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Archivos Mensuales: enero 2014

Una de las tristes realidades de nuestra época es el desahucio. Bien con causa en una hipoteca, bien con causa en un alquiler de vivienda, el hecho de tener que dejar la vivienda habitual es uno de los dramas que marca la realidad de la Sociedad. El ordenamiento jurídico crea, en el caso de un alquiler de vivienda, la figura de la acción de enervación.

Teniendo como punto de partida una de demanda de desahucio por falta de pago, la parte actora debe solicitar el desahucio (el abandono), la rescisión de contrato (el fin de la relación arrendaticia) y la devolución de las cantidades adeudadas.

Dice el artículo 22.4 y 22.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aquél en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 440, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

5. La resolución que declare enervada la acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.

.- ¿En que consiste la acción de enervación?

La acción de enervación consiste en pagar las rentas o mensualidades debidas antes de la vista del juicio de desahucio. Con dicho pago, el arrendatario podrá seguir en el disfrute de la vivienda y el contrato de alquiler seguirá su tracto.

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(Foto: Wikipedia.es)

Ahora bien, el arrendador tiene derecho a oponerse a la enervación, siempre que ésta no reúna los requisitos que marca la ley. En estos casos, el juez competente citará a ambas partes a una vista en la que, tras alegar lo que estimen oportuno, su señoría dictará sentencia estimando o negando la enervación del desahucio.

El único modo que tiene el arrendador para evitar la enervación del arrendatario será plantear su reclamación de modo fehaciente y con una antelación superior al mes. Ahora bien, no todo desahucio es enervable, pues la enervación pasada excluye la futura en relación al mismo contrato de arrendamiento.

.- Tras la enervación… ¿Existe condena en costas?

En el momento en que se declare enervada la acción de desahucio, se condenará en costas al arrendatario.

No obstante, esta no ha sido una solución unánime en la práctica jurisprudencial. Lejos queda ya la disyuntiva entre la aplicación de la regla general en materia de costas (394  y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil)  o la consideración del desahucio como una figura análoga al allanamiento, sin condena en costas.

 .- ¿Se puede enervar un desahucio sobre local comercial?

En esta materia, las dudas persisten a la hora de considerar viable una acción de enervación sobre un local comercial. Como ya se ha expuesto, dicha acción recae sobre las mensualidades o cantidades debidas en virtud de un contrato de arrendamiento.

Dicen los prácticos que la acción de desahucio únicamente podrá recaer sobre fincas habitables. La mayoría de los Juzgados únicamente consideran como habitable una vivienda, pero no son pocos los casos que consideran como lugar habitable, a mayores, todo lugar apto para el desarrollo de la actividad comercial.

 

La Fiscalía española tiene su origen en el artículo 124 de la Constitución Española, a partir del cual se promulgó el Estatuto Orgánico, ley 50/81, de 30 de diciembre, modificado posteriormente en varias ocasiones.

  1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Son tres, pues, las funciones del Ministerio Fiscal en nuestro Ordenamiento Jurídico: a) Promover la acción de la Justicia; b) Velar por la independencia de los Tribunales y c) Procurar la satisfacción del interés social.

.- ¿Cómo se caracteriza el Ministerio Fiscal? 

Se trata de una institución a caballo entre el Poder Judicial, pese a que se encuentra integrado en él, es autónomo del CGPJ, en un rango de autoridad similar al de los Jueces, y entre el Poder Ejecutivo, pues el Fiscal General del Estado es designado por el Rey, a propuesta del Gobierno y, aunque se trata de una institución unitaria y jerárquica, no puede estar sometido al poder político, actuando según los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad.

.- La autonomía como nota característica

Precisamente esta caracterización intermedia hace que la nota que debe primar en el funcionamiento del Ministerio Fiscal sea la autonomía.  España se comprometió a legislar conforme a la Recomendación 2000 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, cuyas principales directrices son:

* Regulación por ley de las relaciones entre el Ministerio Fiscal y el Poder Ejecutivo y Legislativo.

* Prohibición al Poder Ejecutivo y Legislativo de dirigir órdenes singulares al Ministerio Fiscal, así como la prohibición de incluir o sugerir alguna recomendación o cortapisa a su labor.

* Valoración objetiva de los principios de mérito y capacidad en el acceso y en la promoción dentro de la carrera fiscal.

