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Archivos Mensuales: julio 2016

Con carácter general, se puede definir la legitimación como aquella aptitud o idoneidad marcada por la Ley para poder intervenir y, por tanto, sufrir, en su vertiente activa (como demandante) o pasiva (como demandado) las consecuencias jurídicas del proceso.

Calificada como ‘ad causam’, la legitimación se configura como un aspecto que, sin impedir la tramitación del procedimiento según los trámites legales, debe ser analizada en Sentencia según la prueba practicada de modo previo al análisis del fondo del asunto.

En los procesos verbales de naturaleza sumaria para recobrar la posesión, al amparo del artículo 250.1.4º de la L.E.C., la cuestión de la figura de la legitimación pasiva ve cambiada su significación, olvidándose ya de la preexistencia de un derecho que venga a legitimar una determinada posición jurídica, convirtiéndose en una situación de hecho, la tenencia de una situación posesoria.

Cabe analizar dos supuestos en cuanto a la existencia de legitimación pasiva en estos procesos. Así:

a) La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de abril de 1997, que expresamente proclama que “la legitimación pasiva en el interdicto de recobrar la ostenta quien haya ejecutado por propia decisión el acto lesivo para la posesión del actor, o lo haya mandado ejecutar”, remitiendo, de modo efectivo, la cualidad de demandado a la ejecución del acto, bien como autor material, o como autor intelectual (o volitivo) del mismo. Profundiza en este sentido la Sentencia núm. 280/2009, de 29 de mayo, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, al pronunciarse del siguiente modo:

“Así es constante la doctrina que atribuye la legitimación pasiva en esta clase de interdictos al denominado causante jurídico del despojo o de la perturbación, autor mediato o por inducción (autor impulsivo en palabras de la doctrina) que es quien recibe las ventajas económicas del ataque contra la posesión y en quien concurre el elemento del animus spoliandi.”

b) Pero no solo debe referirse tal figura al causante de una determinada conducta que se materializa en el exterior, sino que también se debe extender a aquella persona que recibe las ventajas económicas del ataque contra la posesión. Así, también está legitimado, aquella persona que reciba las ventajas económicas del ataque a la posesión, afirmándose una relación de causalidad evidente entre los hechos y sus autores. Profundiza en esta figura la Sentencia de la AP Santa Cruz Tenerife, de fecha 4-7-2005:

“La jurisprudencia menor pone el acento en el beneficiario que recibirá las ventajas del acto de despojo, afirmando que en los interdictos posesorios la legitimación pasiva está basada, más que en una titularidad real o posible del objeto litigioso, en una relación de causalidad con los hechos y sus autores, entendidos éstos últimos no en la acepción material de ejecutores, sino de determinantes de los actos denunciados -STS de 27 de septiembre de 1955 -.

Dicho esto, en la práctica jurisprudencial se pueden encontrar algunos supuestos problemáticos en relación a la estimación de la legitimación pasiva:

1) ¿¿Y si no se conoce el causante último de la perturbación posesoria??

La Sentencia núm. 163/1999 de 31 marzo de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, entre otras, exime al demandante de la carga de proceder a una investigación minuciosa tendente a la averiguación del causante. Así:

“…no puede exigirse al demandante una exhaustiva investigación hasta llegar al sujeto originariamente determinante del acto antiposesorio, dada la dificultad y complejidad que plantea tal circunstancia, siendo suficiente para inferir la autoría mediata con un elemental mecanismo lógico-deductivo…”

Todo ello porque, de lo contrario, sería atribuir a estos procedimientos, marcados por sus notas de sumariedad y ausencia de cosa juzgada, de una probática más cercana a la criminal (p.ej., un cotejo de huellas) que a la propia del orden civil.

2) ¿¿Y si de un matrimonio, casado en gananciales, solo se demanda a un cónyuge??

