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Archivos Mensuales: abril 2014

“Los dueños de una vivienda ocupada hace seis meses la recuperan destrozada”

Este titular, extraído de la versión digital de “El Progreso” de Lugo, obtuvo esta semana más repercusión mediática de la que suele tener esta realidad social. Sin duda, el hecho de que los ocupantes se hubiesen trasladado a las inmediaciones del inmueble y los daños asciendan a varios miles de €uros aumentaron la gravedad de un hecho que, actualmente, es muy común en ciudades y pueblos con edificios y/o viviendas abandonadas. Pero… ¿Que debe hacer un propietario de una vivienda ocupada sin su consentimiento? ¿Puede acudir a los Juzgados para lograr la reparación de esta situación?

El problema radica en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden intervenir, salvo caso de flagrante delito, sin una autorización judicial que les autorice a ello. El propietario tiene dos opciones para recuperar la posesión de su bien; iniciar la vía civil e interponer una demanda de desahucio por precario, o bien iniciar la vía penal, en caso de encontrarnos ante un presunto delito de usurpación.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

El artículo 47 de la Constitución, dentro de los llamados principios rectores de la política social y económica no ampara, el movimiento ocupa. Este movimiento entra en colisión con el artículo 33 del texto constitucional el cual proclama el derecho a la propiedad privada, calificada, según su ubicación, como un derecho de los ciudadanos y dotado de una mayor protección normativa.

1.- EL DESAHUCIO POR PRECARIO

El precario inicialmente tenía como base el consentimiento inicial del propietario. El ejemplo paradigmático era aquel en el que el propietario de un inmueble cedía el disfrute de éste sin que medie renta alguna hasta que el propio dueño lo permitiera.

Actualmente, la tendencia jurisprudencial ha ido ampliando este concepto hasta abarcar aquellas posesiones no toleradas o producidas mediante fuerza en las cosas. Por lo tanto, el elemento esencial es la inexistencia de contraprestación o renta.

Artículo 250 Ámbito del juicio verbal

1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

2.º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

El artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil clasifica como competencia por juicio verbal el llamado “desahucio por precario”. Parte de la base, fundamental en nuestro derecho, de proteger la posesión por encima de la propiedad, pero dotando al propietario, o persona con derecho a poseer, de un procedimiento sumario para su enjuiciamiento. Para que la acción tenga éxito, es necesario que sea iniciada por quien tiene el derecho a disfrutarla, bien a titulo de dueño o usufructuario, y además que quien ocupa el inmueble lo haga sin título alguno.

En caso de éxito, se fijará día y hora para el oportuno lanzamiento, en caso de no abandono voluntario de la propiedad.

2.- EL DELITO DE USURPACIÓN

Según el artículo 245.2 del Código Penal, el delito de usurpación goza de un elemento positivo, la ajena pertenencia, y un elemento negativo, que el inmueble ocupado no constituya morada.

Artículo 245

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Es precisamente el hecho que sea sobre el inmueble que no constituya morada el que marca la razón de ser de este delito, que tiene como elementos:

1) una ocupación con cierta vocación de permanencia

2) que se realice sin título jurídico alguno que legitime la posesión

3) que el titular esté en contra de esa ocupación

4) que el ocupante conozca la ajenidad del inmueble.

No obstante, no toda ocupación es merecedora de reproche penal. El principio de “ultima ratio” de intervención penal limita su ejercicio a aquellas ocupaciones que signifiquen un riesgo claro al derecho al legitimado para su uso o disfrute. Por ello, la acción civil se considera prevalente sobre la penal, limitada ésta a actos especialmente sensibles.

 

.- Supuestos controvertidos:

Daños ocupas

(Foto: Xesús Ponte | El Progreso)

¿Se pueden dar de baja los suministros del inmueble? Siendo puristas, lejos de la creencia general, NO SE PUEDEN DAR DE BAJA LOS SUMINISTROS DEL INMUEBLE, puesto que no existe resolución judicial que acredite la falta de consentimiento de la ocupación. Reitero que el derecho protege la posesión como hecho, por lo que un corte puede suponer una falta de coacciones, entendidas éstas según el concepto del artículo 172 del Código Penal:

El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto…

¿Se pueden reclamar los daños sufridos en la propiedad? El propietario, o persona con derecho, esta legitimado a reclamar ante el órgano judicial los daños sufridos en su vivienda, dependiendo el procedimiento de la vía elegida.

 

 

 

En el Derecho español se distingue entre un Daño Patrimonial y un Daño Moral. Como consecuencia de una misma acción ilícita, aparece una dualidad distinta que se diferencia en el ente sobre el que radica el mal.

