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Archivos Mensuales: mayo 2016

El artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispensa protección posesoria a la “tenencia de una cosa o derecho“, reconociendo un amplio concepto de posesión que ha sido matizado desde la Doctrina o la Jurisprudencia. Así, se recoge la protección no sólo de las cosas materiales de dominio privado, sino también de los derechos reales e, incluso, personales.

Juzgado

(Foto: mundojuridico.info)

La L.E.C. apuesta por un sistema germánico, basado en la posesión como un hecho, frente al sistema romano, que apostaría por un concepto jurídico de posesión, o lo que es lo mismo, la posesión como derecho. Por ello, es objeto de la práctica probatoria el hecho mismo de la posesión, toda vez que, como se ha expuesto previamente, la razón de ser de estos procedimientos interdictales es responder “al interés social de que las situaciones/estados de hecho no puedan destruirse por actos de propia autoridad y, ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 441 del CC, que establece que, en ningún caso, puede adquirirse violentamente la posesión, mientras exista un poseedor que se oponga a ello“.

Por ello, se establece que la posesión de hecho ha de recaer sobre bienes de dominio privado. Ahora bien… ¿cabe protección posesoria contra perturbación de bienes en poder de la Administración Pública? ¿Y en aquellos supuestos en los que se perturba los denominados “derechos personales”?

Con carácter general, se puede decir que durante la vigencia de la antigua LEC de 1881 existía unanimidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, respecto a la imposibilidad de la utilización de estos procedimientos sumarios cuando el objeto de los mismos se refería a bienes de dominio público. No obstante, la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ya establece esta posibilidad. Tradicionalmente, se reconocía la posibilidad de demandar a la Administración Pública, siempre que esta no actuase dentro de su esfera de competencia y con la observancia de las normas de procedimiento administrativo, al encontrarse dentro de las denominadas “vías de hecho”.

Ahora bien… tal y como se decía más arriba, también los derechos son susceptibles de protección posesoria al amparo del artículo 250.1.4º de la L.E.C. La condición que marca la Doctrina y la Jurisprudencia es que estos derechos sean aptos para ser poseídos y puedan entrar en el tráfico jurídico. Precisamente por esta caracterización, existe un importante sector Doctrinal que se muestra reacio a extender la protección posesoria a los denominados “derechos personales”. Muestra de esta idea son las palabras de GONZÁLEZ POVEDA quien afirma que “debe seguirse la opinión mayoritaria que sólo considera incluíbles dentro del ámbito de esta protección aquellos derechos que sean susceptibles de un ejercicio duradero y estable, excluyéndose aquellos que, como los derechos de crédito, se agotan con su ejercicio”.

Por ello, y como conclusión, parafraseamos a GIMENO SENDRA, que afirma que será necesario bajarse al supuesto concreto. Afirma que “habrá que descender, pues, a cada supuesto para examinar si el derecho personal en concreto es apto para ser invocado en el procedimiento interdictal”.

 

 

Fuente: Los juicios verbales de retener y recobrar la posesión

 

El artículo 388 del Código Civil, germen de lo que se ha venido a denominar como el ‘derecho de individualización de la cosa’ establece que todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas.  
Así pues, todo propietario tiene derecho a colocar la cosa en condiciones de que nadie pueda perturbarle en el goce de las mismas.
Esta situación, a priori sencilla, no deja de ser un supuesto problemático sobre el terreno, pues el carácter, la configuración o la estructura del cierre pueden acarrear perturbaciones en derechos de terceros válidamente constituidos, como podría ser la existencia del derecho real de servidumbre de paso.
Finca-CanFrareVerd-Ibiza

Finca Can Frare Verd, Ibiza (Fuente; Wikipedia.es)

Ya en 1999, la SAP de Baleares Sec. 3ª de 3 de marzo  afirmó que “La facultad de individualizar el objeto sobre el que recae el dominio cercándolo (art. 388 del Código Civil) es, en efecto, una de las facultades inherentes al derecho de propiedad, pero deberá ser ejercitada sin perjudicar a quienes ostentasen algún derecho sobre la finca que se pretende cercar”, limitándose notablemente el ámbito de actuación contenido en tal derecho.
Partamos de un supuesto práctico… el propietario de una finca rústica, gravada con una servidumbre de paso, cierra su parcela. Esta actuación, en principio, está amparada por el artículo 388, pero ¿qué sucede si con ese cierre se causa un perjuicio, total o parcial, a los usuarios de esa servidumbre?
La respuesta puede depender del ámbito temporal de la reacción; Así…
          Si la misma se produce antes del plazo de un año desde el perjuicio, podría entenderse viable el ejercicio del antiguo Interdicto (hoy proceso verbal sumario). Para ello, habrá que acreditar, en palabras de la SAP Ourense 17/2002 de 22 enero, “la existencia de un despojo parcial de la anchura del camino con el cierre de la finca ni que con ésto se le impida el normal uso que venía haciendo del mismo el interdictante”.
          Por el contrario, si la reacción es posterior al plazo de un año, habrá que atender, como regla general, al modo de constitución de la servidumbre. En todo caso, a su modo de constitución. En todo caso, habrá que afirmar la no presencia del denominado “ius variandi” de todo propietario de predio sirviente y, en consecuencia, que no se produce ningún menoscabo al fin o utilidad obtenido por el predio dominante respecto el trazado original de la servidumbre.
Por todo lo expuesto, será necesario, siempre, compaginar los dos derechos, el de cerrar la propia propiedad y aquellas servidumbres de paso validamente constituidas, respetando no sólo su existencia, sino también la forma de su disfrute.
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