La Ley Camuflada: Plazo preclusivo de 1 mes para apelar abusividad en préstamo hipotecario. El RD 11/2014, de 5 de septiembre.

¿Sabías que el BOE del 6 de septiembre estableció el plazo de un mes para que los ciudadanos en proceso de desahucio puedan apelar si su contrato contiene cláusulas abusivas?

El Gobierno concedió, en virtud de la reciente Sentencia del TJCE, el plazo de un mes para que aquellos ciudadanos en proceso de ejecución hipotecaria pudieran apelar si consideran que su contrato contiene cláusulas abusivas. Esta afirmación trae causa del pronunciamiento que, en el mes de julio, dictó el máximo Tribunal Comunitario según el cual “el sistema de ejecución hipotecaria que se aplicaba en el Estado español no protegía igual a los clientes que a la banca y concedía ventajas excesivas a las entidades financieras

Hasta aquí todo sigue un recorrido normal. El Sistema Jurídico y Político Español, por la mera pertenencia del Estado a la Unión Europea está sujeto al principio de la “primacía” en todo lo entendido como “acervo comunitario”. Por este principio, en caso de contravención, el ordenamiento jurídico nacional de los estados miembros debe reaccionar en caso de incumplimiento de los principios sobre los que se cimienta la actual construcción europea. Ahora bien, existen modos y modos de llevarlo a cabo…

… y el Gobierno encabezado por M Rajoy, con la colaboración del Ministro de Justicia AR Gallardón, han elegido la formula del disfraz. Disfraz porque utilizó la reforma de la Ley Concursal para incluir tal posibilidad. Una reforma que se ha publicado un sábado, el 6 de septiembre de 2014, dotándola de una clandestinidad impropia de una norma tendente a aumentar el abanico de derechos procesales de los ciudadanos hipotecados y ya ejecutados.

Dice el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, [BOE del 6 de septiembre de 2014, Pág. 69772] que “La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible”, añadiendo la disposición transitoria [Pág. 69784] cuarta que:

2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley

Es un orgullo para alguien que está empezando como Jurista la actitud que toma nuestro Gobierno en defensa de nuestros derechos y libertades. Porque es un orgullo para un estado social y democrático de Derecho el cumplir a hurtadillas con el principio del acervo comunitario, en general, y de la igualdad de armas y acceso a los recursos, en concreto.

Llueve sobre mTiempo camuflajeojado. Está comúnmente admitido que la Ley no protege por igual a empresas y a familias, a bancos y a personas. Los intereses socioeconómicos hacen ceder a la protección individual y un Gobierno que se hace adalid y representante de la “regeneración democrática” esconde el cumplimiento de sentencias y no facilita a la opinión pública su contenido ni su ejercicio.

El plazo comenzó a contar con la publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 6 de septiembre. Faltan 3 semanas para ejercer este recurso de apelación. Y al Gobierno parece no interesarle que los ciudadanos puedan ejercer este derecho.

La vigencia de esta ley camuflada tiene fecha de caducidad. ¡¡Queda menos de 1 mes!!

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