Carácter constitutivo de los Inventarios de Bienes Municipales. Determinación de naturaleza pública o privada de los caminos

En la práctica, una de las cuestiones que más debate suscitan en materia de derechos reales, en colisión directa con las prerrogativas de patrimonio que posee la Administración Pública, es el carácter público o privado de los caminos.

//Situación: Camino Situado entre Propiedades, no asfaltado ni dotado de servicios públicos, que es de uso general, pues comunica vías de indubitada naturaleza pública.// ¿Cómo establecer su carácter?

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en vigor hasta el 02 de Octubre de 2016) establece con carácter general, en su art. 28, la obligación de protección y defensa del patrimonio de la Administración; Posteriormente, en su artículo 41 otorga a las Administraciones Públicas, para el cumplimiento de este fin, las siguientes prerrogativas:

  1. a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.
  2. b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
  3. c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.
  4. d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia.

En el ejercicio de estas prerrogativas, la Administración debe elaborar, como contrapartida, y como garantía de los ciudadanos, elaborar el correspondiente inventario de bienes (“ …están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”). Esta obligación también está regulada de forma similar en el artículo 82 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Báses de Regimen Local.

  • ¿Qué ha manifestado el Tribunal Supremo respecto al carácter de estos Inventarios Municipales?

El Tribunal Supremo ha señalado, en relación a los inventarios de bienes municipales (lo cual es aplicable al Catálogo de Caminos Públicos pues su naturaleza y finalidad es la misma) que “el Inventario Municipal es un mero registro administrativo que, por sí solo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de las Corporaciones, siendo más bien un libro que sirve de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le correspondan”. Su única trascendencia, es, por consiguiente, crear una apariencia de demanialidad, que no prejuzga las acciones ante el orden jurisdiccional civil, que es a quien en definitiva compete pronunciarse sobre la definitiva propiedad de tales bienes.

Expuesto cuanto antecede, lo cierto es que los requisitos y condicionantes legales para la inclusión de un bien en un Inventario Municipal de Bienes se relajan sobre manera. Tal es así que se considera suficiente la simple existencia de indicios de que los bienes tienen naturaleza pública, sin necesidad de una prueba acabada o fehaciente de dicha titularidad, y ello por cuanto la inclusión de un bien a dicho inventario (o catálogo) no tiene carácter “constitutivo”, es decir, ni supone adquisición dominical alguna, ni el hecho de que no estén incluidos algunos bienes en el mismo supone que no pueda ostentar sobre éstos la Administración algún derecho.

  • Excluido, pues, el carácter constitutivo del Inventario… ¿Cómo reaccionar ante la indebida inclusión de un camino?

Partiendo del principio constitucional de la improrrogabilidad de la Jurisdicción, resulta necesario recordar que es la Jurisdicción Civil la competente para resolver, en exclusiva, todas aquellas cuestiones relativas a la propiedad, en general, y a la propiedad de los caminos, en abstracto. Es más, el Tribunal Supremo ha pronunciado (entre otras la STS de 14 de octubre de 1998) que “la competencia de esta jurisdicción ha de limitarse a enjuiciar el correcto ejercicio por parte de los Entes Locales de las facultades recuperatorias que se les atribuye por el artículo 82.a) de la Ley 7/85 y los artículos 70 y 71 del Reglamento de Bienes de 1986, quedando reservada la decisión sobre la propiedad o posesión definitiva de los mismos a los Tribunales de la Jurisdicción civil, por lo que ni la confirmación ni la revocación del acto impugnado han de prejuzgar estas cuestiones”.

 

 

 

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