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Archivos Mensuales: junio 2014

“Artículo único. Abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

  1. S. M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España.
  2. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.

Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

El Consejo de Ministros aprobó, en sesión extraordinaria del 3 de junio, la Ley Orgánica de Abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón cuyo texto es el arriba transcrito. Tras el preceptivo trámite, llevado por un procedimiento de urgencia, que consistió en su aprobación, por mayoría cualificada, del Congreso y del Senado, en la tarde de hoy, miércoles 18 de abril, el instante que cambiará la historia reciente de nuestro país.

Abdicación_Rey

Momento en el que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos sanciona y promulga la Ley Orgánica por la que hace efectiva la abdicación de la Corona de España © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

Anatomía de un instante” fue el titulo elegido por Javier Cercas para analizar, desde su fuero interno, un momento importante en la historia reciente de nuestro país, el 23-F. Quizás sea una licencia innecesaria, pero me parece la frase que mejor puede describir todo lo que provocó la firma y posterior refrendo de esa Ley Orgánica.

Sin entrar en debates respecto a una forma de Estado u otra, el hecho de que no se consulte a la ciudadanía, de modo pacífico, voluntario y libre sobre cómo quiere ser gobernado permitiría poder calificar, a todos y cada uno de los administrados como ciudadanos, olvidando la antigua concepción de súbdito. Así:

  • Se crea, por primera vez en la historia, la figura del “Rey Cesante”. Un Rey que, hablando en términos coloquiales, presentó su dimisión, aceptada por los Partidos Políticos con representación en las Cortes Generales.
  • La premura con la que se llevó todo el proceso. En apenas dos semanas y media, se pasa de la abdicación a la coronación, evitando, al máximo, el debate público.
  • La creación de un nuevo cargo, bajo el mismo halo de monarquía, encarnado en los padres del futuro Rey de España. Seguirán teniendo honores de Rey, y seguirán gozando de los privilegios que tal cargo conlleva, incluso la inviolabilidad judicial. Con la peculiaridad de que será a partir de la publicación de una reforma legislativa en el próximo Consejo de Ministros, con lo que, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Abdicación y hasta esta reforma, este privilegio quedará en suspenso.
  • La discriminación constitucional por razón de sexo que, con la entronización de Felipe VI, se materializa, contrario al principio de igualdad ante la Ley.

 

En resumen, e independientemente de todo el recorrido práctico de los últimos acontecimientos y de todo el debate que trae consigo, la realidad será que se le va a dar honores de rey a un particular.

Mudámos de casa, a nova dirección é

    Aprovechando la publicación del texto de CGPJ, en la que se reafirma el sistema de juzgados uniprovinciales haciendo caso omiso a las reivindicaciones que desde Vigo se hacen para que debido a la peculiaridad de nuestra provincia se creen 2 partidos judicales dentro de la provincia de Pontevedra, os dejamos el escrito hecho por nuestro compañero Victor Piñeiro explicando en que consisten las peculiaridades de nuestra ciudad VIgo, y porque debemos tener un partido judicial.

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“la justicia es igual para todos”

Esta renombrada frase, con base en el artículo 14 de la Constitución que proclama la igualdad para y ante la Ley de todos los españoles, pronunciada por SM el Rey D, Juan Carlos (todavía Rey), no deja de ser una suerte de declaración de intenciones, toda vez que no sólo la Constitución Española, sino que también las leyes que de ella derivan, vienen a manifestar excepciones a la regla general del deber de todo ciudadano de acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando sean citados para ello.

Me refiero a los diferentes privilegios judiciales que ostentan ciudadanos españoles por el mero hecho del cargo político que ocupan. Pienso en tres supuestos típicos, muy de actualidad, tales como: 1) la inviolabilidad del Rey; 2) el aforamiento de determinados cargos políticos y 3) la posibilidad de responder preguntas por escrito.

1) la inviolabilidad del Rey.

El Rey, como Jefe del Estado, es inviolable e irresponsable, esto es, carece de responsabilidad penal o política en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece el artículo 56 de la Constitución Española:

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

La inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como Jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional, que atribuyen una especial protección a la persona del Rey. A lo que se añade un status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia.

2) el aforamiento de determinados cargos políticos.

De acuerdo con las normativas legales existentes en nuestro sistema político, existen determinadas personas (hay quien calcula que cerca de doscientas cincuenta mil (250.000)) que, para que comparezcan ante los Tribunales de Justicia, es necesario cumplir determinados requisitos legales, tanto de fondo como de forma procesal.

