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Archivos Mensuales: noviembre 2013

Dice el artículo 122 de la Constitución Española que el Consejo General del Poder Judiical es el órgano de gobierno de la Justicia en España. Un órgano que se supone independiente de toda presión política, pues lo justo es alejar el Estado de Derecho de una determinada opción política. Una independencia que no sólo tiene como punto de partida la necesidad de aislamiento ante todo poder o presión, sino que viene a manifestar la unidad del mismo.

“Artículo 122 Constitución Española
  1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
  2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
  3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.”
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Escudo del CGPJ (Foto: Wikipedia.es)

Con base en el artículo 117, la independencia es la razón de ser de todo sistema democrático, pues en el momento en que un pilar interceda o se apoye en otro, la construcción de un Estado terminará coja y, por lo tanto, inestable. 

Así expuesto, el CGPJ se configura como el órgano de Gobierno garante de la independencia del Poder Judicial, atribuyéndose las funciones administrativas necesarias para ello, funciones que antaño ejercía el Ministerio de Justicia. De este modo, se evita la influencia del Poder Ejecutivo en la decisión y funcionamiento de la legalidad en un Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 no establece de manera precisa cuales son las funciones del CGPJ. Únicamente, mediante un sistema de <<numerus apertus>>, señala materias mínimas en las que deberá intervenir, tales como nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Dos fueron las normas que tuvieron la capacidad para dirigir el funcionamiento de este órgano:

  • La Ley Orgánica 1/1980, que, en un afán rompedor con el pasado reciente, doto al órgano de una gran autonomía propia
  • La actual Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Pues bien, como todo postulado teórico, el acierto doctrinal tiene en contra la plasmación práctica del mismo. En lo referente a su composición, es decir, al sentimiento del órgano, la STC 108/1986, de 26 de julio  señalaba que: “la posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera ineludible de quienes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que les otorgue el ordenamiento jurídico. En el caso del Consejo, todos sus vocales, incluidos forzosamente los que han de ser nombrados por las Cámaras y los que sean por cualquier otro mecanismo no están vinculados al órgano proponente como lo demuestra la prohibición de mandato imperativo (art. 119.2 LOPJ) y la fijación de un plazo determinado de mandato (cinco años), que no coincide con el de las Cámaras y durante los cuales pueden ser removidos por los casos taxativamente determinado en la Ley Orgánica (art. 119.2 LOPJ)”

¿Que significa todo esto?

Los veinte vocales del CGPJ son elegidos según las previsiones del artículo 122 de la Constitución Española, entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de experiencia. Doce entre Jueces y Magistrados y ocho a elección del Congreso y del Senado.

¿Por qué se le atribuye esta facultad al Poder Legislativo? Se supone que es una muestra del reconocimiento de la soberanía popular sobre las CC.GG. Si el ciudadano elige la composición de las Cortes, el ciudadano elige a los miembros del CGPJ. Pero esta sencilla ecuación tiene como error un fundamento base, el mandato de los miembros de las Cortes Generales. Si nos encontrasemos ante un mandato representativo dónde el ciudadano pudiese exigir responsabilidad directa al diputado/senador por sus actos, tendríamos un resultado adecuado a la idea, pero, lamentablemente, no es así.

Este hecho se configura como otra opción política más. El compromiso se limita únicamente al momento de las elecciones, no existiendo un deber coactivo de representación directa ni de cumplimiento de programa. Esto da lugar a que finalmente, sean los partidos políticos, configurados como lobby’s o grupos de presión, escojan a los miembros de autogobierno del Poder Judicial.

Unido, se encuentra la reciente reforma creada bajo propuesta del Gobierno Popular de M Rajoy, que viene a politizar aún más su elección. Me parecen anécdotas si es escoge a una persona u otra, me parece un hecho sin relevancia que se detallen los méritos de cada uno de los candidatos. Me parece realmente grave que sean los partidos políticos, en la proporción que sea, quien decida el sentimiento, el pensamiento y el color de un órgano cuya independencia es necesaria para la evolución de un Estado como una Sociedad Moderna como la que queremos ser.

