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Archivos Mensuales: noviembre 2014

Dentro del marco legal que la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia a los derechos reales, destacan los artículos 82 a 94 en los que se completa, con especialidades propias, la regulación que el Código Civil dedica a la Servidumbre de Paso (artículos 564 a 570 del Código Civil).

Servidumbre de Paso Galicia

Caracterizada la servidumbre de paso como aquel derecho real que concede al titular del “predio dominante” a poder servirse por el denominado “predio sirviente”, independientemente de que el predio dominante carezca (imposición forzosa) o no (imposición voluntaria) de acceso directo a vía pública.

El presente artículo versará sobre sobre dos de los aspectos en los que más se diferencia el derecho civil gallego del derecho común; 1) su adquisición por usucapión y  2) la posible caducidad de la acción negatoria.

.- Adquisición por usucapión:

La posibilidad de adquirir una servidumbre de paso por usucapión (esto es, por el paso del tiempo) comienza en Galicia a partir del artículo 25 de la Ley de Derecho Civil de Galicia del año 1995. Antes de este hito temporal, no se reconocía la capacidad de la posesión de una servidumbre de crear un derecho real.

Es necesario destacar que, hasta esta promulgación, la inactividad del dueño del predio sirviente carecía de sanción, por lo que se consideraban estos actos inhábiles para usucapir, teniendo la consideración, en su caso, como de actos meramente tolerados. Dice la Sentencia 194/2014, de 30 de junio, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña:

“La adquisición por usucapión de la servidumbre de paso no es operativa sino a partir de la Ley 4/1995…….. habrá que entender que los actos posesorios realizados con anterioridad a la misma no eran aptos para la usucapion, por lo que bien podrían entenderse que eran meramente tolerados  como hechos sin mayor efecto jurídico”

Por ello, no cabrá considerar como adquirida una servidumbre de paso hasta el año 2015 de conformidad con la doctrina consolidada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y conforme al contenido de la disposición transitoria 1ª de la Ley 2/2006.

.- Caducidad de la acción negatoria:

Dice el artículo 82.2 de la Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, que “La acción negatoria de esta servidumbre prescribe a los treinta años, a contar desde el momento en que empezó a ejercitarse el paso, salvo que el ejercicio tuviera lugar de manera clandestina, con violencia o que constituyera un acto meramente tolerado“.

Pero… ¿cuál es el momento en que empezó a ejercitarse el paso?. Ante esta cuestión. la Doctrina respondió de una manera dubitativa.

Tal y como se expuso previamente, el artículo 82.2 excluye del inicio del cómputo de la prescripción de la acción negatoria el ejercicio del paso que tenga lugar de un modo clandestino, violento o precario. A su vez, tal y como se afirmó anteriormente, todos aquellos actos posesorios anteriores a 1995 eran incapaces de usucapir, por lo que eran actos meramente tolerados, sin necesidad de reacción legal.

Esto es, será a partir de 1995 cuando comience a contarse el plazo de treinta años para interponer la acción negatoria de servidumbre de paso, dado que, hasta esa fecha, no se estaba ejerciendo un acto hábil para ganar la propiedad de esa servidumbre. Así lo recoge la Disposición Transitoria 1ª de la actual Ley de Derecho Civil gallega:

Salvo la posesión de una servidumbre de paso comenzada antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, que no aprovechará al poseedor a efectos de su adquisición por usucapión,…

Así pues, será 2025 el año en el que se pueda empezar a considerar prescrita la acción negatoria de servidumbre de paso.

.- ¿El motivo de esta regulación especial?

Los técnicos del derecho civil gallego creen que esta diferencia se encuentra en el especial carácter minifundista del rural gallego y, por tanto, en la especial relevancia que estos pasos tolerados tenían para aquellas fincas carentes de acceso a vía pública. Es más, se contradice el contenido de los artículos 537 y 539 del Código Civil, que excluiría la adquisición por usucapión de servidumbre de paso al ser no ser continua y aparente.

El Juzgado de lo Contencioso-Administratio núm. 1 de Ourense ha confirmado una sanción de 3.000 euros impuesta por el Instituto Galego de Consumo (IGC) con causa en el cobro de suplementos por parte de la compañía aérea Vueling por la facturación de maletas suplementarias al equipaje de mano.

Todo parte de una cuestión prejudicial interpuesta por el Juzgado gallego y respondida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dijo el máximo garante del acervo comunitario que:

“el Derecho de la Unión se opone a una norma, como la española, que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio.”

Pues bien, pese a esta máxima que viene, en cierto modo, a reconocer el derecho al cobro por equipaje facturado, la realidad y la práctica es muy diferente. Y se centra esta sanción en la deficiente información facilitada por la aerolínea en el proceso de comercialización del billete. Concretamente, el Juzgado orensano se pronunció, tras recibir la respuesta europea, afirmando que “realizó una práctica abusiva, contraria de los derechos de los consumidores y usuarios” ya que la web de la compañía no anunciaba este suplemento por facturación de maleta única.

Remite esta sanción a un momento temporal, el año 2010, momento en que se produjo la comercialización del billete objeto de reclamación. Una práctica que ha día de hoy, ya ha sido corregida por la mercantil sancionada.

