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Archivos Mensuales: mayo 2015

La posesión se configura como la relación de hecho de una persona con una cosa. Históricamente, se consideraba a la posesión como el Estado de Hecho por el cual tiene una cosa en su poder.

En nuestro ordenamiento la mayoría de los autores defiende que es un derecho real ya que confiere a su titular un poder inmediato sobre una cosa y además una protección contra quien puede perturbar ese derecho, por lo tanto quedaran asimilados los conceptos: posesión de hecho y de derecho.

1) Posesión de hecho, en el sentido de que se protege la posesión porque existe una apariencia.

2) Posesión de derecho, puesto que la posesión constituye un interés jurídicamente protegido.

En el Código Civil en concreto, y en nuestro ordenamiento jurídico en general, la posesión tiene un triple significado:

.-  La tutela jurídica a la posesión a la posesión que supone darle estabilidad y protección a un hecho. Sirva de ejemplo los antiguos interdictos para retener y recobrar, hoy procesos verbales de naturaleza sumaria.

.-  La posesión va a ser un medio para dar paso por el transcurso del tiempo a situaciones jurídicas definitivas, tal y como regulan los artículos 1930 y siguientes del Código Civil.

.- Como medio que se utiliza en la aplicación de políticas sociales, donde se tiene más en consideración a la posesión que a la propiedad.

.- PÉRDIDA, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN

En determinadas situaciones, esta relación entre persona y cosa puede verse rota, tanto de manera voluntaria como involuntaria (por hechos propios o ajenos).  Sirva de ejemplo, entre otras circunstancias, las siguientes:

  • Por la posesión de otro: o incluso contra la voluntad del antiguo poseedor, siempre que la nueva posesión no haya durado más de un año.
  • Por la pérdida total de la cosa, o su destrucción, o porque ésta quede fuera del comercio de los hombres (Art. 461 y 462 CC).
  • Por abandono de la cosa que supone, que el interesado ha colocado el bien en circunstancias de las que externamente puede deducirse su abandono.

Siempre que la posesión esté bajo nuestra influencia vamos a disfrutar de todos los elementos que conlleva la misma. Es la suma del corpus y del animus del antiguo Derecho Romano, es decir, la intención de tener la cosa sometida a la propia disposición y a la satisfacción de los propios fines de la persona. Es la perdida del Corpus el origen del las antiguas acciones interdictales posesorias para poder recuperar la posesión material de la misma.

El efecto principal de la recuperación de la posesión, va a ser el que esta se haya sin disfrutado sin interrupción. De aquí se derivan dos consecuencias:

  1. Si esa interrupción ha sido voluntaria y por lo tanto el poseedor lo ha permitido. En este caso para el cómputo de los plazos no va a existir una continuidad, se volverá a iniciar el mismo una vez recuperada la posesión.
  2. En aquella posesión perdida ilícitamente, nos encontramos con que el poseedor, va a poder revindicar la cosa de quien lo posea, e incluso reclamarla de quien la hubiese adquirido en una subasta pública, siempre que abone el justo precio.

.- LAS ACCIONES POSESORIAS DEL ARTÍCULO 250.1. DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Los llamados juicios declarativos verbales que se contienen en el art. 250,1,4.º LEC , y en los que se ejercitan demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ella o perturbado en su disfrute son el heredero de las antiguas acciones interdictales.

Se protege la posesión como un hecho de la vida real, mantenido en todo caso al poseedor actual mientras no sea vencido por quién ostente superiores prerrogativas jurídicas a su favor, ya en orden a la posesión misma (ius possessionis), o ya por lo que respecte al derecho de propiedad (ius possidendi); pero bien entendido que las acciones sumarias posesorias de retener o de recobrar el estado posesorio no prejuzgan en firme los problemas de la posesión (derecho a poseer) y de la propiedad, a ventilar en procesos ordinarios.

— ¿Requisitos procesales de estas acciones?—

1. Que la demanda se presente antes del transcurso de un año a contar desde el acto que la ocasiona

Ello se contiene en el art. 439,1 LEC que mantiene esta especialidad para la demanda al señalar que no se admitirán las que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo. Este plazo está en íntima conexión con lo dispuesto en el art. 460,4º CC  al manifestar que el poseedor puede perder su posesión por la posesión de otro, aún contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año.

2. El acreditamiento de la posesión de la cosa o del derecho, bien de un modo individual, bien en aquellas situaciones de coposesión.

3. Que haya sido perturbado en la posesión o tenencia por actos ejecutados por la persona o personas contra las que se dirige la demanda, o por orden de éstas, lo que viene a manifestar la llamada ‘legitimación pasiva’ en estos procedimientos.

