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Archivos Mensuales: febrero 2014

La nueva ley antipiratería incluye la aprobación de la llamada ‘tasa Google‘ y abre la vía civil con multas de hasta 300.000 euros para los reincidentes. No obstante, el principal aspecto del borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es, otra vez más, la caza contra las webs de enlaces y descargas directas.

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(Imagen; Wikipedia.es)

Aspectos claves a tener en cuenta de este Borrador:

.- La  ‘tasa Google‘. Los medios españoles llevaban tiempo pidiendo esta tasa, especialmente a raíz de Google News, un agregador que recoge noticias de diferentes medios y las agrupa. El texto, enviado ya al Congreso, incluye que se hará pagar a estas herramientas una “compensación equitativa” por introducir fragmentos no significativos de “información, opinión o entretenimiento” sin autorización previa. Pese al visto bueno de los editores, queda por ver si el Gobierno puede obligar a una empresa privada, como Google, a pagarles esa parte. 

La ‘tasa Google’ ha llevado a los tribunales a las partes en muchas ocasiones en otros países de Europa. La polémica surge cuando se precisa que Google News no obliga a ningún medio a aparecer en sus resultados ni opera con publicidad.

Guerra abierta contra las webs de enlacesTerminar con las páginas web que incluyen enlaces a contenidos es una de las prioridades del Gobierno en la lucha contra la piratería. A partir de ahora, cualquiera que vea su contenido compartido sin permiso, podrá pedir a un juez que se identifique el sitio en el que se comparte. Tanto los anunciantes como los intermediarios de pago podrán ser multados e incluso sus sitios podrán ser cerrados si reinciden.

Las sanciones por reincidencia podrán ir de 30.000 a 300.000 euros.

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Sede de la Sgae (Palacio Longoria, Madrid) (Foto; wikipedia.es)

Una ventanilla única para agilizar los procesosLos afectados por cualquier vulneración de derechos, que tengan que tratar con varios intermediarios, se dirijan desde ahora a una sola entidad, que será de carácter privado y estará controlada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A falta de más detalles, se sabe que será la SGAE quien se encargue de la gestión común inicialmente y que las entidades de gestión disponen de cinco meses para crear esta ventanilla.

El concepto de copia privadaPermanecen amparadas por el límite de copia privada “las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores”. Además, también han aclarado que se mantiene la financiación de la compensación por copia privada a través de los Presupuestos Generales del Estado, a la espera de los dictámenes de la Unión Europea.

En definitiva, y según el Gobierno:

  • Se refuerzan la transparencia, el control y la vigilancia efectiva de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por las Administraciones Públicas.
  • Se mejora la protección de los autores frente a las vulneraciones de sus derechos en Internet.
  • Se adapta el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en Internet, reconociendo el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos.

 

Fuente:

1.- NOTA DE PRENSA “Aprobada la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual

2.- CadenaSer.com “Claves de la Ley de Propiedad Intelectual

 

Se reconoce universalmente que un Estado puede ejercer jurisdicción en su propio territorio. Esta jurisdicción incluye el poder de crear normas (jurisdicción legislativa), el poder de interpretar o aplicar normas (jurisdicción contenciosa) y el poder de intervenir para hacer cumplir las normas (jurisdicción coercitiva). Sin embargo, aunque la aplicación de la jurisdicción coercitiva se limita generalmente al territorio nacional, en derecho internacional se admite que, en determinadas circunstancias, un Estado puede legislar respecto de sucesos que se producen fuera de su territorio (jurisdicción extraterritorial) o juzgarlos.

.- Cúspide de la justicia universal: Interés Internacional

Se habla, por tanto, basado de un derecho consuetudiario internacional que tiene como principio articulador la existencia de la Justicia Universal. La jurisdicción universal se refiere a la jurisdicción sobre los delitos, independientemente del lugar en que se cometieron o la nacionalidad del perpetrador. Se cree que se aplica a una serie de delitos que los Estados, por motivos de interés internacional, pueden o deben reprimir.

