Objeto de la protección interdictal. Supuestos problemáticos

El artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispensa protección posesoria a la “tenencia de una cosa o derecho“, reconociendo un amplio concepto de posesión que ha sido matizado desde la Doctrina o la Jurisprudencia. Así, se recoge la protección no sólo de las cosas materiales de dominio privado, sino también de los derechos reales e, incluso, personales.

Juzgado

(Foto: mundojuridico.info)

La L.E.C. apuesta por un sistema germánico, basado en la posesión como un hecho, frente al sistema romano, que apostaría por un concepto jurídico de posesión, o lo que es lo mismo, la posesión como derecho. Por ello, es objeto de la práctica probatoria el hecho mismo de la posesión, toda vez que, como se ha expuesto previamente, la razón de ser de estos procedimientos interdictales es responder “al interés social de que las situaciones/estados de hecho no puedan destruirse por actos de propia autoridad y, ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 441 del CC, que establece que, en ningún caso, puede adquirirse violentamente la posesión, mientras exista un poseedor que se oponga a ello“.

Por ello, se establece que la posesión de hecho ha de recaer sobre bienes de dominio privado. Ahora bien… ¿cabe protección posesoria contra perturbación de bienes en poder de la Administración Pública? ¿Y en aquellos supuestos en los que se perturba los denominados “derechos personales”?

Con carácter general, se puede decir que durante la vigencia de la antigua LEC de 1881 existía unanimidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, respecto a la imposibilidad de la utilización de estos procedimientos sumarios cuando el objeto de los mismos se refería a bienes de dominio público. No obstante, la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ya establece esta posibilidad. Tradicionalmente, se reconocía la posibilidad de demandar a la Administración Pública, siempre que esta no actuase dentro de su esfera de competencia y con la observancia de las normas de procedimiento administrativo, al encontrarse dentro de las denominadas “vías de hecho”.

Ahora bien… tal y como se decía más arriba, también los derechos son susceptibles de protección posesoria al amparo del artículo 250.1.4º de la L.E.C. La condición que marca la Doctrina y la Jurisprudencia es que estos derechos sean aptos para ser poseídos y puedan entrar en el tráfico jurídico. Precisamente por esta caracterización, existe un importante sector Doctrinal que se muestra reacio a extender la protección posesoria a los denominados “derechos personales”. Muestra de esta idea son las palabras de GONZÁLEZ POVEDA quien afirma que “debe seguirse la opinión mayoritaria que sólo considera incluíbles dentro del ámbito de esta protección aquellos derechos que sean susceptibles de un ejercicio duradero y estable, excluyéndose aquellos que, como los derechos de crédito, se agotan con su ejercicio”.

Por ello, y como conclusión, parafraseamos a GIMENO SENDRA, que afirma que será necesario bajarse al supuesto concreto. Afirma que “habrá que descender, pues, a cada supuesto para examinar si el derecho personal en concreto es apto para ser invocado en el procedimiento interdictal”.

 

 

Fuente: Los juicios verbales de retener y recobrar la posesión

 

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