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Abogados

Una de las cuestiones que subyace a todo procedimiento judicial, y de especial relevancia en el orden civil, es la condena en costas. La regla general del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue el criterio del vencimiento, (comúnmente definido como el que pierde paga), salvo especiales circunstancias de hecho o de derecho que, a discreción del Juez de Instancia, puede suponer el no pronunciamiento en Sentencia sobre la condena en costas.

La condena en costas no deja de ser, pues, una obligación consistente en una entrega de dinero, o el reconocimiento de un crédito, que tiene como razón de ser el pago de aquellos gastos en los que la parte ‘vencedora’ del procedimiento se ha visto obligado a incurrir para defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia. Esto lo que conlleva es un desplazamiento de dinero, una ganancia o perdida patrimonial, entre dos personas.

.- ¿Qué efectos puede tener esto desde un punto de vista impositivo?

A esta cuestión se dedicó la Consulta Vinculante V0473-15, de fecha de Salida 06/02/2015, sobre posibilidad de considerar las costas como una pérdida patrimonial en la declaración anual del IRPF, que se pronunció del siguiente modo:

“Evidentemente, y dentro del ámbito meramente particular del consultante (en el que cabe entender se ha producido la condena en costas), el pago a la otra parte que interviene en un procedimiento judicial de esas costas procesales comporta desde la perspectiva de la parte condenada una alteración en la composición de su patrimonio, produciéndose una variación en su valor, variación o pérdida que dado el carácter ajeno a la voluntad del consultante que tiene el pago de estas costas nos lleva a excluir su posible consideración como un supuesto de aplicación de renta al consumo de la contribuyente, es decir, no se trata de una pérdida debida al consumo, por lo que, al no tratarse de este caso ni de ningún otro de los que el mencionado artículo 33.5 de la Ley del Impuesto excepciona de su cómputo como pérdida patrimonial, procede concluir que el pago de las mencionadas costas comporta para la consultante una pérdida patrimonial. En lo que se refiere a la integración de esta pérdida en la liquidación del impuesto, desde su consideración como renta general (conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Impuesto), será en la base imponible general donde se proceda a su integración, en la forma y con los límites establecidos en el artículo 48 de la citada ley. En su virtud, se integrarán y compensarán entre sí las ganancias y pérdidas patrimoniales distintas de las que deben integrarse en la base imponible del ahorro. Si el resultado de dicha integración y compensación arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las rentas del artículo 45.a) obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 10 por 100 de dicho saldo positivo. Si aún existiese saldo negativo su importe se compensará en los cuatro años siguientes y en el mismo orden.”

Las costas procesales se consideran otra forma de indemnización, dado que el pago del importe de las costas judiciales por parte de la parte perdedora en un proceso judicial implica la indemnización a la parte ganadora de los gastos en que incurrió, o, cuanto menos, y según los límites legales, de parte de ellos.

En concreto…

  1. a) Para la parte vencedora; supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero, constituyéndose así una ganancia patrimonial, no cabiendo, en consecuencia, la deducción de los gastos efectivamente incurridos. (CONSULTA V1356-12)
  2. b) Para la parte vencida; comporta una alteración en la composición de su patrimonio para el obligado al pago, produciéndose una variación en su valor, que dado el carácter ajeno a la voluntad del consultante que tiene el pago de estas costas excluye su posible consideración como un supuesto de aplicación de renta al consumo del contribuyente. (CONSULTA V0598-08)

SITUACIÓN: “A” demanda a “B”. Puede ser una demanda de juicio verbal o una demanda de juicio ordinario. “B” se allana, bien de forma expresa, bien de modo presunto, a las pretensiones de “A”. ¿Que sucede en el procedimiento  ¿Que implicaciones tendrá esta actitud en cuanto a las consecuencias económicas, esto es, las costas, de la demanda? ¿Y si nos encontramos ante un proceso verbal sumario con la posesión como núcleo del procedimiento?

La Condena en Costas se encuentra regulada en los artículos 394 a 398 del Ley de Enjuiciamiento Civil. Partiendo del criterio del vencimiento previsto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o más popularmente conocido como quien pierde paga, (“las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones”), la legislación ritual establece una serie de excepciones entre las que destacan:

  • …que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho” (394.1 1er párrafo)
  • “Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad” (394.2)
  • Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal…aprecie mala fe en el demandado” (395.1)

.-  ¿Cuales son los supuestos de mala fe previstos en el artículo 395 LEC?