4. Que se haya producido en verdad un acto inquietador o se haya consumado el despojo.

FUENTE:

1.- Aspectos procesales en las demandas sobre tutela sumaria ante situaciones de perturbación o despojo de la posesión (http://www.elderecho.com/)

2. LA POSESIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL. SIGNIFICACIÓN DE LA POSESIÓN DENTRO DE LOS DERECHOS REALES (http://www.uax.es/)

En materia de Gestión de Despachos, una de las cuestiones en la que más enfasis se realiza de un tiempo a esta parte es sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. Generalmente, para cubrir esta necesidad, se deberá recabar del cliente el consentimiento expreso, previa advertencia de los derechos ARCO que todo ciudadano responde.

Como regla general, la inclusión de los datos de los clientes y sus oponentes en un fichero supondrá un tratamiento de datos de carácter personal, que requeriría, en principio, el consentimiento del afectado, con el deber de informar al mismo de los extremos contenidos en el artículo 5.1, o en su caso, advertirles que, cuando no hayan sido recabados directamente del ciudadano, sus datos constan en el fichero, de un modo expreso, pacífico e inequívoco.

No obstante, es necesario advertir que el artículo 6.2 excluye “cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”. Ahora bien, ¿que ocurre en el supuesto de que los datos se refieran a los oponentes de los clientes del abogado o procurador?

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(Fuente: Asturlogos.com)

Es necesario partir de la colisión entre dos derechos proclamados como fundamentales en la Constitución de 1978. Derechos tales como la protección de datos de carácter personal (artículo 18) y el el derecho a la asistencia letrada, como manifestación del derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, contenido en el artículo 24.2 de la Constitución. El legislador ha creado un sistema en que el derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos supuestos en que el propio legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida.

El tratamiento por los abogados y procuradores de los datos referidos a la contraparte de sus clientes trae su causa del derecho de todos los ciudadanos a la asistencia letrada. La exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus datos por el abogado supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para que el cliente pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva, algo que seria una privación del derecho fundamental a la defensa con los medios de prueba que estime pertinentes.

Tal es así que el no uso de las informaciones de que los abogados o procuradores puedan disponer, procedentes de sus clientes, podrían perjudicar, como ya se indicó, el adecuado ejercicio por el propio interesado de las facultades vinculadas con su derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (al quedar en conocimiento de la otra parte los datos que pudieran ser aportados a juicio en defensa de su derecho), por ello, tampoco se estará obligado, según el artículo 5.4, esto es, la obligación de comunicación en el plazo de tres (3) meses desde el conocimiento de los mismos.

FUENTE:

1.-Tratamiento por Abogados y Procuradores de los datos de las partes en un proceso (www.agpd.es)

2.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El Derecho no son sólo normas, sino también principios y valores. En este sentido, ya en el Digesto (causante directo de nuestro actual Ordenamiento Jurídico) ULPIANO lo definía como  “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”  De esta definición se pueden extraer tres notas clave:

  • Honeste Vivere “Vivir Honestamente”. Marca como origen del Derecho al sujeto, a la persona, y a la necesidad de un comportamiento basado en la buena fe.
  • Alterum non laedere “No dañar a Otro”. Marca como origen el principio de responsabilidad.
  • Suum cuique tribuere “Dar a cada uno lo que se merece”. Establece la posibilidad de la existencia de un ser, un ente, capacitado para impartir Justicia.

Son tres principios que han pasado a nuestros días bajo el concepto de Principio General del Derecho. Los principios jurídicos son, según GUASP, aquellos que por sustentar a todo el Derecho de un modo específico, hacen depender de sí mismos la subsistencia de cualquier figura jurídica particular.

Uno de los principios que ha pasado a nuestros días y que es germen de cualquier construcción es el de seguridad jurídica. Principio reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, hasta el punto de afirmar el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA que “la seguridad jurídica es una exigencia social inexcusable” pero“constantemente deficiente”. 

Dice el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisla sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse

Ahora bien, el motivo de esta breve introducción radica en los siguientes titulares sacados en la prensa gallega en las últimas fechas:

“Las multas acechan a los arrendadores que no llevan a la Xunta las fianzas del alquiler”

El Gobierno gallego impuso 354 multas a arrendadores por no llevar la fianza de alquiler al IGVS

Las multas a las que se hace mención traen causa en una Ley, la 18/2008, de Vivienda de Galicia, y en un Decreto, el 42/2011, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que le sirve de desarrollo. Establecen estas normas la obligatoriedad del depósito de 1 mes de fianza en el Instituto Galego de Vivenda de Solo, bajo amenaza de multa por cumplir tal trámite.