Un daño patrimonial provoca una disminución de un medio, una situación personal o de utilidad social de un individuo que termina siendo compensable con dinero o con bienes intercambiables por dinero. Por su parte, el daño moral da un paso más allá, produciendo una reducción del nivel de las aptitudes personales o sociales imposibles de reparar.

Daño Moral

(Foto: Microjuris.com)

Para estos daños morales, el Derecho creó como medio de respuesta un sistema compensatorio que, convirtiendo ese mal en dinero, produce una cierta reparación en la persona del agraviado. Dijo el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 10 de julio de 2012, que en materia de estimación del daño moral debe primar una interpretación restrictiva de la evaluación del daño, al afirmar de modo rotundo que no cabe alegarlo si se produce y se reclama un perjuicio patrimonial, es decir, cuando la lesión incide sobre bienes económicos, a modo de una derivación o ampliación del daño patrimonial

*.- ¿Que elementos se pueden encontrar dentro del Daño Moral?

1.- El impacto moral del hecho sobre la víctima.

2.- Las consecuencias exteriorizables de la lesión física o psíquica, permanentes o temporales, parciales o totales.

3.- Las condiciones personales de la Víctima, en especial sus facultades de recuperación.

4.- El tiempo de postración, incapacidad o convalecencia.

5.- El dolor físico cargado por el acto Ilicito.

*.- ¿Cómo se valora el Daño Moral?

Si en virtud de las condiciones anteriormente expuestas se puede afirmar la existencia de un daño moral, procede la valoración y tasación del mismo. El daño moral tiene múltiples consecuencias en la vida real, tales como un deterioro de la integridad física, la aflicción moral o la pérdida de oportunidades o de calidad de vida.

Estos son los elementos que sirven para determinar la extensión y la valoración monetaria del daño moral. Valoración que deberá hacerse, según la Jurisprudencia, en virtud 1) del nivel económico previo del que padece el daño moral, 2) como se exteriorice el daño del bien jurídico perjudicado, 3) el coste que pueda tener el reestablecimiento de la actividad normal de convivencia y 4), dentro del fuero interno de cada uno, la capacidad de superar el perjuicio causado.

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Dicho esto, como en toda reparación del daño, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil, en toda reparación del daño es necesario afirmar la relación de causalidad entre acción y resultado. Pero no todo daño, pues, volviendo a la Sentencia anteriormente señalada “hay daño moral exclusivamente cuando se ha atentado a un derecho inmaterial de la persona“. 

Por ello, la estimación del daño moral se deberá hacer, siempre, desde un punto de vista restrictivo. No cabrá únicamente su alegación y conversión en la unidad monetaria de referencia, sino que su estimación deberá hacerse desde un punto de vista objetivo, sin dudas respecto a su extensión, y poniendo como punto de origen la situación anterior de la víctima que sufrió ese daño.

 

(vía Asesority.wordpress.com )

Uno de los aspectos más llamativos que tiene la planta judicial española es la diferencia de criterios que puede haber entre órganos que ocupan el mismo escalafón judicial, tanto a nivel nacional como, incluso, a nivel provincial.

Este hecho, ya analizado en anteriores entradas, y enmarcado dentro de lo que es la necesaria independencia judicial, resulta curioso el tratamiento jurisprudencial que tiene la cláusula suelo en la provincia de Pontevedra. Y es que la Sentencia núm. 131 de 9 de abril de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra falla del siguiente modo:

“…la declaración de nulidad de la cláusula y, consiguientemente, su expulsión del contrato, no comporta por sí sola efectos ex tunc, esto es, su aplicación retroactiva al momento de consumación del negocio y consecuente devolución de las cantidades satisfechas en aplicación de dicha cláusula, sino que la declaración despliega sus efectos desde el momento de la sentencia que establece la nulidad, sin afectar a los efectos ya consumados.”

Se parte de la base del juego creado de la interpretación del artículo 1.303 del Código Civil, conforme al cual toda declaración de nulidad conllevaría la falta de efectos desde el momento de comienzo de efectos del negocio jurídico. Afirma esta Sentencia que “… No estamos, pues, ante una doctrina planteada ex novo con motivo de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, y menos aún ante una decisión que excepcione la “ordinaria” aplicación del art. 1303 CC, sino ante una línea jurisprudencial consolidada, en la que se puede citar igualmente la STS de 15 de enero de 2010 que, en esencia, supone que el art. 1303 CC no puede aplicarse mecánica y literalmente con independencia de la figura contractual de que se trate o de la causa de la nulidad” [Pág. 11]