Fuente:

1.- Constitución Española [art. 122]

2.- Sinopsis art. 122 CE – www.congreso.es

Con fecha 23 de octubre de 2013, la Sala 1ª del Tribunal Supremo se reunió para debatir el recurso de nulidad formulado por los bancos que fueron parte en el procedimiento que dio lugar a la renombrada Sentencia 241/2013, de nueve de mayo.

Fue mediante auto de seis de noviembre, difundido esta semana, dónde se rechazó este incidente de nulidad. Resolución que, en cincuenta y cinco páginas, parece arrojar luz a una situación marcada por la incertidumbre, aunque BBVA parece estar preparando el camino para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Este recurso, promovido inicialmente por CAJA MAR y BBVA, con posterior adhesión extemporánea de NCG, tenía como objetivo ‘tumbar’ la Sentencia del Tribunal Supremo que declaró la nulidad de las cláusulas suelo inclusas en sus hipotecas por falta de transparencia, achacando falta de congruencia con el ‘petitum’ de la demanda rectora del procedimiento en el fallo referenciado de nuestro más alto Tribunal.

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Sede del Tribunal Supremo, en Madrid (Foto: Wikipedia)

Incongruencia que se alega, en un primer momento, toda vez que “nunca podría realizarse un control abstracto de la validez de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores porque habría que tener en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso concreto“, a lo que el Tribunal Supremo responde de manera tajante afirmando que negar la posibilidad de un control abstracto y obligar a cada consumidor a litigar para que se declare la nulidad de la condición general abusiva supondría un obstáculo difícilmente salvable para la protección de sus legítimos intereses económicos mediante procedimientos eficaces, como les garantiza la normativa comunitaria y la interna, incluida la Constitución.

Continúan las entidades financieras su incidente tomando como base la indefensión sufrida tras el fallo del Tribunal. Indefensión que justifican en el paso adelante que la mencionada Sentencia propició en el tratamiento en la nulidad de condiciones generales de contratación, pero que se ve rechazada de plano al afirmar que esta evolución es propia de la función que un Tribunal Supremo ha de desempeñar en el sistema judicial de un Estado de Derecho.

Se llega a afirmar que la resolución es ‘arbitraria‘ y ‘no fundada en Derecho‘, toda vez que el control de transparencia que se argumenta en la sentencia carece de anclaje legal y responde a la mera voluntad arbitraria del tribunal; y el procesal, en cuanto que el Tribunal ha desconocido las exigencias propias del recurso de casación, y ha resuelto sin plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A mi humilde juicio, se trata de palos de ciego, rechazada de plano por la Sala del Tribunal Supremo. Así:

“La jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que el derecho a la tutela judicial efectiva no supone el derecho a obtener una resolución favorable, ni siquiera el derecho al acierto, y que la selección, interpretación y aplicación de un precepto legal solo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento (STC 127/2013, de 3 de junio)”

“La extensión de la imputación de irrazonabilidad y arbitrariedad no solo a este Tribunal sino también al Tribunal de Luxemburgo muestra cómo la parte considera arbitrariedad del tribunal lo que simplemente es contrariedad a sus intereses.”

Otros motivos alegados por las entidades financieras son la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el quiebro del principio de seguridad jurídica, o, incluso, la falta de respeto a la base fáctica del procedimiento.

Rechazado de plano este recurso, se abre la luz a los operadores jurídicos respecto la nulidad o licitud de estas cláusulas suelo. Dudas sobre los requisitos para su inclusión, su contenido, su fase de decisión, su significado y su fundamento parecen quedar solventadas en lo que respecta a las cláusulas inclusas en los contratos de préstamo hipotecario de BBVA, CAJAMAR y NCG. No obstante, es necesario, según mi opinión, reiterar la prudencia a la hora de afirmar, o negar, la licitud de esta condición contractual.

Es necesario esperar a que la casuística se pronuncie (una sola Sentencia no hace Jurisprudencia) y la multitud de casos de la práctica sobrepasa el contenido del fallo de 9 de mayo. Casos como los de hipotecas de segunda vivienda o de locales de negocio no se encuentran sometidos a estas precisiones, aunque son atacables por vía de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de Contratación.

Sólo algo que el tiempo será capaz de determinar.

– Texto del Auto de 6 de noviembre de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo

Hoy, 20-N, se celebra el primer triste aniversario del “Tasazo” impuesto a golpe de firma por el Ministro de Justicia, A R Gallardón.

