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Archivos Mensuales: mayo 2014

La Circular de 6 de julio de 1957 prohibía “cualquier manifestación de desnudismo e incorrección en el mismo aspecto que pugne con la honestidad y el buen gusto tradicionales de los españoles“. Este era el concepto que calificaba el Régimen del General Franco como atentado a la moral. Dentro de este concepto incluía, como prenda de baño decorosa “las llamadas de dos piezas para las mujeres y slips para los hombres. Aquellas deberán llevar el pecho y la espalda cubiertos y éstos pantalones de deporte“.

Este es el origen de la mal llamada ‘prohibición al nudismo’ en nuestro país, pues no sólo incluía la desnudez entre las conductas prohibidas, sino que regulaba el vestuario a la hora de disfrutar de las costas españolas.

No obstante, desde la Constitución Española de 1978, la moral cede ante lo legal. Por lo tanto, la moral pública en concreto, y ninguna moral en especial, prevalece sobre otra a la hora de ser protegida por las leyes. Así pues, no existe ningún impedimento legal para la práctica del nudismo, incluyéndose, por tanto, el derecho al desnudo público..

El fin de la prohibición parte del artículo 431 del Código Penal de 1973:

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otro actos lúbricos o de exhibición obscena ante menores de dieciséis años o deficientes mentales, será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas.

Se impondrá la pena de multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas al que ejecutare o hiciere ejecutar a otro las acciones previstas en el párrafo anterior ante mayores de dieciséis años sin su consentimiento. Para proceder por el delito previsto en este párrafo será precisa denuncia de la persona agraviada.

Tetiñas Free

‘Tetiñas Free’ fue el lema de los precursores del nudismo en Galicia (1983). (Foto: CNER | El Correo Gallego)

Fue la aprobación de la L.O. 5/1988, de 9 de junio, la que derogó los delitos de escándalo público incorporando los actos lúbricos o la exhibición obscena y suprimiendo toda mención a la desnudez como delito. Una situación que apenas duró siete años con la aprobación del Código Penal de la democracia, pues el “escándalo público” deja de existir como delito. Entre medias, se crearon las llamadas playas autorizadas, aquellas destinadas a cubrir la creciente demanda nudista de una Sociedad que vivía a caballo entre los aires democráticos de la Constitución y los aires autoritarios del Régimen. Es desde 1995 cuando el nudismo es plenamente legal en cualquier situación o lugar (playa, río, parque,…). 

Dice el artículo 16.1 de la Constitución Española que la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley, reconociendo, a su vez, el artículo 20 que todo español tienen derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Resulta especialmente relevante la Sentencia 1088/2009, de 19 de diiembre de 2009, de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona:

No puede obviarse que el nudismo por sí mismo no es constitutivo de infracción criminal. Incluso alguna autoridad municipal de nuestra Ciudad en algún momento hizo gala de la tolerancia de Barcelona para con esta forma de expresión corporal, llegando a autorizarse manifestaciones multitudinarias de nudistas en zonas muy céntricas de la ciudad

Y la mayor muestra de ello no sólo es que se pueda practicar el nudismo en cualquier lugar o espacio público, sino la creciente aceptación que como estilo de vida y pensamiento tiene en nuestra Sociedad.

Nudismo_textiles

Nudistas’ y ‘textiles’ tienen pleno derecho a compartir espacios públicos. (Foto: ElPaís | AgenciaATLAS)

Durante la vigencia de un contrato de arrendamiento (tanto de vivienda como de local), puede suceder que el arrendatario, cumpliendo su obligación de pago, intente materializar la prestación que por contrato tiene asumida, pero que no lo logre bien porque el arrendador no lo acepta, bien por que el arrendador se encuentra ilocalizable o incapacitado.

A esta cuestión responde el Código Civil, cuando en su artículo 1176 se pronuncia del siguiente modo:

Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.

La consignación por sí sola producirá el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente o cuando esté incapacitado para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o se haya extraviado el título de la obligación.

Este supuesto nace con el objetivo de salvaguardar la intención del arrendatario de cumplir con su obligación, independientemente de que el arrendador facilite o no su cumplimiento.

1.- Tipos de Consignación

a) Consignación Notarial: Mediante la intervención de un Notario. Tiene como pega el elevado coste de la misma, en forma de arancel, pero tiene como punto a favor la celeridad en el procedimiento.

b) Consignación Judicial: Se materializa en el denominado ‘Expediente de Consignación Judicial‘. Se caracteriza por la intervención del órgano jurisdiccional, ante el que se acreditará el ofrecimiento y el anuncio de la consignación de la cantidad. Quizás sea el más adecuado para asegurarse el cumplimiento del pago y evitar futuras reclamaciones judiciales.

