archivo

Actualidad

El maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra

Así de rotundo se mostró el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 3 de junio de 2014. Una Sentencia que viene a cubrir un vacío normativo que parte del contenido del actual artículo 853.2 del Código Civil, según el cual es causa de deshederación….:

“…haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra” (a los padres)

De este modo, la Sala Primera confirma la viabilidad de una desheredación en instrumento público de dos hijos que incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre “del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación“. Hecho relevante toda vez que el maltrato psicológico es tan habitual como despreciable.

Nos encontramos ante la evolución lógica de dos instituciones que configuran los pilares del conjunto de nuestro ordenamiento jurídico; la familia y la propiedad. Dicho esto, es necesario recordar que el actual Código Civil proviene de 1889 y los conceptos en él inclusos, pese a las numerosas reformas legislativas que sufrió, siguen teniendo un marcado carácter temporal anclado en los inicios del s. XX.

Nos encontramos con una sociedad eminentemente rural dónde el núcleo económico era la familia y el principal sueño era gozar de propiedades que permitiesen el sustento y cumplir los objetivos económicos del núcleo familiar y sus ansías de propiedad. Una familia marcada por la convivencia de varias generaciones bajo en un mismo techo y que buscaban mantener bajo los mismos intereses el conjunto de su dominio (ejemplo paradigmático es la sociedad eminentemente minifundista gallega).

Dicho esto, comenzado ya el s. XXI la familia no es la misma institución y, por ende, merece un tratamiento acorde con los tiempos.. La convivencia entre generaciones ha desaparecido, disminuyendo los habitantes de una misma unidad y en la que se provoca un cambio de los lazos de sangre por otros más complejos dónde las relaciones crecen a pasos exponenciales. No sólo es familia aquella con la que se comparten afinidades genéticas, sino que la afinidad social gana importancia conforme la Sociedad en su conjunto da pasos hacia adelante. Es este hecho el que provoca que:

a) Se diluyan las instituciones familiares strictu sensu.

b) Se diluyan las consecuencias jurídicas que la pertenencia a la familia conllevan. Pienso en la sujeción de un determinado bien a esa entidad familiar y pienso en la posibilidad de, sí se dan los casos y las condiciones previstas en las leyes, privar a miembros de suceder en los bienes, derechos (y obligaciones). Medidas concretos de esta idea puede ser:

.- La progresiva perdida del reparto forzoso en la institución sucesoria.

.- La ampliación del concepto ‘familia’ en la que se amplian los derechos y deberes de todo ciudadano en la institución del matrimonio (independientemente del sexo del contrayente).

.- La ampliación de los casos de perdida de derechos hereditarios.

Por ello, lo evidente es que la Ley debe evolucionar con los tiempos, no anclarse en conceptos y términos del pasado y avanzar con la Sociedad y con todos y cada uno de sus miembros. Y ampliar la libertad de los sucesores a la hora de repartir sus bienes en otro signo más de modernidad de un ordenamiento jurídico.

“Artículo único. Abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

  1. S. M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España.
  2. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.

Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

El Consejo de Ministros aprobó, en sesión extraordinaria del 3 de junio, la Ley Orgánica de Abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón cuyo texto es el arriba transcrito. Tras el preceptivo trámite, llevado por un procedimiento de urgencia, que consistió en su aprobación, por mayoría cualificada, del Congreso y del Senado, en la tarde de hoy, miércoles 18 de abril, el instante que cambiará la historia reciente de nuestro país.

Abdicación_Rey

Momento en el que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos sanciona y promulga la Ley Orgánica por la que hace efectiva la abdicación de la Corona de España © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

Anatomía de un instante” fue el titulo elegido por Javier Cercas para analizar, desde su fuero interno, un momento importante en la historia reciente de nuestro país, el 23-F. Quizás sea una licencia innecesaria, pero me parece la frase que mejor puede describir todo lo que provocó la firma y posterior refrendo de esa Ley Orgánica.

Sin entrar en debates respecto a una forma de Estado u otra, el hecho de que no se consulte a la ciudadanía, de modo pacífico, voluntario y libre sobre cómo quiere ser gobernado permitiría poder calificar, a todos y cada uno de los administrados como ciudadanos, olvidando la antigua concepción de súbdito. Así:

  • Se crea, por primera vez en la historia, la figura del “Rey Cesante”. Un Rey que, hablando en términos coloquiales, presentó su dimisión, aceptada por los Partidos Políticos con representación en las Cortes Generales.
  • La premura con la que se llevó todo el proceso. En apenas dos semanas y media, se pasa de la abdicación a la coronación, evitando, al máximo, el debate público.
  • La creación de un nuevo cargo, bajo el mismo halo de monarquía, encarnado en los padres del futuro Rey de España. Seguirán teniendo honores de Rey, y seguirán gozando de los privilegios que tal cargo conlleva, incluso la inviolabilidad judicial. Con la peculiaridad de que será a partir de la publicación de una reforma legislativa en el próximo Consejo de Ministros, con lo que, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Abdicación y hasta esta reforma, este privilegio quedará en suspenso.
  • La discriminación constitucional por razón de sexo que, con la entronización de Felipe VI, se materializa, contrario al principio de igualdad ante la Ley.

 

En resumen, e independientemente de todo el recorrido práctico de los últimos acontecimientos y de todo el debate que trae consigo, la realidad será que se le va a dar honores de rey a un particular.

“la justicia es igual para todos”

Esta renombrada frase, con base en el artículo 14 de la Constitución que proclama la igualdad para y ante la Ley de todos los españoles, pronunciada por SM el Rey D, Juan Carlos (todavía Rey), no deja de ser una suerte de declaración de intenciones, toda vez que no sólo la Constitución Española, sino que también las leyes que de ella derivan, vienen a manifestar excepciones a la regla general del deber de todo ciudadano de acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando sean citados para ello.

Me refiero a los diferentes privilegios judiciales que ostentan ciudadanos españoles por el mero hecho del cargo político que ocupan. Pienso en tres supuestos típicos, muy de actualidad, tales como: 1) la inviolabilidad del Rey; 2) el aforamiento de determinados cargos políticos y 3) la posibilidad de responder preguntas por escrito.

1) la inviolabilidad del Rey.

El Rey, como Jefe del Estado, es inviolable e irresponsable, esto es, carece de responsabilidad penal o política en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece el artículo 56 de la Constitución Española:

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

La inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como Jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional, que atribuyen una especial protección a la persona del Rey. A lo que se añade un status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia.

2) el aforamiento de determinados cargos políticos.

De acuerdo con las normativas legales existentes en nuestro sistema político, existen determinadas personas (hay quien calcula que cerca de doscientas cincuenta mil (250.000)) que, para que comparezcan ante los Tribunales de Justicia, es necesario cumplir determinados requisitos legales, tanto de fondo como de forma procesal.

La Constitución de 1978 faculta con este privilegio al Presidente del Gobierno, a los Integrantes de su Gobierno, a los diputados y a los senadores. No obstante, a partir de la elaboración de las diferentes Leyes Organicas que se dictó para su desarrollo, en materias de su competencia, se extendió este privilegio a magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Consejo General del Poder Judicial, diputados regionales, fiscales superiores o defensores del Pueblo,

   ** ¿Cómo se manifiesta este aforamiento en la práctica Judicial?

La manifestación práctica depende del cargo que ostente la persona afectada. De este modo, para los miembros del Gobierno (incluyendo el Presidente), diputados y senadores, la Constitución establece como órgano competente al Tribunal Supremo, cúspide de nuestra pirámide judicial, alterando, con ello, la competencia territorial y funcional prevista por la legislación ordinaria.

En el peculiar caso de los miembros de las Cortes Generales, el proceso a seguir se denomina bajo la rúbrica de suplicatorio, por el que la Cámara a la que pertenezca deberá dar, o no, su aceptación, atendiendo a una somera labor investigadora que viene a ser una suerte de primer juicio, de carácter público, al teórico responsable (el órgano competente en caso de parlamentarios autonómicos será el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma).

Para el resto de cargos, deberá acudirse a la Ley que establezca tal aforamiento para determinar cual será el órgano competente y como será el procedimiento destinado a romper tal situación de aforamiento.

3) la declaración por escrito, o la no obligación de declarar.

El capitulo V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la obligación de todos los españoles de declarar cuanto conocimiento se tenga sobre un hecho sobre el que el le pregunte el Juez. No obstante, El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, así como los cargos diplómaticos acreditados en España, son los únicos exentos de tal obligación

Esta excepción, que no incluye a todos los cargos públicos, si que tiene el privilegio en el modo o la forma de presentar tal declaración. El artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite responder por escrito a los siguientes cargos públicos:

—El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
—Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
—El Presidente del Tribunal Constitucional (TC)
—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
—El Fiscal General del Estado.
—Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Una excepción que incluso llega a momentos posteriores al cese en el ejercicio de estos cargos, toda vez que se sigue manteniendo, como opción, el responder por escrito a las respuestas de un Juez

Fuera de estos supuestos, paradigmáticos donde los haya, se puede incluir un cuarto privilegio, el ahorrarse el “paseíllo” al Juzgado, esto es, poder declarar en su despacho oficial en la Sede del órgano del que sean miembros. Podrán utilizar tal excepción:

— Los Diputados y Senadores
— Los Magistrados del TC y los Vocales del CGPJ
— Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
— El Defensor del Pueblo
— Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración
— Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
— El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
— El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas
— Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
— Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda

Fuente:

1.- ABC.es (‘El privilegio de declarar por escrito’)

2.- Congreso.es (‘Sinopsis artículo 56)

Con la noticia de la abdicación de SM el Rey Don Juan Carlos I la disyuntiva monárquica o republicana volvió a salir a la calle con ánimos renovados. Bien por la solicitud de un Referéndum que decida sobre el sistema político que debe regir en el Estado Español, bien por tomar cuerpo ya la elección, la Democracia ha salido ya a la calle.

Bandera de la II República

Bandera de la II República (Foto: Wikipedia)

Sin duda, el símbolo que encarna esta lucha democrática es la bandera de la II República, la tricolor. Bandera que encarnaba la legalidad vigente antes del Golpe de Estado de 1936, con la proclamación de la Constitución de 1978 quedó relegada, cuanto menos de momento, al recuerdo histórico. Ahora bien,… ¿Es legal mostrar la bandera republicana?

A esta cuestión respondió la Sentencia 01335/2003, de quince de noviembre, de la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tiene como supuesto de hecho la colocación, en unas casetas de fiesta de Izquierda Unida (IU) de la bandera tricolor. Dice la antedicha Sentencia, en una demanda contra su retirada por parte del Ayuntamiento de Torrelodones, que:

“…el valor del pluralismo político, que implica, en lo que ahora importa, libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse [Pág. 2]

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que toda resolución que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada, añadiendo que las medidas limitadoras habrán de ser necesarias para conseguir el fin perseguido…………….. Resulta difícil entender que la alteración del orden publico aludido por el Ayuntamiento de Torrelodones se produzca por la mera exhibición de una enseña que muchos de los ciudadanos que acuden al señalado Parque ferial, en su mayoría jóvenes, desconocen. Por otra parte, por si misma dicha bandera difícilmente puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, prohibiciones estas que eran las únicas que se imponían al otorgar la concesión de la instalación de establecimientos destinados a puestos de bebidas durante las fiestas patronales. [Pág. 3]”

Referéndum Vigo

(Foto: @Victor_p_diaz)

Esto es, el mostrar banderas republicanas es plenamente legal. El derecho a mostrarlas y exhibirlas está amparado por la protección a los derechos fundamentales de libertades de expresión e ideológicas, plenamente reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

Cuestión diferente es mostrar la bandera del régimen franquista o la esvástica nazi. Y es que estas dos banderas son ilegales por propugnar valores no amparados por el ordenamiento jurídico, valores ilegales que no forman parte de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Condena a un notario por omitir un embargo a un comprador

El notario Sergi González autorizó el 22 de septiembre de 2008 el otorgamiento de la escritura pública de compraventa de una vivienda situada en el Paseo de Gracia de Barcelona, propiedad de Sermas S.L. y que fue adquirida por Natrolita S.L. por 2.450.000 euros.

Seis días antes de la firma de la escritura, un oficial de la notaría solicitó al Registro de la Propiedad número 15 de Barcelona información registral continuada de la finca. El 18 de septiembre, a las 9.48 horas, el Registro creó un documento con la información requerida, pero no consta acreditada su recepción en la notaría. A las 12.39 horas del mismo 18 de septiembre entró en el Registro un mandamiento judicial de embargo sobre esa finca por un importe de 1.970.877 euros de principal y 580.000 euros de intereses y costas.

El Registro creó un nuevo documento para comunicar a la notaría por fax informático la orden de anotación de embargo. El sistema informático generó un informe según el cual el documento fue recibido por el destinatario el 19 de septiembre a las 9.47 horas.

También el 19 de septiembre, el oficial de la notaría comunicó por teléfono al Registro que no había recibido la información solicitada y facilitó un nuevo fax. El Registro reenvió sólo la primera nota, que fue recibida. La escritura se otorgó sin que incluyera, ni se pusiera en conocimiento del comprador, la existencia de un embargo que devaluó la vivienda en una cifra similar a la de la compraventa.

Este es el pequeño relato de un cúmulo de errores y descordinación entre Notaría y Registro de la Propiedad que provocó la condena al Notario D. Sergi González al pago de 2,4 millones de €uros por no suministrar una información correcta, exacta e íntegra de las cargas del bien objeto de compraventa. Es decir, crea una suerte de responsabilidad profesional de carácter objetivo a partir de la Sentencia Núm. 1232/2014, de 18 de marzo, con causa en el perjuicio causado a la Sociedad compradora, aunque el error fuera, o no, directamente imputable a la actuación de la Notaría.

Ahora bien… ¿Que máximas sigue nuestro ordenamiento jurídico en materia contractual?

Notario_sigloXVI

(Foto: Wikipedia.com)

a) El Código civil como regla general exige, para que se genere una responsabilidad, ya contractual ya extracontractual, un acto u omisión ilícito, culpa o negligencia o dolo, un daño y un nexo causal ente el acto y el daño.

b) También en el Código civil encontramos algunos casos como los de responsabilidad con culpa presunta, con posibilidad de prueba en contrario.

En algunos casos, la regla general de acto-culpa-daño-nexo ha sido modificada y matizada por la Jurisprudencia exigiendo en la intervención de los agentes una superior diligencia mediante una reducción de la rígidez del requisito de la causalidad o invirtiendo la regla por la que el que alega el daño debe probarlo. Esto es, únicamente es necesario acreditar la existencia o la causación de un daño.

c) Ciertas leyes especiales se apartan de las reglas anteriores y adoptan la llamada responsabilidad objetiva, de acuerdo con la teoría del riesgo, que entiende que quien con su actividad económica genera un riesgo real tiene la obligación de indemnizar con independencia de la culpa

Dicho esto… ¿Que es la responsabilidad objetiva?

La responsabilidad objetiva es una “especie” dentro de la teoría de la responsabilidad civil, la cual se produce con independencia de toda culpa por parte del responsable. Esto es, aquella persona que provoque un daño, aunque no sea intencionado ni pueda ser evitado, tiene que reparar el daño causado. Los principales caracteres que delimitan esta cuestión son:

a) La responsabilidad se califica como consecuencia de la actividad desarrollada.

b) Ha de estar previamente determinada por una norma legal.

c) El agente causante del daño únicamente ve exonerada su responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor.

Siguiendo lo anteriormente expuesto, es necesario destacar que serán las leyes las que determinen aquellos supuestos en los que debe regir la regla de la responsabilidad objetiva. Pienso en aquellos casos previstos en la Ley de Caza, los referentes a la circulación de Vehículos a Motor o, en un caso más extremo, en la Ley de Seguridad Nuclear. También el Código Civil, en los artículos 1905 y siguientes, se incluyen supuestos de responsabilidad objetiva, en aquellos daños causados por animales, por el propietario de una heredad de caza o por ruína.

A tenor de lo anterior expuesto… ¿Cabe una responsabilidad objetiva de carácter profesional?

O dicho de otro modo, el profesional debe ser responsable de todo aquello que pueda suceder dentro de su actividad, dependa de él directamente, dependa de terceras personas o sociedades. La sentencia anteriormente transcrita parece dar un paso más en la teoría de la objetivización del daño.

Afirma la antedicha Sentencia del Tribunal Supremo que ” el presente en que el sistema de comunicación entre la notaría y el registro no funcionó, y se declara probado que el registro remitió la comunicación en la que informaba del embargo y la notaría debió recibirlo, la ignorancia del notario sobre la existencia de esta carga es inexcusable, a los efectos de responder, conforme al art. 146 RN, de los daños y perjuicios ocasionados al comprador

Artículo 146 RN:

El Notario responderá civilmente de los daños y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o ignorancia inexcusable.

El resultado es evidente. Se le atribuye al Notario el deber de cerciorarse del correcto funcionamiento de todos los elementos que deban ser parte durante la tramitación del negocio jurídico, sean dependientes o no de él. Extrapolando esta circunstancia al ejercicio de la abogacía… ¿nos podemos encontrar ante el inicio de una suerte de responsabilidad objetiva de carácter profesional por el hecho de un fax que no te entre? ¿y por un correo electrónico que no sea recibido en la bandeja de entrada?