* Un procedimiento disciplinario objetivo y justo.

* Autonomía financiera.

.- El Consejo Fiscal, órgano de autogobierno del Ministerio Fiscal

El Consejo Fiscal, regulado en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, está constituido , bajo la presidencia del Fiscal General, por el Teniente Fiscal del Supremo y el Jefe de la Inspección Fiscal y  por nueve Fiscales elegidos por sufragio universal , libre y directo entre todos los compañeros

El funcionamiento del Consejo Fiscal se rige por  Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal (RRI) aprobado en fecha 20 de septiembre de 1983 y en su art. 17 establece que “Los Consejeros tienen obligación de guardar secreto de la materia reservada de que tengan conocimiento en el ejercicio de su función en el Consejo, así como de los debates del mismo. Se entenderá por materia reservada, toda aquélla que, por afectar directa y personalmente a un determinado Fiscal no deba ser de general conocimiento, y aquella otra que, excepcionalmente, sea declarada como tal por el Fiscal General del Estado, salvo que el Pleno del Consejo se pronuncie en sentido contrario“.

¿Que sentido tiene el Ministerio Fiscal hoy día?

El Ministerio Fiscal es, hoy día, la visagra sobre la que recae la necesaria confluencia entre Sociedad y Derecho. Equilibra la Sociedad, pues vela por los intereses, los derechos y las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos, tanto en lo positivo como en lo negativo para ellos. Y equilibra al Derecho, pues es la piedra de toque que garantiza el cumplimiento de todo aquello previsto por la Ley y por las diferentes resoluciones de los Órganos Jurisdiccionales.

Por ello, no entiendo la situación que vive ese órgano hoy día. La sospecha parece haberse posado sobre ellos, y son numerosas las situaciones en las que se filtra el desencuentro entre Juez y Fiscal.

No sólo garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que garantiza que todos tengamos un procedimiento conforme la Ley, siempre en colaboración del propio Juez. Juez y Fiscal deben ir de la mano, pues su conjunción permite al ciudadano acudir al proceso con todas las garantías. Y es que el interés social es su función última, su razón de ser y el motivo por el que debe gozar de todo el respeto de la Sociedad.

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(Foto: wikipedia.es)

Una reducción de escaños es un error de concepto. Una reducción de escaños es una disminución de la representatividad de un parlamento, razón de ser y motivo de su existencia. Una reducción de parlamentarios nunca se puede justificar como una medida económica.

Hago esta breve disertación como opinión personal a una de las promesas electorales efectuadas por A N Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, según la cual reduciría el gasto público, el renombrado déficit, a costa de limitar el número de representantes de la soberanía popular en el Pazo do Hórreo gallego.

Transcribo un titular de El Ideal Gallego, de 17 de Noviembre de 2013:

Feijóo iniciará el trámite para reducir los diputados antes de que finalice el año

Un trámite para reducir los diputados que esconde un doble fondo. Un trámite que reforzará la mayoría de un partido político. Haría esta misma reflexión si fuera el otro color político el que propusiera esta medida. No es tolerable en un estado democrático que se limite la representatividad de los ciudadanos, pues en ellos radica la soberanía, y del pueblo emanan todos los poderes.

No es creíble que se justifique esa reducción como una medida de ahorro económico cuando se rechazó de plano la disminución salarial o el aumento del período hábil de sesiones. Yo, al menos no me lo creo.

Es más, resulta que por aplicación directa de nuestro sistema electoral, acertado o no, esa reducción no hará sino aumentar la fuerza del partido político en el poder. Por aplicación directa de la Ley D’Hont, la cual establece las directrices del reparto de escaños partiendo del número de votos, esta reducción hará que sea más difícil obtener el primer diputado y, por consiguiente, los correlativos. Al contrario, aquella fuerza que domine logrará, de un modo mucho más sencillo, obtener el camino del poder.

¿Es este el camino hacía el acercamiento de la política a la sociedad o es otra piedra en el largo trecho ya existente? La demografía y la estadística son claras en este sentido. Una sociedad desencantada no ve en las elecciones un medio para ejercer su soberanía, pues no ve en los representantes políticos signos de identidad con su voto. Haciendo que cada voto cuente menos, lo único que se consigue es que la ciudadanía de un paso atrás y se aleje, cada vez más, de la urna electoral.

