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Consumidores y Usuarios

Tras la publicación de la Sentencia 241/2013, de 9 de mayo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, toda la Doctrina surgida en aplicación de la misma culminó con la nulidad de las denominadas “cláusulas suelo” (entendidas como cláusulas limitativas, por lo bajo, del tipo de interés) con causa en la falta de información por parte de las entidades financieras hacia los consumidores prestatarios de préstamos hipotecarios.

En aplicación de la legislación de consumidores y usuarios, que garantiza transparencia e igualdad dentro de negociaciones en las que aparezcan condiciones generales de contratación, condiciones predispuestas ofertadas por la parte que goza de superioridad en un proceso negociador, es necesario garantizar los equilibrios entre partes que no gozan del meritado “equilibrio negociador”.

En este sentido se creó una corriente jurisprudencial rota por la Sentencia de 27 de junio de la Audiencia Provincial de Badajoz, en un procedimiento judicial que tuvo como elemento diferenciador “una novación del contrato ampliando el crédito y modificando las condiciones“.

“El objeto de la novación afectaba precisamente al tipo de interés para introducir un tipo variable en lugar del tipo fijo inicialmente pactado en 2003; pues bien, teniendo ello en cuenta, puede decirse que en el contrato préstamo examinado, existió una posibilidad de negociación efectiva, no meramente ilusoria o quimérica”

“no concurre falta de transparencia”

“no es oscura”

Esto es, la Audiencia Provincial de Badajoz presupone que, en el momento en que se formalizó una novación del préstamo hipotecario se dio una fase de negociación entre entidad financiera y consumidor. Una fase de negociación que cumple los requisitos de transparencia e información marcados por la normativa de Consumidores y Usuarios.

No obstante, se puede concluir que esta idea es una excepción a la excepción. Casuística jurisprudencial que engloba un concreto supuesto que no rompe la ola de pronunciamientos jurisprudenciales que, de modo favorable al consumidor, adjetivan como nula una práctica habitual en el conjunto de las entidades financieras del sistema nacional de crédito.

Fuente: 1.- Sentencia 180/2013, de 27 de junio, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Badajoz

El Juzgado de lo Contencioso-Administratio núm. 1 de Ourense ha confirmado una sanción de 3.000 euros impuesta por el Instituto Galego de Consumo (IGC) con causa en el cobro de suplementos por parte de la compañía aérea Vueling por la facturación de maletas suplementarias al equipaje de mano.

Todo parte de una cuestión prejudicial interpuesta por el Juzgado gallego y respondida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dijo el máximo garante del acervo comunitario que:

“el Derecho de la Unión se opone a una norma, como la española, que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio.”

Pues bien, pese a esta máxima que viene, en cierto modo, a reconocer el derecho al cobro por equipaje facturado, la realidad y la práctica es muy diferente. Y se centra esta sanción en la deficiente información facilitada por la aerolínea en el proceso de comercialización del billete. Concretamente, el Juzgado orensano se pronunció, tras recibir la respuesta europea, afirmando que “realizó una práctica abusiva, contraria de los derechos de los consumidores y usuarios” ya que la web de la compañía no anunciaba este suplemento por facturación de maleta única.

Remite esta sanción a un momento temporal, el año 2010, momento en que se produjo la comercialización del billete objeto de reclamación. Una práctica que ha día de hoy, ya ha sido corregida por la mercantil sancionada.

“es cierto que a día de hoy la mercantil Vueling Airlines incluye en su página web, en el proceso de compra de billetes de avión, desde un principio información sobre el suplemento correspondiente a la facturación de equipaje. Pero esta práctica más transparente es de reciente implantación. No se realizaba en la fecha en la que se cometió la infracción, año 2010”

*.- Exigencias del TJUE al equipaje de mano

El TJUE concretó que el equipaje de mano es un elemento indispensable del contrato de transporte de pasajeros por vía aérea, por lo que “su transporte no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables

 

Fuente:

1.-  DiarioJurídico.comConfirmada una multa de 3.000 euros a Vueling al considerar abusivo el cobro por la facturación de maletas

