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Archivos Mensuales: marzo 2016

“A demanda a B. La demanda es presentada el 15 de noviembre del año X, pero B había fallecido el 15 de julio de ese año. El fallecimiento de B… ¿Qué implicaciones tiene respecto a la pendencia del proceso que se quiere iniciar iniciado?
Esta cuestión entra en contradicción directa no sólo con la legislación procesal, que debe regir el desarrollo del proceso, sino incluso con la legislación civil. Dice el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tendrá capacidad para ser parte “las personas físicas”. Resulta evidente, pues, que una persona fallecida carece de personalidad y de capacidad para ser parte en un declarativo ordinario.
Se trata, pues, de una cuestión de orden público, lo que determina que su falta (art. 9. L.E.C.) sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal.
Expuesto cuanto antecede, lo cierto es que quien suscribe entiende que no cabe la subsanación posibilitada por el artículo 231 de la L.E.C., toda vez que la misma se refiere, únicamente, a aquellos “defectos en que incurran los actos procesales de las partes”, debiéndose entender por estos defectos aquellas faltas formales o materiales, nunca procedimentales o de fondo, en los que pudiese incurrir cualquiera de las partes en un acto procesal.
Esta caracterización conllevaría, en consecuencia, la imposibilidad de proceder a solicitar la sucesión procesal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la L.E.C., puesto que la misma trae como causa el fallecimiento de quien ha sido parte en el proceso. Si no eras parte en el momento en que se estableció la relación procesal, y como se ha justificado anteriormente, un fallecido no puede adquirir tal condición, no existe posibilidad alguna de transmitir lo que la ley llama como “el objeto del juicio”.
Así se pronunció, entre otras, la Sentencia núm. 231/2007 de 15 mayo de la Sección 5ª, Audiencia Provincial de A Coruña:
“La capacidad para ser parte, regulada en el art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e identificada tradicionalmente con la personalidad jurídica civil, constituye un presupuesto procesal, de carácter absoluto e insubsanable, del que depende la válida constitución de la relación jurídica procesal, cuya naturaleza de orden público determina que su falta sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal (S TS 23 septiembre 2002), como así lo dispone expresamente el art. 9 de la LEC , de modo que en absoluto cabe excluir su apreciación en la sentencia, por más que lo deseable sea que el control de la falta de capacidad de las partes se ejerza con anterioridad, en el trámite de admisión de la demanda, en la audiencia previa al juicio ordinario (art. 416.1-1ª y 418.2 LEC ), o en la vista del juicio verbal (art. 443.2 LEC ). Esta decisión debe determinar la desestimación de la demanda, al tratarse de un defecto insubsanable que hace inútil cualquier pronunciamiento de nulidad para proceder a su subsanación en la audiencia previa (art. 418 LEC)”
Incluso, para el caso de ser el hecho del fallecimiento notorio, podría ser de aplicación, dependiendo del Órgano Jurisdiccional, el artículo 247.3 de la L.E.C., esto es, la violación de las reglas de la buena fe procesal.
“3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.”
La acción de deslinde se encuentra amparada en el artículo 384 (y siguientes) del Código Civil, y no tiene otra finalidad que la concreta delimitación de los linderos o del perímetro de la finca reclamada. Tal es así que la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de febrero de 1984 sienta la idea de que se dirige a la individualización del predio fijando sus linderos.
Artículo 384
Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes.
La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales.
Por ello, se puede afirmar que la acción de deslinde tiene una finalidad puramente individualizadora del predio, fijando sus linderos y persiguiendo la concreción de unos derechos dominicales ya existentes sobre una zona de terreno incierto. Refuerza esta idea otra Sentencia del Tribunal Supremo, ésta de 21 de noviembre de 2011, cuando afirma que “únicamente incumbe a la parte demandante la carga de acreditar la existencia de la confusión de linderos entre las fincas de ambas partes”.
.- ¿Qué criterios utiliza el Código Civil para proceder al Deslinde?
Artículo 385
El deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario y, a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes.
Artículo 386
Si los títulos no determinasen el límite o área perteneciente a cada propietario, y la cuestión no pudiera resolverse por la posesión o por otro medio de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales.
Artículo 387
Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se distribuirá proporcionalmente.
Por tanto, para deslindar hay que seguir las normas sustantivas en el Código Civil, habrá que acudir, en primer lugar a lo que resulte de los títulos o a la posesión de los colindantes (art.385 del Código Civil), o, en su defecto, solo si la cuestión no puede resolverse por la posesión o por cualquier otro medio de prueba, distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales (art. 386 y 387 del Código Civil)
.- ¿Presupuesto de la acción de deslinde?
En términos generales, es necesario partir de la confusión de linderos como presupuesto de la acción de deslinde. Es constante la jurisprudencia que establece, como requisito objetivo y reconocible que permite identificar el ámbito propio de la acción de deslinde, la existencia de confusión de linderos entre las fincas, de suerte que no se pueda tener conocimiento exacto de la línea perimetral de cada propiedad, con la consiguiente incertidumbre respecto de la aparente extensión superficial de cada una de ellas.
Como criterio general puede afirmarse que no puede hablarse de confusión de linderos cuando existen signos externos de demarcación entre las fincas: así, cuando los predios se hallan separados por instalaciones de cierre, con independencia de que la superficie abarcada se corresponda o no con la extensión objetiva del correspondiente derecho de dominio (STS 18 abril 1984); si las fincas están separadas por un muro y un camino (STS 20 julio 1986) si la finca tiene un cerramiento total realizado antes de su adquisición y que consta en la escritura (STS 26 junio 2003); si existen elementos físicos de cerramiento de la finca, como pared de obra de cerramiento, árboles ornamentales plantados con anterioridad y verja metálica, en un supuesto de compra de finca como cuerpo cierto (STS 3 mayo 2004); si existe un muro de sillería delimitando las fincas (STS 20 junio 2006); o, finalmente, si existen señales delimitadoras sobre el terreno muy antiguas en el tiempo y, desde luego, superior al plazo de la prescripción adquisitiva (STS 14 octubre 2009).
Además, no sólo habrá que acudir a la concreta distribución física de las fincas en litigio, sino que será necesario que quien la solicite o ejercite aporte los títulos de propiedad o las oportunas mediciones. Evidentemente, para que el deslinde se practique dividiendo el terreno discutido es preciso que tal forma de solución o bien resulte directamente de la titulación de las partes o se obtenga de manera residual y por eliminación, como previene la ley, si los títulos no determinan el límite o área de cada propietario y la división no puede establecerse por la posesión o por otro medio de prueba (art. 386 del Código Civil).
Comentario al art. 384 del Código Civil  (José Javier Hualde Sánchez).
 
Estudios y Comentarios Legislativos (Civitas). 
Editorial Aranzadi, SA, Septiembre de 2011.
ISBN 978-84-470-3738-4
Sentencia 00100/2016, de la Aud. Provincial de Pontevedra, Sección 6ª
 
Ponente: Ilmo. Magistrado D. Jaime Carrera Ibarzábal
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