¿Existen Privilegios en la Justicia?

“la justicia es igual para todos”

Esta renombrada frase, con base en el artículo 14 de la Constitución que proclama la igualdad para y ante la Ley de todos los españoles, pronunciada por SM el Rey D, Juan Carlos (todavía Rey), no deja de ser una suerte de declaración de intenciones, toda vez que no sólo la Constitución Española, sino que también las leyes que de ella derivan, vienen a manifestar excepciones a la regla general del deber de todo ciudadano de acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando sean citados para ello.

Me refiero a los diferentes privilegios judiciales que ostentan ciudadanos españoles por el mero hecho del cargo político que ocupan. Pienso en tres supuestos típicos, muy de actualidad, tales como: 1) la inviolabilidad del Rey; 2) el aforamiento de determinados cargos políticos y 3) la posibilidad de responder preguntas por escrito.

1) la inviolabilidad del Rey.

El Rey, como Jefe del Estado, es inviolable e irresponsable, esto es, carece de responsabilidad penal o política en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece el artículo 56 de la Constitución Española:

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

La inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como Jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional, que atribuyen una especial protección a la persona del Rey. A lo que se añade un status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia.

2) el aforamiento de determinados cargos políticos.

De acuerdo con las normativas legales existentes en nuestro sistema político, existen determinadas personas (hay quien calcula que cerca de doscientas cincuenta mil (250.000)) que, para que comparezcan ante los Tribunales de Justicia, es necesario cumplir determinados requisitos legales, tanto de fondo como de forma procesal.

La Constitución de 1978 faculta con este privilegio al Presidente del Gobierno, a los Integrantes de su Gobierno, a los diputados y a los senadores. No obstante, a partir de la elaboración de las diferentes Leyes Organicas que se dictó para su desarrollo, en materias de su competencia, se extendió este privilegio a magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Consejo General del Poder Judicial, diputados regionales, fiscales superiores o defensores del Pueblo,

   ** ¿Cómo se manifiesta este aforamiento en la práctica Judicial?

La manifestación práctica depende del cargo que ostente la persona afectada. De este modo, para los miembros del Gobierno (incluyendo el Presidente), diputados y senadores, la Constitución establece como órgano competente al Tribunal Supremo, cúspide de nuestra pirámide judicial, alterando, con ello, la competencia territorial y funcional prevista por la legislación ordinaria.

En el peculiar caso de los miembros de las Cortes Generales, el proceso a seguir se denomina bajo la rúbrica de suplicatorio, por el que la Cámara a la que pertenezca deberá dar, o no, su aceptación, atendiendo a una somera labor investigadora que viene a ser una suerte de primer juicio, de carácter público, al teórico responsable (el órgano competente en caso de parlamentarios autonómicos será el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma).

Para el resto de cargos, deberá acudirse a la Ley que establezca tal aforamiento para determinar cual será el órgano competente y como será el procedimiento destinado a romper tal situación de aforamiento.

3) la declaración por escrito, o la no obligación de declarar.

El capitulo V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la obligación de todos los españoles de declarar cuanto conocimiento se tenga sobre un hecho sobre el que el le pregunte el Juez. No obstante, El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, así como los cargos diplómaticos acreditados en España, son los únicos exentos de tal obligación

Esta excepción, que no incluye a todos los cargos públicos, si que tiene el privilegio en el modo o la forma de presentar tal declaración. El artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite responder por escrito a los siguientes cargos públicos:

—El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
—Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
—El Presidente del Tribunal Constitucional (TC)
—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
—El Fiscal General del Estado.
—Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Una excepción que incluso llega a momentos posteriores al cese en el ejercicio de estos cargos, toda vez que se sigue manteniendo, como opción, el responder por escrito a las respuestas de un Juez

Fuera de estos supuestos, paradigmáticos donde los haya, se puede incluir un cuarto privilegio, el ahorrarse el “paseíllo” al Juzgado, esto es, poder declarar en su despacho oficial en la Sede del órgano del que sean miembros. Podrán utilizar tal excepción:

— Los Diputados y Senadores
— Los Magistrados del TC y los Vocales del CGPJ
— Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
— El Defensor del Pueblo
— Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración
— Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
— El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
— El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas
— Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
— Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda

Fuente:

1.- ABC.es (‘El privilegio de declarar por escrito’)

2.- Congreso.es (‘Sinopsis artículo 56)

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Susana González Ruisánchez

Abogado digital, Derecho Tecnológico, Ciberseguridad, SGSI, ISO27000, Legal Web Compliance, Innovación, Marketing y Comunicación

BLOG DE LUIS ABELEDO

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (ULPIANO D 1.1.10.1) Los preceptos del derecho son éstos: vivir honestamente; no dañar al prójimo y dar a cada uno lo suyo

Naturismo en pareja

Libertad, compartir, aceptar, vivir.

Ecosistemas

Blog de divulgación de Ecología de la Asociación española de Ecología Terrestre (AEET)

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Atelier legal

El blog jurídico de Alberto Fernández

El BOE nuestro de cada día

Web de noticias extraídas del Boletín Oficial del Estado

delaJusticia.com

El rincón jurídico de José R. Chaves

El Blog de Ramón

Blog de opinión de Ramón Cerdá

Vigopedia

Historia, historias, toponimia, geografía e imágenes de Vigo

La Brigada Tuitera

Cuartel General

DOS ORILLAS

Reflexiones, opiniones (y a veces berrinches), sobre Derechos Humanos y la realidad diversa y común

EL DERECHO Y LA FAMILIA.

Respuestas Legales a tus dudas.

A %d blogueros les gusta esto: