archivo

Archivos Mensuales: marzo 2014

La alcaldesa de Madrid, A Botella, volvió a irrumpir en los focos de los medios de comunicación con la propuesta que dirigió a la Delegada del Gobierno en Madrid, C Cifuentes, por la cual solicitaba limitar las manifestaciones con tres criterios similares a los que se utilizan en la ciudad de París: a) Los ejes estratégicos de transporte; b) Las áreas de influencia turística; y c) Las Zonas Históricas.

Dice el artículo 21.2 de la Constitución Española:

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

La Constitución Española solo limita el derecho fundamental a la manifestación en caso de alteración del orden público. El derecho de reunión se configura como un derecho del que participan elementos de la libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la expresión de ideas o como ‘una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria’.

Los elementos configurados son, pues, una agrupación de más de 20 personas, en un momento prefijado y con una duración determinada y la expresión de unas ideas, con frecuencia con fines reivindicativos. En los supuestos en los que no se dieran los elementos citados nos encontraríamos ante meras ‘aglomeraciones’, en consecuencia no amparadas por el artículo 21 de al Constitución. Además de los derechos ya mencionados el derecho de reunión se vincula con otros como la participación política, las libertades sindicales o el derecho de huelga en cuanto que cauce de expresión de estos derechos, lo que conduce a calificar el derecho de reunión como un derecho instrumental.

Este segundo párrafo contiene la máxima que debe reinar en aquellas reuniones o manifestaciones, con causa en las repercusiones o a la afectación de otros derechos o bienes. Exige ‘comunicación a la autoridad competente’, pudiendo ser incluso prohibida en caso de alteración del orden público cuando haya “peligro para las personas o bienes”. Por ello, el Tribunal Constitucional sentó la siguiente idea:

“la comunicación a la que se refiere el artículo 21.2 de la Constitución no es en ningún caso una autorización, sino una mera declaración de conocimiento a fin de que la Administración Pública competente pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del derecho y la adecuada protección de los bienes y derechos de terceros que se vean afectados” (SSTC 2/1982, 66/1995, 182/2004, 110/2006)

.- ¿Cabe, pues, la limitación de este derecho fundamental con causa en razones de transporte, turísticas o de protección histórica?

Strictu sensu, no son causa para una modificación, limitación o prohibición de una manifestación, entendida esta como una reunión marcada por el paso ambulatorio entre localizaciones de una misma ciudad. Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quien, en el ejercicio fiel de sus funciones, debe velar por la coexistencia del normal desarrollo de la vida ciudadana y la práctica de una manifestación debidamente convocada.

Es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, modificada (art. 4.3) por la L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y por la L.O. 9/1999, de 21 de abril, la que debe velar por el ejercicio de estos derechos. Establece que la autoridad gubernativa suspenderá o disolverá las reuniones penalmente ilícitas, las que produzcan ‘alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes’ (luego parece que han de darse las dos circunstancias) y en las que se hiciere uso de uniformes paramilitares.

Es más, la Constitución en el artículo 53.1 de la Constitución garantiza que es un recurso susceptible de amparo constitucional. A mayores, el Tribunal Constitucional protege la limitación no justificada de toda manifestación o reunión. Así, el principio pro libertate frente a los intentos de limitación injustificada o con escasa justificación (STC 36/1982, de 16 de junio; STC 163/2006; STC 170/2008), distinguiendo las reuniones celebradas en espacios abiertos, aun en las inmediaciones de lugares de tránsito público de éstos (STC 225/2002, de 9 de diciembre), o justificando una invasión de la vía pública, con el subsiguiente corte de tráfico (STC 42/2000, de 14 de febrero), siempre sobre la base de la correspondiente ponderación de bienes (STC 59/1990, de 29 de marzo).

Y es que, es evidente que cualquier restricción geográfica afecta al derecho de manifestación. A esta cuestión ya respondió el vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, afirmando que “cualquier restricción geográfica afecta a la esencia de del derecho por lo que “lo que se proponga debe ser muy cuidadoso”, añadiendo, de modo rotundo, que “si uno pretende que el derecho a manifestación en todas las ciudades se ejerza en un descampado a 10 kilómetros del centro de la ciudad sea cual sea la ciudad en la que se trate, pues está violentando el derecho de manifestación”.

Creo que no hace falta decir nada más.

Fuente:

1.- EUROPAPRESS.ES — Cualquier “restricción geográfica” afecta al derecho de manifestación

2.- CONGRESO.ES — Sinopsis del artículo 21 de la Constitución

 

Varios casos prácticos y un test en una sola prueba. Ese será el examen que tendrán que pasar todos aquellos estudiantes de Derecho que quieran ejercer como abogados o como procuradores.

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto que prevé un modelo de prueba criticado por procuradores, abogados y operadores del mundo jurídico, se rompe una regla escrita en 2011 tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, que tantas incógnitas trajo en el mundo del Derecho.

Dice el Ministerio de Justicia que se trata de un sistema “coherente para evaluar la aptitud profesional de cada aspirante y valorar su formación teórico-práctica“, pero la realidad puede ser muy diferente. Se cambia un formato anunciado y aprobado mediante un Reglamento en 2011.

1557449_1446937392203748_660568554_n

Logo de #AbogadosSinToga (Fuente: Eljurista.eu)

Adquiere mayor importancia un máster, quitándole importancia al contenido de este examen. Se modifica su estructura, pasando de tener dos exámenes, una parte teórica y una práctica, a alrededor de 100 preguntas de “aplicación práctica”, con todas las dudas que siempre presupone un examen Tipo Test. Se espera, se supone, que sea una configuración provisional. Parece haberse hecho bajo bajo una situación de extrema urgencia, ante la constante crítica por la falta de soluciones a colectivos como #AbogadosSinToga que se encuentran ante una situación de indefensión ante la inactividad de los poderes públicos. 

No obstante, lo oculto de esta prueba puede encontrar, otra vez, una cuestión política. El Reglamento, de 2011, fue aprobado bajo el Gobierno del PSOE. Ahora, apenas dos años después, es el Gobierno del PP quien lo modifica. Otra vez es la inseguridad jurídica la que determina el funcionamiento del Poder Judicial. Y, mientras tanto, las dudas vuelven a surgir ante un futuro no muy lejano.

Se espera que en verano de 2014 se realice el primer examen. Momento que puede ser un punto de inflexión en el sentido, el funcionamiento y la existencia de esta polémica prueba. Es la luz al final del túnel para tantos jóvenes con incógnitas respecto a su futuro. Pero es una salida cuyo recorrido todavía no está claro.

Naturismo en pareja

Libertad, compartir, aceptar, vivir.

Ecosistemas

Blog de divulgación de Ecología de la Asociación española de Ecología Terrestre (AEET)

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Atelier legal

El blog jurídico de Alberto Fernández

El BOE nuestro de cada día

Web de noticias extraídas del Boletín Oficial del Estado

delaJusticia.com

El rincón jurídico de José R. Chaves

El Blog de Ramón

Blog de opinión de Ramón Cerdá

Vigopedia

Historia, historias, toponimia, geografía e imágenes de Vigo

La Brigada Tuitera

Cuartel General

DOS ORILLAS

Reflexiones, opiniones (y a veces berrinches), sobre Derechos Humanos y la realidad diversa y común

EL DERECHO Y LA FAMILIA.

Respuestas Legales a tus dudas.

Legalidad On

Tecnología y Derecho.

Verónica Montero Pérez

ABOGADA - MEDIADORA