Fallecimiento del demandado antes de la interposición de la Demanda

“A demanda a B. La demanda es presentada el 15 de noviembre del año X, pero B había fallecido el 15 de julio de ese año. El fallecimiento de B… ¿Qué implicaciones tiene respecto a la pendencia del proceso que se quiere iniciar iniciado?
Esta cuestión entra en contradicción directa no sólo con la legislación procesal, que debe regir el desarrollo del proceso, sino incluso con la legislación civil. Dice el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tendrá capacidad para ser parte “las personas físicas”. Resulta evidente, pues, que una persona fallecida carece de personalidad y de capacidad para ser parte en un declarativo ordinario.
Se trata, pues, de una cuestión de orden público, lo que determina que su falta (art. 9. L.E.C.) sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal.
Expuesto cuanto antecede, lo cierto es que quien suscribe entiende que no cabe la subsanación posibilitada por el artículo 231 de la L.E.C., toda vez que la misma se refiere, únicamente, a aquellos “defectos en que incurran los actos procesales de las partes”, debiéndose entender por estos defectos aquellas faltas formales o materiales, nunca procedimentales o de fondo, en los que pudiese incurrir cualquiera de las partes en un acto procesal.
Esta caracterización conllevaría, en consecuencia, la imposibilidad de proceder a solicitar la sucesión procesal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la L.E.C., puesto que la misma trae como causa el fallecimiento de quien ha sido parte en el proceso. Si no eras parte en el momento en que se estableció la relación procesal, y como se ha justificado anteriormente, un fallecido no puede adquirir tal condición, no existe posibilidad alguna de transmitir lo que la ley llama como “el objeto del juicio”.
Así se pronunció, entre otras, la Sentencia núm. 231/2007 de 15 mayo de la Sección 5ª, Audiencia Provincial de A Coruña:
“La capacidad para ser parte, regulada en el art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e identificada tradicionalmente con la personalidad jurídica civil, constituye un presupuesto procesal, de carácter absoluto e insubsanable, del que depende la válida constitución de la relación jurídica procesal, cuya naturaleza de orden público determina que su falta sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal (S TS 23 septiembre 2002), como así lo dispone expresamente el art. 9 de la LEC , de modo que en absoluto cabe excluir su apreciación en la sentencia, por más que lo deseable sea que el control de la falta de capacidad de las partes se ejerza con anterioridad, en el trámite de admisión de la demanda, en la audiencia previa al juicio ordinario (art. 416.1-1ª y 418.2 LEC ), o en la vista del juicio verbal (art. 443.2 LEC ). Esta decisión debe determinar la desestimación de la demanda, al tratarse de un defecto insubsanable que hace inútil cualquier pronunciamiento de nulidad para proceder a su subsanación en la audiencia previa (art. 418 LEC)”
Incluso, para el caso de ser el hecho del fallecimiento notorio, podría ser de aplicación, dependiendo del Órgano Jurisdiccional, el artículo 247.3 de la L.E.C., esto es, la violación de las reglas de la buena fe procesal.
“3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.”
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1 comentario
  1. Jose Luis dijo:

    Creo que hay que tener cuidado con las interpretaciones rigoristas pues podría verse lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no sólo del demandante sino también del demandado en aquellos procesos en que son varios los codemandados (comuneros) y los que no sean parte en el proceso quedarán luego vinculados por el efecto positivo de la cosa juzgada material, así como otros principios de orden inferior pero de indudable importancia como la economía procesal, igualmente, en aquellos procesos que puedan continuar adelante por existir una pluralidad de demandados frente al resto. La técnica es defectuosa en mi modesta opinión y entra en colisión, por ejemplo, con aquellos casos en que se demanda a unos propietarios con base en la publicidad registral: ¿Hasta qué punto opera la carga de identificar al demandado? ¿lo hace de manera ilimitada? ¿No cabe aquí la previsión de la LEC acerca de los hechos nuevos o de nueva noticia?¿Tampoco le ampara al demandante la publicidad registral?¿Se ha de acudir siempre para curarse en salud, cuando no se conozca personalmente a los demandado a las diligencias preliminares?
    Por otra parte, pretender que la interpretación mantenida es la más acorde con el Código Civil es mucho decir, ya que éste lo que busca, por encima de construcciones más o menos grandilocuentes, es dar solución, con mayor o menor fortuna, a los casos que puedan plantearse. Y además, nada más lejos de la realidad, para el tráfico jurídico y para evitar precisamente estas situaciones, ya el genio romano previó la figura de la subrogación. El problema, como sucede a menudo se ve mejor llevado a casos límite: Imaginemos que el demandado ha fallecido la semana antes o incluso un par de días a la presentación de la demanda y el demandante no tuvo noticia. ¿Qué se debería hacer? ¿Inadmitir la demanda o desestimarla sin dar al demandante la posibilidad de subsanar?. No parece muy razonable ni justo.

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