2.- ¿Cuál es la regulación del Expediente de Consignación Judicial?

La regulación de este Expediente en el Código Civil parte del doble equilibrio entre arrendador y arrendatario. Los artículos 1176 a 1181 tienen como punto de partida común la vigencia del contrato de arrendamiento. Así, se garantiza tanto el derecho y el deber de cobrar y de pagar, ambas en su doble vertiente.

Es suficiente con acudir al Juzgado Decano del domicilio del arrendatario e indicar que se desea realizar una consignación judicial de la renta debida porque el arrendador no le acepta el pago para que se le extienda el impreso en el que se indica el número de cuenta y la entidad donde debe realizarse. El siguiente requisito lo marca el artículo 1177 del Código Civil:

Para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación.

La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago.

A partir de este momento, la tramitación es sencilla. Tras admitirse la solicitud, se dará traslado de la misma al arrendador, requiriéndole para que acepte el pago. Si se opusiese, el Juez dará por hecha la consignación. 

Este procedimiento será necesario realizarlo cada mes, a efectos de evitar un presumible Juicio de Desahucio.

 

Ya en términos generales, el Código Civil contiene una serie de reglas generales a la hora de proteger el cumplimiento de todo tipo de obligación, no sólo el cumplimiento del pago de una renta. Así:

Artículo 1178

La consignación se hará depositando las cosas debidas a disposición de la Autoridad judicial, ante quien se acreditará el ofrecimiento en su caso, y el anuncio de la consignación en los demás.

Hecha la consignación, deberá notificarse también a los interesados.

Artículo 1179

Los gastos de la consignación, cuando fuera procedente, serán de cuenta del acreedor.

Artículo 1180

Hecha debidamente la consignación, podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la obligación.

Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, o no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligación.

Artículo 1181

Si, hecha la consignación, el acreedor autorizase al deudor para retirarla, perderá toda preferencia que tuviere sobre la cosa. Los codeudores y fiadores quedarán libres.

Condena a un notario por omitir un embargo a un comprador

El notario Sergi González autorizó el 22 de septiembre de 2008 el otorgamiento de la escritura pública de compraventa de una vivienda situada en el Paseo de Gracia de Barcelona, propiedad de Sermas S.L. y que fue adquirida por Natrolita S.L. por 2.450.000 euros.

Seis días antes de la firma de la escritura, un oficial de la notaría solicitó al Registro de la Propiedad número 15 de Barcelona información registral continuada de la finca. El 18 de septiembre, a las 9.48 horas, el Registro creó un documento con la información requerida, pero no consta acreditada su recepción en la notaría. A las 12.39 horas del mismo 18 de septiembre entró en el Registro un mandamiento judicial de embargo sobre esa finca por un importe de 1.970.877 euros de principal y 580.000 euros de intereses y costas.

El Registro creó un nuevo documento para comunicar a la notaría por fax informático la orden de anotación de embargo. El sistema informático generó un informe según el cual el documento fue recibido por el destinatario el 19 de septiembre a las 9.47 horas.

También el 19 de septiembre, el oficial de la notaría comunicó por teléfono al Registro que no había recibido la información solicitada y facilitó un nuevo fax. El Registro reenvió sólo la primera nota, que fue recibida. La escritura se otorgó sin que incluyera, ni se pusiera en conocimiento del comprador, la existencia de un embargo que devaluó la vivienda en una cifra similar a la de la compraventa.

Este es el pequeño relato de un cúmulo de errores y descordinación entre Notaría y Registro de la Propiedad que provocó la condena al Notario D. Sergi González al pago de 2,4 millones de €uros por no suministrar una información correcta, exacta e íntegra de las cargas del bien objeto de compraventa. Es decir, crea una suerte de responsabilidad profesional de carácter objetivo a partir de la Sentencia Núm. 1232/2014, de 18 de marzo, con causa en el perjuicio causado a la Sociedad compradora, aunque el error fuera, o no, directamente imputable a la actuación de la Notaría.

Ahora bien… ¿Que máximas sigue nuestro ordenamiento jurídico en materia contractual?

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(Foto: Wikipedia.com)

a) El Código civil como regla general exige, para que se genere una responsabilidad, ya contractual ya extracontractual, un acto u omisión ilícito, culpa o negligencia o dolo, un daño y un nexo causal ente el acto y el daño.

b) También en el Código civil encontramos algunos casos como los de responsabilidad con culpa presunta, con posibilidad de prueba en contrario.

