Un proyecto de Ley de Justicia Gratuita que restringe el derecho a la defensa letrada

Artículo 119 de la Constitución Española

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El artículo 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine. Se trata de un derecho de carácter prestacional, de configuración legal, cuyas concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados y a las disponibilidades presupuestarias del momento.

El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, podrá modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los que pueda disponer en cada momento. Sin embargo,  “en todo caso“, la gratuidad se reconocerá “a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar“.

Según la doctrina del Tribunal Supremo entre otras, en sus sentencias 77/1983 ó 216/1988, la gratuidad de la justicia se configura como un derecho subjetivo cuya finalidad es asegurar la igualdad de defensa y representación procesal al que carece de medios económicos, constituyendo al tiempo una garantía para los intereses de la Justicia.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional (STC 16/1994, de 20 de enero), el legislador puede fijar este concepto normativo relativamente abierto a partir de criterios objetivos como el de una determinada cantidad de ingresos, u optar por un sistema de arbitrio judicial dejándolo a la decisión discrecional de los Jueces o de éstos y otras instancias, o puede utilizar fórmulas mixtas limitándose a establecer las pautas genéricas que debe ponderar el Juez al conceder o denegar las solicitudes de gratuidad.

JusticiaGratuita

(Imagen: DiarioJurídico.com)

Sin embargo, el PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA aprobado recientemente por el Gobierno que dirige M Rajoy, tras ser presentado por el renombrado Ministro de Justicia A Ruiz Gallardón tiene en mente la modificación de un sistema, el vigente desde la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que se ha mostrado eficaz y duradero con casi veinte años de vigencia. Curiosamente, la Exposición de Motivos de esta Ley, tras la supresión de las “tasas judiciales” de la Ley 25/1986, reconoce que “el núcleo de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos”.

¿Por qué la Abogacía, con el CGAE, está en contra del Proyecto? Se olvida del centro de una norma que garantiza el acceso a la Justicia y, como tal, del funcionamiento mismo del Poder Judicial. Se olvida del Ciudadano. Parafraseando al Consejo General de la Abogacía Española, “supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales“.

  • Se suprime  la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados , algo que atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano. Demoras injustificadas, con causa únicamente en la lejanía del profesional asignado con la dependencia judicial, pueden frustrar la necesaria celeridad de este servicio público.
  • Vinculación a la Ley de Tasas. Se vincula a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes, nunca por los ciudadanos.
  • Una subida de los umbrales de acceso. Lo cual, en unión a la aprobación de la Ley de Tasas, provocará mayores dificultades a la hora de acceder a este derecho fundamental, reforzando la llamada ‘Justicia de dos velocidades‘.
  • Aumento de la burocracia necesaria para su solicitud.
  • Falta de igualdad entre los ciudadanos, pues se propone la extensión de este derecho a colectivos y entidades sin atención a la capacidad económica de los beneficiarios.
  • Aumenta las obligaciones de los abogados para la justificación de los servicios prestados y, como contrapartida, reduce los honorarios generados por las guardias.

 

Fuente:

1.- ABOGACIA.ESLa Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita menoscaba el derecho de defensa de los ciudadanos

2.- CONGRESO.ESSinopsis artículo 119

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