 

El pasado 28 de marzo se publicó en el BOE la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se reforma el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que adapta la normativa española del año 2007 a la Directiva 2011/83/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

Una de las principales novedades, y quizás sobre uno de los aspectos que más de discusiones provoca en el día a día, es la nueva regulación que este texto hace del derecho de desistimiento, Desistimiento es la facultad de un consumidor de un bien para devolverlo al comercio dentro de un plazo legal, sin tener que alegar ni dar ninguna explicación al respecto, especialmente cuando se ha comprado a distancia (cuando se compró no se tenía delante para ver qué era) y sin penalización.

Ahora bien, ¿cómo configura la Ley el derecho de desistimiento? El artículo 102.1 lo califica del siguiente modo:

“…el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los artículos 107.2 y 108”

Partiendo de esta regla general, se incluyen en la Ley una serie de excepciones a esta regla general (artículo 103) en las que no cabe el desistimiento. Así:

a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.

h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.

k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.

l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.

Como regla general, se prevé una regulación más amplia del derecho de desistimiento en aquellos contratos celebrados a distancia y en aquellos contratos celebrados fuera del establecimiento, incorporando formularios normalizados al efecto. Incluso se contempla la posibilidad de que el empreario ofrezca al consumidor y usuario la posibilidad de cumplimentar el formulario de desistimiento on-line.

Respecto al procedimiento, la Ley regula un complejo desarrollo de esta facultad (artículos 105 a 108) tendentes a conseguir el necesario equilibrio entre los derechos y obligaciones de consumidor y empresario, siempre dentro del plazo de 14 días cuyo cómputo se hará en virtud de las reglas del artículo 104.

Fuente:

1.- El blog jurídico de Sepin (‘Principales novedades de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios‘)

2.- Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

¿Vivienda asequible en un barrio dinámico? Humedades, filtraciones y grietas se convirtieron en la pesadilla de un bloque de edificios de Navia, en Vigo, uno de los barrios más jóvenes dentro de la ciudad. 

Un bloque de Navia exige 700.000 euros a la constructora por ´graves deficiencias´

Este titular me ha recordado la teoría sobre los vicios ocultos de las vivienda o edificios, los cuales se caracterizan como defectos de construcción no visibles que, en caso de aparecer antes de un determinado plazo desde la compra, dan derecho al comprador a exigir al vendedor el saneamiento de la vivienda o inmueble, así como de la resolución del contrato o de la modificación de sus condiciones.

Si se ha comprado una vivienda con menos de diez años de antigüedad construida a partir de 1999, la Ley de Ordenación de Edificación otorga las siguientes garantías por defectos de construcción y vicios ocultos ante el responsable, denominada responsabilidad de saneamiento, siempre que los defectos no estuvieran a la vista o si el comprador, en razón de su profesión o de sus conocimientos, los pudiera haber detectado, independientemente de si el vendedor los conocía o no.

.- ¿Que Plazos otorga la LOE para reclamar por estos defectos de construcción?

Un (1) año: Arreglo de los daños materiales por vicios ocultos que afecten a elementos de acabado de las obras. Garantizado por el seguro del constructor.

Tres (3) años: Solución de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones en que afecten a los requisitos de habitabilidad, como condiciones de salubridad e impermeabilización, insonorización, aislamientos térmicos, seguridad en caso de incendio…

— Diez (10) años: Arreglo y solución de los daños materiales por vicios ocultos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. Garantizado por el seguro del promotor.

Fuente: Ley de Ordenación de la Edificación. 38/1999 de 5 de noviembre.

.-¿Opciones del comprador?

ViciosConstrucción

(Foto: MangaAbogados.Com)

En cualquiera de los casos, el comprador podrá optar entre rescindir el contrato, teniendo derecho a recuperar las cantidades desembolsadas, rebajar el importe del precio pactado o solicitar una indemnización por daños y perjuicios si el vendedor conociese los defectos y no los hubiera comunicado.