La jurisdicción universal puede aplicarse a través de la promulgación del derecho nacional (jurisdicción universal legislativa) o la investigación y el juicio de los acusados (jurisdicción universal contenciosa).

.- La reforma de la Jurisdicción Universal cerrará causas pendientes

Mientras las disposiciones pertinentes del derecho de los tratados se limitan a las infracciones graves, puede decirse que en el derecho internacional consuetudinario (la jurisdicción universal) abarca todas las violaciones de las leyes y los usos de la guerra que constituyen crímenes de guerra. De ellos, algunas violaciones graves de las normas relativas a los medios y métodos de guerra que no se consideran infracciones graves.

Asimismo, es cada vez más aceptada la idea de que las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos armados no internacionales también constituyen crímenes de guerra.

.- España, contra ese principio universal aceptado

La reforma de la jurisdicción universal que tramita el Congreso condena al archivo los procesos abiertos. Supuestos que, lejos del mayor o menor poder mediático, marcan la diferencia entre un Estado del siglo XXI o un Estado que quiere anclarse en el pasado. Supuestos que quedarán impunes con la aprobación de esta reforma son:

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(Foto: Captura de pantalla de Telecinco.es)

* El Genocidio del Tíbet: La primera de las denuncias contra el Régimen Chino, en dónde se ultima una orden en busca y captura contra Jiang Zemin.

* El Asesinato de José Couso: El cámara español falleció en 2003 en Bagdad después de que un tanque estadounidense abriera fuego contra el hotel Palestina.

* Vuelos de la CIA: Las escalas en suelo español de vuelos de la CIA que transportaban prisioneros a Guantánamo es una de las investigaciones del juez Moreno.

* El Genocidio del Sáhara: El juez P Ruz indaga la desaparición de prisioneros de militares del Frente Polisario. La querella acusa a varios altos cargos de la administración marroquí en la excolonia española.

Sólo cuatro ejemplos del cariz que puede tomar la Justicia Española en caso de cumplirse la idea del Ministerio de Justicia. Sin duda, un paso atrás en la repercusión internacional de la Justicia Española.

En unas fechas marcadas por la comparecencia, en calidad de imputada, de SAR Dª. Cristina de Borbón, son constantes las anotaciones por las cuales se estima que será la Doctrina Botín la que posibilite la no responsabilidad penal de la hija del Jefe del Estado. Ahora bien…  ¿Que es la Doctrina Botín?

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E Botín, presidente del Banco Santander (Foto: Wikipedia)

La doctrina Botín se articuló en el año 2007 por parte del Tribunal Supremo en un caso en el que era parte interesada el actual presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Fue en el caso de las llamadas cesiones de crédito, y fue a partir de un pronunciamiento clave del Alto Tribunal. En los delitos como el de blanqueo de capitales, la prevaricación, el perjudicado por el delito es el Estado, siendo sus representantes los  Abogados del Estado. Preceptiva, además, es la intervención del Ministerio Fiscal.

Esto lo que conlleva es que sean ellos los que deban llevar la iniciativa en la acusación del delito, según la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Si ellos desisten de la acción, la acusación popular carece de sentido.

Este es el caballo de batalla, un hipotético desistimiento por parte de los perjudicados del delito. En el concreto ‘Caso Noos’, nos encontramos con dos acusadores ‘ajenos’, dos asociaciones que ejercen esa facultad de colaborar en la persecución de los delitos creada a partir de la Constitucion de 1812. ‘Manos Limpias’ y ‘Fundación Cívica’ se personaron como acusación particular, y, como tal, estuvieron presentes en la declaración de Dª. Cristina de Borbon. Por otra parte, aparece, como perjudicada, la Abogacía del Estado y, como defensor de la legalidad, el Ministerio Fiscal. ¿Que pasará si la Abogacía y el Fiscal entiende que SAR no es culpable del delito que se le imputa?