Nos olvidamos de un concepto clave, la GOBERNANZA. Gobernanza entendida, tal y como recuerdo de las clases de D. Argimiro Rojo, como el gobierno de y por la sociedad civil. Entender el gobierno de una Sociedad como algo propio es el primer paso hacía una Sociedad implicada y preocupada por su presente y su futuro. Si alejamos la facultad de gobierno del pueblo, desoyendo su voz y debilitando su influencia, el pueblo buscará otros medios para recuperar su espacio perdido. Medios que deben ser erradicados de una Sociedad moderna como la que decimos ser, y de la cual, en su día, estuvimos orgullosos y comprometidos con su futuro.

Tras la vorágine de compras que supone la temporada navideña, llega el mes de enero y, con él, las rebajas de invierno. La temporada de rebajas es uno de los momentos más efervescentes en materia de consumo, pues es el momento en que se pueden hacer las compras de aquellos objetos deseados que se encuentran fuera de nuestro alcance.

No obstante, la novedad respecto a las tradicionales rebajas es que ya no están limitadas a un determinado período del año sino que los comerciantes gozan de libertad para poner en rebaja sus productos en cualquier fase del año. No obstante, a mayor temporada de rebaja, mayor de reclamaciones ante hipotéticas violaciones de los derechos del consumidor.

los derechos del consumidor en rebajas no varían respecto al resto del año, aunque sí las obligaciones de los comercios.”

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(Foto: maremagnum.es)

Es necesario destacar que la ley no marca ninguna diferencia de derechos entre los ‘periodos de rebajas’ y las ventas en temporada normal. Es decir, el consumidor disfruta de los mismos derechos en rebajas que fuera de ellas. Los derechos del consumir no varían respecto los derechos de los que goza el resto del año.

En cambio, los establecimientos deben cumplir con determinadas normas adicionales durante el período de rebajas, para no vulnerar los derechos del consumidor.

.- ¿Cuáles son las obligaciones adicionales que debe cumplir un comercio en período de rebajas? 

  • El comercio debe indicar de forma clara y visible las fechas de duración de la temporada de rebajas.
  • Al comienzo del periodo de rebajas deben estar rebajados por lo menos el 50% de los productos.
  • Los productos rebajados deben estar separados del resto e indicar claramente que se trata de un artículo rebajado.
  • Los artículos expuestos en rebajas deben de haber estado por lo menos durante un mes previo a la venta en la tienda.
  • La etiqueta debe reflejar el precio rebajado y el original o el porcentaje de rebaja en el artículo con su precio final.
  • La tienda debe admitir el pago con tarjeta de crédito si lo hace durante el resto del año y sin ningún tipo de recargo adicional respecto al resto del año. En realidad, deberá admitir los mismos medios de pago que durante todo el año. En caso contrario, deberá expresarse claramente y de forma visible en el establecimiento lo contrario.
  • La calidad de los productos en rebajas debe ser la misma que el resto del año.
  • La política de devoluciones debe ser la misma que durante todo el año y atenerse a las mismas normas. En cuanto a la devolución a través de cambios, vales o dinero en efectivo debe seguirse la misma política que durante todo el año o expresarse claramente y de forma visible en el establecimiento lo contrario.
  • No hay por qué aceptar vales, cheques ni cambios cuando un artículo presenta un defecto y se puede exigir el abono de la compra, tanto si se pagó con tarjeta como si se hizo en efectivo.
  • La devolución de artículos adquiridos antes de las rebajas debe realizarse por el importe que figura en la factura y no por el importe rebajado. Es decir, la tienda debe reembolsar, hacer un vale… del importe que pagó en su día el comprador y no del nuevo importe del artículo en rebajas.
  • Hay que solicitar la factura o ticket al igual que el resto del año.
  • El establecimiento deberá contar con hojas de reclamación a disposición de los clientes, que además deben seguir un modelo específico.

.- ¿Que hacer si los derechos de un cliente han sido vulnerados?

Si un cliente cree que se han vulnerado sus derechos, debe seguir los siguientes trámites para presentar su reclamación:

1º.- Solicitud dialogada dentro del propio establecimiento.