En caso de que la vivienda o el inmueble se perdiera por efecto de los vicios ocultos, el vendedor deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con daños y perjuicios. Si no los hubiera conocido, solo deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato.

.- ¿Y si la vivienda fue construida antes de la entrada en vigor de la LOE?

En cambio, si se ha adquirido una vivienda construida antes de la entrada en vigor de la LOE, es de aplicación lo previsto en el artículo 1591 del Código Civil, que establece que los defectos o vicios graves en el proceso de edificación deben ser asumidos por quienes intervinieron en ella: constructor, arquitecto proyectista, arquitecto técnico, subcontratista y promotor, sean personas físicas o jurídicas.

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección.

Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.

De acuerdo al Código Civil, el contratista responde por vicios de la construcción por espacio de diez años y el arquitecto por vicios del suelo o de la dirección; a su vez, la responsabilidad del contratista se extiende hasta quince años en el caso de incumplimiento de las condiciones del contrato de obra.

Una de las tristes realidades de nuestra época es el desahucio. Bien con causa en una hipoteca, bien con causa en un alquiler de vivienda, el hecho de tener que dejar la vivienda habitual es uno de los dramas que marca la realidad de la Sociedad. El ordenamiento jurídico crea, en el caso de un alquiler de vivienda, la figura de la acción de enervación.

Teniendo como punto de partida una de demanda de desahucio por falta de pago, la parte actora debe solicitar el desahucio (el abandono), la rescisión de contrato (el fin de la relación arrendaticia) y la devolución de las cantidades adeudadas.

Dice el artículo 22.4 y 22.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aquél en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 440, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

5. La resolución que declare enervada la acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.

.- ¿En que consiste la acción de enervación?

La acción de enervación consiste en pagar las rentas o mensualidades debidas antes de la vista del juicio de desahucio. Con dicho pago, el arrendatario podrá seguir en el disfrute de la vivienda y el contrato de alquiler seguirá su tracto.

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(Foto: Wikipedia.es)

Ahora bien, el arrendador tiene derecho a oponerse a la enervación, siempre que ésta no reúna los requisitos que marca la ley. En estos casos, el juez competente citará a ambas partes a una vista en la que, tras alegar lo que estimen oportuno, su señoría dictará sentencia estimando o negando la enervación del desahucio.

El único modo que tiene el arrendador para evitar la enervación del arrendatario será plantear su reclamación de modo fehaciente y con una antelación superior al mes. Ahora bien, no todo desahucio es enervable, pues la enervación pasada excluye la futura en relación al mismo contrato de arrendamiento.

.- Tras la enervación… ¿Existe condena en costas?

En el momento en que se declare enervada la acción de desahucio, se condenará en costas al arrendatario.

No obstante, esta no ha sido una solución unánime en la práctica jurisprudencial. Lejos queda ya la disyuntiva entre la aplicación de la regla general en materia de costas (394  y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil)  o la consideración del desahucio como una figura análoga al allanamiento, sin condena en costas.

 .- ¿Se puede enervar un desahucio sobre local comercial?

En esta materia, las dudas persisten a la hora de considerar viable una acción de enervación sobre un local comercial. Como ya se ha expuesto, dicha acción recae sobre las mensualidades o cantidades debidas en virtud de un contrato de arrendamiento.

Dicen los prácticos que la acción de desahucio únicamente podrá recaer sobre fincas habitables. La mayoría de los Juzgados únicamente consideran como habitable una vivienda, pero no son pocos los casos que consideran como lugar habitable, a mayores, todo lugar apto para el desarrollo de la actividad comercial.

 

Tras la vorágine de compras que supone la temporada navideña, llega el mes de enero y, con él, las rebajas de invierno. La temporada de rebajas es uno de los momentos más efervescentes en materia de consumo, pues es el momento en que se pueden hacer las compras de aquellos objetos deseados que se encuentran fuera de nuestro alcance.

