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Archivos Mensuales: octubre 2015

Texto de la La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

Dentro de la vorágine legislativa que ha marcado los últimos meses de la legislatura, quizás una de las normas cuya reforma ha provocado menos ruído, frente a otras de igual mayor calado, ha sido la promulgación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Dentro de la corriente existente en nuestro entorno de separar, del mayor modo posible, aquellos ámbitos de la denominada jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, destaca la publicación de esta norma que tiene como razón de ser la actualización y simplificación de “las normas relativas a su tramitación, tratando de optar por el cauce menos costoso y más rápido, desde el respeto máximo de las garantías y de la seguridad jurídica, y tomando especial cuidado en la ordenación adecuada de sus actos e instituciones” [Exposición de Motivos, III].

Pero… ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? A esta cuestión responde el artículo 1.2 de la Ley 15/2015, al afirmar que Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Esto es, es nota característica la ausencia de controversia entre las partes intervinientes en él, pese a que el procedimiento se sigue encomendando a los Órganos Jurisdiccionales del Orden Civil, en la persona del Juez o del Secretario.

En materia de derechos reales, el Título VI se refiere a los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales

Estos vienen constituidos por la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo, y por el expediente de deslinde sobre fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad que será a cargo del Secretario judicial.

[Nota del autor: Desde este momento, se hablará del expediente de deslinde sobre fincas no inscritas, arts. 104 a 107 LJV, quedando la autorización judicial al usufructuario para futura entrada, arts. 100 a 103]

.- El expediente de deslinde sobre fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad.

Por expediente de deslinde se entiende a aquel procedimiento por el que se pretende obtener el deslinde de fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad. Esta es la primera de las notas características, su restrictivo ámbito de aplicación, pues se diferencia de aquellas fincas si inscritas, al ser de aplicación la Ley Hipotecaria o si pertenecen a cualquiera de las Administraciones públicas, pues será de aplicación el derecho administrativo.

¿Notas características del expediente de deslinde? [Art. 105 LJV]

1.- ¿Competencia territorial? Conocerá el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca o la mayor parte de ella.

2.- ¿Inicio? A instancia del titular del dominio de la finca o, de ser varios, de cualquiera de ellos, o del titular de cualquier derecho real de uso y disfrute sobre la misma.

3.- ¿Intervención preceptiva de abogado? Si el valor de la finca es superior a 6.000 euros.

¿Procedimiento?

El expediente se iniciará mediante escrito en el que se harán constar las circunstancias tanto de la finca que se pretende deslindar como las colindantes, así como los datos identificativos de los titulares de una y otras, incluidos los catastrales, con su domicilio si fuera conocido por el solicitante” [Art. 106.1 LJV]. Cabe destacar que el procedimiento es hábil para deslindar la totalidad o parte de una finca.

En todo caso se deberá aportar representación gráfica de la finca, bien mediante certificación catastral, bien mediante representación gráfica alternativa, de no coincidir fielmente Catastro y realidad.

Tras admisión de solicitud, y en un plazo de quince días para alegaciones, el Secretario Judicial citará a colindantes a un acto de deslinde donde se practicará el deslinde solicitado.

¿Resolución?

El expediente puede terminar, bien por avenencia (total o parcial), o sin avenencia, en cuyo caso se producirá el archivo de las actuaciones. En caso de avenencia, dice el art. 107.3 LJV, “el Secretario judicial remitirá testimonio del acta y del decreto al Catastro a los efectos de que puedan realizarse por este, en su caso, las alteraciones catastrales que correspondan”.

En todo caso, este expediente no deja de ser Jurisdicción Voluntaria, por lo que la comparecencia no es obligatoria para ninguno de los requeridos. Por ello, en caso de negativa o ausencia en la práctica, cabe acudir ante la Jurisdicción Civil para ejercer el procedimiento declarativo correspondiente en defensa de tal pretensión; procedimiento que gozará de todos los principios que son reconocidos en nuestra legislación procesal en defensa de las garantías a los ciudadanos.

