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Archivos Mensuales: septiembre 2014

El TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) es un tablón electrónico que permite consultar las notificaciones a que de lugar el procedimiento sancionador como consecuencia de la comisión de infracciones a la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y que no hayan podido practicarse en el domicilio del interesado, en la Dirección Electrónica Vial o en las equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico.

[Concepto sacado de https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/alguna-multa/consulta-tablon-edictal-testra/]

Con la aprobación de la Ley 6/2014, de 7 de abril, la nueva Ley de Tráfico, se creó la figura del TESTRA, Tablón Edictal Electrónico, con el objetivo de salvar los defectos de notificación con causa en errores postales o por iniciativa del agente sancionador. Este tablón provocará que la sanción de tráfico no llegue a nuestro domicilio, pudiendo llegar a situaciones de falta de conocimiento y, por tanto, de reacción, y todo ello por el mero transcurso de veinte (20) días desde su publicación electrónica.

.«1. Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica
Vial y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado
para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure
en los registros de la Dirección General de Tráfico, se practicarán en el Tablón
Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de veinte días
naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se
entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite.»

 

.- ¿Cómo juegan los plazos en el TESTRA?

La Dirección General de Tráfico publicará el edicto como VIGENTE durante un plazo de veinte (20) días naturales, sólo prorrogables por cuestionas técnicas. Tras el transcurso de este tiempo, el tablón la convertirá en NO VIGENTE, disponiendo el interesado del plazo fijado en el edicto para reaccionar como estime conveniente, esto es, alegar, pagar y/o recurrir. Este estado tendrá un plazo de un (1) año y seguirá siendo accesible para el interesado. A partir de aquí, sólo tendrán acceso al mismo el propio interesado o su representante, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o los órganos equivalentes de la Administración Autonómica o Local, y los Jueces y Tribunales.

.- ¿Lengua del TESTRA?

El Organismo emisor, que tenga su sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial propia, deberá enviar el edicto para su publicación en castellano y, además, podrá enviarlo en la lengua cooficial propia (la publicación se hará en ambas lenguas)

En caso de discrepancia prevalecerá el texto que determine el Organismo emisor.

.- ¿Cómo acceder al contenido del TESTRA?

Todo ciudadano tendrá acceso a su contenido, el cual se configura como público, pudiéndose acceder CON y SIN certificado electrónico digital.

–> SIN certificado digital, o SIN DNI-e: La DGT garantizará el acceso de un modo confidencial, para lo cual se podrán introducir en la aplicación datos propios como el DNI o la matricula del coche.

–> CON certificado digitial o CON DNI-e: Gozando de los medios técnicos necesarios, se podrá visualizar sus datos de carácter personal ocultos para el resto de usuarios del tablón.

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El maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra

Así de rotundo se mostró el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 3 de junio de 2014. Una Sentencia que viene a cubrir un vacío normativo que parte del contenido del actual artículo 853.2 del Código Civil, según el cual es causa de deshederación….:

“…haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra” (a los padres)

De este modo, la Sala Primera confirma la viabilidad de una desheredación en instrumento público de dos hijos que incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre “del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación“. Hecho relevante toda vez que el maltrato psicológico es tan habitual como despreciable.

Nos encontramos ante la evolución lógica de dos instituciones que configuran los pilares del conjunto de nuestro ordenamiento jurídico; la familia y la propiedad. Dicho esto, es necesario recordar que el actual Código Civil proviene de 1889 y los conceptos en él inclusos, pese a las numerosas reformas legislativas que sufrió, siguen teniendo un marcado carácter temporal anclado en los inicios del s. XX.

Nos encontramos con una sociedad eminentemente rural dónde el núcleo económico era la familia y el principal sueño era gozar de propiedades que permitiesen el sustento y cumplir los objetivos económicos del núcleo familiar y sus ansías de propiedad. Una familia marcada por la convivencia de varias generaciones bajo en un mismo techo y que buscaban mantener bajo los mismos intereses el conjunto de su dominio (ejemplo paradigmático es la sociedad eminentemente minifundista gallega).