Fuente:

1.- HayDerecho.com ‘Cornudos y apaleados: ¿hacia la responsabilidad profesional objetiva?

2.- Cuestionesciviles.es Supuestos de responsabilidad objetiva en el Código Civil

Sentencia 1232/2014, de 18 de marzo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo’

Hoy, una compañera de Avogados Novos de Vigo me recordó una historia que había quedado en el baúl de los recuerdos de una memoria que empieza a pecar de selectiva. Aquella historia de un Juez de Berlín que tumbó la pretensión de Federico II de Prusia de demoler un simple, pero importante, molino.

Cuenta la leyenda que una buena mañana Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio Sans Souci afeaba el paisaje, envió a un edecán a que lo comprara por el doble de su valor, para luego demolerlo.

Al regresar el emisario real con la oferta rechazada, el rey Federico II de Prusia se dirigió al molinero, duplicando la oferta anterior. Y como este volviera a declinar la oferta de su majestad, Federico II de Prusia se retiró advirtiéndole solemnemente que si al finalizar el día no aceptaba, por fin, lo prometido, perdería todo, pues a la mañana siguiente firmaría un decreto expropiando el molino sin compensación alguna. Al anochecer —continúa la leyenda— el molinero se presentó en el palacio y el rey lo recibió, preguntándole si comprendía ahora ya cuan justo y generoso había sido con él. Sin embargo, el campesino se descubrió y entregó a Federico II una orden judicial que prohibía a la Corona expropiar y demoler un molino solo por capricho personal. Y mientras Federico II leía en voz alta la medida cautelar, funcionarios y cortesanos temblaban imaginando la furia que desataría contra el terco campesino y el temerario magistrado. Pero concluida la lectura de la resolución judicial, y ante el asombro de todos —finaliza la leyenda—, Federico el Grande levantó la mirada y declaró: “Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”. Saludó al molinero y se retiró visiblemente satisfecho por el funcionamiento institucional de su reino, aseguran los cronistas de palacio.

El “juez de Berlín” representa, en el mundo del Derecho la primacía absoluta de la ley, expresión de la soberanía popular, y la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante ella, exigencias ambas inseparables del Estado de derecho.

historischemuehlepotsdam_img_0582

Molino de Sans-Souci (Foto: Infobae.com)

Traspasado al momento histórico en el que nos encontramos, el juez de Berlín viene a significar la necesidad de una justicia cercana, con un acceso asequible para el común de los ciudadanos. Una justicia de la que no sólo el poder se sienta orgulloso, sino que sean los propios ciudadanos los que piensen en el buen nombre del Poder Judicial. Pienso en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, tras politizar el órgano de gobierno, ahora remite la capitanía del Partido Judicial a las capitales de provincia; pienso en la Ley de Tasas, que obliga a pagar un impuesto por defender un derecho y pienso, entre otras, en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que dificultará el acceso a una justicia gratuita y de calidad a aquellos que carecen de medios suficientes para litigar.

¿Os imagináis que sería del molinero de Berlín sin poder acceder a la Justicia? ¿Sin poder rechazar el poder real y defender sus derechos ante un Juez Imparcial? ¿Y si tuviera que pagar un impuesto por defender su derecho? ¿Podríamos disfrutar de esta bella y didáctica historia?

Fuente:

1.- Elpais.comEl Juez de Berlín

“Los dueños de una vivienda ocupada hace seis meses la recuperan destrozada”

Este titular, extraído de la versión digital de “El Progreso” de Lugo, obtuvo esta semana más repercusión mediática de la que suele tener esta realidad social. Sin duda, el hecho de que los ocupantes se hubiesen trasladado a las inmediaciones del inmueble y los daños asciendan a varios miles de €uros aumentaron la gravedad de un hecho que, actualmente, es muy común en ciudades y pueblos con edificios y/o viviendas abandonadas. Pero… ¿Que debe hacer un propietario de una vivienda ocupada sin su consentimiento? ¿Puede acudir a los Juzgados para lograr la reparación de esta situación?

