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Archivos Mensuales: octubre 2014

El Auto de Cuantía Máxima se puede configurar como aquella resolución por la que, el Juez penal, absteniéndose de e pronunciarse sobre responsabilidades civiles, se limita a la fijación de la cantidad máxima susceptible de ser reclamada al amparo de la cobertura del seguro obligatorio derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

Así definido, el auto de cuantía máxima se define como un título judicial con las siguientes especialidades:

* No aparece ubicado junto al resto de títulos judiciales (art. 517.2.1º a 3º).

* El deudor no queda determinado en el título, cuando menos en la determinación de las partes del proceso conforme al art. 538.2.1º LEC, sino que en el título pueden establecerse los posibles deudores, cuya responsabilidad habrá de determinarse en el propio proceso de ejecución.

* No le es aplicable el plazo de caducidad de la acción ejecutiva del art. 518 LEC

.- ¿En que casos cabe dictar el Auto de Cuantía Máxima?

Artículo 13 RDL 8/2004

Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución

Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley. El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros, y contendrá la descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.

a) Hecho de la circulación cubierto por el seguro obligatorio en la circulación de vehículos

Hechos de la circulación son los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común (art. 2.1 RD 1507/2008)

b) Existencia de un proceso penal al que se le pone fin sin declaración de responsabilidad penal

c) Finalización del procedimiento penal sin renuncia ni reserva de la acción civil

 La determinación de la cuantía máxima a la que ascenderá la responsabilidad civil se hará aplicando el Anexo del RDL 8/2004, de 29 de octubre, en el que se establece el sistema legal y tasado de indemnización a favor de los perjudicados (“la ley del baremos”) procediendo la aplicación de dicho baremo a fecha del accidente en cuanto a la definición de las secuelas y el de la fecha de alta médica en cuanto a la determinación de la cuantía que pudiera corresponder por cada uno de los conceptos indemnizables, todo ello conforme consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Fuente.El auto de cuantía máxima. Cuestiones prácticas en la creación del título

JAVIER ABELLA LÓPEZ

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Una de las instituciones propias que más utilidad práctica tiene a efectos sucesorios y fiscales es el pacto de mejora. Pacto de mejora que viene configurado en la actual Ley 2/2006, de 14 de junio (artículos 214 y siguientes) siendo el artículo 217 el que, a falta de regulación expresa. establece las reglas generales de esta figura:

En defecto de regulación expresa, el pacto de mejora se ajustará a las reglas siguientes:

1.ª) Si no se realizara con entrega de bienes, el adjudicante conserva plena libertad dispositiva por actos inter vivos a título oneroso. Si se realizara con entrega de bienes, el adjudicante sólo podrá disponer de los mismos en caso de haberse reservado de modo expreso dicha facultad.

2.ª) La disposición realizada en ejercicio de la facultad anterior supondrá la ineficacia del pacto en cuanto a los bienes objeto de la disposición y a la prestación del mejorado, en caso de haberse estipulado. Si la prestación ya se realizó, total o parcialmente, el mejorado podrá pedir su restitución, y, si esta no fuera posible, su equivalente en metálico.

3.ª) Los actos de disposición que no tuvieran su origen en la voluntad del mejorante no revocan el pacto, subrogándose las contraprestaciones en lugar del bien inicialmente previsto

4.ª) Salvo reserva expresa del adjudicante, cualquier disposición de los bienes objeto del pacto en favor de tercero por acto inter vivos a título gratuito o por acto mortis causa no producirá efecto alguno y, fallecido el causante, el mejorado podrá ejercitar las acciones correspondientes a fin de obtener la posesión de los bienes.

En atención a lo expuesto, el pacto de mejora se puede definir como una forma de transmisión del patrimonio recogida en la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia. La transmisión se efectúa como un anticipo de herencia inter-vivos y es de gran utilidad para ordenar la sucesión.

Expuesto cuanto antecede, parece mostrarse sin género de duda el carácter sucesorio de esta institución. No obstante, y tras los primeros momentos en los que la Agencia Tributaria defendía su carácter patrimonial, han sido los diferentes Juzgados y Tribunales los que han clarificado esta cuestión. De hecho, la sentencia del TSJ de Galicia de 569/2013, de 25 de septiembre se pronunció de modo rotundo sobre esta cuestión, afirmando que:

En consecuencia dicho pacto debe recibir el trato de lo sucesorio, y, por un lado, entender que no se produce el devengo hasta el fallecimiento del causante – por lo que no podrá exigirse el pago hasta ese momento y, por otro aplicarle a la atribución las reducciones previstas en el artículo 20 de la ley.
En consecuencia hemos de colegir que el apartamiento, según reconoce la Ley Gallega de Derecho Civil es un pacto sucesorio, pues como tal lo encuadra en la sección cuarta del capítulo II, en concreto, un pacto de no suceder, ya que el legitimario recibe en vida y, a cambio, queda privado de la condición de heredero forzoso.
Tal es la utilidad de esta institución que se trata de una opción muy a tener en cuenta a la hora de mejorar las implicaciones fiscales de un testamento. Y ello porque son de aplicación las reducciones previstas en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por ello, y dada la corriente existente, es se considera viable toda liquidación que, con base en un pacto de mejora, venga a modificar el parecer de la Administración que considere este negocio como un acto patrimonial y no como un pacto sucesorio.