En nuestro sistema, existen dos registros jurídicos distintos, el Catastro y el Registro de la Propiedad, que se ocupan de una misma realidad, la inscripción de los bienes inmuebles. No obstante, entre uno y otro existen amplias diferencias, no sólo en cuanto a los datos que incluyen, sino a también a su origen y finalidad. Se puede definir esta situación mediante la máxima comúnmente admitida de <<una realidad, dos registros>>.

Descoordinados entre sí, todavía es común encontrarse en la tesitura de que una mismo bien se encuentre inscrito en el Catastro a favor de una persona, pero no haya tenido acceso al Registro de la Propiedad. Incluso, constando la inscripción de ese mismo bien en ambos Registros, puede ser que la superficie sea diferente e, incluso, que también exista contradicción con la superficie física del bien en cuestión.

.- El Catastro: es un registro administrativo que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su finalidad es fiscal y para ello recoge la descripción de todos los inmuebles del país y sus titulares, incluso aunque no estén inscritos en el Registro de la Propiedad. La inscripción de bienes en el Catastro es obligatoria y gratuita.

El Catastro contempla todas las edificaciones existentes, con independencia de su situación jurídica o su adecuación a la legalidad urbanística, de forma que todo ciudadano tribute por el inmueble que tenga.

.- El Registro de la Propiedad es un registro jurídico que depende del Ministerio de Justicia. Está constituido como un registro de derechos, esto es, un registro de las titularidades y cargas que existen sobre los inmuebles. Incorpora una descripción del inmueble, pero esta descripción se realiza siempre en base a la documentación aportada por las partes y no por una comprobación directa de la realidad.

Su finalidad es dar publicidad frente a terceros de los derechos sobre inmuebles, aportando seguridad jurídica. La inscripción en el Registro de la Propiedad es voluntaria, y tiene un coste asociado.

Asimismo, únicamente pueden tener acceso documentos que reúnan determinados requisitos.

Expuesto la anterior comparación, se observa la razón de ser de una y otra institución, y se arroja cierta luz sobre sus diferencias.

Lo cierto es que el propio Texto Refundido del Catastro Inmobiliario, y con causa en el origen tributario-censal del mismo, en su artículo 3.3 establece la sumisión del Catastro al Registro de la Propiedad en materia de titularidades y cargas:

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos.

La propia Exposición de Motivos del Texto Refundido antes señalado incluye una mención a su origen tributario, pero introduce la necesidad de incorporar “la información gráfica y de la identificación catastral de las fincas tanto a las actuaciones notariales como al Registro de la Propiedad”. Por eso, actualmente se está produciendo un proceso de coordinación y vinculación entre ambos Registros tendentes a evitar situaciones contradictorias (sobre todo en materia de superficies y titularidades) entre uno y otro. El objetivo es claro, que ambos reflejen de la forma más fiel la realidad física de la finca.

.- ¿La titularidad catastral puede otorgar la propiedad?

El artículo 38 de la Ley Hipotecaria constituye el precepto básico del principio de legitimación registral, porque en él se contiene la formulación positiva de dicho principio, es decir, la presunción de que lo inscrito en el Registro existe y pertenece al titular registral en la forma que expresa el asiento.

A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos.

Por ello, en ningún caso se atribuirá la propiedad de un determinado bien por el mero hecho de constar en Catastro a favor de un determinado titular. Puede servir de prueba indiciaria, que, unido al resto de actividad probatoria, termine por crear convicción en el Juez, pero, en ningún caso, debe ser causa única de atribución de titularidad, sino que para tal hecho habrá que atenerse a las reglas previstas en el Código Civil para su adquisición y transmisión.

// Situación: A y B son propietarios colindantes. A planta un árbol que, pese a cumplir las distancias legales del artículo 591, tras su crecimiento, termina por invadir la propiedad de B, tanto con sus ramas como con sus raíces. (Ver esquema). ¿Qué derechos asisten al propietario B sobre la invasión que se produce por el crecimiento del árbol? //

A esta situación trata de responder el artículo 592 del Código Civil, cuyo contenido se transcribe a continuación.

Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.

Árbol. Distancias legales. Ramas y raícesEsta norma recoge dos procedimientos distintos de reacción del  afectado según la forma en que se pueda producir la invasión de su propiedad. Así, si es por las ramas que invaden el vuelo de la finca propia, se puede reclamar que se corten, pero no se puede hacer por sí mismo. En ningún caso se podrá realizar motu proprio (está prohibida la autotutela), hasta el punto de que de realizar tal acto sin consentimiento, el causante será responsable de aquellos Daños y Perjuicios que se causen.

Por el contrario, sí que se tiene reconocida la facultad de cortar las raíces por uno mismo, y siempre hasta el límite de la propiedad. Esta facultad, muestra de autotutela, no impide que se pueda solicitar judicialmente su corta, con amenaza de condena ante los Juzgados y Tribunales del Orden Civil.

Se trata de un artículo plenamente compatible con el artículo 591 del Código Civil, que establece la regla de distancias a la que estas especies deberían estar plantadas, dos metros o cincuenta centímetros dependiendo de la calificación como árbol “alto” o “arbusto o bajo”, siendo la Jurisprudencia la que ha especificado tal división. De este modo:

No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.

Y ello porque ambos artículos tienen objetos de protección diferentes. Mientras el artículo 591 protege las relaciones de vecindad entre propiedades, evitándose la creación de ‘pantallas’ naturales que puedan evitar, entre otros supuestos, la entrada de luz, el artículo 592 protege a las heredades vecinas de aquellas invasiones que se puedan producir por el desarrollo natural de especies vegetales, con las consecuencias que este hecho podría provocar.

Del mismo modo, se podría pedir el corte de ramas (artículo 592 Código Civil) sin pedir el arranque de los arboles (artículo 591 del Código) toda vez que podrían estar autorizadas mediante cualquier otro negocio jurídico interpartes.

Fundamental en todo caso será tener bien delimitada cual es la línea divisoria entre ambas heredades, toda vez que esta línea, clara en materia de suelo y subsuelo, pero problemática en materia de vuelo, marcará los límites de actuación y de corta.

Quizás una de las mayores peculiaridades de este artículo es que, pese a que se refiere únicamente al <<propietario>>, la práctica jurisprudencial ha admitido también legitimación activa a cualquier titular de derecho real sobre cosa ajena (usufructuario, mero poseedor,…)

En todo caso, y a modo de conclusión, cabe destacar que estos preceptos no son absolutos, sino que cabria la posibilidad de adquirir, como una limitación al propio dominio (esto es, una servidumbre), el derecho a mantener la invasión de las ramas. Opera aquí el principio de libertad de disposición de las partes, y su fundamentación como una servidumbre voluntaria. Además, en tal supuesto, salvo pacto en contrario, la servidumbre habría de entenderse constituida no sólo en relación con el estado actual de raíces y de ramas, sino también para el estado futuro, pudiendo “limitarse la extensión del gravamen mediante la obligación de realización de cortas y podas periódicas con la finalidad de no superar cierta intromisión en el predio ajeno”.

Fuente:

Ángel Luis, Rebolledo Varela. Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Santiago de Compostela. Abogado

 Grandes Tratados. Tratado de Servidumbres.

Editorial Aranzadi, SA, Octubre de 2007.

 ISBN 978-84-8355-292-6

Artículo 1473

Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.

Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro.

Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.

El artículo transcrito se refiere a una situación que, aunque ilógica en la teórica, y poniendo en jaque la creencia en el Ordenamiento Jurídico del ciudadano, tiene visos de realidad, partiendo de la desconexión existente hasta no hace mucho entre las diferentes instituciones que se preocupaban de la Propiedad, tales como Registro y Catastro.

Situación: A vende a B un determinado bien el uno de Junio de un año cualquiera. Pero el uno de Marzo de ese año, ya le había vendido a C el mismo bien. ¿Qué acciones tiene C para reclamar su derecho? ¿Qué plazo existe para reclamar la doble venta?