Debe tenerse en cuenta la especial naturaleza, sumaria y posesoria, de las acciones interdictales, que, conjugándose con las posibilidades en el caso de derechos de crédito de acción y defensa por cualquiera de los cónyuges en régimen de Sociedad de Gananciales abunda en la inatendibilidad del litisconsorcio pasivo que se pueda plantear (Sentencia núm. 210/2016, de 21 de julio, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra).

Y ello porque, de manera definitiva, el Tribunal Supremo se encargó de establecer como máxima que “en los interdictos la legitimación pasiva está basada, más que en la titularidad real o posible del objeto litigioso, en una relación de causalidad con los hechos y sus autores”, debiendo caracterizarse como despojo posesorio una perpetuación consciente y autoaprovechada de tal privación.

La configuración actual de las acciones protectoras del dominio, centrándonos en el supuesto que nos ocupa en la acción reivindicatoria, parten de un supuesto catalogado como básico, la persistencia del bien objeto de la pretensión. Pero… ¿Qué sucede cuando el bien ya no existe?

//Situación: Desplazamiento injusto de carácter patrimonial de un bien o derecho imposibilitándose, en el futuro, su restitución ‘in natura’. ¿Qué reacción puede tener el propietario privado de su dominio?//

Nos encontramos ante un supuesto bastante común en la práctica. Si bien la acción protectora del dominio por antonomasia, la acción reivindicatoria, tiene como consecuencia última la restitución del bien objeto de la misma al patrimonio del reivindicante (en los supuestos de privación injusta), podría darse el caso de que el bien haya desaparecido del tráfico jurídico con la configuración como era conocido, bien por desaparecer físicamente, bien por haber sufrido una mutación que haga imposible su restitución.

Surge, en este supuesto, la llamada restitución por equivalencia. El principio nuclear del Derecho patrimonial español en materia de restituciones que no pueden realizarse en especie es “la restitución del valor”. Así resulta de los preceptos contenidos en el Código Civil de aplicación, entre los que destacan los artículos núm. 1185,1147,1303 y 1295.

Tanto es así que la STS de 3 de julio de 1981 precisó que se deberá devolver, en supuestos como es el que es objeto del presente análisis, “lo que ilíciamente percibió o su valor”, entendiéndose, en nuestro caso concreto, que se deberá obtener el precio obtenido en el momento del acto de disposición o, en su defecto, el valor de la finca, hasta el límite del enriquecimiento del transmitente o del empobrecimiento del dominus.

Introduce, en este sentido, la STS de 5 de octubre de 1985 el concepto del enriquecimiento injusto como límite infranqueable a los efectos de determinación de la equivalencia. Pero… ¿Qué es el enriquecimiento injusto?

El enriquecimiento injusto se ha definido por nuestra doctrina como aquel supuesto en el cual una persona, a consecuencia de un desplazamiento patrimonial verificado de acuerdo con los requisitos exigidos por un ordenamiento jurídico concreto, experimenta un acrecimiento de su patrimonio activo a costa de otra persona.

Jurisprudencialmente, entre otras, la Sentencia núm. 559/2010, de 21 de septiembre, de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo delimitó los requisitos de este concepto jurídico del siguiente modo:

1) Que el demandado haya experimentado un enriquecimiento, ya sea aumentando su patrimonio, ya evitando su disminución.

2) Que tal incremento carezca de razón jurídica que lo sustente.

3) Que cause un correlativo empobrecimiento del demandante, ya sea provocándole un detrimento patrimonial, ya frustrando una ganancia.”

Por ello, el valor que el bien –o derecho- objeto de disposición y no susceptible de reivindicación o recuperación por el verus dominus tenía en el momento en que se realiza la transmisión debe actualizarse al momento temporal en el que se ejercita la acción restitutoria de enriquecimiento injusto, tomando como base el valor del precio de mercado que ese bien o derecho tuviese en el momento temporal de realización del acto de disposición.

 

Fuente:

Acciones personales del «Verus Dominus» frente al «Tradens a non domino» en supuestos de irreivindicabilidad

José Manuel Busto Lago. Catedrático de Derecho civil Universidad de A Coruña

Publicación:
Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil num. 11/2015 parte Comentario.
Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor. 2015.

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