Sentada esta excepción, la cual, curiosamente, se justifica en nada menos que en diez páginas, la Audiencia Provincial entra a analizar la licitud o ilicitud de la cláusula suelo, Como 2ª Instancia, se limita a una tarea de ratificación del contenido del Jugador <<a quo>>, utilizando como base la renombrada Sentencia 241/2013, de 9 de mayo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Califica el supuesto base (la nulidad de la cláusula suelo) como “…uno de los supuestos (la concreta causa de la declaración de nulidad), que la jurisprudencia ha valorado reiteradamente a los efectos de graduar la sanción que la nulidad lleva en principio aparejada. Supuesto en el que, además, concurren circunstancias específicas que refuerzan la opción por la modulación de la sanción.” [Pág. 12], hecho que anticipa el que finalmente es el resultado final del recurso de apelación presentado por la representación procesal del cliente de la entidad financiera.

AudienciaProvincialPontevedra_SedeVigo

Sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo (Fuente: galipedia.es)

Modulación que realiza utilizando como base la Legislación de Consumidores y Usuarios. Afirma la Audiencia que “…el art. 1303 CC no actúa automáticamente, ni, en consecuencia, la declaración de nulidad despliega todos sus efectos con carácter retroactivo al momento de perfección del contrato, puesto que no se trata de restituir el estado de cosas a la situación primitiva, sino de expulsar la cláusula del contrato y tenerla por no puesta, que es lo que ordenan tanto el art. 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios como el art. 6 de la Directiva 93/13/CEE, de forma que en estos casos la regla de la retroactividad deberá ser modulada en atención a la estructura de la eficacia contractual ya desplegada.” [Pág. 9].

De este modo, y siguiendo a pies puntillas la doctrina emanada del Alto Tribunal, la modulación se convierte en la consecuencia jurídica de una estipulación contractual declarada y confirmada como nula. Nulidad basada en la falta de transparencia en la actuación de la entidad financiera causante de falta de la falta de información en la persona del cliente.

Ni siquiera se puede utilizar como ataque a la resolución el ir en contra de la Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, entendida según el artículo 1.6 del Código Civil, como aquella idea “reiterada y unánime” expresada por la Sala de lo Civil en sus sentencias. “De un lado, y de acuerdo con el art. 1.6 CC, complementa el ordenamiento jurídico, en el sentido de que interpreta y aplica las verdaderas fuentes, fijando el modo uniforme de aplicar el Derecho y, por tanto, elaborando el denominado Derecho “vivo”; y, de otro lado, su infracción permite interponer el recurso de casación por interés casacional, al amparo del art. 477 apartados 2.3º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendiéndose que un recurso presenta interés casacional “cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo”. Es cierto que el art. 1.6 CC exige que la doctrina sea reiterada, es decir, que provenga de dos o más sentencias.[Pág. 13] dice la Sentencia de la Audiencia Provincial, quien también estima que, ante el riesgo de ver perjudicado el orden público, afirma que “el conflicto enjuiciado no puede abordarse como algo ajeno al conjunto de procedimiento derivados de la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas en miles de procedimiento, y ésa fue justamente la razón a la que alude el Tribunal Supremo en su sentencia“.

En definitiva, lo que en su día fue una muy buena noticia para una multitud de afectados que vieron como se abría una puerta hacia la recuperación de aquellas cantidades indebidamente cobradas, hoy esa puerta, cuanto menos en Pontevedra, se ve cerrada con una resolución que, pese a encontrarse justificada y fundamentada en Derecho, se olvida que el Derecho debe ser la piedra angular de un funcionamiento mecánico y pacífico de la actividad negocial de la Sociedad.

A veces, el derecho sirve para algo más que para entender el motivo de por qué un determinado acto puede tener una u otra consecuencia jurídica, sino que sirve para entender la idiosincrasia de un pueblo y las razones que lo llevaron a dónde está. Un derecho que, lejos de la concepción positivista, trae oculto algo más.

El uno de enero de 2015 (dentro de poco más de siete meses), finalizará la vigencia de una medida, con origen en 1964, que tenía como fundamento el dotar a las ciudades españolas, otrora sin desarrollar, de un esplendor, un tinte urbano, que fue germen de la España moderna que fuimos y que todavía somos. El uno de enero de 2015 finalizará el régimen de la renta antigua en los locales de negocio.