Es sabido, que nuestro sistema de transmisión de la propiedad y demás derechos reales se contiene en los arts. 609 y 1095 CC, en los que se nos viene a decir que éstos se adquieren y transmiten como consecuencia de la suma de dos elementos: a saber, el título o contrato válido traslativo y el posterior modo, traditio o entrega.

Artículo 609

La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición.

Artículo 1095

“…Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada.”

.- ¿Cuáles son las reglas del Código Civil?

Por su parte, el art. 1473 CC, establece una serie de criterios de preferencia que ya hemos reiterado: en el caso de tratarse de bienes muebles, se declara como definitivo propietario al primero que de buena fe tome posesión de la cosa; y en el caso de los bienes inmuebles, al primero que inscriba su derecho en el Registro de la Propiedad (en defecto de inscripción, al primero que efectivamente tome posesión del bien de buena fe; y en defecto de los anteriores criterios, es preferido el que ostente título de fecha más antigua).

El régimen es diferente según se trate de bienes muebles o inmuebles. En el caso de bienes muebles, quizás el más sencillo, será propietario el primero que tenga su posesión efectiva, siempre que hubiese actuado de buena fe. En el caso de bienes inmuebles, habrá que acudir bien a la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, en segundo lugar, a la toma de posesión del mismo y, en su defecto, al título más antiguo.

.- ¿Qué dice la Jurisprudencia del Tribunal Supremo?

Acudimos en este punto a la Sentencia núm. 392/2012 de 27 junio de la Sección1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que se pronuncia del siguiente modo:

“La  sentencia de 7 de septiembre 2007  ha venido a unificar la doctrina sobre la materia, abandonando la última postura al considerar que el  artículo 1473   del Código Civil no exige necesariamente el requisito de «una cierta coetaneidad cronológica» entre dos o más ventas en conflicto, incluyendo así en su ámbito de aplicación a las ventas múltiples que a su vez originen una venta de cosa ajena, como consecuencia de la consumación de la primera de las ventas. Esto es, se afirma que la doble venta y la venta de cosa ajena son figuras complementarias y no excluyentes que entran bajo el ámbito de aplicación del  artículo 1473   del Código Civil.”

….

“La cuestión viene a desembocar en la apreciación de la situación de conocimiento del demandando respecto de la venta anterior realizada al demandante por la misma vendedora sobre el mismo inmueble, en cuanto ello determinará la existencia o no de buena fe por su parte y poder beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 1473 del Código Civil, partiendo de que no resulta necesario un conocimiento acabado y preciso de la transmisión anterior sino que basta un estado de duda sobre ello que el propio interesado no intenta resolver con el fin de aprovecharse de tal preferencia, no bastando ni siquiera el error cuando este ha de considerarse como inexcusable, ya que no cabe premiar un comportamiento de grave negligencia.”

El debate pues, queda centrado en el conocimiento de la venta anterior y en las acciones que pudiesen recaer sobre el vendedor del bien por aquél de los compradores que hubiese quedado excluido de su posesión, puesto que la posesión es indivisible. En este sentido, es interesante destacar que el artículo 445 destaca que “la posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personalidades distintas”.

Expuesto cuanto antecede, será de interés matizar, pues, que la propiedad por parte de quien cumple las condiciones del artículo 1473 se verá respetada. Nacerá la posibilidad de ejercicio de acción entre vendedor y comprador (sin posesión efectiva). Y nacerá con el objetivo de resarcir a este comprador por la no adquisición del bien.

.- ¿Cuál es el plazo de prescripción de esta acción?

La Sentencia 728/2012 de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo remite a los artículos 1964 y 1969 a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de esta acción, de eminente carácter indemnizatorio.

Artículo 1964

La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción a los quince.

Artículo 1969. [Inicio del cómputo del tiempo para prescribir]

El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.