Dice la Sentencia num. 404/2011 de 12 diciembre de la Sección 2ª de la AP de Lleida:

” …debe considerarse que concurre mala fe en el demandado cuando su conducta previa al proceso haya sido causante de la interposición de la demanda judicial, forzando a la otra parte a acudir a los Tribunales. Desde esta perspectiva lo determinante será comprobar si el allanado estuvo dispuesto a satisfacer las exigencias de la parte actora y el inicio del proceso obedece a la actitud precipitada de esta parte que no planteó al demandado su pretensión antes de acudir a la vía judicial, o si, por el contrario, la parte demandante se ha visto abocada a la interposición de la demanda para obtener el pleno reconocimiento de sus derechos ante la renuente actitud del demandado.”

Así pues, un requerimiento notarial, un burofax, una demanda de conciliación… son muestras objetivas que deberían culminar, en caso de allanamiento anterior a la contestación a la demanda, con la condena en costas a la parte demandada. Y ello porque, constando tales elementos objetivos, se ha mostrado la sana voluntad de la parte actora de buscar una solución extrajudicial a la controversia suscitada.

.- ¿Y si nos encontramos ante un Interdicto?

En relación a los antiguos interdictos (hoy procesos verbales sumarios del artículo 250.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que tienen como objetivo ofrecer la tutela sumaria de la posesión, este allanamiento se puede manifestar, no mediante actuaciones formales, sino simples actos materiales como la apertura de una cancilla o la retirada de una cadena serán actuaciones determinantes para conseguir la declaración de allanamiento de la parte demandada.

No cabe duda de que estas actuaciones, desarrolladas fuera del ámbito del proceso, muestran una aquiesciencia al contenido del Suplico. No obstante, dada esta condición externa, será necesario llevarlas al proceso como Hecho Nuevo, solicitando una declaración acorde por parte del Órgano Jurisdiccional competente que lleve el caso.

Nuclear en este sentido se entiende la Sentencia  núm. 139/1995 de 12 mayo de la Sección 2ª de la AP de Cáceres, que, aún en la vigencia de la anterior LEC, ya se pronunció del siguiente modo:

“…también, deberían haberse impuesto, al demandado puesto que la mala fe, en la conducta de éste, aparece reflejada en su comportamiento extrajudicial, y por tanto el Juez «a quo» debió razonándolo imponérselas, y esto es así pues ya esta Sala en Sentencia de fecha 29 noviembre 1993, establecía siguiendo el criterio del Tribunal Supremo mostrado en la Resolución de fecha 26 junio 1990, que el demandado que aun allanándose antes de la contestación a la demanda, ha forzado al acreedor, o contraparte, a acudir a los Tribunales para obtener la justicia de su reclamación…

Por ello, no solo los actos formales, coétaneos o posteriores a la presentación de la Demanda, sino también los materiales, pueden ser determinantes a la hora de lograr la condena en costas, dada la importancia que esta declaración tiene, en multitud de ocasiones, para nuestros clientes.

En materia de Gestión de Despachos, una de las cuestiones en la que más enfasis se realiza de un tiempo a esta parte es sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. Generalmente, para cubrir esta necesidad, se deberá recabar del cliente el consentimiento expreso, previa advertencia de los derechos ARCO que todo ciudadano responde.

Como regla general, la inclusión de los datos de los clientes y sus oponentes en un fichero supondrá un tratamiento de datos de carácter personal, que requeriría, en principio, el consentimiento del afectado, con el deber de informar al mismo de los extremos contenidos en el artículo 5.1, o en su caso, advertirles que, cuando no hayan sido recabados directamente del ciudadano, sus datos constan en el fichero, de un modo expreso, pacífico e inequívoco.

No obstante, es necesario advertir que el artículo 6.2 excluye “cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”. Ahora bien, ¿que ocurre en el supuesto de que los datos se refieran a los oponentes de los clientes del abogado o procurador?

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(Fuente: Asturlogos.com)

Es necesario partir de la colisión entre dos derechos proclamados como fundamentales en la Constitución de 1978. Derechos tales como la protección de datos de carácter personal (artículo 18) y el el derecho a la asistencia letrada, como manifestación del derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, contenido en el artículo 24.2 de la Constitución. El legislador ha creado un sistema en que el derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos supuestos en que el propio legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida.

El tratamiento por los abogados y procuradores de los datos referidos a la contraparte de sus clientes trae su causa del derecho de todos los ciudadanos a la asistencia letrada. La exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus datos por el abogado supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para que el cliente pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva, algo que seria una privación del derecho fundamental a la defensa con los medios de prueba que estime pertinentes.