Multitud de negocios se verán obligados a cerrar sus puertas el 1 de enero de 2015. (Foto: elcomercio.es)

Multitud de negocios se verán obligados a cerrar sus puertas el 1 de enero de 2015. (Foto: elcomercio.es)

Multitud de negocios y locales comerciales con contratos de arrendamiento fechados con anterioridad a la promulgación del ‘Decreto Boyer’ tienen fecha de caducidad con el presente año. Negocios y locales comerciales históricos que no sólo representan la historia de una vida para sus arrendatarios, sino que tuvieron la habilidad de persistir en su actividad y ser testigo directo del cambio de la Sociedad que los rodea. Los comercios  que actualmente mantienen el régimen de renta antigua tienen como fecha límite el 1 de enero de 2015 para renegociar sus alquileres a precios actuales de mercado con los propietarios de los locales. Con el cambio de año se extinguirán automáticamente todos los contratos de arrendamiento firmados antes del 9 de mayo de 1985, al caducar el periodo transitorio o de prórroga concedido a este tipo de inquilinos comerciales que siguen rigiéndose por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964.

Para una multitud de pequeños establecimientos tradicionales (‘de toda la vida’), que, en su mayoría, ha ido pasando de abuelos a padres y de padres a hijos, generación tras generación, esta actualización provocará un aumento en la renta que deban abonar como contrapartida en su contrato de arrendamiento. Cuestión ignorada por algunos, pues la ley no está hecha para el ciudadano, o cuestión imposible de solucionar para otros, pues el crudo mercado no entiende de sentimentalismos, el fin de año significará el fin de un pedazo de la historia de nuestras ciudades. Cuestión que, en muchos casos, puede significar su cierre.

.- ¿Soluciones legislativas?

El Grupo Socialista en el Senado presentó una proposicion de Ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de apoyar a las PyMEs y a las empresas de comercio, restauración, hosteleria y reparación (las principales afectadas), con el objetivo último de permitir la continuación de la actividad comercial y la conservación del empleo que eneran estas empresas. Así, se planteó una moratoria de cinco años en la extinción de la renta antigua en estos negocios, de manera que su fecha de caducidad se sitúe el 1 de enero de 2020.

.- ¿Por qué 2015?

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 dejará de tener efectos ventajosos para algunos minoristas por el denominado ‘Decreto Boyer’ de 1985. Entre los objetivos del decreto del exministro socialista Miguel Boyer figuraba la rotación de los arrendatarios de los locales una vez que se acabara el plazo de prórroga de la renta antigua, calculado para 2015, pues en su día se calculó que  la gran mayoría de inquilinos comerciales de este tipo estarían en edad de jubilación, por lo que una nueva generación podría tener acceso a esos establecimientos. No obstante, situaciones imprevistas como la crisis o las diferentes reformas del sistema público de pensiones provocaron que estas previsiones se volvieran inútiles y carentes de virtualidad práctica.

Fuente:

1.- http://www.eleconomista.es (El PSOE propone prorrogar hasta 2020 los alquileres de renta antigua en los locales de las pymes’)

2.- http://www.antena3.com (‘Negocios centenarios al borde del cierre por el fin de la prórroga de la ley de arrendamientos‘)

En el blog de Avogados Novos de Vigo… ¿recibe el Turno de Oficio el trato que se merece por parte del Gobierno Central?

Mudámos de casa, a nova dirección é

   El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado el día viernes 21 de febrero de 2014, el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita; solamente con leer la exposición de motivos queda patente que el Gobierno no garantiza una financiación pública suficiente para mantener el sistema de justicia gratuita por lo que al ciudadano le será mucho más difícil tener derecho a la Justicia gratuita, es decir, a la tutela judicial efectiva “garantizada” por nuestra Constitución. Nuestra compañera Paz Carril hace estas acertas reflexiones sobre el proyecto del hiperactivo Ministro Gallardón.

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Los actos de Jurisdicción Voluntaria se caracteriza por la ausencia de contradicción y, en consecuencia, el carácter no litigioso de los expedientes. Terminan con una resolución que no produce de los efectos de “cosa juzgada”, pues en su desarrollo o no interviene la autoridad judicial, o cuando lo hace lo hace carente de potestad jurisdiccional.

Los actos de Jurisdicción Voluntaria pueden estar encomendados a los Jueces o a órganos no judiciales. La normativa aplicable está en el Libro I del Código Civil y en el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, prorrogada hasta la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. De este modo, los actos de Jurisdicción Voluntaria se regulan por los artículos 1811 a 2174 del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con excepciones,

.- Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria

  1. Actos de conciliación.
  2. Declaraciones de herederos.
  3. Informaciones para perpetua memoria y dispensa de ley.
  4. Declaraciones de ausencia y fallecimiento.
  5. Autorizaciones judiciales para los expedientes para gravar o enajenar bienes de quienes están sujetos a patria potestad o tutela, ampliación de gravámenes de estos mismos y transacción de sus derechos.
  6. Subastas judiciales voluntarias.
  7. Expedientes de consignación.
  8. Aceptación de herencia aceptación y repudiación de herencia a beneficio de inventario y derecho a deliberar.