El problema radica en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden intervenir, salvo caso de flagrante delito, sin una autorización judicial que les autorice a ello. El propietario tiene dos opciones para recuperar la posesión de su bien; iniciar la vía civil e interponer una demanda de desahucio por precario, o bien iniciar la vía penal, en caso de encontrarnos ante un presunto delito de usurpación.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

El artículo 47 de la Constitución, dentro de los llamados principios rectores de la política social y económica no ampara, el movimiento ocupa. Este movimiento entra en colisión con el artículo 33 del texto constitucional el cual proclama el derecho a la propiedad privada, calificada, según su ubicación, como un derecho de los ciudadanos y dotado de una mayor protección normativa.

1.- EL DESAHUCIO POR PRECARIO

El precario inicialmente tenía como base el consentimiento inicial del propietario. El ejemplo paradigmático era aquel en el que el propietario de un inmueble cedía el disfrute de éste sin que medie renta alguna hasta que el propio dueño lo permitiera.

Actualmente, la tendencia jurisprudencial ha ido ampliando este concepto hasta abarcar aquellas posesiones no toleradas o producidas mediante fuerza en las cosas. Por lo tanto, el elemento esencial es la inexistencia de contraprestación o renta.

Artículo 250 Ámbito del juicio verbal

1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

2.º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

El artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil clasifica como competencia por juicio verbal el llamado “desahucio por precario”. Parte de la base, fundamental en nuestro derecho, de proteger la posesión por encima de la propiedad, pero dotando al propietario, o persona con derecho a poseer, de un procedimiento sumario para su enjuiciamiento. Para que la acción tenga éxito, es necesario que sea iniciada por quien tiene el derecho a disfrutarla, bien a titulo de dueño o usufructuario, y además que quien ocupa el inmueble lo haga sin título alguno.

En caso de éxito, se fijará día y hora para el oportuno lanzamiento, en caso de no abandono voluntario de la propiedad.

2.- EL DELITO DE USURPACIÓN

Según el artículo 245.2 del Código Penal, el delito de usurpación goza de un elemento positivo, la ajena pertenencia, y un elemento negativo, que el inmueble ocupado no constituya morada.

Artículo 245

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Es precisamente el hecho que sea sobre el inmueble que no constituya morada el que marca la razón de ser de este delito, que tiene como elementos:

1) una ocupación con cierta vocación de permanencia

2) que se realice sin título jurídico alguno que legitime la posesión

3) que el titular esté en contra de esa ocupación

4) que el ocupante conozca la ajenidad del inmueble.

No obstante, no toda ocupación es merecedora de reproche penal. El principio de “ultima ratio” de intervención penal limita su ejercicio a aquellas ocupaciones que signifiquen un riesgo claro al derecho al legitimado para su uso o disfrute. Por ello, la acción civil se considera prevalente sobre la penal, limitada ésta a actos especialmente sensibles.

 

.- Supuestos controvertidos:

Daños ocupas

(Foto: Xesús Ponte | El Progreso)

¿Se pueden dar de baja los suministros del inmueble? Siendo puristas, lejos de la creencia general, NO SE PUEDEN DAR DE BAJA LOS SUMINISTROS DEL INMUEBLE, puesto que no existe resolución judicial que acredite la falta de consentimiento de la ocupación. Reitero que el derecho protege la posesión como hecho, por lo que un corte puede suponer una falta de coacciones, entendidas éstas según el concepto del artículo 172 del Código Penal:

El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto…

¿Se pueden reclamar los daños sufridos en la propiedad? El propietario, o persona con derecho, esta legitimado a reclamar ante el órgano judicial los daños sufridos en su vivienda, dependiendo el procedimiento de la vía elegida.

 

 

 

Naturismo en pareja

Libertad, compartir, aceptar, vivir.

Ecosistemas

Blog de divulgación de Ecología de la Asociación española de Ecología Terrestre (AEET)

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Atelier legal

El blog jurídico de Alberto Fernández

El BOE nuestro de cada día

Web de noticias extraídas del Boletín Oficial del Estado

delaJusticia.com

El rincón jurídico de José R. Chaves

El Blog de Ramón

Blog de opinión de Ramón Cerdá

Vigopedia

Historia, historias, toponimia, geografía e imágenes de Vigo

La Brigada Tuitera

Cuartel General

DOS ORILLAS

Reflexiones, opiniones (y a veces berrinches), sobre Derechos Humanos y la realidad diversa y común

EL DERECHO Y LA FAMILIA.

Respuestas Legales a tus dudas.

Legalidad On

Tecnología y Derecho.

Verónica Montero Pérez

ABOGADA - MEDIADORA