Dice la Constitución Española que el Estado español tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1). No son valores superiores, entendiendo “valor” como algo tan etéreo que no tenga una plasmación práctica en nuestra Sociedad sino que son el punto de partida de toda norma o concepto, jurídico o social.

-La referencia a estos valores es la más acabada expresión (junto a la recogida en el art. 10.1 CE sobre el fundamento del orden político) del contenido material del Estado de Derecho a que nos referíamos en el apartado anterior: toda la actuación de los poderes públicos debe dirigirse a la consecución de valores. Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a la Constitución como orden de valores (SSTC 25/19818/1983 35/1987, entre otras), y a la consecuencia inmediata de que su interpretación tenga un carácter teleológico, destinado a garantizar esos valores (SSTC 18/198132/198519/1988).
-Los valores superiores como parámetro interpretativo no pueden, sin embargo, constituir un medio para dejar de aplicar otros preceptos constitucionales (STC 20/1987), ni por lo común constituyen un canon interpretativo autónomo sino complementario (STC 181/2000), ni implican por si solos derechos susceptibles de amparo constitucional (STC 120/1990).
La justicia “es uno de los principios cardinales de nuestro Estado de Derecho” (STC 105/1994), en dicho valor superior debe entenderse incluido el reproche de arbitrariedad (STC 65/1990), pero no es un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo que permita sacrificar otra norma constitucional en aras de una “justicia material”(STC 20/1987), “ni que pueda identificarse unilateralmente con particulares modos de entender lo justo”(STC 181/2000).

Pues bien, esta Tasa Judicial tiene como principal aspecto el poner de acuerdo a todos y cada uno de los operadores jurídicos. Abogados, Procuradores, Jueces, Fiscales, Secretarios,… se han manifestado en contra de un impuesto por acceder al derecho fundamental sobre el que pivota toda la construcción legal de un Estado, la tutela judicial efectiva.

Porque decirle a un ciudadano que tiene que pagar por acceder a la Justicia es una patraña de quien lo provocó. De 150 a 300 €uros, en el orden civil, por interponer una demanda para defender tus derechos. Y recurrir una sentencia un mínimo de 800 €uros. España, ese país de la ‘Justicia’ de dos velocidades que tiene en la recaudación su leivmotiv.

Una ‘Justicia’ de dos velocidades que deja fuera de Juzgados y Tribunales a la clase media. Una ‘Justicia’ de dos velocidades que descongestiona la Sede Judicial mediante un impuesto desproporcionado y rechazado por los países de nuestro entorno.

Porque acudir a un Tribunal ya causa de por sí el suficiente desasosiego en el ciudadano medio sin necesidad de incluirle un dilema económico. Porque únicamente aquellos para quien su poder adquisitivo es un número, o bien aquellos, que pueden acceder al derecho a la Justicia Gratuita, pueden esquivar su efecto disuasorio.

Efecto disuasorio que se ve confirmado día a día, fecha a fecha, dato a dato, con la reducción de nuevos procedimientos en cada uno de los órdenes afectados. Francia ya negó su aplicación y anuncia su retirada para 2.014. España, en cambio, está orgullosa de ella.

Se fundamentó la instauración de esta ‘Tasa Judicial’ como un modo de aumentar los beneficiarios del turno de oficio. No quiero calificarlo como mentira, o como oscura patraña, únicamente diré que es una afirmación que un año después se ha demostrado como ha faltado a la verdad. Se calculaban 365 millones de €uros los que podría reportar la entrada en vigor, atropellada e improvisada, de la misma. A día de hoy, expertos afirman que malamente se cubrirá un tercio de su previsión. Y los Presupuestos Generales del Estado confirman que la Justicia Gratuita no ha aumentado su ámbito de aplicación.

¿El Diagnóstico?

La ‘Tasa Judicial’ se ha manifestado como una falacia y una medida recaudatoria. Una falacia porque toda promesa que con ella se hacía, aún a costa de violar el artículo 24 de la Constitución, se ha demostrado no acorde con la realidad. Y una medida recaudatoria, porque lejos de servir para el refuerzo del necesario turno de oficio, únicamente ha servido para llenar las arcas del Estado.