2º.- Solicitar la hoja de reclamaciones que todo establecimiento está obligado a tener. Todo comercio debe poner esas hojas de reclamación por sí solas a disposición de los inspectores de consumo, pero, ante la picaresca observada, se muestra más efectivo el presentarla el consumidor por sí mismo. Se deberá presentar en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) de su localidad o en la entidad competente de su Comunidad Autónoma.

Empieza un nuevo año y, con él, termina el precedente ejercicio fiscal. Una de las opciones más habituales en el mundo financiero para ajustar cuentas con el fisco y conseguir un balance fiscal adecuado en el IRPF es realizar aportaciones a planes (o fondos) de pensiones patrocinados por las diferentes entidades financieras.

.- ¿Que ventajas tienen los planes de pensiones?

1. Las cantidades aportadas reciben un trato beneficioso en la correspondiente declaración del IRPF.

2. Las entidades financieras ofrecen una alta remuneración a estas cantidades aportadas, superiores a las de un simple depósito, sabedoras que, salvo circunstancias excepcionales, no serán retiradas hasta la edad legal de jubilación.

.- ¿Cuales son las circunstancias excepcionales que permiten el rescate anticipado del plan de pensiones?

  1. Invalidez laboral: debe ser total y permanente y estar justificada y documentada por un tribunal médico.
  2. Enfermedad grave: la entidad gestora del plan pedirá una acreditación de tal situación mediante informes médicos. Algunos planes de pensiones contemplan el rescate si la persona enferma es el cónyuge o incluso, algún ascendiente o descendiente del partícipe. Merece especial mención el artículo 9 del Real Drecreto 304/2004, más abajo transcrito.
  3. Fallecimiento del partícipe: los herederos del partícipe pueden rescatar el plan de pensiones.
  4. Dependencia severa: o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de dependencia.
  5. Desempleo: la situación de crisis económica y las altas tasas de paro han llevado al Gobierno a modificar la normativa que regula los planes de pensiones (Real Decreto 304/2004) para que se pudiera rescatar el dinero depositado en ellos en una situación de desempleo.
    Para llevar a cabo el rescate en este supuesto se deben dar tres condiciones: estar en situación legal de desempleo, no tener derecho a percibir la prestación o haber agotado dicha prestación y estar inscrito como demandante de empleo en el INEM.
  6. Desahucio: Solo si hay un proceso judicial, el partícipe no dispone de otros bienes para pagar las deudas que han motivado la ejecución y si la cantidad reembolsada permite cubrir dichas deudas.

.- ¿Fuentes legales aplicables?

–  Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. (Artículo 9)

Artículo 9 Supuestos excepcionales de liquidez

1. Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en su totalidad o en parte en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración de acuerdo con lo previsto en este artículo, siempre que lo contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y con las condiciones y limitaciones que éstas establezcan.

2. Las especificaciones de planes de pensiones podrán prever la facultad del partícipe de hacer efectivos sus derechos consolidados en el caso de que se vea afectado por una enfermedad grave bien su cónyuge, bien alguno de los ascendientes o descendientes de aquéllos en primer grado o persona que, en régimen de tutela o acogimiento, conviva con el partícipe o de él dependa.

Se considera enfermedad grave a estos efectos, siempre que pueda acreditarse mediante certificado médico de los servicios competentes de las entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al afectado:

  • a) Cualquier dolencia o lesión que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un período continuado mínimo de tres meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un centro hospitalario.
  • b) Cualquier dolencia o lesión con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o actividad habitual de la persona afectada, o la incapaciten para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o no, en este caso, asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana.

Los supuestos anteriores se reputarán enfermedad grave en tanto no den

lugar a la percepción por el partícipe de una prestación por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, conforme al régimen de la Seguridad Social, y siempre que supongan para el partícipe una disminución de su renta disponible por aumento de gastos o reducción de sus ingresos.


3.
 Los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en el supuesto de desempleo de larga duración. A los efectos previstos en este artículo se considera que el partícipe se halla en situación de desempleo de larga duración siempre que reúna las siguientes condiciones

a) Hallarse en situación legal de desempleo.

