¿Existen límites al Derecho de Manifestación?

La alcaldesa de Madrid, A Botella, volvió a irrumpir en los focos de los medios de comunicación con la propuesta que dirigió a la Delegada del Gobierno en Madrid, C Cifuentes, por la cual solicitaba limitar las manifestaciones con tres criterios similares a los que se utilizan en la ciudad de París: a) Los ejes estratégicos de transporte; b) Las áreas de influencia turística; y c) Las Zonas Históricas.

Dice el artículo 21.2 de la Constitución Española:

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

La Constitución Española solo limita el derecho fundamental a la manifestación en caso de alteración del orden público. El derecho de reunión se configura como un derecho del que participan elementos de la libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la expresión de ideas o como ‘una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria’.

Los elementos configurados son, pues, una agrupación de más de 20 personas, en un momento prefijado y con una duración determinada y la expresión de unas ideas, con frecuencia con fines reivindicativos. En los supuestos en los que no se dieran los elementos citados nos encontraríamos ante meras ‘aglomeraciones’, en consecuencia no amparadas por el artículo 21 de al Constitución. Además de los derechos ya mencionados el derecho de reunión se vincula con otros como la participación política, las libertades sindicales o el derecho de huelga en cuanto que cauce de expresión de estos derechos, lo que conduce a calificar el derecho de reunión como un derecho instrumental.

Este segundo párrafo contiene la máxima que debe reinar en aquellas reuniones o manifestaciones, con causa en las repercusiones o a la afectación de otros derechos o bienes. Exige ‘comunicación a la autoridad competente’, pudiendo ser incluso prohibida en caso de alteración del orden público cuando haya “peligro para las personas o bienes”. Por ello, el Tribunal Constitucional sentó la siguiente idea:

“la comunicación a la que se refiere el artículo 21.2 de la Constitución no es en ningún caso una autorización, sino una mera declaración de conocimiento a fin de que la Administración Pública competente pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del derecho y la adecuada protección de los bienes y derechos de terceros que se vean afectados” (SSTC 2/1982, 66/1995, 182/2004, 110/2006)

.- ¿Cabe, pues, la limitación de este derecho fundamental con causa en razones de transporte, turísticas o de protección histórica?

Strictu sensu, no son causa para una modificación, limitación o prohibición de una manifestación, entendida esta como una reunión marcada por el paso ambulatorio entre localizaciones de una misma ciudad. Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quien, en el ejercicio fiel de sus funciones, debe velar por la coexistencia del normal desarrollo de la vida ciudadana y la práctica de una manifestación debidamente convocada.

Es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, modificada (art. 4.3) por la L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y por la L.O. 9/1999, de 21 de abril, la que debe velar por el ejercicio de estos derechos. Establece que la autoridad gubernativa suspenderá o disolverá las reuniones penalmente ilícitas, las que produzcan ‘alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes’ (luego parece que han de darse las dos circunstancias) y en las que se hiciere uso de uniformes paramilitares.

Es más, la Constitución en el artículo 53.1 de la Constitución garantiza que es un recurso susceptible de amparo constitucional. A mayores, el Tribunal Constitucional protege la limitación no justificada de toda manifestación o reunión. Así, el principio pro libertate frente a los intentos de limitación injustificada o con escasa justificación (STC 36/1982, de 16 de junio; STC 163/2006; STC 170/2008), distinguiendo las reuniones celebradas en espacios abiertos, aun en las inmediaciones de lugares de tránsito público de éstos (STC 225/2002, de 9 de diciembre), o justificando una invasión de la vía pública, con el subsiguiente corte de tráfico (STC 42/2000, de 14 de febrero), siempre sobre la base de la correspondiente ponderación de bienes (STC 59/1990, de 29 de marzo).

Y es que, es evidente que cualquier restricción geográfica afecta al derecho de manifestación. A esta cuestión ya respondió el vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, afirmando que “cualquier restricción geográfica afecta a la esencia de del derecho por lo que “lo que se proponga debe ser muy cuidadoso”, añadiendo, de modo rotundo, que “si uno pretende que el derecho a manifestación en todas las ciudades se ejerza en un descampado a 10 kilómetros del centro de la ciudad sea cual sea la ciudad en la que se trate, pues está violentando el derecho de manifestación”.

Creo que no hace falta decir nada más.

Fuente:

1.- EUROPAPRESS.ES — Cualquier “restricción geográfica” afecta al derecho de manifestación

2.- CONGRESO.ES — Sinopsis del artículo 21 de la Constitución

 

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