Así pues, esta acción está caracterizada como personal, puesto que los sujetos activo y pasivo de la misma recaerían en las personas del vendedor y del comprador. Así lo confirman, entre otras, la Sentencia núm. 241/2003 de 22 mayo de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, que inicia el cómputo del plazo en el momento en que “quedó consumado el contrato de compraventa”

La actualidad está revolucionada por el denominado ‘caso Asunta’. La muerte de Asunta Basterra en extrañas circunstancias y los interrogantes sobre la intervención o no de sus padres han culminado, tras dos años de instrucción, en la apertura de un juicio oral ante Tribunal del Jurado en el que los medios de comunicación han posado sus focos de la actualidad. Un Tribunal del Jurado es la máxima expresión de la intervención de la ciudadanía ante la función de “ejecutar y hacer ejecutar lo Juzgado” que proclama la Constitución Española. Pero… ¿Que es el Tribunal del Jurado?

Artículo 125

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”

El Tribunal del Jurado es una Institución de la Administración de Justicia que introduce la participación ciudadana en el enjuiciamiento de determinados delitos. Compuesto por 9 jurados, con 2 suplentes, la principal nota de su funcionamiento es que se trata de un deber inexcusable de carácter público y personal.

No cualquier persona forma parte (o puede formar parte) sino que para integrarse en él es necesario cubrir una serie de requisitos que tienen como objetivo plasmar como nota fundamental la imparcialidad.

De acuerdo precisamente a la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, que lo regula, el magistrado instructor ha comunicado hoy a las partes esa decisión, fundamentada en el apartado 1.a) del Artículo 1 (Competencia del Tribunal del Jurado):

“…tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúibricas:

a) Delitos contra la vida humana…”

Y en el apartado 2 del mismo artículo 1, especifica que “el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal: a) Artículos 405 a 410 , ambos inclusive (homicidios e infanticidios)…”

Es precisamente la competencia atribuida a estos procedimientos la que determina que sean los más mediáticos los por él enjuiciados.  No sólo la muerte de Asunta, también el declarado asesinato de los hijos de Jose Bretón han asaltado las portadas de nuestros periódicos o las entradas de nuestros informativos. Justo este hecho, la creación de estos denominados “juicios paralelos”, es el principal argumento de sus detractores, toda vez que es prácticamente imposible que el ciudadano medio no conozca los hechos antes de su enjuiciamiento. Ríos de tinta corrieron y las desafortunadas palabras del Instructor encendieron, todavía más, la llama del morbo.

.- ¿Cómo anticipó el legislador esta cuestión?

La ley prevé un proceso de selección bastante riguroso que, participado por los abogados de ambas partes, trata de evitar suspicacias sobre la actuación de los miembros del Tribunal. El legislador, en la exposición de motivos del la Ley del Tribunal Jurado, ya se preocupó de la imparcialidad del jurado al explicar que “…la Ley prevé la posible recusación por las partes presentes en el inicio de las sesiones. El fundamento de la recusación admitida, incluso sin alegación de causa por el recusante, no es otro que el de lograr, no ya la imparcialidad de los llamados a juzgar, sino que tal imparcialidad se presente como real ante los que acuden a instar la Justicia. Pero tal ideal, que exigiría la inexistencia de límites en la recusación, ha de conciliarse con las exigencias de que la Institución no se vea frustrada en su funcionamiento efectivo.”

Ahí es donde radica la función del Tribunal del Jurado. La función de los abogados es neutralizar los indicios de criminalidad de sus clientes que han llevado al Juez instructor, a acusar de un determinado delito y olvidarse de todo lo que se habla, se habló y se hablará.

Casos como el de José Bretón, como la muerte de Asunta Basterra, determinan la dificultad de todos estos extremos. Por ello, lejos de ratificar el desarrollo mediático de estos “juicios paralelos”, el procedimiento ha de seguir las reglas generales de toda causa penal, con las salvedades  procedimentales ya expuestas.

Es esta delgada línea roja donde radica el funcionamiento y el motivo de esta institución.

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