Tal es así que el no uso de las informaciones de que los abogados o procuradores puedan disponer, procedentes de sus clientes, podrían perjudicar, como ya se indicó, el adecuado ejercicio por el propio interesado de las facultades vinculadas con su derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (al quedar en conocimiento de la otra parte los datos que pudieran ser aportados a juicio en defensa de su derecho), por ello, tampoco se estará obligado, según el artículo 5.4, esto es, la obligación de comunicación en el plazo de tres (3) meses desde el conocimiento de los mismos.

FUENTE:

1.-Tratamiento por Abogados y Procuradores de los datos de las partes en un proceso (www.agpd.es)

2.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 119 de la Constitución Española

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El artículo 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine. Se trata de un derecho de carácter prestacional, de configuración legal, cuyas concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados y a las disponibilidades presupuestarias del momento.

El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, podrá modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los que pueda disponer en cada momento. Sin embargo,  “en todo caso“, la gratuidad se reconocerá “a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar“.

Según la doctrina del Tribunal Supremo entre otras, en sus sentencias 77/1983 ó 216/1988, la gratuidad de la justicia se configura como un derecho subjetivo cuya finalidad es asegurar la igualdad de defensa y representación procesal al que carece de medios económicos, constituyendo al tiempo una garantía para los intereses de la Justicia.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional (STC 16/1994, de 20 de enero), el legislador puede fijar este concepto normativo relativamente abierto a partir de criterios objetivos como el de una determinada cantidad de ingresos, u optar por un sistema de arbitrio judicial dejándolo a la decisión discrecional de los Jueces o de éstos y otras instancias, o puede utilizar fórmulas mixtas limitándose a establecer las pautas genéricas que debe ponderar el Juez al conceder o denegar las solicitudes de gratuidad.

JusticiaGratuita

(Imagen: DiarioJurídico.com)

Sin embargo, el PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA aprobado recientemente por el Gobierno que dirige M Rajoy, tras ser presentado por el renombrado Ministro de Justicia A Ruiz Gallardón tiene en mente la modificación de un sistema, el vigente desde la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que se ha mostrado eficaz y duradero con casi veinte años de vigencia. Curiosamente, la Exposición de Motivos de esta Ley, tras la supresión de las “tasas judiciales” de la Ley 25/1986, reconoce que “el núcleo de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos”.

¿Por qué la Abogacía, con el CGAE, está en contra del Proyecto? Se olvida del centro de una norma que garantiza el acceso a la Justicia y, como tal, del funcionamiento mismo del Poder Judicial. Se olvida del Ciudadano. Parafraseando al Consejo General de la Abogacía Española, “supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales“.

  • Se suprime  la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados , algo que atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano. Demoras injustificadas, con causa únicamente en la lejanía del profesional asignado con la dependencia judicial, pueden frustrar la necesaria celeridad de este servicio público.
  • Vinculación a la Ley de Tasas. Se vincula a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes, nunca por los ciudadanos.
  • Una subida de los umbrales de acceso. Lo cual, en unión a la aprobación de la Ley de Tasas, provocará mayores dificultades a la hora de acceder a este derecho fundamental, reforzando la llamada ‘Justicia de dos velocidades‘.
  • Aumento de la burocracia necesaria para su solicitud.
  • Falta de igualdad entre los ciudadanos, pues se propone la extensión de este derecho a colectivos y entidades sin atención a la capacidad económica de los beneficiarios.
  • Aumenta las obligaciones de los abogados para la justificación de los servicios prestados y, como contrapartida, reduce los honorarios generados por las guardias.

 

Fuente:

1.- ABOGACIA.ESLa Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita menoscaba el derecho de defensa de los ciudadanos

2.- CONGRESO.ESSinopsis artículo 119

Varios casos prácticos y un test en una sola prueba. Ese será el examen que tendrán que pasar todos aquellos estudiantes de Derecho que quieran ejercer como abogados o como procuradores.

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto que prevé un modelo de prueba criticado por procuradores, abogados y operadores del mundo jurídico, se rompe una regla escrita en 2011 tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, que tantas incógnitas trajo en el mundo del Derecho.

Dice el Ministerio de Justicia que se trata de un sistema “coherente para evaluar la aptitud profesional de cada aspirante y valorar su formación teórico-práctica“, pero la realidad puede ser muy diferente. Se cambia un formato anunciado y aprobado mediante un Reglamento en 2011.

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Logo de #AbogadosSinToga (Fuente: Eljurista.eu)

Adquiere mayor importancia un máster, quitándole importancia al contenido de este examen. Se modifica su estructura, pasando de tener dos exámenes, una parte teórica y una práctica, a alrededor de 100 preguntas de “aplicación práctica”, con todas las dudas que siempre presupone un examen Tipo Test. Se espera, se supone, que sea una configuración provisional. Parece haberse hecho bajo bajo una situación de extrema urgencia, ante la constante crítica por la falta de soluciones a colectivos como #AbogadosSinToga que se encuentran ante una situación de indefensión ante la inactividad de los poderes públicos. 