Se consideran situaciones legales de desempleo los supuestos de extinción de la relación laboral o administrativa y suspensión del contrato de trabajo contemplados como tales situaciones legales de desempleo en el artículo 208.1.1 y 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y normas complementarias y de desarrollo.

b) No tener derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haber agotado dichas prestaciones.

c) Estar inscrito en el momento de la solicitud como demandante de empleo en el servicio público de empleo correspondiente.

d) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad, también podrán hacerse efectivos los derechos consolidados si concurren los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) anteriores.

– Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

.- ¿Opciones de rescate?

  • En forma de capital, recibiendo un sólo pago único.
  • Como una renta periódica, cobrando una cantidad de forma periódica
  • Con una fórmula mixta, es decir, una parte en capital y la otra en rentas.

Cada una de estas alternativas aplica un tipo de fiscalidad distinto. El importe rescatado se suma a los rendimientos anuales y tributa en la declaración del IRPF. Quien decida cobrar el rescate en forma de capital verá aumentado ese año los impuestos a pagar.

 

En vigor desde el pasado uno de octubre, durante el mes de enero las CC.AA. irán aplicando, con su propio criterio, una de las medidas más injustas de nuestra historia reciente, el copago hospitalario.

Entendido el copago como una ‘penalización’ o ‘castigo’ ante el excesivo uso de los servicios médicos y sanitarios por parte de los ciudadanos, y que se materializa en el pago, por parte de los ciudadanos enfermos,  Esta medida tendrá como objeto aquellos medicamentos que, sin tener la calificación de uso hospitalario, sólo se dispensa a pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales.

.- ¿Que medicamentos se verán afectados por esta medida?

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(Foto: Europapress.es)

Serán tratamientos oncológicos, renales,… aquellos que se verán afectados por esta medida. Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el ‘Afinitor’ o el ‘Tyverb’, para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el ‘Votrient’; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el ‘Temodal’; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reproducción asistida, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, VIH, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros.

Reconozco que me da pavor la enumeración de enfermedades cuyos medicamentos se ven afectados por esta medida. Halamos de tumores, de hepatitis, de VIH,… Hablamos de enfermedades temidas por el común de los ciudadanos, cuyo tratamiento, si no es crónico, es, cuanto menos, muy prolongado… ¿Puede existir abuso en estas enfermedades?

.- ¿A cuanto asciende el copago hospitalario?

La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10% del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

En el caso excepcional de que no ajuste al envase comercial, el cálculo de la aportación se realizará de forma proporcional a la medicación dispensada.

.- ¿Que muestra esta medida?

Sin duda, la aplicación, y su modo, de esta medida muestra una gran insensibilidad y una gran injusticia por parte del Ministerio de Sanidad, encabezado por la Ministra A Mato, por parte del Ministerio de Hacienda, C Montoro, y, por reflejo, del Presidente del Gobierno, M Rajoy.

Una falta de sensibilidad que tiene en A Mato su primer vértice. Que la máxima autoridad del país en materia sanitaria pueda afirmar que los enfermos “juegan” con el sistema sanitario es un insulto para ellos y sus familias. Son enfermedades lo suficientemente graves como para frivolizar con ellas, y mucho menos es difícil el pensar que los aquejados por ellas no tienen otra idea más que jugar, explotar y abusar del sistema sanitario nacional a costa de su enfermedad.

Una falta de sensibilidad que tiene en C Montoro el segundo vértice y su especial artífice. Empeñado en reducir el cuerpo de la Administración Pública y su coste para los bolsillos del Estado. Se olvida de una cuestión estadística flagrante a los ojos de cualquier ciudadano, la situación económica que rodea a nuestro país en los últimos años, en dónde son los jubilados y los parados los motores de la gran mayor parte de la economía familiar. Unos mayores que vieron reducida su pensión, con causa en la supuesta “insensibilidad” del sistema de pensiones. Unos desempleados que empiezan a perder su prestación por desempleo.

Por otro lado, no deja de ser curioso que en un sistema tributario donde la capacidad económica, dice la Constitución, es el eje de la tributación, cualquier ciudadano pague exactamente lo mismo que otro, sin observancia de las causas subjetivas de cada uno. No es legítimo que fortunas millonarias paguen lo mismo que un ciudadano de a pie. No sólo no es legítimo, sino que no es justo.

.- ¿Cual es la situación que nos encontramos hoy día?

La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de octubre se topó con la negativa de numerosas CCAA a su implantación. Así Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras País Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.

Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.

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