena que a ellos les corresponde.

6.- Por lo expuesto en el punto anterior, cualquier cambio en el cómputo del cumplimiento de las penas implica un cambio en la condena. Esta regla de cálculo, conocida al nombre de ‘doctrina Parot’, se extendió a delitos cometidos antes del nuevo Código Penal de 2003, es decir, a delitos ya cometidos y enjuiciados por los Juzgados y Tribunales competentes.

7.- El Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España forma parte por el hecho de ser miembro de la Unión Europea, prohíbe expresamente, en su artículo 5.1, la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa.

8.- Por ello, no es cierto que el TEDH esté en contra de la aplicación de esta regla sobre el total de condenas, sino de lo que está en contra es de que este cambio se aplique retroactivamente, es decir, a delitos cometidos con anterioridad a la ley.

¿La Doctrina Parot y los DDHH?

“todo ser humano tiene determinados derechos por el sólo hecho de ser humano”

No me imagino parte de un Estado, que se califica de Derecho, cuya convicción democrática cediera ante un criminal, negando aquellos derechos inherentes a la condición de persona, los cuales ostentamos todos nosotros por el mero hecho de serlo. Sería en ese momento cuando nos habríamos retraído a su mismo nivel.

Cierto es que la idea de Justicia se tiende a reducir a una perspectiva individual, olvidándose del carácter social que le da el hecho de ser impartida por uno de los tres poderes del Estado. Es normal que las víctimas se sientan agraviadas por esa sensación de ver como ciertos delitos pueden quedar impunes, pero esta percepción no deja de ser individual.

Por supuesto que las víctimas deben ser oídas, resarcidas, defendidas y reivindicadas, pero la Sociedad en su conjunto debe perseguir la paz social, nunca la venganza, con pleno respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de sus miembros. Y este es el papel del legislador y, por supuesto, del juez.

Y son precisamente, legislador y juez quienes deben velar por la calidad democrática de nuestra sociedad. Los medios de comunicación optaron por desinformar al ciudadano, atizando los instintos más básicos de venganza.

Se vende la sentencia del TEDH como un apoyo a los delincuentes una ayuda a los terroristas, cuando, en realidad, su pronunciamiento reafirmó nuestros derechos y libertades fundamentales, algo básico perteneciente a nuestra condición como ciudadano. Y ese es el motivo por el cual creo firmemente que el Estado debe cumplir esa Sentencia en el menor plazo de tiempo posible. Seremos un país respetado en el contexto internacional y, quizás lo más importante, creceremos como ciudadanos.

 

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