La Constitución de 1978 faculta con este privilegio al Presidente del Gobierno, a los Integrantes de su Gobierno, a los diputados y a los senadores. No obstante, a partir de la elaboración de las diferentes Leyes Organicas que se dictó para su desarrollo, en materias de su competencia, se extendió este privilegio a magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Consejo General del Poder Judicial, diputados regionales, fiscales superiores o defensores del Pueblo,

   ** ¿Cómo se manifiesta este aforamiento en la práctica Judicial?

La manifestación práctica depende del cargo que ostente la persona afectada. De este modo, para los miembros del Gobierno (incluyendo el Presidente), diputados y senadores, la Constitución establece como órgano competente al Tribunal Supremo, cúspide de nuestra pirámide judicial, alterando, con ello, la competencia territorial y funcional prevista por la legislación ordinaria.

En el peculiar caso de los miembros de las Cortes Generales, el proceso a seguir se denomina bajo la rúbrica de suplicatorio, por el que la Cámara a la que pertenezca deberá dar, o no, su aceptación, atendiendo a una somera labor investigadora que viene a ser una suerte de primer juicio, de carácter público, al teórico responsable (el órgano competente en caso de parlamentarios autonómicos será el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma).

Para el resto de cargos, deberá acudirse a la Ley que establezca tal aforamiento para determinar cual será el órgano competente y como será el procedimiento destinado a romper tal situación de aforamiento.

3) la declaración por escrito, o la no obligación de declarar.

El capitulo V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la obligación de todos los españoles de declarar cuanto conocimiento se tenga sobre un hecho sobre el que el le pregunte el Juez. No obstante, El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, así como los cargos diplómaticos acreditados en España, son los únicos exentos de tal obligación

Esta excepción, que no incluye a todos los cargos públicos, si que tiene el privilegio en el modo o la forma de presentar tal declaración. El artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite responder por escrito a los siguientes cargos públicos:

—El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
—Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
—El Presidente del Tribunal Constitucional (TC)
—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
—El Fiscal General del Estado.
—Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Una excepción que incluso llega a momentos posteriores al cese en el ejercicio de estos cargos, toda vez que se sigue manteniendo, como opción, el responder por escrito a las respuestas de un Juez

Fuera de estos supuestos, paradigmáticos donde los haya, se puede incluir un cuarto privilegio, el ahorrarse el “paseíllo” al Juzgado, esto es, poder declarar en su despacho oficial en la Sede del órgano del que sean miembros. Podrán utilizar tal excepción:

— Los Diputados y Senadores
— Los Magistrados del TC y los Vocales del CGPJ
— Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
— El Defensor del Pueblo
— Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración
— Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
— El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
— El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas
— Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
— Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda

Fuente:

1.- ABC.es (‘El privilegio de declarar por escrito’)

2.- Congreso.es (‘Sinopsis artículo 56)

Con la noticia de la abdicación de SM el Rey Don Juan Carlos I la disyuntiva monárquica o republicana volvió a salir a la calle con ánimos renovados. Bien por la solicitud de un Referéndum que decida sobre el sistema político que debe regir en el Estado Español, bien por tomar cuerpo ya la elección, la Democracia ha salido ya a la calle.

Bandera de la II República

Bandera de la II República (Foto: Wikipedia)

Sin duda, el símbolo que encarna esta lucha democrática es la bandera de la II República, la tricolor. Bandera que encarnaba la legalidad vigente antes del Golpe de Estado de 1936, con la proclamación de la Constitución de 1978 quedó relegada, cuanto menos de momento, al recuerdo histórico. Ahora bien,… ¿Es legal mostrar la bandera republicana?

A esta cuestión respondió la Sentencia 01335/2003, de quince de noviembre, de la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tiene como supuesto de hecho la colocación, en unas casetas de fiesta de Izquierda Unida (IU) de la bandera tricolor. Dice la antedicha Sentencia, en una demanda contra su retirada por parte del Ayuntamiento de Torrelodones, que:

“…el valor del pluralismo político, que implica, en lo que ahora importa, libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse [Pág. 2]

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que toda resolución que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada, añadiendo que las medidas limitadoras habrán de ser necesarias para conseguir el fin perseguido…………….. Resulta difícil entender que la alteración del orden publico aludido por el Ayuntamiento de Torrelodones se produzca por la mera exhibición de una enseña que muchos de los ciudadanos que acuden al señalado Parque ferial, en su mayoría jóvenes, desconocen. Por otra parte, por si misma dicha bandera difícilmente puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, prohibiciones estas que eran las únicas que se imponían al otorgar la concesión de la instalación de establecimientos destinados a puestos de bebidas durante las fiestas patronales. [Pág. 3]”

Referéndum Vigo

(Foto: @Victor_p_diaz)

Esto es, el mostrar banderas republicanas es plenamente legal. El derecho a mostrarlas y exhibirlas está amparado por la protección a los derechos fundamentales de libertades de expresión e ideológicas, plenamente reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

Cuestión diferente es mostrar la bandera del régimen franquista o la esvástica nazi. Y es que estas dos banderas son ilegales por propugnar valores no amparados por el ordenamiento jurídico, valores ilegales que no forman parte de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

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