Concentraciones en toda España recordaron hoy este triste aniversario. Alli eran todos los que estaban, pero no estaban todos los que son. El mundo jurídico está contra esta “idea” que ha conseguido la unanimidad en la Sociedad. #STOPTASAJUDICIAL

#JusticiaSinTasa, Justicia Para Todos.

El pasado 9 de mayo el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo declaró nulas de pleno derecho la denominada #CláusulaSuelo, entendida como aquella cláusula limitativa del tipo de interés que, pese a una supuesta variación pactada en contrato, terminó por convertir hipotecas de tipo variable en hipotecas de tipo fijo. Un tipo fijo que, por otra parte, superaba con creces el tipo que debería pagar el consumidor de no estar inclusa esta cláusula en el contrato hipotecario.

No obstante, esta Sentencia, la número 241/2013, trajo consigo multitud de comentarios, dudas, informaciones, opiniones, críticas y sugerencias. A punto de cumplirse los seis meses, es el momento de resumir, en unas pocas líneas, la situación creada:

* La situación:

Nuestro más alto Tribunal proclamó la nulidad de pleno derecho de aquellas cláusulas limitativas del tipo de interés que marcaba un mínimo en el valor del índice a aplicar (generalmente, el EURIBOR). Pero no todas las hipotecas se vieron afectadas, sino únicamente aquellas hipotecas de NCG, BBVA y CAJAMAR y en aquellos contratos hipotecarios que tuvieran como destino la adquisición, por un consumidor, de vivienda habitual.

* Los efectos:

Lejos de seguir la regla general plasmada en el artículo 1303 del Código Civil, caracterizada por la falta de efectos desde el momento de la firma del contrato, el Tribunal Supremo, en una interpretación “sui generis” del precepto, pues únicamente establece la obligación de devolver las cantidades indebidamente cobradas desde la fecha de publicación de Sentencia.

* Los motivos:

La nulidad de la #cláusulasuelo trae causa en la falta de información facilitada por la entidad financiera al consumidor e hipotecado. Lejos de cumplir las prescripciones legales contenidas en materia de información y transparencia, estas cláusulas se convirtieron en oscuras, opacas e, incluso, desconocidas por él. Una nulidad basada en normativa europea de protección al consumidor, su transposición a la legislación nacional, y las normas de una correcta praxis bancaria.

* El futuro:

Son muchas las dudas que hay alrededor de lo que será el futuro de la #cláusulasuelo. Pronunciamientos jurisprudenciales diversos parecen manifestar una corriente a favor del hipotecado-consumidor. Entre otras situaciones, queda por esclarecer:

  1. La retroactividad o irretroactividad en la devolución de los intereses indebidamente cobrados.
  2. La solución a aquellas situaciones diversas de la estudiada por la Sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, cuando la hipoteca está destinada a local de negocio o a segunda vivienda o cuando el consumidor no es persona física.
  3. El tratamiento procesal que tendrá la reclamación, en caso de producirse una situación social a la existente con las Participaciones Preferentes y las Obligaciones Subordinadas de entidades financieras como NCG, Bankia, CaixaCatalunya o Ceiss.
  4. El resultado del análisis de las cláusulas inclusas en contratos de préstamo hipotecario de entidades financieras a las tres que fueron parte en el proceso ante el Tribunal Supremo.
  5. El resultado del recurso de anulación interpuesto por BBVA y CAJAMAR.

* La realidad: PRUDENCIA

La realidad, a fecha de hoy, está marcada por la prudencia. Prudencia a la hora de determinar los efectos y el futuro de esta situación. Prudencia a la hora de lanzarse a un procedimiento judicial que, a día de hoy, todavía tiene un resultado incierto.

Prudencia a la hora de esperar los primeros pronunciamientos de las Audiencias Provinciales, órganos capaces de crear la Jurisprudencia menor que orientará el devenir de esta situación creada por las entidades financieras que, quizás, abusando de su situación de superioridad, lograron disimular sus números a costa de una correcta praxis bancaria en su relación con el cliente.

Susana González Ruisánchez

Abogado digital, Derecho Tecnológico, Ciberseguridad, SGSI, ISO27000, Legal Web Compliance, Innovación, Marketing y Comunicación

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