Seguridad Jurídica: Publicidad y Conocimiento

El Derecho no son sólo normas, sino también principios y valores. En este sentido, ya en el Digesto (causante directo de nuestro actual Ordenamiento Jurídico) ULPIANO lo definía como  “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”  De esta definición se pueden extraer tres notas clave:

  • Honeste Vivere “Vivir Honestamente”. Marca como origen del Derecho al sujeto, a la persona, y a la necesidad de un comportamiento basado en la buena fe.
  • Alterum non laedere “No dañar a Otro”. Marca como origen el principio de responsabilidad.
  • Suum cuique tribuere “Dar a cada uno lo que se merece”. Establece la posibilidad de la existencia de un ser, un ente, capacitado para impartir Justicia.

Son tres principios que han pasado a nuestros días bajo el concepto de Principio General del Derecho. Los principios jurídicos son, según GUASP, aquellos que por sustentar a todo el Derecho de un modo específico, hacen depender de sí mismos la subsistencia de cualquier figura jurídica particular.

Uno de los principios que ha pasado a nuestros días y que es germen de cualquier construcción es el de seguridad jurídica. Principio reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, hasta el punto de afirmar el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA que “la seguridad jurídica es una exigencia social inexcusable” pero“constantemente deficiente”. 

Dice el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisla sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse

Ahora bien, el motivo de esta breve introducción radica en los siguientes titulares sacados en la prensa gallega en las últimas fechas:

“Las multas acechan a los arrendadores que no llevan a la Xunta las fianzas del alquiler”

El Gobierno gallego impuso 354 multas a arrendadores por no llevar la fianza de alquiler al IGVS

Las multas a las que se hace mención traen causa en una Ley, la 18/2008, de Vivienda de Galicia, y en un Decreto, el 42/2011, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que le sirve de desarrollo. Establecen estas normas la obligatoriedad del depósito de 1 mes de fianza en el Instituto Galego de Vivenda de Solo, bajo amenaza de multa por cumplir tal trámite.

Y aquí comienza el verdadero objetivo del presente post. Denunciar que no se cumplen los dos requisitos que, a mi juicio, son necesarios para lograr el perfecto desarrollo del concepto de seguridad jurídica: 1) publicidad y 2) conocimiento.

1) Publicidad. Teóricamente, el principio de publicidad se cumple con el acceso de las diferentes normas a los diferentes Boletines Oficiales (B.O.E., D.O.G. o el B.O. de la provincia correspondiente. A la práctica, esto genera la teórica obligación de todos los ciudadanos, sean operadores jurídicos o no, de acceder día tras día a tales instrumentos cuya publicación, a fecha de hoy, es telemática.

2) Conocimiento. Hilado con lo anterior expuesto, esta carencia de medios provoca el desconocimiento de los ciudadanos, verdaderos destinatarios de las normas a aplicar, de su existencia, contenido y significado. Si “la ignorancia de las leyes no excluye su cumplimiento”, debe ser objetivo de los poderes públicos, sea cual se su ámbito de competencia, que los ciudadanos puedan conocerlas y utilizarlas; pues, en caso contrario, el concepto de seguridad jurídica cederá ante lo que se podía calificar como sorpresa y desconocimiento.

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