.- Diferencias con la Jurisdicción Contenciosa (en el ámbito civil)

Los documentos presentados y las justificaciones que se ofrecieran se admitirán sin necesidad de solicitud.

Si se suscita oposición a la solicitud que promueve el acto de Jurisdicción Voluntaria se hará contencioso el expediente, sujetándose a las normas del juicio que corresponda según la cuantía.

El Juez podrá variar  las providencias –resoluciones judiciales que impulsan el procedimiento- sin contener ningún tipo de razonamiento jurídico, sin sujeción a los plazos y formas establecidas para la Jurisdicción Contenciosa.

Los expedientes de Jurisdicción Voluntaria no serán acumulables a ningún juicio de la Jurisdicción Contenciosa.

.- Procedimiento

La competencia objetiva para conocer de estos actos la tienen los Jueces de Primera Instancia, según dispone el art. 85.2 de la LOPJ.

En lo referente a la necesidad de contar con Procurador de los Tribunales y Abogado la Disposición Derogatoria Única de la LEC vigente ha dejado en vigor los números 1.º y 5.º del artículo 4 y los números 1.º y 3.º del artículo 10 de la LEC de 1881. El Ministerio Fiscal intervendrá y será oído siempre que la solicitud promovida afecte a los intereses públicos o cuando se refieran a una persona o cosa cuya protección competa al Estado. El Ministerio Fiscal emitirá su informe por escrito, previa entrega de los autos -expediente-.

.- ¿Ley de Jurisdicción Voluntaria?

Dice la Disposición Final 18ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

En el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria.

Hubo un intento de aprobación de la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria con la aprobación del proyecto por el gobierno el día 20 de julio de 2006 que, según declaraba el mismo Consejo de Ministros, descargaría de trabajo a los jueces, haciendo recaer una parte de los expedientes en otros funcionarios especializados.Con la aprobación de este proyecto, el Gobierno daba cumplimiento a un mandato introducido por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que imponía la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre esta materia, pese a que el propio texto estableció el plazo de un año para su tramitación, como hemos apuntado anteriormente.

Sin embargo, el Gobierno anunció en el mes de octubre del año 2007 la retirada del proyecto de Ley sobre la Jurisdicción Voluntaria que hubiera debido debatirse para su aprobación definitiva en el pleno del Senado.

.- Propuesta de Anteproyecto de la Jurisdicción Voluntaria

El anteproyecto realiza una nueva distribución de funciones entre el Juez y el Secretario Judicial, dentro del órgano jurisdiccional, y además dispone nuevas competencias para los Notarios y Registradores. Ello implica que no se trata de una Ley de Jurisdicción Voluntaria stricto sensu, sino de una Ley que además tiene que modificar otros cuerpos normativos importantes, como la Ley Notarial y la Ley Hipotecaria, para adaptar estas nuevas competencias.

Uno de los objetivos del legislador en los últimos tiempos, que casi podría considerarse una obsesión, es paliar la carga excesiva de trabajo en los órganos judiciales. La encomienda exclusiva que el artículo 117 de la Constitución hace a los Juzgados y Tribunales para que juzguen y hagan ejecutar lo juzgado no impide atribuir a los Secretarios Judiciales funciones que no sean estrictamente jurisdiccionales.

Fuente:

1.- www.iuriscivilis.com (‘La Jurisdicción Voluntaria’)

2.- www.abogacia.es (‘Retos legislativos 2014; Jurisdicción Voluntaria, ¿Por fin?‘)

3.- Propuesta de Anteproyecto de la Jurisdicción Voluntaria 

En el Blog de Avogados Novos de Vigo… ¿Conoces los aspectos fundamentales de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Valdemar Álvarez nos los cuenta:

Mudámos de casa, a nova dirección é

A nosa Asociación se opón frontalmente ó Anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial presentada polo Ministro Gallardón.

Nos opoñemos ó control sobre a Xustiza e o ataque á independencia xudicial que supón o mencionado Anteproxecto.

Non toleraremos que a Xustiza se afaste máis dos cidadáns, eliminando o partido xudicial de Vigo.

Avogados Novos  Vigo se movilizará contra a LOPX xunto coas forzas sociais, políticas, sindicais e empresariais de Vigo.

Os dejamos un resumen del Anteproyecto, realizado por nuestro compañeroVALDEMAR ÁLVAREZ

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