Considera el Tribunal Supremo que la acusación debe estar limitada en cuanto a su alcance, extensión y contenido. Pero no con carácter absoluto, pues poco después la cúspide de nuestro sistema judicial retocó la ‘Doctrina Botín’ para condenar al que fue presidente del Parlamento Vaso JM Atutxa por no disolver el grupo parlamentario abertzale SA. En este caso, admitió la acusación popular, en solitario, cuando el delito afecte a “intereses colectivos” o si no se han personado los perjudicados directos.

Ahora bien, desde 1998 el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento en supuestos similares en catorce ocasiones, al igual que la Abogacía del Estado -representante de la Agencia Tributaria-, que lo hizo en siete ocasiones.

El IRPH, Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, se define como el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por bancos y cajas.

Tradicionalmente, eran varios los tipos de IRPH los que podiamos encontrar en la práctica financiera y bursátil. Se hablaba de IRPH Bancos, IRPH Cajas e IRPH Conjnto de entidades. Su diferencia únicamente era el origen del valor. No obstante, a partir de la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se suprimieron el IRPH Cajas y Bancos (además del Índice CECA) quedando únicamente vigente el IRPH entidades.

.- Comparativa Euribor e IRPH 

(Fuente y Foto: Ahorrocapital.com)

La anterior gráfica muestra la principal queja de aquellos usuarios que tienen referenciados sus préstamos hipotecarios al IRPH, la diferencia de valor entre éste y el EURIBOR, índice de referencia usual en el mercado hipotecario. Este hecho, unido al desconocimiento, en muchos casos de esta circunstancia provoca situaciones que marcan la insatisfacción en el usuario y la sensación de abuso en el mercado hipotecario.

.- Insatisfacción, abuso, desconocimiento, engaño, fraude… ¿Nulidad, abusividad o falta de transparencia en la formalización de estos préstamos hipotecarios?

Dos son los pronunciamientos que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar la posible nulidad de esta cláusula:

  1. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Collado Villalba (Madrid) de 5 de septiembre de 2013. Dictada en fase de ejecución hipotecaria de una vivienda por impago de la hipoteca.
  2. Sentencia 241/2013, de 9 de mayo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. En íntima relación del TJUE de 14 de marzo de 2013.

.- ¿Motivos de nulidad?

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(Infografia: LaSexta.es // Foto: Irph.es)

Se trata clausulas sobre el tipo de interés predispuestas que se  incorporan al contrato, sin que el prestatario pueda, en absoluto, modificar el contenido obligacional, y sin que exista, siquiera, una mínima negociación al respecto, incorporadas además a una pluralidad de contratos.

* Estamos por tanto ante una Condición General de la Contratación que como tal esta sometida a la normativa de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 y la norma de transposición de la misma  la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Como Condición General de la Contratación al incorporar dicho tipo de referencia como tipo de interés aplicable al préstamo, si el adherente no fue informado de la existencia de todos los tipos de referencia vigentes en el momento de la firma  adolecerá de falta de transparencia.

* Si había tipos de referencia mas beneficiosos para el prestatario y no se le informó de ello, se ocasionaría con la aplicación del IRPH un grave perjuicio al consumidor y un desequilibrio en las contraprestaciones lo que permitiría su consideración de cláusula abusiva por falta de transparencia y en consecuencia nula por aplicación del artículo 8.2 de la LCGC.

Asimismo vulneraría la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (y la orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección de los servicios bancarios, que la sustituye), por ser susceptible de influencia por la entidad bancaria en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.

Por la forma de hacerse la publicidad deberá comprobarse que ésta no fue engañosa y explicó el coste real derivado de la aplicación de dicho tipo de referencia ya que de lo contrario vulneraría la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios si no fue clara, suficiente, objetiva y no engañosa y “deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje

Igualmente  en relación a la publicidad, si no fue clara podría vulnerar la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios, por cuanto el mensaje publicitario pueda inducir a error al consumidor acerca de las características del producto o servicio ofrecido y generar en este un comportamiento económico que presumiblemente no habría adoptado si esa información de referencia hubiese estado incluida en el soporte publicitario utilizado.