“es cierto que a día de hoy la mercantil Vueling Airlines incluye en su página web, en el proceso de compra de billetes de avión, desde un principio información sobre el suplemento correspondiente a la facturación de equipaje. Pero esta práctica más transparente es de reciente implantación. No se realizaba en la fecha en la que se cometió la infracción, año 2010”

*.- Exigencias del TJUE al equipaje de mano

El TJUE concretó que el equipaje de mano es un elemento indispensable del contrato de transporte de pasajeros por vía aérea, por lo que “su transporte no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables

 

Fuente:

1.-  DiarioJurídico.comConfirmada una multa de 3.000 euros a Vueling al considerar abusivo el cobro por la facturación de maletas

 

El Tribunal Supremo, y los diferentes Juzgados y Tribunales en aplicación de su doctrina, a la hora de decidir en múltiples procesos de propiedad y derechos reales limitativos del dominio, han acudido a la teoría del “ius usus inocui” o uso social tolerado del derecho, se ha configurado doctrinalmente como “un límite intrínseco al ejercicio de todo derecho subjetivo” y que, tras la promulgación en 1978 de la Constitución, se caracteriza como un límite institucional al pleno derecho de propiedad.

Son múltiples los supuestos en los que ha acudido el Tribunal Supremo a este Derecho Inocuo como criterio decisorio de determinados conflictos relacionados, en su mayoría, con el derecho de propiedad. Ejemplos de esta idea son:

– Sentencia de 30 de octubre de 1983, sobre utilización de la posesión ajena sin daño para el poseedor.

– Sentencia de 3 de abril de 1983, sobre introducción de elementos constructivos en subsuelo de un terreno ajeno.

– Sentencia de 29 de abril de 2009 sobre ilustración parcial de la portada de un libro con la fotografía de un deportista.

Dicho esto… ¿en que consiste este “ius inocui”?

La Doctrina del ius usus inocui, que parte de sendos principios generales situados en el artículo 7.1 del Código Civil (“el ejercicio de los derechos conforme las exigencias de la buena fe”) y artículo 7.2 del Código Civil (“la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo”), puesto en relación con la configuración constitucional del derecho de propiedad como un derecho limitado, no absoluto, lo que exige, en supuesto de litigio, que el tribunal deba analizar la concreta pretensión del demandante para comprobar si el hecho causa algún perjuicio a sus intereses legítimos, por remoto o indirecto que pueda ser, o atentar contra el contenido de su derecho.

.- ¿como se manifiesta este principio?

El Derecho Inocuo se manifiesta con una máxima según la cual aquello que no perjudica debe ser tolerado. Máxima que tiene en la convivencia y en la paz social su principal razón de ser, pues el ordenamiento jurídico estima que debe tolerarse una determinada conducta cuando socialmente su persistencia no cause ningún perjuicio a los teóricos afectados.

Tiene su origen en una máxima latina según la cual <<quod tibit non nocet et alli probest non prohibetur>> y es definido como aquel derecho que permite utilizar a su discreción la posesión ajena con tal que no haga daño al poseedor. Esto es, se trata de un límite negativo a la plena concepción de la propiedad privada.

Es, precisamente, este origen en el antiguo derecho romano lo que provoca ciertas manifestaciones que tiene origen, fundamentalmente, en el mundo rural. Manifestaciones como el soutelo gallego (libre aprovechamiento de manzanas y castañas deshechadas por su propietario) o como el espigueo. 

.- El “ius usus inocui” en la actualidad

Superada, por la propia evolución de la sociedad, esta concepción rural del derecho inocuo, lo cierto es que esta idea goza hoy día de una segunda juventud en nuestra práctica jurisprudencial. De aplicación en cuestiones tan diferentes como una servidumbre de luces y vistas consentida y tolerada por un largo período de tiempo ante una demanda negatoria, o una discusión sobre distancias legales al amparo del artículo 591 del Código Civil, la reciente sentencia 172/2012, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo lleva esta idea a su máxima expresión al pronunciarse del siguiente modo:

En definitiva, esta Sala considera que, aun cuando los límites al derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, ninguno de los dos artículos en cuestión de la LPI, el 31.1 o el 40 bis, es excluyente de la doctrina del ius usus inocui para permitir el uso ino- cuo con arreglo a los propios principios de la LPI ni, menos aún, de la consideración de los arts. 7 CC, 11 LOPJ y 247.2 LEC. Antes bien, la pretensión de que se cierre el buscador de Google o de que se condene a esta demandada a pagar una indemnización por una actividad que beneficia al demandante, al facilitar en general el acceso a su página web y el conocimiento de su contenido, debe considerarse prohibida por el apdo. 2 del art. 7 CC, como abuso del derecho de autor o ejercicio antisocial del mismo, por cuanto al amparo de la interpretación restrictiva de los límites al derecho de autor pretende perjudicar a Google sin obtener ningún beneficio propio, como no sea fama, notoriedad o la propia indemnización pedida en la demanda.

Por ello, la progresiva socialización del derecho hace que sea una institución, relativamente desconocida, adquiera, cada vez más, importancia en las decisiones judiciales.

Susana González Ruisánchez

Abogado digital, Derecho Tecnológico, Ciberseguridad, SGSI, ISO27000, Legal Web Compliance, Innovación, Marketing y Comunicación

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