Dicho esto, comenzado ya el s. XXI la familia no es la misma institución y, por ende, merece un tratamiento acorde con los tiempos.. La convivencia entre generaciones ha desaparecido, disminuyendo los habitantes de una misma unidad y en la que se provoca un cambio de los lazos de sangre por otros más complejos dónde las relaciones crecen a pasos exponenciales. No sólo es familia aquella con la que se comparten afinidades genéticas, sino que la afinidad social gana importancia conforme la Sociedad en su conjunto da pasos hacia adelante. Es este hecho el que provoca que:

a) Se diluyan las instituciones familiares strictu sensu.

b) Se diluyan las consecuencias jurídicas que la pertenencia a la familia conllevan. Pienso en la sujeción de un determinado bien a esa entidad familiar y pienso en la posibilidad de, sí se dan los casos y las condiciones previstas en las leyes, privar a miembros de suceder en los bienes, derechos (y obligaciones). Medidas concretos de esta idea puede ser:

.- La progresiva perdida del reparto forzoso en la institución sucesoria.

.- La ampliación del concepto ‘familia’ en la que se amplian los derechos y deberes de todo ciudadano en la institución del matrimonio (independientemente del sexo del contrayente).

.- La ampliación de los casos de perdida de derechos hereditarios.

Por ello, lo evidente es que la Ley debe evolucionar con los tiempos, no anclarse en conceptos y términos del pasado y avanzar con la Sociedad y con todos y cada uno de sus miembros. Y ampliar la libertad de los sucesores a la hora de repartir sus bienes en otro signo más de modernidad de un ordenamiento jurídico.

¿Sabías que el BOE del 6 de septiembre estableció el plazo de un mes para que los ciudadanos en proceso de desahucio puedan apelar si su contrato contiene cláusulas abusivas?

El Gobierno concedió, en virtud de la reciente Sentencia del TJCE, el plazo de un mes para que aquellos ciudadanos en proceso de ejecución hipotecaria pudieran apelar si consideran que su contrato contiene cláusulas abusivas. Esta afirmación trae causa del pronunciamiento que, en el mes de julio, dictó el máximo Tribunal Comunitario según el cual “el sistema de ejecución hipotecaria que se aplicaba en el Estado español no protegía igual a los clientes que a la banca y concedía ventajas excesivas a las entidades financieras

Hasta aquí todo sigue un recorrido normal. El Sistema Jurídico y Político Español, por la mera pertenencia del Estado a la Unión Europea está sujeto al principio de la “primacía” en todo lo entendido como “acervo comunitario”. Por este principio, en caso de contravención, el ordenamiento jurídico nacional de los estados miembros debe reaccionar en caso de incumplimiento de los principios sobre los que se cimienta la actual construcción europea. Ahora bien, existen modos y modos de llevarlo a cabo…

… y el Gobierno encabezado por M Rajoy, con la colaboración del Ministro de Justicia AR Gallardón, han elegido la formula del disfraz. Disfraz porque utilizó la reforma de la Ley Concursal para incluir tal posibilidad. Una reforma que se ha publicado un sábado, el 6 de septiembre de 2014, dotándola de una clandestinidad impropia de una norma tendente a aumentar el abanico de derechos procesales de los ciudadanos hipotecados y ya ejecutados.

Dice el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, [BOE del 6 de septiembre de 2014, Pág. 69772] que “La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible”, añadiendo la disposición transitoria [Pág. 69784] cuarta que:

2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley

Es un orgullo para alguien que está empezando como Jurista la actitud que toma nuestro Gobierno en defensa de nuestros derechos y libertades. Porque es un orgullo para un estado social y democrático de Derecho el cumplir a hurtadillas con el principio del acervo comunitario, en general, y de la igualdad de armas y acceso a los recursos, en concreto.

Llueve sobre mTiempo camuflajeojado. Está comúnmente admitido que la Ley no protege por igual a empresas y a familias, a bancos y a personas. Los intereses socioeconómicos hacen ceder a la protección individual y un Gobierno que se hace adalid y representante de la “regeneración democrática” esconde el cumplimiento de sentencias y no facilita a la opinión pública su contenido ni su ejercicio.

El plazo comenzó a contar con la publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 6 de septiembre. Faltan 3 semanas para ejercer este recurso de apelación. Y al Gobierno parece no interesarle que los ciudadanos puedan ejercer este derecho.

La vigencia de esta ley camuflada tiene fecha de caducidad. ¡¡Queda menos de 1 mes!!

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