Y, para terminar, la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de crédito en su deber de información al cliente pues impone la obligación de informar sobre: la periodicidad con que se producirá el devengo de intereses, las fechas de devengo y liquidación de los mismos o, en su caso, de los precios efectivos citados en la letra anterior, la fórmula o métodos utilizados para obtener, a partir del tipo de interés nominal, el importe absoluto de los intereses devengados y, en general, cualquier otro dato necesario para el cálculo de dicho importe.

* Fuente: MundoJurídico.info

¿Vivienda asequible en un barrio dinámico? Humedades, filtraciones y grietas se convirtieron en la pesadilla de un bloque de edificios de Navia, en Vigo, uno de los barrios más jóvenes dentro de la ciudad. 

Un bloque de Navia exige 700.000 euros a la constructora por ´graves deficiencias´

Este titular me ha recordado la teoría sobre los vicios ocultos de las vivienda o edificios, los cuales se caracterizan como defectos de construcción no visibles que, en caso de aparecer antes de un determinado plazo desde la compra, dan derecho al comprador a exigir al vendedor el saneamiento de la vivienda o inmueble, así como de la resolución del contrato o de la modificación de sus condiciones.

Si se ha comprado una vivienda con menos de diez años de antigüedad construida a partir de 1999, la Ley de Ordenación de Edificación otorga las siguientes garantías por defectos de construcción y vicios ocultos ante el responsable, denominada responsabilidad de saneamiento, siempre que los defectos no estuvieran a la vista o si el comprador, en razón de su profesión o de sus conocimientos, los pudiera haber detectado, independientemente de si el vendedor los conocía o no.

.- ¿Que Plazos otorga la LOE para reclamar por estos defectos de construcción?

Un (1) año: Arreglo de los daños materiales por vicios ocultos que afecten a elementos de acabado de las obras. Garantizado por el seguro del constructor.

Tres (3) años: Solución de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones en que afecten a los requisitos de habitabilidad, como condiciones de salubridad e impermeabilización, insonorización, aislamientos térmicos, seguridad en caso de incendio…

— Diez (10) años: Arreglo y solución de los daños materiales por vicios ocultos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. Garantizado por el seguro del promotor.

Fuente: Ley de Ordenación de la Edificación. 38/1999 de 5 de noviembre.

.-¿Opciones del comprador?

ViciosConstrucción

(Foto: MangaAbogados.Com)

En cualquiera de los casos, el comprador podrá optar entre rescindir el contrato, teniendo derecho a recuperar las cantidades desembolsadas, rebajar el importe del precio pactado o solicitar una indemnización por daños y perjuicios si el vendedor conociese los defectos y no los hubiera comunicado.

En caso de que la vivienda o el inmueble se perdiera por efecto de los vicios ocultos, el vendedor deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con daños y perjuicios. Si no los hubiera conocido, solo deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato.

.- ¿Y si la vivienda fue construida antes de la entrada en vigor de la LOE?

En cambio, si se ha adquirido una vivienda construida antes de la entrada en vigor de la LOE, es de aplicación lo previsto en el artículo 1591 del Código Civil, que establece que los defectos o vicios graves en el proceso de edificación deben ser asumidos por quienes intervinieron en ella: constructor, arquitecto proyectista, arquitecto técnico, subcontratista y promotor, sean personas físicas o jurídicas.

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección.

Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.

De acuerdo al Código Civil, el contratista responde por vicios de la construcción por espacio de diez años y el arquitecto por vicios del suelo o de la dirección; a su vez, la responsabilidad del contratista se extiende hasta quince años en el caso de incumplimiento de las condiciones del contrato de obra.

Susana González Ruisánchez

Abogado digital, Derecho Tecnológico, Ciberseguridad, SGSI, ISO27000, Legal Web Compliance, Innovación, Marketing y Comunicación

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