archivo

Archivos Mensuales: julio 2014

El BOE del pasado sábado cinco de julio publicó, bajo el amparo de la “extraordinaria y urgente necesidad“, una batería de medidas que, según el Gobierno encabezado por M Rajoy, vendrán a manifestar y asegurar la recuperación económica.

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Bajo el amparo del artículo 86, mediante la que se crea la figura del Real Decreto Ley, utilizada, dice nuestro texto constitucional, para “casos de extraordinaria y urgente necesidad”, esto es, para aquellas cuestiones que, por su naturaleza, merecen de una actuación rápida lejos de la que la debe ser toda tramitación legislativa parlamentaria.

  1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

  2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

  3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Dice el Tribunal Constitucional que la apreciación de estos requisitos debe recaer en la figura del Gobierno, apreciando un “razonable margen de discrecionalidad” (STC 29/1982), sin perjuicio de que el máximo garante de nuestros derechos y libertades fundamentales pueda controlar “los supuestos de uso abusivo o arbitrario” (STC 29/1987) que pudieran desvirtuar la potestad legislativa ordinaria de las Cortes Generales.

Dice el Tribunal Constitucional que “la utilización del decreto-ley, mientras se respeten los límites del artículo 86 de la Constitución, tiene que reputarse como una utilización constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta. Sólo en dos ocasiones, SSTC 68/2007 y 137/2011, ha declarado el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de un decreto-ley (el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad y Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes), por falta del presupuesto habilitante, al entender que no concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad.”

Esta disertación tiene causa en la reciente aprobación del Real Decreto Ley más arriba señalado. Ciento setenta y dos (172) páginas superan, a mi juicio, los requisitos de necesidad y oportunidad que caracterizan esta figura normativa.

Vienen a suponer, quizás, y deseo equivocarme, un cúmulo de medidas eminentemente ideológicas que son aprobadas, a golpe de firma del Gobierno, sin luces, taquígrafos ni debate en la opinión pública. Se evita el debate, se evita la puesta en conocimiento de una sociedad, de los ciudadanos (soberanos de la democracia) que tienen como única respuesta el sorprenderse ante una medida impuesta. Medidas ideológicas que recuerdan a una idea “caciquil” de la política que parecía superada.

Llama poderosamente la opinión el hecho de que, si bien el Presidente del Gobierno propuso, como medida estrella de un futuro cercano la regeneración democrática, pocos días después el Boletín muestre una realidad tan diferente. Pero sólo es una opinión.

Mudámos de casa, a nova dirección é

La semana pasada os hablé de los derechos de imagen, de los derechos de autor y como se relacionaban entre sí. Esta semana os explicaré cuales son y en que consisten los derechos morales de la obra fotografía. (os dejo una versión en PDF, que incluye notas a pie de página)

Derechos morales(solo en el caso de obra fotográfica)

La actual ley de propiedad intelectual, en la medida que prevé que el autor de una obra no coincida con la persona que es propietaria de la misma, trata de organizar y compatibilizar los derechos concurrentes de ambos, tal y como expresamente se recoge en el artículo 3.1 de la LPI. Así, el autor, por el mero hecho de transmitir una obra, no pierde los derechos sobre la misma, sino que conserva ciertas facultades morales y patrimoniales, oponibles erga omnes. Sigue manteniendo un derecho a exigir el reconocimiento…

Ver la entrada original 1.725 palabras más

Argumentos en Derecho laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Atelier legal

El blog jurídico de Alberto Fernández

El BOE nuestro de cada día

Web de noticias extraídas del Boletín Oficial del Estado

delaJusticia.com

El rincón jurídico de José R. Chaves

El Blog de Ramón

Blog de opinión de Ramón Cerdá

Vigopedia

Historia, historias, toponimia, geografía e imágenes de Vigo

La Brigada Tuitera

Cuartel General

DOS ORILLAS

Reflexiones, opiniones (y a veces berrinches), sobre Derechos Humanos y la realidad diversa y común

EL DERECHO Y LA FAMILIA.

Respuestas Legales a tus dudas.

Legalidad On

Tecnología y Derecho.

Verónica Montero Pérez

ABOGADA - MEDIADORA

Las Partidas

Justicia para las personas

Sobre el mundo mundial

Porque el derecho no sólo es lo que parece