No obstante, lo oculto de esta prueba puede encontrar, otra vez, una cuestión política. El Reglamento, de 2011, fue aprobado bajo el Gobierno del PSOE. Ahora, apenas dos años después, es el Gobierno del PP quien lo modifica. Otra vez es la inseguridad jurídica la que determina el funcionamiento del Poder Judicial. Y, mientras tanto, las dudas vuelven a surgir ante un futuro no muy lejano.

Se espera que en verano de 2014 se realice el primer examen. Momento que puede ser un punto de inflexión en el sentido, el funcionamiento y la existencia de esta polémica prueba. Es la luz al final del túnel para tantos jóvenes con incógnitas respecto a su futuro. Pero es una salida cuyo recorrido todavía no está claro.

Hoy, 20-N, se celebra el primer triste aniversario del “Tasazo” impuesto a golpe de firma por el Ministro de Justicia, A R Gallardón.

Dice la Constitución Española que el Estado español tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1). No son valores superiores, entendiendo “valor” como algo tan etéreo que no tenga una plasmación práctica en nuestra Sociedad sino que son el punto de partida de toda norma o concepto, jurídico o social.

-La referencia a estos valores es la más acabada expresión (junto a la recogida en el art. 10.1 CE sobre el fundamento del orden político) del contenido material del Estado de Derecho a que nos referíamos en el apartado anterior: toda la actuación de los poderes públicos debe dirigirse a la consecución de valores. Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a la Constitución como orden de valores (SSTC 25/19818/1983 35/1987, entre otras), y a la consecuencia inmediata de que su interpretación tenga un carácter teleológico, destinado a garantizar esos valores (SSTC 18/198132/198519/1988).
-Los valores superiores como parámetro interpretativo no pueden, sin embargo, constituir un medio para dejar de aplicar otros preceptos constitucionales (STC 20/1987), ni por lo común constituyen un canon interpretativo autónomo sino complementario (STC 181/2000), ni implican por si solos derechos susceptibles de amparo constitucional (STC 120/1990).
La justicia “es uno de los principios cardinales de nuestro Estado de Derecho” (STC 105/1994), en dicho valor superior debe entenderse incluido el reproche de arbitrariedad (STC 65/1990), pero no es un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo que permita sacrificar otra norma constitucional en aras de una “justicia material”(STC 20/1987), “ni que pueda identificarse unilateralmente con particulares modos de entender lo justo”(STC 181/2000).

Pues bien, esta Tasa Judicial tiene como principal aspecto el poner de acuerdo a todos y cada uno de los operadores jurídicos. Abogados, Procuradores, Jueces, Fiscales, Secretarios,… se han manifestado en contra de un impuesto por acceder al derecho fundamental sobre el que pivota toda la construcción legal de un Estado, la tutela judicial efectiva.

Porque decirle a un ciudadano que tiene que pagar por acceder a la Justicia es una patraña de quien lo provocó. De 150 a 300 €uros, en el orden civil, por interponer una demanda para defender tus derechos. Y recurrir una sentencia un mínimo de 800 €uros. España, ese país de la ‘Justicia’ de dos velocidades que tiene en la recaudación su leivmotiv.

Una ‘Justicia’ de dos velocidades que deja fuera de Juzgados y Tribunales a la clase media. Una ‘Justicia’ de dos velocidades que descongestiona la Sede Judicial mediante un impuesto desproporcionado y rechazado por los países de nuestro entorno.

Porque acudir a un Tribunal ya causa de por sí el suficiente desasosiego en el ciudadano medio sin necesidad de incluirle un dilema económico. Porque únicamente aquellos para quien su poder adquisitivo es un número, o bien aquellos, que pueden acceder al derecho a la Justicia Gratuita, pueden esquivar su efecto disuasorio.

Efecto disuasorio que se ve confirmado día a día, fecha a fecha, dato a dato, con la reducción de nuevos procedimientos en cada uno de los órdenes afectados. Francia ya negó su aplicación y anuncia su retirada para 2.014. España, en cambio, está orgullosa de ella.