Y aquí comienza el verdadero objetivo del presente post. Denunciar que no se cumplen los dos requisitos que, a mi juicio, son necesarios para lograr el perfecto desarrollo del concepto de seguridad jurídica: 1) publicidad y 2) conocimiento.

1) Publicidad. Teóricamente, el principio de publicidad se cumple con el acceso de las diferentes normas a los diferentes Boletines Oficiales (B.O.E., D.O.G. o el B.O. de la provincia correspondiente. A la práctica, esto genera la teórica obligación de todos los ciudadanos, sean operadores jurídicos o no, de acceder día tras día a tales instrumentos cuya publicación, a fecha de hoy, es telemática.

2) Conocimiento. Hilado con lo anterior expuesto, esta carencia de medios provoca el desconocimiento de los ciudadanos, verdaderos destinatarios de las normas a aplicar, de su existencia, contenido y significado. Si “la ignorancia de las leyes no excluye su cumplimiento”, debe ser objetivo de los poderes públicos, sea cual se su ámbito de competencia, que los ciudadanos puedan conocerlas y utilizarlas; pues, en caso contrario, el concepto de seguridad jurídica cederá ante lo que se podía calificar como sorpresa y desconocimiento.

¿ crecer? ¿fusionarse? ¿tener clientes objetivo? ¿segmentar nuestra actuación?

¿darse a conocer? ¿publicitarse? ¿utilizar las RR.SS.?

Es un error pensar que el marketing jurídico consiste únicamente en tener presencia activa en RR.SS. Es un error pensar que la efectividad y la relevancia de un usuario se mide en el número de seguidores que pueda tener. Cierto es que las RR.SS. son un medio, una forma de creación de una marca, pero la marca no debe estar vacía de contenido. Una marca debe estar asociada a los valores y al contenido que nosotros le queramos dar.

Una de las cuestiones fundamentales a nivel de marketing es saber diferenciarse. Saber diferenciarse significa saber distinguir aquellos elementos que nos van a hacer mejores en nuestro campo de actuación (a nivel legal, la selección de servicios juridico). Las firmas, los abogados,… deben buscar algo más que añadir contactos o notoriedad. Deben incrementar, mediante estrategias de marketing, la generación de valor añadido.

El Marketing se puede definir como  una forma de pensar, un enfoque, una orientación, un punto de vista, un concepto o una filosofía. Gráficamente hablando, los usuarios que somos activos en RR.SS. hemos visto en la siguiente imagen el verdadero sentido del marketing.

Oscar Carrion (@oscarrion) utiliza una magdalena, un muffin y un cupcake como metáforas de esta disciplina. Un cupcake no es una magdalena más cara gracias al marketing. Un cupcake es una magdalena en la que se han plasmado las necesidades de satisfaccion de los clientes.

Las personas (los clientes) no somos iguales, y por ello, nos mueven diferentes motivaciones. Has de producir acciones, debes cometer errores y debes aprender de ellos. Debes saber ver las necesidades de tus clientes y debes adaptar tus servicios ofertados a esas necesidades. Ese es el concepto de Marketing en el s. XXI.

.- ¿Marketing para abogados? Una necesidad y una virtud.

Las técnicas de venta cambian. El mercado también. Y un abogado no deja de ser un operador que, en un mercado global, ofrece un servicio determinado. Parafraseando a Eugenia Navarro (@eugenianavarros) en un post publicado en su blog sito en Expansion.com “El marketing jurídico no es más que una herramienta de gestión empresarial que ayuda a la toma de decisiones estratégicas con el máximo de información. En un enfoque a costes, los fichajes son parte de esa estrategia y responden a un deteminado posicionamiento de marca, de intangibles pero que generan en la mente del comprador atributos diferenciales.”

Esta virtud, en un mercado global como el que se opera hoy día, se ha convertido también en una necesidad. Necesidad porque volviendo al concepto tradicional de marketing, analizando a tus clientes potenciales obtendrás la mejor manera de conocer sus necesidades. Y conocer sus necesidades significa maximizar su satisfacción.

Fuente:

1.- “Fuera de la Ley”. Blog de Eugenia Navarro en Expansión.com. “Marketing Juridico”(http://www.expansion.com/blogs/navarro/2014/01/03/marketing-juridico.html)

2.- “Magdalenas, Cupcakes y Abogados” (http://www.tuchoconsultoria.com/blog-estrategia/marketing/magdalenas-cupcakes-y-abogados)

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