No obstante, la novedad respecto a las tradicionales rebajas es que ya no están limitadas a un determinado período del año sino que los comerciantes gozan de libertad para poner en rebaja sus productos en cualquier fase del año. No obstante, a mayor temporada de rebaja, mayor de reclamaciones ante hipotéticas violaciones de los derechos del consumidor.

los derechos del consumidor en rebajas no varían respecto al resto del año, aunque sí las obligaciones de los comercios.”

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(Foto: maremagnum.es)

Es necesario destacar que la ley no marca ninguna diferencia de derechos entre los ‘periodos de rebajas’ y las ventas en temporada normal. Es decir, el consumidor disfruta de los mismos derechos en rebajas que fuera de ellas. Los derechos del consumir no varían respecto los derechos de los que goza el resto del año.

En cambio, los establecimientos deben cumplir con determinadas normas adicionales durante el período de rebajas, para no vulnerar los derechos del consumidor.

.- ¿Cuáles son las obligaciones adicionales que debe cumplir un comercio en período de rebajas? 

  • El comercio debe indicar de forma clara y visible las fechas de duración de la temporada de rebajas.
  • Al comienzo del periodo de rebajas deben estar rebajados por lo menos el 50% de los productos.
  • Los productos rebajados deben estar separados del resto e indicar claramente que se trata de un artículo rebajado.
  • Los artículos expuestos en rebajas deben de haber estado por lo menos durante un mes previo a la venta en la tienda.
  • La etiqueta debe reflejar el precio rebajado y el original o el porcentaje de rebaja en el artículo con su precio final.
  • La tienda debe admitir el pago con tarjeta de crédito si lo hace durante el resto del año y sin ningún tipo de recargo adicional respecto al resto del año. En realidad, deberá admitir los mismos medios de pago que durante todo el año. En caso contrario, deberá expresarse claramente y de forma visible en el establecimiento lo contrario.
  • La calidad de los productos en rebajas debe ser la misma que el resto del año.
  • La política de devoluciones debe ser la misma que durante todo el año y atenerse a las mismas normas. En cuanto a la devolución a través de cambios, vales o dinero en efectivo debe seguirse la misma política que durante todo el año o expresarse claramente y de forma visible en el establecimiento lo contrario.
  • No hay por qué aceptar vales, cheques ni cambios cuando un artículo presenta un defecto y se puede exigir el abono de la compra, tanto si se pagó con tarjeta como si se hizo en efectivo.
  • La devolución de artículos adquiridos antes de las rebajas debe realizarse por el importe que figura en la factura y no por el importe rebajado. Es decir, la tienda debe reembolsar, hacer un vale… del importe que pagó en su día el comprador y no del nuevo importe del artículo en rebajas.
  • Hay que solicitar la factura o ticket al igual que el resto del año.
  • El establecimiento deberá contar con hojas de reclamación a disposición de los clientes, que además deben seguir un modelo específico.

.- ¿Que hacer si los derechos de un cliente han sido vulnerados?

Si un cliente cree que se han vulnerado sus derechos, debe seguir los siguientes trámites para presentar su reclamación:

1º.- Solicitud dialogada dentro del propio establecimiento.

2º.- Solicitar la hoja de reclamaciones que todo establecimiento está obligado a tener. Todo comercio debe poner esas hojas de reclamación por sí solas a disposición de los inspectores de consumo, pero, ante la picaresca observada, se muestra más efectivo el presentarla el consumidor por sí mismo. Se deberá presentar en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) de su localidad o en la entidad competente de su Comunidad Autónoma.

Empieza un nuevo año y, con él, termina el precedente ejercicio fiscal. Una de las opciones más habituales en el mundo financiero para ajustar cuentas con el fisco y conseguir un balance fiscal adecuado en el IRPF es realizar aportaciones a planes (o fondos) de pensiones patrocinados por las diferentes entidades financieras.

.- ¿Que ventajas tienen los planes de pensiones?

1. Las cantidades aportadas reciben un trato beneficioso en la correspondiente declaración del IRPF.

2. Las entidades financieras ofrecen una alta remuneración a estas cantidades aportadas, superiores a las de un simple depósito, sabedoras que, salvo circunstancias excepcionales, no serán retiradas hasta la edad legal de jubilación.

