#JusticiaSinTasa

Hoy, 20-N, se celebra el primer triste aniversario del “Tasazo” impuesto a golpe de firma por el Ministro de Justicia, A R Gallardón.

Dice la Constitución Española que el Estado español tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1). No son valores superiores, entendiendo “valor” como algo tan etéreo que no tenga una plasmación práctica en nuestra Sociedad sino que son el punto de partida de toda norma o concepto, jurídico o social.

-La referencia a estos valores es la más acabada expresión (junto a la recogida en el art. 10.1 CE sobre el fundamento del orden político) del contenido material del Estado de Derecho a que nos referíamos en el apartado anterior: toda la actuación de los poderes públicos debe dirigirse a la consecución de valores. Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a la Constitución como orden de valores (SSTC 25/19818/1983 35/1987, entre otras), y a la consecuencia inmediata de que su interpretación tenga un carácter teleológico, destinado a garantizar esos valores (SSTC 18/198132/198519/1988).
-Los valores superiores como parámetro interpretativo no pueden, sin embargo, constituir un medio para dejar de aplicar otros preceptos constitucionales (STC 20/1987), ni por lo común constituyen un canon interpretativo autónomo sino complementario (STC 181/2000), ni implican por si solos derechos susceptibles de amparo constitucional (STC 120/1990).
La justicia “es uno de los principios cardinales de nuestro Estado de Derecho” (STC 105/1994), en dicho valor superior debe entenderse incluido el reproche de arbitrariedad (STC 65/1990), pero no es un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo que permita sacrificar otra norma constitucional en aras de una “justicia material”(STC 20/1987), “ni que pueda identificarse unilateralmente con particulares modos de entender lo justo”(STC 181/2000).

Pues bien, esta Tasa Judicial tiene como principal aspecto el poner de acuerdo a todos y cada uno de los operadores jurídicos. Abogados, Procuradores, Jueces, Fiscales, Secretarios,… se han manifestado en contra de un impuesto por acceder al derecho fundamental sobre el que pivota toda la construcción legal de un Estado, la tutela judicial efectiva.

Porque decirle a un ciudadano que tiene que pagar por acceder a la Justicia es una patraña de quien lo provocó. De 150 a 300 €uros, en el orden civil, por interponer una demanda para defender tus derechos. Y recurrir una sentencia un mínimo de 800 €uros. España, ese país de la ‘Justicia’ de dos velocidades que tiene en la recaudación su leivmotiv.

Una ‘Justicia’ de dos velocidades que deja fuera de Juzgados y Tribunales a la clase media. Una ‘Justicia’ de dos velocidades que descongestiona la Sede Judicial mediante un impuesto desproporcionado y rechazado por los países de nuestro entorno.

Porque acudir a un Tribunal ya causa de por sí el suficiente desasosiego en el ciudadano medio sin necesidad de incluirle un dilema económico. Porque únicamente aquellos para quien su poder adquisitivo es un número, o bien aquellos, que pueden acceder al derecho a la Justicia Gratuita, pueden esquivar su efecto disuasorio.

Efecto disuasorio que se ve confirmado día a día, fecha a fecha, dato a dato, con la reducción de nuevos procedimientos en cada uno de los órdenes afectados. Francia ya negó su aplicación y anuncia su retirada para 2.014. España, en cambio, está orgullosa de ella.

Se fundamentó la instauración de esta ‘Tasa Judicial’ como un modo de aumentar los beneficiarios del turno de oficio. No quiero calificarlo como mentira, o como oscura patraña, únicamente diré que es una afirmación que un año después se ha demostrado como ha faltado a la verdad. Se calculaban 365 millones de €uros los que podría reportar la entrada en vigor, atropellada e improvisada, de la misma. A día de hoy, expertos afirman que malamente se cubrirá un tercio de su previsión. Y los Presupuestos Generales del Estado confirman que la Justicia Gratuita no ha aumentado su ámbito de aplicación.

¿El Diagnóstico?

La ‘Tasa Judicial’ se ha manifestado como una falacia y una medida recaudatoria. Una falacia porque toda promesa que con ella se hacía, aún a costa de violar el artículo 24 de la Constitución, se ha demostrado no acorde con la realidad. Y una medida recaudatoria, porque lejos de servir para el refuerzo del necesario turno de oficio, únicamente ha servido para llenar las arcas del Estado.

Concentraciones en toda España recordaron hoy este triste aniversario. Alli eran todos los que estaban, pero no estaban todos los que son. El mundo jurídico está contra esta “idea” que ha conseguido la unanimidad en la Sociedad. #STOPTASAJUDICIAL

#JusticiaSinTasa, Justicia Para Todos.

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