En algunos casos, la regla general de acto-culpa-daño-nexo ha sido modificada y matizada por la Jurisprudencia exigiendo en la intervención de los agentes una superior diligencia mediante una reducción de la rígidez del requisito de la causalidad o invirtiendo la regla por la que el que alega el daño debe probarlo. Esto es, únicamente es necesario acreditar la existencia o la causación de un daño.

c) Ciertas leyes especiales se apartan de las reglas anteriores y adoptan la llamada responsabilidad objetiva, de acuerdo con la teoría del riesgo, que entiende que quien con su actividad económica genera un riesgo real tiene la obligación de indemnizar con independencia de la culpa

Dicho esto… ¿Que es la responsabilidad objetiva?

La responsabilidad objetiva es una “especie” dentro de la teoría de la responsabilidad civil, la cual se produce con independencia de toda culpa por parte del responsable. Esto es, aquella persona que provoque un daño, aunque no sea intencionado ni pueda ser evitado, tiene que reparar el daño causado. Los principales caracteres que delimitan esta cuestión son:

a) La responsabilidad se califica como consecuencia de la actividad desarrollada.

b) Ha de estar previamente determinada por una norma legal.

c) El agente causante del daño únicamente ve exonerada su responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor.

Siguiendo lo anteriormente expuesto, es necesario destacar que serán las leyes las que determinen aquellos supuestos en los que debe regir la regla de la responsabilidad objetiva. Pienso en aquellos casos previstos en la Ley de Caza, los referentes a la circulación de Vehículos a Motor o, en un caso más extremo, en la Ley de Seguridad Nuclear. También el Código Civil, en los artículos 1905 y siguientes, se incluyen supuestos de responsabilidad objetiva, en aquellos daños causados por animales, por el propietario de una heredad de caza o por ruína.

A tenor de lo anterior expuesto… ¿Cabe una responsabilidad objetiva de carácter profesional?

O dicho de otro modo, el profesional debe ser responsable de todo aquello que pueda suceder dentro de su actividad, dependa de él directamente, dependa de terceras personas o sociedades. La sentencia anteriormente transcrita parece dar un paso más en la teoría de la objetivización del daño.

Afirma la antedicha Sentencia del Tribunal Supremo que ” el presente en que el sistema de comunicación entre la notaría y el registro no funcionó, y se declara probado que el registro remitió la comunicación en la que informaba del embargo y la notaría debió recibirlo, la ignorancia del notario sobre la existencia de esta carga es inexcusable, a los efectos de responder, conforme al art. 146 RN, de los daños y perjuicios ocasionados al comprador

Artículo 146 RN:

El Notario responderá civilmente de los daños y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o ignorancia inexcusable.

El resultado es evidente. Se le atribuye al Notario el deber de cerciorarse del correcto funcionamiento de todos los elementos que deban ser parte durante la tramitación del negocio jurídico, sean dependientes o no de él. Extrapolando esta circunstancia al ejercicio de la abogacía… ¿nos podemos encontrar ante el inicio de una suerte de responsabilidad objetiva de carácter profesional por el hecho de un fax que no te entre? ¿y por un correo electrónico que no sea recibido en la bandeja de entrada?

Fuente:

1.- HayDerecho.com ‘Cornudos y apaleados: ¿hacia la responsabilidad profesional objetiva?

2.- Cuestionesciviles.es Supuestos de responsabilidad objetiva en el Código Civil

Sentencia 1232/2014, de 18 de marzo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo’

Uno de los Principios Generales del Derecho sobre el que radica la práctica judicial es aquel que limita la posibilidad de volver sobre los propios actos. Una idea comúnmente admitida que se ha visto superada con el inicio de las acciones de nulidad de la compra de híbridos financieros que, de forma generalizada, comercializaron la gran mayoría de nuestras entidades financieras.

 

(*) Lea el Artículo completo en legaltoday.com 

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En el blog de Avogados Novos de Vigo…

Mudámos de casa, a nova dirección é

   El otro día en una reunión de Avogados Novos, una compañera mencionó esta frase que  yo desconocía y nos contó su historia, me quedó grabada y me puse a investigar sobre su origen.

   Cuenta la leyenda que una buena mañana del siglo XVIII, en Potsdam, el Rey Federico II “El Grande” de Prusia, estaba  molesto porque un molino cercano a su palacio de Sanssouci afeaba el paisaje. Bien es sabido que el capricho de los reyes no tenía límites, y por ello, de inmediato, quiso Federico comprar al molinero – hombre honesto y orgulloso de su propiedad adquirida a lo largo de años de tenaz esfuerzo- su molino, por lo que envió a un edecán a que lo comprara por el doble de su valor, para luego demolerlo.

