La reforma del CGPJ: ¿Oportunidad o interés?

Dice el artículo 122 de la Constitución Española que el Consejo General del Poder Judiical es el órgano de gobierno de la Justicia en España. Un órgano que se supone independiente de toda presión política, pues lo justo es alejar el Estado de Derecho de una determinada opción política. Una independencia que no sólo tiene como punto de partida la necesidad de aislamiento ante todo poder o presión, sino que viene a manifestar la unidad del mismo.

“Artículo 122 Constitución Española
  1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
  2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
  3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.”
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Escudo del CGPJ (Foto: Wikipedia.es)

Con base en el artículo 117, la independencia es la razón de ser de todo sistema democrático, pues en el momento en que un pilar interceda o se apoye en otro, la construcción de un Estado terminará coja y, por lo tanto, inestable. 

Así expuesto, el CGPJ se configura como el órgano de Gobierno garante de la independencia del Poder Judicial, atribuyéndose las funciones administrativas necesarias para ello, funciones que antaño ejercía el Ministerio de Justicia. De este modo, se evita la influencia del Poder Ejecutivo en la decisión y funcionamiento de la legalidad en un Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 no establece de manera precisa cuales son las funciones del CGPJ. Únicamente, mediante un sistema de <<numerus apertus>>, señala materias mínimas en las que deberá intervenir, tales como nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Dos fueron las normas que tuvieron la capacidad para dirigir el funcionamiento de este órgano:

  • La Ley Orgánica 1/1980, que, en un afán rompedor con el pasado reciente, doto al órgano de una gran autonomía propia
  • La actual Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Pues bien, como todo postulado teórico, el acierto doctrinal tiene en contra la plasmación práctica del mismo. En lo referente a su composición, es decir, al sentimiento del órgano, la STC 108/1986, de 26 de julio  señalaba que: “la posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera ineludible de quienes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que les otorgue el ordenamiento jurídico. En el caso del Consejo, todos sus vocales, incluidos forzosamente los que han de ser nombrados por las Cámaras y los que sean por cualquier otro mecanismo no están vinculados al órgano proponente como lo demuestra la prohibición de mandato imperativo (art. 119.2 LOPJ) y la fijación de un plazo determinado de mandato (cinco años), que no coincide con el de las Cámaras y durante los cuales pueden ser removidos por los casos taxativamente determinado en la Ley Orgánica (art. 119.2 LOPJ)”

¿Que significa todo esto?

Los veinte vocales del CGPJ son elegidos según las previsiones del artículo 122 de la Constitución Española, entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de experiencia. Doce entre Jueces y Magistrados y ocho a elección del Congreso y del Senado.

¿Por qué se le atribuye esta facultad al Poder Legislativo? Se supone que es una muestra del reconocimiento de la soberanía popular sobre las CC.GG. Si el ciudadano elige la composición de las Cortes, el ciudadano elige a los miembros del CGPJ. Pero esta sencilla ecuación tiene como error un fundamento base, el mandato de los miembros de las Cortes Generales. Si nos encontrasemos ante un mandato representativo dónde el ciudadano pudiese exigir responsabilidad directa al diputado/senador por sus actos, tendríamos un resultado adecuado a la idea, pero, lamentablemente, no es así.

Este hecho se configura como otra opción política más. El compromiso se limita únicamente al momento de las elecciones, no existiendo un deber coactivo de representación directa ni de cumplimiento de programa. Esto da lugar a que finalmente, sean los partidos políticos, configurados como lobby’s o grupos de presión, escojan a los miembros de autogobierno del Poder Judicial.

Unido, se encuentra la reciente reforma creada bajo propuesta del Gobierno Popular de M Rajoy, que viene a politizar aún más su elección. Me parecen anécdotas si es escoge a una persona u otra, me parece un hecho sin relevancia que se detallen los méritos de cada uno de los candidatos. Me parece realmente grave que sean los partidos políticos, en la proporción que sea, quien decida el sentimiento, el pensamiento y el color de un órgano cuya independencia es necesaria para la evolución de un Estado como una Sociedad Moderna como la que queremos ser.

Fuente:

1.- Constitución Española [art. 122]

2.- Sinopsis art. 122 CE – www.congreso.es

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