La prueba pericial viene regulada en el artículo 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del siguiente modo:

Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.

En virtud del artículo anteriormente transcrito, se ha desarrollado una gran teoría en torno a la denominada “prueba pericial”, es decir, aquella prueba manifestada por hechos o circunstancias relevantes desde un punto de visto únicamente objetivo, con la intervención de un profesional cualificado en la materia en que se trate. Esto es, mostrarle al Juez aquella realidad técnica o científica que, bajo juramento o promesa de decir la verdad, debe ser tenida en cuenta a la hora de resolver el procedimiento en marcha.

  • ¿Contenido de la prueba pericial? 

En relación con el CONTENIDO DEL DICTAMEN deberá comprender como mínimo los siguientes extremos:

.- La identificación de quien hace el dictamen, y, su cualificación profesional.

.- La identificación del procedimiento en el seno del cual se hace el dictamen, la aceptación del cargo con la fecha y el plazo para realizarlo.

.- Las cuestiones sobre las que ha de versar el dictamen, con separación de cada una de ellas, y las conclusiones que en su caso deban ser obtenidas.

.- Los antecedentes documentales que se han tenido en cuenta, tanto procesal como extraprocesal.

.- Las actuaciones de comprobación de lugares, cosas y personas, y las partes que asistieron a las mismas, y cual fue su intervención.

.- Las operaciones de comprobación de datos, y de análisis para la obtención de resultados.

.- Las respuestas a cada una de las cuestiones que se la han efectuado y  las conclusiones a las que pueda haber llegado.

  • ¿Práctica de la prueba pericial? El careo de peritos

Como regla general, los peritos ratificarán su informe de manera individual, contestando en primer lugar a aquellas cuestiones que les pueda plantear la representación de la parte que los propuso, para posteriormente responder las de la parte adversa. En último caso, cabe la posibilidad de que el Juez ejerza sus potestades repreguntando cuestiones o solicitando aclaraciones que pudieran quedar difusas tras las preguntas de las diferentes representaciones procesales. Dicho esto, existe una posibilidad, no expresamente incluída en la Ley, pero que está cobrando fuerza últimamente, que tiene como razón de ser la ratificación conjunta y el debate entre profesionales; me refiero al careo entre peritos.

El careo entre peritos tiene como punto de partida  la existencia de dos dictamenes, contrapuestos y, usualmente, totalmente incompatibles entre sí. Se busca la ratificación conjunta de todos los peritos de modo que sea en el mismo acto en el que se ataque y se defiende el contenido de las diferentes periciales aportadas al procedimiento. Es más, existen Juntas de Jueces que la empiezan a considerar como prioritaria a la hora de entender las diferentes cuestiones suscitadas.

Cuestionando y solicitando el motivo por el que no se está de acuerdo con las conclusiones del otro (atendiendo a las diversas discrepancias de hecho, técnicas,…) el Juez se hará un mayor conocimiento de la realidad, pudiendo discernir cuales son los puntos fuertes y débiles de cada dictamen. Para ello se analizará cada ratificación de modo individual, procediendo después a la matización, duda e interrogatorio que el Juez estime necesario para incrementar su correcto conocimiento entre la litis. Preguntas y repreguntas son, pues, el <<modus operandi>> del careo.

Dicho esto, he de decir que todavía no es una práctica habitual, más también es cierto que, de un tiempo hasta aquí, se oye hablar mucho, y muy bien. de este tipo de ratificación pericial. Porque lejos de las previsiones <<ad hoc>> que se contiene en cada trabajo, cierto es que es esa puesta en común, unido a la labor investigatoria del Juez, lo que permite llegar a la realidad de la litis.

Pese a ello, no está recogida como tal en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que únicamente regula como medio de prueba el careo entre testigos. Quizás comience a ser el momento de introducir y regular el procedimiento conjunto de ratificación pericial.

Uno de los medios de prueba con más raigambre en nuestro derecho procesal es, sin duda, la prueba de testigos. Y no sólo por la importancia que tiene dentro del procedimiento, relativa quizás, sino por las implicaciones que tiene para el ciudadano. Implicaciones temporales y emocionales por el hecho de tener que enfrentarse a un procedimiento judicial.

Ahora bien, ¿cuál es el momento de proponer a los testigos?

* En un Procedimiento Ordinario: El momento es la Audiencia Previa. Dice el artículo 429 de la L.E.C.:

1. Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y admisión de la prueba.

Esto es, la proposición de prueba es una fase de la Audiencia Previa, tras la fijación de los hechos controvertidos. De hecho, en caso de debate únicamente jurídico, el procedimiento puede quedar visto para sentencia, sin proposición y admisión de prueba alguna (artículo 428 de la L.E.C.). Es importante destacar que transcurrida esta fase procesal, esta oportunidad precluye.