   Al regresar el emisario real con la oferta rechazada, el rey Federico II de Prusia se…

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Hoy, una compañera de Avogados Novos de Vigo me recordó una historia que había quedado en el baúl de los recuerdos de una memoria que empieza a pecar de selectiva. Aquella historia de un Juez de Berlín que tumbó la pretensión de Federico II de Prusia de demoler un simple, pero importante, molino.

Cuenta la leyenda que una buena mañana Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio Sans Souci afeaba el paisaje, envió a un edecán a que lo comprara por el doble de su valor, para luego demolerlo.

Al regresar el emisario real con la oferta rechazada, el rey Federico II de Prusia se dirigió al molinero, duplicando la oferta anterior. Y como este volviera a declinar la oferta de su majestad, Federico II de Prusia se retiró advirtiéndole solemnemente que si al finalizar el día no aceptaba, por fin, lo prometido, perdería todo, pues a la mañana siguiente firmaría un decreto expropiando el molino sin compensación alguna. Al anochecer —continúa la leyenda— el molinero se presentó en el palacio y el rey lo recibió, preguntándole si comprendía ahora ya cuan justo y generoso había sido con él. Sin embargo, el campesino se descubrió y entregó a Federico II una orden judicial que prohibía a la Corona expropiar y demoler un molino solo por capricho personal. Y mientras Federico II leía en voz alta la medida cautelar, funcionarios y cortesanos temblaban imaginando la furia que desataría contra el terco campesino y el temerario magistrado. Pero concluida la lectura de la resolución judicial, y ante el asombro de todos —finaliza la leyenda—, Federico el Grande levantó la mirada y declaró: “Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”. Saludó al molinero y se retiró visiblemente satisfecho por el funcionamiento institucional de su reino, aseguran los cronistas de palacio.

El “juez de Berlín” representa, en el mundo del Derecho la primacía absoluta de la ley, expresión de la soberanía popular, y la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante ella, exigencias ambas inseparables del Estado de derecho.

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Molino de Sans-Souci (Foto: Infobae.com)

Traspasado al momento histórico en el que nos encontramos, el juez de Berlín viene a significar la necesidad de una justicia cercana, con un acceso asequible para el común de los ciudadanos. Una justicia de la que no sólo el poder se sienta orgulloso, sino que sean los propios ciudadanos los que piensen en el buen nombre del Poder Judicial. Pienso en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, tras politizar el órgano de gobierno, ahora remite la capitanía del Partido Judicial a las capitales de provincia; pienso en la Ley de Tasas, que obliga a pagar un impuesto por defender un derecho y pienso, entre otras, en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que dificultará el acceso a una justicia gratuita y de calidad a aquellos que carecen de medios suficientes para litigar.

¿Os imagináis que sería del molinero de Berlín sin poder acceder a la Justicia? ¿Sin poder rechazar el poder real y defender sus derechos ante un Juez Imparcial? ¿Y si tuviera que pagar un impuesto por defender su derecho? ¿Podríamos disfrutar de esta bella y didáctica historia?

Fuente:

1.- Elpais.comEl Juez de Berlín

El pasado 28 de marzo se publicó en el BOE la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se reforma el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que adapta la normativa española del año 2007 a la Directiva 2011/83/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

Una de las principales novedades, y quizás sobre uno de los aspectos que más de discusiones provoca en el día a día, es la nueva regulación que este texto hace del derecho de desistimiento, Desistimiento es la facultad de un consumidor de un bien para devolverlo al comercio dentro de un plazo legal, sin tener que alegar ni dar ninguna explicación al respecto, especialmente cuando se ha comprado a distancia (cuando se compró no se tenía delante para ver qué era) y sin penalización.

Ahora bien, ¿cómo configura la Ley el derecho de desistimiento? El artículo 102.1 lo califica del siguiente modo:

“…el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los artículos 107.2 y 108”

Partiendo de esta regla general, se incluyen en la Ley una serie de excepciones a esta regla general (artículo 103) en las que no cabe el desistimiento. Así:

a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.

h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.

k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.

l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.

Como regla general, se prevé una regulación más amplia del derecho de desistimiento en aquellos contratos celebrados a distancia y en aquellos contratos celebrados fuera del establecimiento, incorporando formularios normalizados al efecto. Incluso se contempla la posibilidad de que el empreario ofrezca al consumidor y usuario la posibilidad de cumplimentar el formulario de desistimiento on-line.

Respecto al procedimiento, la Ley regula un complejo desarrollo de esta facultad (artículos 105 a 108) tendentes a conseguir el necesario equilibrio entre los derechos y obligaciones de consumidor y empresario, siempre dentro del plazo de 14 días cuyo cómputo se hará en virtud de las reglas del artículo 104.

Fuente:

1.- El blog jurídico de Sepin (‘Principales novedades de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios‘)

2.- Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

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