Se fundamentó la instauración de esta ‘Tasa Judicial’ como un modo de aumentar los beneficiarios del turno de oficio. No quiero calificarlo como mentira, o como oscura patraña, únicamente diré que es una afirmación que un año después se ha demostrado como ha faltado a la verdad. Se calculaban 365 millones de €uros los que podría reportar la entrada en vigor, atropellada e improvisada, de la misma. A día de hoy, expertos afirman que malamente se cubrirá un tercio de su previsión. Y los Presupuestos Generales del Estado confirman que la Justicia Gratuita no ha aumentado su ámbito de aplicación.

¿El Diagnóstico?

La ‘Tasa Judicial’ se ha manifestado como una falacia y una medida recaudatoria. Una falacia porque toda promesa que con ella se hacía, aún a costa de violar el artículo 24 de la Constitución, se ha demostrado no acorde con la realidad. Y una medida recaudatoria, porque lejos de servir para el refuerzo del necesario turno de oficio, únicamente ha servido para llenar las arcas del Estado.

Concentraciones en toda España recordaron hoy este triste aniversario. Alli eran todos los que estaban, pero no estaban todos los que son. El mundo jurídico está contra esta “idea” que ha conseguido la unanimidad en la Sociedad. #STOPTASAJUDICIAL

#JusticiaSinTasa, Justicia Para Todos.

Vivimos en un mundo cada vez más especializado, donde lo general cede ante lo particular y lo especial puede ante lo común. Vivimos en un mundo con una velocidad que asusta, donde lo que hoy es noticia mañana es recuerdo y donde la novedad de mañana hoy ya es sabida, conocida y aprovechada por unos pocos.

Estas líneas, para muchos vacío de significado, me llevaron a plantearme la siguiente situación: El mundo del derecho tiende, cada vez más, hacia la especialización. Los abogados ya no nos calificamos simplemente como tales, sino que añadimos un adjetivo que nos califica y nos divide en el complejo mundo jurídico: penalistas, civilistas, laboralistas…

En el seno de los Tribunales, empieza a ser abundante y común esta mutación. Hablamos de Juzgados de Familia, de Menores, del Registro Civil, Militar,… se tratan de órganos unipersonales o pluripersonales que conocen, únicamente, de ciertos aspectos de su respectivo orden jurisdiccional. Un conocimiento limitado y predispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las respectivas leyes procesuales de cada orden.

Nacidos de la especialización propia a todo ámbito y con causa en dotar al Poder Judicial de una mayor respuesta a los sucesos de la realidad, estos órganos cuentan con un gran prestigio y reputación entre los operadores. La actualidad manda y son habituales las noticias relativas a cada una de estas especializaciones. Casos de violencia de género, de quiebras mercantiles,… casos tan específicos que únicamente tienen en la especialización del Juez la respuesta.

Por desgracia, la actualidad nacional vive hoy marcada por una triste palabra, la CORRUPCIÓN. Mañana tras mañana, supuestas “exclusivas” copan la prensa del día, y, fruto de ellas, determinados casos mediáticos empiezan a tomar fuerza e impulso judicial. Una materia lo suficientemente grave como para buscar la mejor de las respuestas.

Fiscalia Anticorrupción

Sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en Madrid.

Jueces como P Ruz trabajan habitualmente con casos tan mediáticos y dispares como son el ‘caso Barcenas‘ y el ‘caso Pescanova‘. La jueza M Alaya tramita el ‘caso de los ERE’s‘ en su turno normal de trabajo, motivo por el que fue necesaria la presencia de un juez de apoyo en su Juzgado. J Castro batalla con los restos del ‘caso Noos‘ y con el riesgo a una separación forzosa del expediente… ¿Por qué no ahondamos la especialización de estos pilares del Estado de Derecho para un mejor reparto de Justicia? ¿Sería viable la creación de Juzgados específicos para el conocimiento de aquellos hechos calificables como Delitos de Corrupción?

La corrupción es una materia tan técnica que a la mínima duda el Estado de Derecho mostrará una gran debilidad. Cierto es que existe una FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN encargada de investigar y conocer de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, pero la cúspide de la pirámide judicial está en la figura del Juez. Y un delito tan mutable como la corrupción, con múltiples formas de expresión, debe tener la mejor de las respuestas.

Quizás sea una idea de bombero. Quizás sea una ilusión de alguien a quien la inexperiencia le curte y le enseña cada día más. Pero no hay duda que si hay delitos que crean mala imagen, que desesperan a la sociedad en su conjunto, esos son aquellos que afectan al funcionamiento de nuestro sector público, porque identifica la realidad de un Estado con lo que una Sociedad debería ser.

Cierto es que, recientemente, el MJusticia reforzó cada uno de los Juzgados y Tribunales con causas abiertas por un montante total de diez millones de euros, pero no deja de ser un parche para una realidad que, por desgracia, parece mucho mayor.

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