* En un Procedimiento Verbal: Dentro del procedimiento verbal, la citación de testigos puede hacerse en dos momentos distintos:

1) Citación Judicial: Prevé el artículo 440.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vista para que declaren en calidad de partes o de testigos.

2) Citación por la parte: Siguiendo el artículo 443.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es necesario señalar que se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente. 

Por lo tanto, durante la sustanciación del Juicio Verbal son dos los momentos en los que se puede proponer a una persona como testigo; bien, tras la admisión de la demanda, solicitando, en un plazo de tres (3) días, su citación judicial, o en el acto mismo de la vista, en cuyo caso se practicará inmediatamente.

¿Práctica de la prueba testifical?

Son los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil los que regulan la intervención en el juicio de aquellas personas que puedan tener conocimiento directo de los hechos. Previa tacha (prueba de idoneidad), el Juez efectuará las denominadas “preguntas generales de la Ley”, tendentes a garantizar la objetividad que todo testigo debe a la Administración de Justicia.

Salvando estas previsiones, el Interrogatorio comenzará con las cuestiones que planteen los letrados y, en su caso, el Juez.

¿Y si no se puede practicar?

Caben dos posibilidades:

1) Renunciar al testigo, sin que éste sufra las consecuencias de una incomparecencia injustificada al procedimiento.

2) Solicitar al Juez, como director del acto, que acuerde que se practique como “diligencia final”, aprovechando la posibilidad que incluye el artículo 435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es, se trata de una facultad discrecional.

1. Sólo a instancia de parte podrá el tribunal acordar, mediante auto, como diligencias finales, la práctica de actuaciones de prueba, conforme a las siguientes reglas.

1.ª No se practicarán como diligencias finales las pruebas que hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las partes, incluidas las que hubieran podido proponerse tras la manifestación del tribunal a que se refiere el apartado 1 del artículo 429.

2.ª Cuando, por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto, no se hubiese practicado alguna de las pruebas admitida.

3.ª También se admitirán y practicarán las pruebas pertinentes y útiles, que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia, previstos en el artículo 286.

 

 

Javier Marías, escritor referencia en las letras española, de modo involuntario, llega al origen del porqué de la situación de la Justicia en España. Todo parte de un tweet en el que se publicita la entrevista que dio el 2 de octubre de 2014, para el programa ‘Julia en la Onda’ en @OndaCero_es, teniendo como único objetivo publicitar su último libro ‘Así empieza lo malo’.

Y es con ese concepto subjetivo con el que, realmente, empieza mi pensamiento, empieza lo malo. La Justicia no se observa desde una óptica conjunta, sino que tiene como foco una óptica eminentemente individual, no pensando en ella, en su sentido, en su significado,… hasta que realmente es necesario acudir a ella y se tiene reflejo directo de su situación.

Pienso en la soledad de aquellos que negamos y que protestamos, en mayor o en menor medida, contra la precarización de un Servicio Público que debe ser el fundamento de crecimiento de la Sociedad. Hablo de Tasas Judiciales, de Justicia Gratuita, de reformas de textos legales, de politización de sus órganos y procedimientos,… Son un conjunto de circunstancias que parecen estar en un segundo plano en la óptica pública y que sólo obtienen relevancia individual cuando el ciudadano sufre sus consecuencias directas viendo privadas sus legítimas expectativas de Protección.

No nos planteamos la repercusión para un ciudadano medio el tener que abonar un impuesto por defender sus derechos hasta que son nuestros derechos los que se ven afectados y somos nosotros los que lo tenemos que pagar. No nos planteamos la relevancia que, para aquellos ciudadanos que puedan ser beneficiarios de Justicia Gratuita, tiene la precarización de un Servicio Público reconocido en la Constitución. No nos planteamos las verdaderas implicaciones de reformas legislativas hasta que derechos subjetivos se ven afectados y nuestras expectativas, legítimas y justas, reducidas o eliminadas. Observamos día a día como desde los medios de comunicación, Juzgados y Tribunales son objeto de sorna y burla, más allá de cumplir su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado..

Es necesario un vuelco de lo subjetivo al objetivo, del hoy a lo que puede ser mañana. Personas y entes con propia decisión y con capacidad de decisión sobre los demás utilizan momentos, lugares, ideas y sensaciones en beneficio propio, sin importarles el efecto dominó que sus palabras puedan provocar.

“La mayor parte de la gente busca justicia con las cosas que le han afectado”, y hasta que les afectan esas cosas no se piensa en el verdadero significado de la Justicia. Karl Popper decía que Justicia es la existencia de un tratamiento igualitario de los ciudadanos ante la ley, siempre y cuando las mismas no favorezcan ni perjudiquen a determinados individuos, grupos o clases. Un Tratamiento igualitario que crea en el ciudadano las mismas cargas y ventajas ante la Sociedad.

Se habla de cargas y ventajas. Se habla de derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que no son expectativas que se pueden o no utilizar, sino que son realidades que se deben proteger y cuidar. Protección que requiere participación activa no solo de los operadores jurídicos (jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores,…) sino de todos y cada uno de los ciudadanos que hoy, ayer o mañana necesitan, necesitaron o necesitarán que un Tribunal cuide y garantice sus derechos.

 

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