.- ¿Cuales son las circunstancias excepcionales que permiten el rescate anticipado del plan de pensiones?

  1. Invalidez laboral: debe ser total y permanente y estar justificada y documentada por un tribunal médico.
  2. Enfermedad grave: la entidad gestora del plan pedirá una acreditación de tal situación mediante informes médicos. Algunos planes de pensiones contemplan el rescate si la persona enferma es el cónyuge o incluso, algún ascendiente o descendiente del partícipe. Merece especial mención el artículo 9 del Real Drecreto 304/2004, más abajo transcrito.
  3. Fallecimiento del partícipe: los herederos del partícipe pueden rescatar el plan de pensiones.
  4. Dependencia severa: o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de dependencia.
  5. Desempleo: la situación de crisis económica y las altas tasas de paro han llevado al Gobierno a modificar la normativa que regula los planes de pensiones (Real Decreto 304/2004) para que se pudiera rescatar el dinero depositado en ellos en una situación de desempleo.
    Para llevar a cabo el rescate en este supuesto se deben dar tres condiciones: estar en situación legal de desempleo, no tener derecho a percibir la prestación o haber agotado dicha prestación y estar inscrito como demandante de empleo en el INEM.
  6. Desahucio: Solo si hay un proceso judicial, el partícipe no dispone de otros bienes para pagar las deudas que han motivado la ejecución y si la cantidad reembolsada permite cubrir dichas deudas.

.- ¿Fuentes legales aplicables?

–  Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. (Artículo 9)

Artículo 9 Supuestos excepcionales de liquidez

1. Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en su totalidad o en parte en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración de acuerdo con lo previsto en este artículo, siempre que lo contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y con las condiciones y limitaciones que éstas establezcan.

2. Las especificaciones de planes de pensiones podrán prever la facultad del partícipe de hacer efectivos sus derechos consolidados en el caso de que se vea afectado por una enfermedad grave bien su cónyuge, bien alguno de los ascendientes o descendientes de aquéllos en primer grado o persona que, en régimen de tutela o acogimiento, conviva con el partícipe o de él dependa.

Se considera enfermedad grave a estos efectos, siempre que pueda acreditarse mediante certificado médico de los servicios competentes de las entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al afectado:

  • a) Cualquier dolencia o lesión que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un período continuado mínimo de tres meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un centro hospitalario.
  • b) Cualquier dolencia o lesión con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o actividad habitual de la persona afectada, o la incapaciten para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o no, en este caso, asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana.

Los supuestos anteriores se reputarán enfermedad grave en tanto no den

lugar a la percepción por el partícipe de una prestación por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, conforme al régimen de la Seguridad Social, y siempre que supongan para el partícipe una disminución de su renta disponible por aumento de gastos o reducción de sus ingresos.


3.
 Los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en el supuesto de desempleo de larga duración. A los efectos previstos en este artículo se considera que el partícipe se halla en situación de desempleo de larga duración siempre que reúna las siguientes condiciones

a) Hallarse en situación legal de desempleo.

Se consideran situaciones legales de desempleo los supuestos de extinción de la relación laboral o administrativa y suspensión del contrato de trabajo contemplados como tales situaciones legales de desempleo en el artículo 208.1.1 y 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y normas complementarias y de desarrollo.

b) No tener derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haber agotado dichas prestaciones.

c) Estar inscrito en el momento de la solicitud como demandante de empleo en el servicio público de empleo correspondiente.

d) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad, también podrán hacerse efectivos los derechos consolidados si concurren los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) anteriores.

– Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

.- ¿Opciones de rescate?

  • En forma de capital, recibiendo un sólo pago único.
  • Como una renta periódica, cobrando una cantidad de forma periódica
  • Con una fórmula mixta, es decir, una parte en capital y la otra en rentas.

Cada una de estas alternativas aplica un tipo de fiscalidad distinto. El importe rescatado se suma a los rendimientos anuales y tributa en la declaración del IRPF. Quien decida cobrar el rescate en forma de capital verá aumentado ese año los impuestos a pagar.

 

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